Human Rights Foundation condena la nueva clausura de RCTV y relanza su campaña por la libertad de prensa en Venezuela

NUEVA YORK (2 de febrero de 2010) – La Human Rights Foundation (HRF) condenó hoy las acciones del Gobierno de Venezuela que la semana pasada produjeron la clausura de la señal satelital y por cable de RCTV Internacional (RCTV-I), junto a la de otros cinco medios televisivos (TV Chile, Ritmo Son, Momentum, America TV y American Network), que no transmitieron un discurso del presidente Chávez. En respuesta a este nuevo ataque a la libertad de prensa, la HRF relanzó hoy su campaña RCTV Libre (www.RCTVLibre.com), con la finalidad de despertar la conciencia internacional en relación a la grave situación de la libertad de expresión en Venezuela.

“Este nuevo abuso a cargo del gobierno pone en evidencia el estado deplorable en que se encuentra la libertad de expresión en Venezuela”, dijo Thor Halvorssen, presidente de la HRF. “Aparentemente, ni siquiera los millones de venezolanos que hicieron el esfuerzo para continuar viendo a RCTV, incluso por cable, lograrán escapar al adoctrinamiento obligatorio impuesto por el presidente Chávez en todos los medios de comunicación”, remarcó Halvorssen, en referencia al retiro de la concesión para televisión abierta de RCTV producida en 2007, y a la obligación impuesta expresamente a los canales nacionales de Venezuela de trasmitir las apariciones oficiales del Presidente, a su entera discreción.

La Ley de Telecomunicaciones dictada durante su segundo año de gobierno, en el 2000, ya otorgaba “el derecho” al presidente Chávez de ordenar “directamente […] a los operadores que presten servicios de televisión por suscripción […] y a las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta, la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales de la Presidencia o Vicepresidencia de la República o de los Ministros” (art. 192), además de la potestad del “Ejecutivo Nacional” de “suspender la transmisión de comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, […] cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación” (art. 209). Siguiendo esa línea, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) de 2004 estableció que “la orden de transmisión gratuita y obligatoria de mensajes o alocuciones oficiales” es una potestad del Estado, y que “podrá ser notificada válidamente […] mediante la sola difusión del mensaje o alocución a través de los servicios de radio o televisión administrados por el Ejecutivo Nacional” (art. 10).

Sin embargo, de acuerdo a un fallo de 2007 del Tribunal Supremo, estas leyes no aplicaban aún a los canales considerados internacionales ni a los canales nacionales de suscripción por cable y satelital o “servicios de producción nacional audiovisual”, porque este último término no había sido todavía definido. Recién el 22 de diciembre de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) —conformada por funcionarios que son designados y pueden ser destituidos a discreción por el presidente Chávez— definió el término y estableció que para no ser considerados “nacionales”, los canales de suscripción tenían que tener una “programación internacional” mayor al 70%, entre otros requisitos. Según sus directivos, RCTV-I a partir de esa fecha adaptó su programación para cumplir con la directiva gubernamental. No obstante, el 21 de enero de 2010 CONATEL declaró a RCTV-I, junto a otros 122 canales, como nacionales, y declaró que quedaban obligados a “cumplir la ley”. La decisión de sacar del aire a RCTV-I junto a otros cinco canales que no transmitieron el discurso del presidente Chávez de 23 de enero, fue anunciada públicamente el mismo día por Diosdado Cabello, Ministro de Estado y Director General de CONATEL, y fue ejecutada por las empresas prestadoras del servicio de TV por cable y satelital a las cero horas del 24 de enero, bajo amenaza de sufrir acciones legales. El mismo día domingo, el presidente Chávez felicitó públicamente a Cabello: “El que se niegue a cumplir la ley, eso es lo que hay que hacer. […] ¡Gracias ministro, gracias CONATEL!”

De acuerdo al comunicado conjunto de condena emitido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y el Comisionado para los Asuntos de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ministro Cabello había advertido que “si las empresas operadoras no sacaban del aire a los canales de cable que a su juicio estaban incumpliendo la Ley, ‘ser[ía]n ellos y no los canales los que ser[ía]n sometidos a un procedimiento administrativo’”.

Otras organizaciones de derechos humanos que se han pronunciado en contra de esta nueva ola de cierre de canales de televisión a cargo del gobierno venezolano incluyen al Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros sin Fronteras y a la Sociedad Interamericana de la Prensa. Desde el año 2007, el gobierno de Venezuela ha negado el pedido de la CIDH de ingresar al país a evaluar la situación de los derechos humanos. De acuerdo al índice sobre la libertad de expresión en el mundo que elabora Freedom House anualmente, Venezuela y Cuba son actualmente los únicos dos países del continente con una calificación de “no libres”.

La HRF lanzó la campaña y el sitio web RCTVLibre por primera vez el 7 de mayo de 2007, semanas antes del cierre de RCTV como canal de televisión abierta. Hoy, en ocasión del retiro de la señal por cable de RCTV Internacional, la HRF ha actualizado el sitio web y relanzado esta campaña, con la finalidad de despertar la conciencia internacional en relación a la grave situación de la libertad de expresión en Venezuela. El sitio web RCTVLibre contiene material informativo que incluye informes, noticias, fotos, e incluso videos del presidente Hugo Chávez explicando sus razones y las del gobierno en general para el cierre de RCTV.

La HRF es una organización internacional, apolítica, dedicada a defender los derechos humanos en el continente americano. La Fundación centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión, de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de la HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. La HRF no justifica ni aboga por la violencia. El Consejo Internacional de la HRF está constituido por individuos que fueron presos de conciencia como Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel, Mutabar Tadjibaeva, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel, y Harry Wu.

La Fundación para los Derechos Humanos (HUMAN RIGHTS FOUNDATION) responde a acusaciones del Presidente Correa

NUEVA YORK (18 de junio de 2008) — La HUMAN RIGHTS FOUNDATION (HRF) hizo pública ayer una carta en respuesta a las acusaciones proferidas por el presidente del Ecuador, Rafael Correa, en relación al contenido de la misiva enviada a su despacho el 12 de mayo, donde la HRF denunciaba la violación de derechos humanos a través de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, emanada de la Asamblea Constituyente.

En dicha misiva, la HRF alertó al presidente Correa sobre las violaciones de derechos humanos, como el derecho a la participación directa en los asuntos públicos y el derecho a la defensa, a cargo de la mencionada Ley de la Asamblea Constituyente.

En carta fechada el 20 de mayo y enviada por correo a la sede de la HRF en Nueva York, el presidente Correa acusa a la HRF de reflejar “los intereses de las oligarquías y elites políticas en el Ecuador”. En opinión del presidente Correa, la defensa de los derechos humanos, por parte de la HRF, constituye un “atrevimiento”, por cuanto pretendería “revisiones” al actual sistema Constituyente del Ecuador con un “eminente sesgo ideológico”. La carta oficial del presidente del Ecuador concluye sugiriendo a la HRF que los recursos que la financian sean utilizados para “causas más legítimas y no para la defensa de intereses particulares”.

De acuerdo a la HRF, si de causas legítimas se trata, no se puede dejar de recordarle al mandatario ecuatoriano sobre otras misivas enviadas a su despacho, específicamente el 20 de febrero y el 18 de marzo de este año. En estas cartas, la HRF denuncia las numerosas violaciones a los derechos humanos ejecutadas por las “elites políticas en el Ecuador”, principalmente, el ejército y las autoridades del gobierno, por ejemplo, en el caso de la Prefecta de Orellana Guadalupe Llori. La Prefecta Llori sigue recluida en la prisión de mujeres de El Inca por haber ejercido su derecho fundamental a expresarse libremente. “La HRF no ha recibido respuesta a ninguno de estos dos comunicados oficiales”, dijo Armando Valladares, Secretario General de la HRF.

En relación a que el Presidente Correa habría considerado un “atrevimiento” la denuncia contra una Ley de la Asamblea Constituyente, la HRF respondió que de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuando los derechos humanos son violados por un Estado, da igual que el violador sea una Asamblea Constituyente a través de una Constitución, un Poder Legislativo a través de una Ley o un Jefe de Estado a través de un decreto, el Estado se convierte en responsable internacional y debe responder ante el mundo y, eventualmente, ante los tribunales internacionales por dichas violaciones. De lo contrario, violadores de derechos humanos como Slobodan Milosevic y sus acólitos, o como Pinochet y los suyos, jamás hubieran sido reos internacionales por violaciones de derechos humanos, ya que nunca les tembló el pulso para “constituir”, “legislar” y “decretar” dichas violaciones.

En esa línea, la HRF ratificó su disposición de continuar en la defensa de los mismos, revisando cuanta ley sea promulgada en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente de dudosa vocación democrática, por cuanto viola el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, al suprimir el poder legislativo y, por ende, eliminar la efectiva vigencia de un régimen plural de partidos, elementos ambos considerados esenciales de la democracia en el continente americano.

En relación a la sugerencia del Presidente Correa de que la HRF utilice sus recursos en causas más legítimas, la HRF contestó que los viene utilizando en la legítima causa de la defensa de los derechos humanos, de los arrestados arbitrariamente y de los prisioneros políticos, para lo que en repetidas oportunidades ha enviado a miembros de su personal a recabar pruebas y conocer de primera mano los testimonios de las víctimas cuyos derechos humanos han sido, y continúan siendo, violados con total impunidad por el gobierno del Ecuador.

Finalmente, la HRF agradeció al presidente Correa la respuesta emitida y el hecho que dicha respuesta fuera enviada a 13 organizaciones de DDHH, considerando que la HRF está enviando su respuesta y el material sobre las violaciones a los derechos humanos que caracterizan el caso de la Prefecta Guadalupe Llori a las mismas y a otras organizaciones de derechos humanos. Cabe destacar que no es solamente la HRF la que está preocupada por el caso de la Prefecta Llori, ya que Amnistía Internacional envió una “alerta de acción urgente” a sus miembros, de la cual, seguramente, el gobierno ecuatoriano está al tanto. A ese respecto, la HRF afirmó que, a partir de este momento, considera a la Prefecta Guadalupe Llori una prisionera política y de consciencia del gobierno ecuatoriano.

La Human Rights Foundation (HRF) es una Organización Internacional, apolítica, dedicada a defender los derechos humanos en el continente americano. La Fundación centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión, de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de la HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. El Consejo Internacional de la HRF está constituido por individuos que fueron presos de conciencia como Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Armando Valladares, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel, y Harry Wu.

Fuente Human Rights Foundation

correacartajunio2008

Cuba firmará pacto en Derechos Humanos

El canciller Felipe Pérez Roque anunció hoy que Cuba firmará en el primer trimestre de 2008 el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

En conferencia de prensa en la Cancillería, el jefe de la diplomacia cubana expresó que ese paso es resultado de la decisión política libre y soberana del país, sin presiones externas, la cual coincide con la celebración esta jornada del Día Mundial de los Derechos Humanos.

Puntualizó que los derechos reflejados en ambos pactos, los más importantes instrumentos internacionales en esa materia, se encuentran ampliamente protegidos por el ordenamiento jurídico nacional y particularmente por la obra y la ejecutoria de la Revolución cubana desde su triunfo el primero de enero de 1959.

Destacó que esa decisión es expresión de que Cuba mantendrá siempre una estrecha cooperación con el sistema de Naciones Unidas sobre la base del respeto a la soberanía nacional y al derecho del pueblo cubano a la libre determinación.

Explicó que el anterior paso era imposible mientras persistían las manipulaciones anticubanas en esta esfera, cuando el Gobierno de Estados Unidos convirtió a la antigua Comisión de Derechos Humanos en un tribunal inquisitorio para perseguir a los países rebeldes al dominio imperial.

Esa situación, añadió, ha cambiado radicalmente con el surgimiento del nuevo Consejo de Derechos Humanos (CDH), del cual la nación antillana es miembro fundador con el voto de más de dos terceras partes de los miembros de la comunidad internacional, además de descontinuarse el espurio mandato, que Washington impuso contra la Isla.

Indicó que en el futuro el Gobierno cubano invitará a otros procedimientos especiales del CDH, y se prepara para rendir cuenta sobre el tema al mecanismo de revisión periódica universal en marzo de 2009, de conformidad con el compromiso adquirido al suscribir el nacimiento de ese órgano de Naciones Unidas.

El Canciller reclamó a la Administración norteamericana el cese del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, de acuerdo con las resoluciones de la ONU; el cierre del centro de torturas de la ilegal Base Naval de Guantánamo, la devolución de su territorio, y la liberación de Los Cinco luchadores antiterroristas arbitrariamente encarcelados en EE.UU.

De igual modo, exigió el enjuiciamiento del terrorista internacional Luis Posada Carriles en Estados Unidos, o su extradición a Venezuela.

Fuente Agencia Cubana de Noticias

Hoy 10 de diciembre es el día internacional de los derechos humanos

Los derechos humanos (término frecuentemente abreviado como DD.HH.) son aquellas libertades, facultades o valores básicos que, de acuerdo con diversas filosofías o fundamentaciones, corresponden a toda persona por el mismo hecho de su naturaleza y condición humana, para la garantía de una vida digna. Estas prerrogativas se poseen independientemente de cual sea el Derecho positivo vigente y de factores particulares como el estatus, etnia o nacionalidad. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros.

Los derechos humanos, habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables e inalienables, lo que implica que no pueden transmitirse, enajenarse o renunciar a ellos: nadie, por ejemplo, puede venderse como esclavo. Por definición, este concepto es universal e igualitario, e incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinado. No obstante, toda decisión sobre qué derechos son humanos implica asumir una posición respecto qué es Derecho e implícita o explícitamente sobre qué es lo humano. Muchas violaciones o limitaciones de derechos humanos se derivan de concepciones restrictivas y excluyentes de Humanidad.

Los derechos humanos, normalmente, se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos pueden ser expresados como un derecho positivo, pero no viceversa. Por ejemplo, el derecho de un recién nacido a tener padres que lo cuiden, asumiendo que es un derecho humano, sólo puede ser expresado positivamente. Otra clasificación ampliamente extendida es la que ordena los derechos humanos en tres o más generaciones.

Legalmente, los derechos humanos se definen en el Derecho interno de numerosos Estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. Pero la validez, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos son objeto de un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas. Según qué tipo de concepción se tenga sobre el Derecho, como iusnaturalista, iusracionalista, iuspositivista, vinculada al realismo jurídico o al dualismo jurídico, entre otros, la categoría conceptual de derechos humanos puede considerarse divina, observable en la naturaleza, asequible a través de la razón, determinada por los contextos en las muchas maneras que es posible entender la Historia, una síntesis de ideas de éstas u otras posiciones ideológicas y filosóficas o un mero concepto inexistente y sin validez.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias,

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones,

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,

La Asamblea General

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.

Artículo 14

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16

Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.