Crónica de un suicidio

Por César Montúfar

Si se analiza el enfoque que la mayoría constituyente le quiere dar al modelo económico de la nueva Constitución, uno se pregunta si su intención es mejorar los niveles de vida de la mayoría de ecuatorianos, establecer un marco normativo que permita al país dar saltos en la producción de riqueza, asegurando las capacidades redistributivas del Estado, o si el proyecto de la mayoría es el de una autocomplacencia ideológica, el triunfo e imposición de sus prejuicios antimercado, sin pensar en los resultados concretos de sus decisiones. Llama la atención que los asambleístas de AP no tomen en cuenta que el Gobierno ha perdido el año en cuanto al manejo de la economía y que hoy, a un año y medio de su llegada al poder, los ecuatorianos sufrimos el deterioro de la situación económica del país y que nuestras condiciones de vida han empeorado ostensiblemente.

Sorprende, por ello, que el bloque de Gobierno en vez de plantar en el texto constitucional las condiciones para que el país aproveche la favorable coyuntura internacional, en vez de dejar sentadas las premisas que nos permita beneficiarnos de un clima positivo de inversiones privadas, que repercuta sobre el empleo, que genere innovación productiva y creación de riqueza, pareciera empecinado en generar incertidumbre, cuestionar el derecho a la propiedad, poner obstáculos para la inversión privada, establecer un esquema institucional basado en el chantaje estatal, tendencias que, en el mediano plazo, boicotearán; la propia posibilidad de que el Estado fortalezca sus capacidades reguladoras, redistributivas y de planificación. Su estrategia, francamente, es autodestructiva si se piensa que el mejor camino para la consolidación de su proyecto político pasaría porque el Ecuador asegure una senda de crecimiento económico.

Su modelo económico constitucional está pensado solo para la coyuntura; para una situación excepcional de altos precios de petróleo y enorme superávit fiscal pero no para momentos de normalidad en que el crecimiento no puede depender solo de la inversión pública y se requieren inversiones privadas, nacionales y extranjeras.

Sus prejuicios antimercado les ha impedido reconocer que el problema económico del país no es la economía social de mercado sino el secuestro del aparato estatal por intereses privados; situación que ha impedido su aplicación.

Retórica aparte, economía social de mercado no es igual que libre mercado; nada tiene que ver con un salvaje liberalismo económico sino justamente con un modelo de regulación estatal de la economía, que asegure que la propiedad privada juegue una función social (y ambiental si se quiere); premisa para que el Estado pueda distribuir y generar equidad. Si bien el mercado no produce equidad, y por ello la mano estatal es imprescindible, sin riqueza tampoco hay equidad posible.

En este contexto, el concepto de “economía social y solidaria” que se quiere escribir en la Constitución, además de ser vacío, solo producirá incertidumbre e inestabilidad económica. En la práctica, promoverá un modelo de capitalismo de Estado que sucumbirá por ineficiencia, rentismo y corrupción.

Fuente El Comercio.com

Educación y Constitución

Autor César Montúfar

Es indispensable apostar por una reforma situando a los niños y niñas por encima de las demandas corporativas.

Concuerdo con Rodrigo Fierro en el sentido de que la llamada revolución ciudadana se justificaría ante la sociedad y la historia si tan solo pondría en marcha una genuina revolución educativa. La Asamblea Constituyente tiene es sus manos ese desafío que consiste en poner las bases para reconstruir el colapsado sistema educativo del país a partir de una visión integral, democrática y nacional. Para ello es absolutamente indispensable tomar el toro por los cuernos, apostar por una reforma profunda sin actitudes complacientes hacia los grupos particulares que se han tomado el sector, situando el interés de los niños y niñas por encima de toda demanda corporativa.

Esto no sería poca cosa, y en esa línea, si realmente la nueva Constitución se propone como una Constitución de cambios y no de remiendos, debería consagrar varias transformaciones de verdadera envergadura.

En primer lugar, concebir al sistema educativo del Ecuador de manera integral, plantearse la vigencia de una sociedad de conocimiento y entender que no solo se aprende en la escuela sino en la familia, el barrio, la ciudad, a través de los medios de comunicación. Como bien lo ha expresado el Contrato Social por la Educación, se debe incorporar la noción de una sociedad educadora, en la cual aprendemos y nos educamos no solo en la fase escolar sino durante toda la vida.

En ese sentido, y paso al segundo aspecto, se debe establecer una nueva concepción educativa que garantice la vigencia plena del laicismo, el pluralismo y la tolerancia en todos los ámbitos de la vida social, justamente, comenzando por la escuela, en donde a los padres se les debe garantizar el derecho irrestricto a escoger para sus hijos las educación que coincida con sus valores y creencias.

Uno de los principios fundacionales de la democracia es el laicismo y el pluralismo. Este principio debe permear a la escuela y a toda la sociedad. En tercer lugar, el sistema educativo debe ser descentralizado y participativo. Una de las razones para su actual colapso es la visión centralizada, jerárquica, vertical.

La educación debe organizarse como un proceso dinámico y flexible en que interviene la familia y la comunidad, abandonándose el actual sistema centralizado. Aquello sin debilitar, empero, las capacidades normativas y regulatorias nacionales. Cuarto, asegurar la despartidización del sistema educativo. Así como se habla de despartidización de instancias claves del Estado, la educación no puede estar en manos de ningún partido político.

Finalmente, quizá lo más importante, está la garantía del derecho a la educación de todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes del país. Para lograrlo el camino es muy fácil pero requiere de una enorme valentía y voluntad política. Como lo ha propuesto el asambleísta Pablo Lucio Paredes, la vigencia del derecho a una educación de calidad requiere transformar el actual sistema de partidas haciendo que éstas pertenezcan y sean asignadas a los titulares del derecho, es decir, los niños y niñas, y no como ocurre en este momento que se las traga el sistema. Simple: el valor de las partidas debe ser propiedad de los educandos y el Estado debe transferirlas directamente a ellos y a sus comunidades.

Publicado en El Comercio.com

¡Vergonzoso! por César Montúfar

Los asambleístas progresistas de Alianza País están a tiempo de impedir que con su rúbrica se desbanque el Estado laico.

Es triste decir que la nueva Constitución, aquella por la que se luchó y en la que se fincaron tantas esperanzas, se redactará en función de las conveniencias que dicten las encuestas. Eso no solo en los temas secundarios, sino en aquellos fundamentales, los que marcarán el carácter del Estado y la vigencia de los derechos ciudadanos. La semana pasada, el bloque de mayoría envió al país este mensaje cuando, con presiones del Presidente de la República de por medio, indicó que el legado laico de la revolución liberal, aquel que dicta separar los asuntos morales y de orden personal de los asuntos que regula el Estado, será tirado al tacho de basura por el costo electoral que pudiera traer el contradecir a la derecha religiosa ecuatoriana en cuanto a no incluir el nombre de Dios en la Constitución, el derecho a la vida desde la concepción o avanzar en los derechos de minorías sexuales. Posiciones ‘impopulares’, sí, pero que comprometen los derechos fundamentales y la libertad de conciencia y autonomía individual, base del Estado laico.

Actuar por encuestas en estos temas es inaceptable y vergonzoso Más aún, si el ícono de esta ‘revolución ciudadana’ es y ha sido Eloy Alfaro y Alianza País ha manoseado su figura en todos sus ejercicios de proselitismo político. ¿Cuánto costó a Alfaro y a sus montoneras lograr la separación entre los asuntos divinos y los públicos; cuánto les costó afincar la noción de laicidad del Estado para que los ecuatorianos podamos tener libertad de cultos y conciencia sin interferencia estatal; cuánto costó al Ecuador esa lucha para que ahora estemos a las puertas de un terrible retroceso debido a las conveniencias electoreras del Presidente de turno?

Me ratifico, según lo escribí anteriormente, en que la declaratoria del Estado laico es una de las cuestiones más importantes a ser incluidas en la nueva Constitución. Pero esta declaración no es un asunto formal, como poner la palabra ‘laico’ en el párrafo que caracterice el Estado tal cual parecería ser el maquillaje cosmético que plantea la mayoría oficialista, sino que debe expresarse desde la primera hasta la última línea del texto constitucional. Insisto en que este tema nada tiene que ver con algún prejuicio antirreligioso, peor con justificar o promover la horrenda práctica de abortos clandestinos que cobran la vida de miles de mujeres ecuatorianas cada año, sino con asegurar que el Estado garantice para absolutamente todos y todas la libertad de conciencia, opinión y autonomía individuales.

La vigencia del Estado laico en los actuales momentos atañe, además, a la necesidad de proteger a los ciudadanos del embate de cualquier versión remozada de proyectos colectivistas y totalitarios. Los caudillos con tentaciones autoritarias deploran que el Estado pueda tener límites en cuanto a difundir su propaganda desde el poder; aquello les impide utilizar los recursos estatales para manipular las conciencias de los ciudadanos. Democracia y Estado laico, por ello, son conceptos intrínsecamente articulados.

Los asambleístas progresistas de Alianza País aún están a tiempo de impedir que con su rúbrica se desbanque el Estado laico en el Ecuador. Solo deben decirle no al jefe y actuar de acuerdo con su conciencia. Puede ser que tal acto de honestidad les cueste el lugar en la camioneta ganadora. Pero el dilema es claro: o valen los principios o la Constitución se resolverá a base de amarres oportunistas.

La Revolución Ciudadana

Por Cesar Montufar

Luego de la marcha de celebración del primer año del gobierno de la “revolución ciudadana”, quedó muy claro que la misma se desvanece como concepto y como práctica. Si alguna vez se pensó que el correísmo podía expresar un proceso de movilización de la sociedad en la perspectiva de transformar las prácticas de la vieja política y el Estado, lo que ahora ha quedado de este, lo que fue una de las ideas fuertes de la campaña de Rafael Correa a la Presidencia, en tan solo un año de ejercicio del poder, ha quedado reducida a un ejercicio manipulador de control y cooptación estatal de la sociedad, una intervención –no revolución- de arriba hacia abajo.

Esa era la visión que el país pudo hacerse de la marcha del sábado pasado. Decenas, cientos, miles de buses, pagados por quién, con miles de personas convocadas a mirar y a aplaudir al Presidente. Lo más típico y repudiable del más rancio populismo, la más evidente falta de respeto a cualquier noción de ciudadanía activa, de ciudadanía responsable, que antes que ser movilizada ‘a aplaudir’ al gobernante debería pedirle cuentas de sus acciones, demandarle resultados, exigirle una palabra y obra enmarcada en principios democráticos. Pero no, ya Correa en la tarima, no hizo más que hacer alarde de antipolítica, reproducir clichés machistas, caudillistas, con un hondo sentido clasista y antidemocrático. Exaltación de anti valores que nada tienen que ver con una “revolución ciudadana” o peor democrática.

Los seguidores de Huntington, y de ellos hay muchos en el actual Gobierno, nos dirán que lo que tenemos es parte de un libreto preestablecido en que el fortalecimiento del Estado, la concentración y centralización del poder son requisitos de la democracia y del surgimiento de una sociedad civil autónoma y fuerte. Abrazan sin piedad ni vergüenza los argumentos de un autor archi conservador para justificar, justificarse, la rueda de molino de que un proceso de construcción democrática puede provenir desde la voluntad de un caudillo, sin ciudadanía ni participación, sin movimientos sociales autónomos que le den contenido a la transformación. Se confunde popularidad con representación y, de esa manera, se elude el principio de que en democracia el gobernante no solo tiene que ser elegido sino de que tiene que rendir cuentas a ella y ser responsable. Y rendir cuentas no es igual a escenificar grotescos actos de masas, celebraciones, sino un ejercicio sistemático de tomar responsabilidad por lo actuado y no actuado. La lógica gubernamental anula el ejercicio ciudadano y convierte a la participación en aclamación populista.

Mucha gente comenta que a pesar de los errores, de la prepotencia y exabruptos presidenciales, en este Gobierno hay muchas cosas e iniciativas buenas; que, además, hay gente honesta y preparada. En parte, o es verdad pero el problema no es unas cuantas cosas buenas o malas sino el modelo, el proyecto que se intenta implantar. En resumen, la actual versión de “revolución ciudadana” no es más que una caricatura que esconde el tránsito trágico de nuestro país desde la partidocracia al bonapartismo; desde el gobierno de maquinarias electorales sin legitimidad ni sentido público a un caudillismo mesiánico. Aquello es cambio sí, pero no el que buscábamos ni el que nos merecemos. En la “celebración” de Guayaquil el gato no pudo ocultar a la liebre.


Fuente Diario El Comercio