Correa irá a Chile en respaldo a Evo

El presidente de la República, Rafael Correa, viajará este lunes a Santiago (Chile) para participar en una reunión urgente convocada por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

En ese encuentro regional, convocado por la presidenta chilena, Michelle Bachelet,  se analizará la crisis política que atraviesa en estos momentos Bolivia.

Así lo anunció ayer el Primer Mandatario en su enlace radial nro. 86 realizado en la escuela Carlos Armando Romero Rodas, de la parroquia Febres Cordero, en
el suburbio de esta ciudad.

Durante su intervención,  Correa ratificó su respaldo al presidente de esa nación, Evo Morales, ante los actos de violencia que han ocurrido en estos últimos días entre opositores y partidarios del Gobierno boliviano.

“Evo no dejaremos que el pasado vuelva, cuenta con el total respaldo de los Gobiernos y pueblos latinoamericanos. No permitiremos otro Pinochet en América Latina ni la balcanización de nuestros países”, dijo Correa, en medio del aplauso de sus seguidores que llenaron el escenario.

El Jefe de Estado se solidarizó con el pueblo boliviano por los incidentes y minimizó a los grupos que se oponen al proyecto de transformación social, política y económica tras considerarlos una “minoría separatista y oligarca”.

Correa cuestionó que los opositores del Presidente boliviano intenten desestabilizar su Gobierno, pese a que los cambios fueron recientemente aprobados con alrededor del 68% de los votos en el pasado referéndum.

El Presidente expresó que lo mismo intentan hacer en Guayaquil los grupos opositores liderados por el alcalde Jaime Nebot, la oligarquía y sectores ultraconservadores de la Iglesia. “Cuidado, Guayaquil, eso es lo que busca la oligarquía guayaquileña”, indicó Correa tras agregar que tendrán que responder a
la historia.

El viaje del Primer Mandatario está previsto para las primeras horas de este lunes. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República indicó que será un viaje relámpago. No descartó quiénes integrarán la comitiva.

Así mismo, el Primer Mandatario señaló que el sí ganará en las próximas elecciones,  previstas para el 28 de septiembre. “Tienen el mensaje equivocado, no se conectan con la gente, ¿a quién van a convencer de seguir viviendo en lo mismo de siempre?”, preguntó a los  asistentes.

Otros detalles…

Correa señaló que el costo  de las medidas económicas que plantea el proyecto de Constitución no supera los USD 200 millones para 2009,  al recalcar que el costo de este marco legal será progresivo.

Tildó   de conspiradores  a funcionarios del Ministerio de Economía  que al parecer filtraron a la prensa un cuadro de USD 2 000 millones como costo del proyecto en 2009. Ello pese a que fue la propia ministra  Wilma Salgado quien entregó la cifra.

Según Correa,  un grupo de funcionarios está  engañando a la Ministra.”El colmo fue esta semana, cuando los ministros me dijeron que pararon la inversión porque le han dicho a la Ministra que existe un déficit.

Las críticas a Nebot, imparables

El Primer Mandatario   aclaró que el triunfo en el referéndum no hará perder al Puerto Principal el agua potable, alcantarillado y el aeropuerto, como lo asegura el alcalde Jaime Nebot.  “Lo único que van a perder es el poder, las mafias que siempre han dominado a Guayaquil”, comentó.

Además, destacó la presentación en Riobamba del Plan Nacional para administrar el recurso del oro azul o agua, que está garantizado en el proyecto de Nueva Constitución, en la cual se prohíbe su privatización. “Nunca en la historia un Gobierno le ha hecho caso a algo tan importante como es el recurso agua”.

También enfatizó  la creación de la Secretaría Nacional del Agua para el control de ese recurso y la correcta administración a todos los ecuatorianos.

En su alocución, Correa anunció también que en octubre próximo se realizará en el país un gabinete binacional y un festival artístico con Perú para celebrar el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz.  La primera de las citas será el 25 de octubre en Machala  y la segunda  en la frontera entre Huaquillas  y Aguas Verdes .

Fuente El Comercio.com

Desesperado

La Asamblea arruina sus propios avances con descomunales desatinos. Así procede quien está desesperado.

Por Carlos Vera Rodríguez

Y con plenos poderes. Un hombre, cualquier autoridad en semejante posición, es un peligro para toda sociedad, incluso para su propio entorno, vejado o idealizado con igual volatilidad. Desesperado, haciendo fintas contra su propia sombra porque no tiene contendores sobre el ‘ring’, Correa incita a pelear a Nebot o a quien se le oponga. Y gana porque nadie combate, aunque todos resistimos. Así es fácil pelear. Resulta incluso aburrido gobernar. Absolutamente solitario, a pesar del séquito de cortesanos y la corte de asesores.

No me importa lo que has sido / no me importa lo que seas / vuelve te lo ruego porque estoy / desesperado / necesito tenerte por siempre / aquí a mi lado… parece balada del Presidente y no de José José, en su provocación al Alcalde de Guayaquil. Cree que todo cuanto suma Nebot dentro del Puerto Principal resta fuera de él. Lo atormenta que 76% de ecuatorianos repruebe su traición a Alberto Acosta; que otra mayoría grande reproche su Constituyente; que el sí pierda -por ahora, siempre por ahora- 30 a 61 (sumados como se debe, votos nulos, en blanco y por el no) según la encuestadora CMS y 41 a 59, de acuerdo con la de Santiago Pérez.

Solo un ser desesperado puede sostener que hay plena libertad de expresión cuando insulta a todos quienes quieren ejercer ese derecho con independencia; cuando pretende sacar a la representación de los medios del Conartel (lo que cabe es revisar quiénes y en qué medida los representan) como sacó a los empresarios del Comexi vía Tribunal Constitucional obsecuente; cuando impone cadenas fuera de los ‘breaks’ (cada media hora) en los espacios de televisión (07:10, por ejemplo, para interrumpir nuestra continuidad) y ahora a cada rato, en desesperado afán por fijar, mediante el recurso de la reiteración y la simultaneidad, lo no logrado por vía de la verdad y la idoneidad. ¿Recuerdan ese comercial de hace tres meses, insisto, ¡tres meses!, que mentía respecto a que la rehabilitación vial ya estaba en marcha, recreando situaciones ficticias de preparación, movilización y reparaciones?

Desesperado también está Fernando Cordero para terminar a rompesincha la misión de la Asamblea. Producto de ello, confunden o igualan los asambleístas lo inexacto con lo falso en la comunicación, para encarcelar a quien discrepe mañana; creen evitar la influencia de grupos económicos en los canales impidiendo su propiedad, mientras por otros mecanismos ejercen control… en fin, logros notables, como la prohibición de actividades extractivas en zonas protegidas, son morigerados para permitir que Correa perfore en el ITT, basado en ‘excepciones’ alcahueteadas por la nueva Constitución.

La Asamblea arruina sus propios avances con descomunales desatinos: saca del Congreso la conformación de los organismos de control con la que tanto chantajearon en el pasado, pero deja ambigua la integración de los entes nominadores y calificadores. ¿Qué, para no ser demasiado reglamentarios? ¡Pero si la Carta Magna tendrá alrededor de 550 artículos! Y en materias claves no caben imprecisiones. Así procede quien está desesperado y contagia su extravío a sus incondicionales. El cambio no se pare así. Se aborta así.

Fuente El Comercio.com

MANDATO GUAYAQUIL

1.- LIBERTAD Y DEMOCRACIA: El desarrollo integral es un proceso de expansión y vigencia de las libertades de los ciudadanos. El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad, como son: la pobreza, el desempleo, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas, las privaciones sociales, la falta de acceso a la educación, la intolerancia. Demandamos, por tanto, la libertad para expresarnos, decidir, actuar, producir y emprender, crear y progresar.

No aceptamos la concentración del poder, porque propicia el autoritarismo y el totalitarismo estatal, que da lugar a la práctica de una actitud omnímoda, que restringe las libertades .Por tanto, exigimos la separación y equilibrio de los poderes, y en consecuencia, la independencia de la Asamblea Constituyente en el ejercicio del mandato popular. Igual dependencia política y partidista demandamos para la Función Judicial, los Tribunales Constitucional y Electoral y los Organismos de Control.


La plena libertad de expresión, la lucha contra la corrupción; el fortalecimiento de los gremios; la resistencia del abuso del poder y la responsabilidad de todos los funcionarios públicos, constituyen los pilares fundamentales para la defensa de la democracia que es la expresión reglada e institucionalizada de las libertades. Por ello, debe garantizarse la plena vigencia y el ejercicio de las mismas y deben cesar de inmediato todas las conductas que afecten la honra de las personas, así como la utilización de prácticas antidemocráticas para amedrentar a los comunicadores sociales y a los ciudadanos que no coinciden con el Gobierno Nacional.

2.- ESTADO DE DERECHO: El Estado debe estar al servicio del ciudadano y no a contrario. Por tanto, el respeto de los derechos fundamentales y sus mecanismos de defensa constituyen su deber primordial. Nadie está por encima del mandato popular expreso, de la Constitución y de la ley. Todas las autoridades, incluidos la Asamblea Constituyente y el Presidente de la República, sólo pueden hacer lo expresamente dispuesto en ellas. Sus actuaciones no deben afectar en modo alguno la vigencia plena del sistema democrático ni atentar contra las libertades ciudadanas e institucionales.

La Asamblea Constituyente debe respetar en forma absoluta la voluntad popular y el Estatuto aprobado por el pueblo en la Consulta Popular del 15 de abril del 2007. Lo que el pueblo decidió fue darle a la Asamblea la facultad de elaborar una Constitución y una reforma institucional complementaria para que sean puestas ambas a consideración de los ciudadanos en el Referéndum pertinente. Sólo si el pueblo vota a favor, entrarán en vigencia, sustituyendo a la actual constitución y el marco interinstitucional del Estado. Mientras eso no ocurra, la Constitución y las leyes actuales están vigentes pues lo contrario significaría un caos jurídico. En ese contexto, es inaceptable que la Asamblea Constituyente actúe como brazo legislativo del Gobierno Central y/o en contra del mandato popular expreso que consta en el respectivo Estatuto.

3.- LA CONSTITUCIÓN, UN ACUERDO PARA EL BIENESTAR: Una constitución legítima que dure y que permita que el país funcione, no puede ser impuesta. La Constitución tiene que ser una carta de convivencia ciudadana, que garantice en libertad el ejercicio de los derechos y obligaciones de las distintas visiones de desarrollo regionales y locales. La Constitución es un sistema de normas y declaraciones para que el pueblo viva bien, sin sectarismos, sin carga ideológica, y sin discriminaciones étnicas, de credo ni de ningún tipo.


La Constitución tiene que garantizar, de quien quiera que gobierne el país y sea cual fuere su ideología, en la medida que la aplique y la cumpla, tenga la oportunidad de tener éxito en el reto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

4.-CONCEPCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA GENERAR BIENESTAR Y EMPLEO: Para vivir bien una comunidad tiene que lograr el bienestar y empleo y para ello es menester un desarrollo económico y social sostenido y un estado bien administrado.


No hay empleo sin sitios donde trabajar y estos no se consolidan ni se establecen sin confianza, seguridad jurídica, tributos sólo indispensables, propiedad privada, dólar como moneda, inversión, producción, competitividad, exportación, y un sistema de ahorro interno basado en una previsión social forzosa escogida con libertad. Esto implica, además, un empresariado con responsabilidad social, no monopolista, cumplidor de sus obligaciones tributarias y justo con sus trabajadores.


Para que exista bienestar el Estado debe ser honesta y eficazmente administrado, regulador, pagador sólo de la deuda externa legítima al mayor plazo y al menor interés, capaz de generar un superávit social para que sea invertido en servicios (principalmente de seguridad, salud, educación) y obras para los ciudadanos. Sólo esto combate eficazmente la inflación o carestía de la vida, que es el peor tributo que pagan los pobres.


El camino hacia el bienestar exige además lograr un desarrollo sustentable que permita una positiva relación persona-medio ambiente, promoviendo el uso adecuado y racional de los ecosistemas naturales bajo la visión integral y positiva.


La seguridad ciudadana, que garantiza la vida y los bienes de las personas, debe ser un prioritario deber del Estado, tanto en su faceta preventiva como la sancionadora.


El verdadero capital del siglo XXI es la educación, formación e información, con derecho real al acceso a la informática e Internet y a otros idiomas. La transformación y el financiamiento asegurado, vía pre asignaciones, de todos los centros de educación –y señaladamente de las universidades-, deben considerarse como la principal inversión para promover el desarrollo integral sobre la base de criterios de pertinencia, calidad e internacionalización. El esfuerzo educativo no puede concebirse sin la garantía de acceso al trabajo especialmente para los jóvenes, que sólo se asegura poniendo en práctica los conceptos socioeconómicos antes mencionados.


El empleo permanente, remunerado con justicia, significa unidad y progreso familiar y evita la dolorosa emigración de los ecuatorianos.

5.-AUTONOMÍA, MUNICIPALISMO Y MODELO DE GESTIÓN: La autonomía como la forma política administrativa de gobierno no implica soberanía por lo que no es separatismo, sino, por el contrario, unidad en la diversidad. Para que la unidad nacional sea real, hay que respetar las distintas visiones de desarrollo regional y local que existen en el Ecuador.

La autonomía es libertad, y por tanto debe ser voluntaria, no caben regiones forzadas ni objetivos impuestos.


La autonomía no debe significar más tramitología y burocracia cuyo costo afecte al Gobierno Central y a los Municipios, por lo que no debe crearse nuevos entes de Gobierno, sino transformar a los organismos seccionales en Gobiernos Autónomos, siempre que cumplan con los requisitos necesarios.

La autonomía no debe lesionar jurisdicción, competencia, o renta de ninguna otra autonomía, provincia o cantón, ni afectar el ejercicio y financiamiento de las competencias no transferibles que corresponden al Gobierno Central. Son los dineros de las competencias transferibles, que mal utiliza al Gobierno Central, los que deben ser cedidos obligatoriamente a las autonomías al asumir estas nuevas competencias.


Lo fundamental de la autonomía es la libertad para decidir y la creatividad para progresar, pues se necesita generar nueva riqueza ya que la repartición equitativa de la pobreza no es la solución a ningún problema.


Los Municipios, siendo los gobiernos más cercanos al ciudadano, tienen que ser defendidos y fortalecidos porque han funcionado eficazmente a diferencia de los gobiernos centrales que no han solucionado las crisis ni resuelto los problemas de la población. El Ecuador de los últimos años ha avanzado desde las ciudades.


Hay evidencias claras de la actitud gubernamental es menoscabar los Gobiernos locales mediante la drástica reducción de competencias trasferibles; la centralización de competencias descentralizadas; la disminución de recursos; la supresión de las pre asignaciones; el entorpecimiento del funcionamiento del modelo de gestión local; la desmembración territorial, entre otros mecanismos atentatorios. Rechazamos esta posición centralista que lesiona la autonomía de los gobiernos Seccionales y perjudica al pueblo.


Es inaceptable que se cambie un esquema de distribución de rentas para los organismos del régimen seccional, universidades y escuelas politécnicas, que nace de la Constitución y la ley, con ingresos seguros, predecibles y de crédito autonómico, por un esquema centralista de expectativa presupuestaria sujeta a la discrecionalidad del Presidente o el Ministerio de Finanzas.


Por otro lado, exigimos respeto al modelo de gestión administrativa exitoso desarrollado en Guayaquil y también en otras ciudades como Quito, Manta, Babahoyo, Cuenca, Machala, Cotacachi, entre otras, caracterizado por ser transparente, sometido a los órganos de control, competido, honesto, eficaz, generador de bienestar y empleo, que ha llegado hasta suplir deficiencias del Gobierno Central.

6.-PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE DIVERSOS SECTORES CIUDADANOS: Diversos sectores ciudadanos de Guayaquil, además de coincidir en los puntos básicos de este pronunciamiento tienen propuestas específicas importantes, que en términos generales todos respaldamos por la importancia para el desarrollo de sus actividades y el de la comunidad. Dichas propuestas de: representantes del estudiantado universitario; voluntariado; transportistas, juntas parroquiales y barriales; comerciantes minoristas e informales; colegios profesionales; organizaciones indígenas y afroecuatorianas; gremios empresariales y de actividades varias; agrupaciones cívico-políticas; gobiernos seccionales y otros; los adjuntamos en anexos como parte integrante de nuestro planteamiento.

7.-INDISOLUBLE UNIDAD NACIONAL: Sólo entendemos al Ecuador como uno e insoluble. Para que dicha unidad sea real y sostenible –insistimos-se debe respetar las distintas visiones de desarrollo regional y local que perfectamente pueden coexistir, como hoy está demostrado en países que sí funcionan y resuelven los problemas de los ciudadanos, pese a que son gobernados por mandatarios de distintas ideologías.


Este mandato nace desde Guayaquil, pero se refiere a temáticas que involucran e interesan a los ecuatorianos, no sólo de esta ciudad o de Guayas, sino de todo el país. Su legitimación está dada por la multitudinaria expresión popular del 24 de enero del 2008 y por la concordancia con los múltiples gremios e instituciones de la comunidad en la temática y los planteamientos contenidos en el mismo.


La Asamblea Constituyente tiene la obligación de considerar este mandato. Si se concretan los síntomas de desprecio que hasta ahora han demostrado algunos de sus miembros y el mismo señor Presidente de la República, ellos serán ante la historia los únicos responsables de sus actos y las consecuencias de esos actos.


Guayaquil en función de las circunstancias, continuará con todas las acciones de hecho y de derecho, incluyendo consultas populares si fueren necesarias, que se requieran para lograr que los ecuatorianos y habitantes de Guayaquil vivan bien.


Este mandato está siendo discutido y firmado por los representantes del estudiantado universitario; voluntariado; transportistas, juntas parroquiales y barriales; comerciantes minoristas e informales; colegios profesionales; organizaciones indígenas y afroecuatorianas; gremios empresariales y de actividades varias; agrupaciones cívico-políticas; asociaciones culturales; y; diversas autoridades.


Validez de la cédula otra pugna entre Gobierno-Nebot

El Director del Registro Civil Nacional sugirió que se termine el convenio que dio la competencia al Cabildo.

El alcalde Jaime Nebot desmintió ayer que las cédulas emitidas en Guayaquil no tengan validez en otras ciudades, como lo dijo el Director Nacional del Registro Civil. Aseguró que el convenio está vigente y pidió a los ciudadanos denunciar casos de rechazo a sus documentos.

El presidente Rafael Correa dijo anoche que “si existe algún problema técnico o legal habrá que superarlo”.

César Frixone, director nacional del Registro Civil, sugiere solicitar de nuevo el documento.

Mientras esperaba su turno en el Registro Civil Municipal del norte, Cecilia Guamán le comentó a su esposo, Milton Rodríguez, que escuchó en las noticias que las cédulas emitidas en esa entidad no tienen validez en otras ciudades del país.

A las 11:45 de ayer, ellos realizaban el trámite para sacar por primera vez las cédulas de sus tres hijos de 4, 5 y 12 años, requisito que les exigen en la escuela y colegio para matricularlos. “Habrá que ver las noticias para ver qué pasa”, manifestó Guamán.

Ella se refería a las declaraciones del director nacional del Registro Civil, César Frixone, quien ayer dijo en Quito que los documentos emitidos por la entidad local no son válidos en otras ciudades del país.

Según Frixone, la cláusula 94 del convenio mediante el cual se delegó al Cabildo la competencia del Registro Civil establece “que nosotros tenemos la obligación de bloquear todo tipo de servicios de los registros civiles del país a quienes tienen la cédula de Guayaquil, y ellos solo pueden renovar las cédulas en Guayaquil y pueden hacer sus trámites en Guayaquil. Y tenemos por disposición de este convenio absurdo bloqueadas las cédulas”.

El director del Registro Municipal de Guayaquil, Olivier Dumani, explicó que hay una mala interpretación. “Eso solo se refiere a la prohibición para sacar la cédula en otra ciudad del país, para evitar falsificaciones. “Es una medida de seguridad para que no se dupliquen los documentos. Pero los guayaquileños pueden usar su cédula para cualquier trámite; si se quieren casar en Quito pueden hacerlo”, expresó.

Además, Frixone aseguró que no le han entregado los documentos fuentes, a pesar de “las peticiones hechas en varias oportunidades”. La versión fue rechazada por el director del Registro Municipal.

Dumani mostró las actas en las que constan los datos enviados desde noviembre del 2006 a diciembre del 2007, que cuentan con el sello del Registro Civil Nacional. “A diario, una vez hecho el corte de la jornada, se envía la información de la base de datos. Pese a que nosotros no tenemos la obligación de mandarle libros, nosotros les replicamos diariamente los tomos de manera informática”, dijo.

Para Frixone lo lógico sería que se termine el convenio y que las 189 mil personas que obtuvieron su cédula en Guayaquil vuelvan a cedularse en el Registro Civil Nacional.

Anoche el presidente de la República, Rafael Correa, afirmó que mantendría una reunión para conocer los problemas técnicos presentados, pero anticipó que se pueden superar. “Si me pregunta a mí, yo creo en la descentralización del Registro Civil. Si hay algún problema técnico e incluso legal, que no se ha cumplido cierta parte del convenio, habrá que superarlo”, señaló.
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Campañas que repugnan

Un lector de esta columna me hizo meditar respecto a que en este gobierno la ley se viola continuamente, y a veces con saña. No me cabe la menor duda que esta administración busca destruir a quienes no comulgan con el Presidente y su ‘trouppe’ de saltimbanquis. El caso más patético es el ataque brutal al Alcalde de Guayaquil. Pero esa campaña sucia se la realizó abusando de las atribuciones presidenciales. ¡Eso no importa, si la meta es convertirse en el dueño del país, para vengarse de los que discrepan de sus métodos e ideas del siglo pasado!

El Gobierno invadió las pantallas de televisión con ‘spots’ publicitarios que atacaban, e intentaban destruir, al primer personero del Puerto Principal, por haber cometido el ‘delito’ de defender a su ciudad. Propagandas que, en su gran mayoría, no fueron pagadas por el Mandatario ni por su movimiento político, sino utilizando espacios gratuitos a los que tienen derecho ciertas autoridades públicas en los medios de comunicación. Esto es inmoral, además de ser un acto de corrupción, digno de la época nazi, cuando Goebbels inició la campaña en contra de los judíos… todos conocen lo ocurrido en Alemania.

La Ley de Radiodifusión y Televisión ordena que las estaciones tienen la obligación de prestar servicios sociales gratuitos, como la transmisión de mensajes del Presidente de la República. Lo que no le dicen al presidente Correa es que la ley dispone que esos espacios gratuitos deben ser “usados exclusivamente para la información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos públicos. Los funcionarios que transgredan esta disposición serán sancionados de acuerdo a la Ley”. Atacar a un líder de la oposición no es política de Estado. Los ecuatorianos no debemos soportar los epítetos que busquen denigrar a ningún ser humano.

Sé que es ingenuo, pero el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión debería controlar la calidad moral de los programas que se transmiten. Obviamente, tampoco harán nada por sancionar a los autores de la violación de la ley, menos aún suspender la campaña de desprestigio de un ciudadano, cuyo nombre ha sido maltratado por gente que considera que hacer política es destruir la honra del adversario, y no generar programas de gobierno.

La forma en que ha actuado el Gobierno contra un Alcalde es un acto de corrupción, que el Secretario de anticorrupción de la Presidencia, no se ha percatado, ni lo va a admitir, porque su jefe tiene el don divino de la infalibilidad. Tampoco se puede recurrir ante ningún organismo público, porque el Tribunal de Bolsillo (Tribunal Constitucional) ya sentenció en el sentido que no puede actuar porque el Gabinete ampliado del Presidente Correa (léase Asamblea Constituyente), con su Mandato No. 1, le ha dejado sin funciones.

Por esto, lo único que resta al Presidente, si desea transparentar su acción política, es ordenar a la Constituyente que reforme la Ley de Radiodifusión y Televisión, que incorpore una disposición por la cual el gobernante pueda destruir la imagen y honra de toda persona que no comulgue con sus ideas.
Fuente ElComercio.com

Una Constitución para Guayaquil

Joffre Campaña, asesor del alcalde Jaime Nebot en temas como las autonomías y la redacción del mandato de Guayas, planteó ayer una ‘constitución de Guayaquil’ que debe ir a consulta popular.

Para el jurista este documento debe plasmar las aspiraciones y reclamos de todos los sectores. Y los principios como separación de poderes, seguridad jurídica, reconocimiento pleno de las libertades individuales y la autonomía voluntaria. A su criterio la constitución o mandato deben ir a consulta, para que la Asamblea tenga la obligación de acogerlo.

Debido al desconocimiento que existe de la palabra constitución, Campaña considera importante incluir en el escenario social el significado de ese término. De ahí que sostiene que una ‘constitución de Guayaquil’, no tiene el objetivo de separatismo o de tener otra república.

Mientras Nebot denunció ayer un supuesto nuevo intento de ataque a la ciudad. El anuncio del director nacional del Registro Civil, César Frixone, sobre la invalidez de los documentos que emite la Corporación Registro Civil de Guayaquil, generó el rechazo del Alcalde y los 15 concejales. Durante la sesión del Concejo, Nebot aseguró que “las cédulas son válidas local, nacional e internacionalmente. El funcionario que no las acepte va a ser enjuiciado por el Municipio”. Recordó que el Estado transfirió esta competencia al Cabildo.

El concejal gobiernista, Octavio Villacreses, dijo que Frixone cometió un error. Desde el 2006 se emitieron 189 407 cédulas.
Fuente ElComercio.com

El acoso a Guayaquil

El acoso a Guayaquil

Por Felipe Burbano de Lara

La movilización gubernamental del sábado último en Guayaquil recordó las contramarchas organizadas por Lucio Gutiérrez para enfrentar a la oposición quiteña. Fue el mayor error que cometió el coronel en un momento de gran debilidad política. Rafael Correa no es Gutiérrez, por supuesto, y el escenario político es muy distinto, pero ha tenido un gesto político muy parecido al de su antecesor: movilizar simpatizantes de todas las provincias para demostrar a Jaime Nebot y a quienes creen en el alcalde y en su proyecto dónde está la fuerza política.

Alianza País ha movilizado al resto de provincias para sitiar un espacio político que se le vuelve adverso (sitiarlo y asfixiarlo al mismo tiempo). Correa funciona con la lógica de una aplanadora: no resiste que alguien se le oponga, menos todavía acepta convivir políticamente con quienes mantiene desacuerdos, mucho menos le interesa el diálogo. El gesto político del sábado fue un acto audaz, desafiante, si se tiene en cuenta el gran respaldo a Nebot en Guayaquil, el fuerte sentimiento de autonomía de la ciudad y esa identidad guayaquileña levantada en forma simultánea a la modernización de los últimos años. Correa ha movilizado un proyecto nacional para contrarrestar el localismo guayaquileño, un proyecto estatal frente a las autonomías defendidas por las elites y la misma población. Seguramente en su cabeza está la idea de que la autonomía guayaquileña, expresada en el modelo de gestión municipal, atenta contra la soberanía del Estado que él defiende e intenta reconstruir a toda costa. Para una mentalidad nacional, estatal y moderna, como la de Correa y su equipo de Gobierno, la autonomía de Guayaquil no es sino la estrategia política de la vieja oligarquía para extraer recursos al Estado, no rendir cuentas y llevar adelante una gestión privatizada de la administración municipal, cuya máxima expresión serían las fundaciones. Alianza País representa la emergencia de un movimiento que cree tener hoy la fuerza suficiente como para cuestionar la hegemonía política de las elites guayaquileñas sobre la ciudad y el municipio. Pero ha lanzado el desafío, y aquí está la audacia del último gesto, desde un proyecto nacional que subordina a Guayaquil a un principio de organización estatal de la política, desde el cual se pone en duda la idea misma de autonomía. La ventaja de Correa, sin embargo, es que el discurso de las elites sobre las inclinaciones centralistas del presidente no le afecta tanto por ser también él un guayaquileño. Correa lo sabe y por eso asegura que es un absurdo afirmar que odia a Guayaquil. No odia a la ciudad, por supuesto, pero sí detesta a sus elites y al modelo de gestión que han consolidado en 16 años. La marcha del miércoles será la respuesta desde la autonomía guayaquileña a un modelo nacionalista y estatista que representa Alianza País, y que encuentra en Guayaquil un núcleo importante de resistencia. Guayaquil es una buena demostración de que no todo pasado inmediato puede ser descalificado y arrasado bajo la idea de que forma parte de la larga noche neoliberal. Allí hay unos éxitos qué mostrar y preservar frente a una aplanadora política que lo quiere asfixiar y controlar todo.

Fuente Hoy online