Congreso inicia receso legislativo desde este jueves 29 de noviembre

Con 62 votos, el Pleno del Parlamento resolvió iniciar su receso legislativo desde este jueves 29 de noviembre, de conformidad con lo que establece el Art. 132 de la Constitución que determina que “el Congreso Nacional se instalará en Quito, sin necesidad de convocatoria, el 5 de enero del año en que se posesione el Presidente de la República y sesionará en forma ordinaria y permanente, con dos recesos al año, de un mes cada uno”. Según la resolución, propuesta por el legislador independiente Jimmy Jairala, las comisiones especializadas permanentes continuarán trabajando, obligatoriamente, durante el receso.

Igualmente, el Congreso exigió al resto de poderes constituidos el total respeto a la Carta Magna, al estado de derecho, a las leyes y al orden democrático. La resolución rige inmediatamente, sin perjuicio de su promulgación.

Durante el debate, los parlamentarios aseguraron que permanecerán vigilantes de las decisiones que adopte la Asamblea, porque el único organismo para declarar el receso legislativo es el propio Congreso Nacional, mas no la Constituyente ni ningún otro ente del Estado, pues el pueblo estableció los plenos poderes, pero para dictar una nueva Constitución y, por tanto, debe respetar su estatuto.

Jimmy Jairala, tras aclarar que si bien el Pleno entra en receso, las comisiones legislativas continúan laborando, dijo que estarán pendientes de lo que resuelvan los asambleístas, porque no pueden permitir que se rompa el estado de derecho y el régimen democrático.

Entre tanto, Carlos González (ID) precisó que si la Asamblea declara cualquier acción en contra de esta Función del Estado, las horas de la democracia estarían contadas, porque únicamente en la dictadura desaparecen los Parlamentos, al subrayar que el Congreso, de manera constitucional, se acoge a su receso y, con ello, evitarán que se mancille la majestad del Legislativo con actos bochornosos.

Que sea la Asamblea la que se invente cualquier figura para pretender disolver a este ente parlamentario, pero eso es sinónimo de dictadura y un claro acto de violación a la Carta Política, agregó, al explicar que el receso no significa renunciar a su acción legislativa y fiscalizadora y que el Presidente del Congreso Nacional está facultado para convocar a un período extraordinario en cualquier parte del país.

El Parlamento fundamentó su decisión en lo que establecen los artículos 126 de la Constitución, que señala que “la Función Legislativa será ejercida por el Congreso Nacional…” y que esta Función del Estado ecuatoriano, se encuentra en pleno ejercicio del mandato popular y cumpliendo con sus funciones constitucionales de legislar y fiscalizar; y 132 que hace referencia a los dos recesos al año.

A favor de la resolución votaron 62 legisladores, 3 se pronunciaron en contra y 20 se abstuvieron.

Fuente Congreso Nacional

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El Ejecutivo presentó el veto a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre

El Vicepresidente de la República encargado de la Presidencia, Lenín Moreno remitió al Congreso Nacional el vetó total a Ley de Tránsito y Transporte Terrestre el pasado 23 de noviembre de 2007, porque “las reformas que necesita el país en materia de tránsito y vialidad, requieren de un tratamiento más consensuado que las aprobadas por el Congreso Nacional”.

De igual manera se justifica en que el proyecto remitido o el Legislativo poco o nada dice respecto al procedimiento penal en materia de tránsito. “La información recibida de jueces de tránsito dejan entrever que gran parte de las falencias en materia de infracciones de tránsito, se debe al actual procedimiento judicial, en el que sólo un bajísimo porcentaje de los causantes de accidentes de tránsito terminan sin sentencia condenatoria”.

“El tránsito y el transporte terrestre conforman un sistema en que confluyen varios aspectos relacionados, entre otras cosas, con señalización, educación vial, autoridades competentes responsables, procedimientos judiciales ágiles, sanciones efectivas, aspectos que no han sido tomados en cuenta por el proyecto de ley”. Fuente pág. de la Presidencia de la República.

Olvidándonos que la Asamblea Nacional Constituyente es “omnipotente (todo lo puede), omnipresente (todo lo abarca) , omnisciente (todo lo sabe), perdón me perdí, estamos hablando de Dios o de la Asamblea?. ……………. Oh si de la Asamblea!!.

Se vetó la ley de tránsito y transporte que sin ser perfecta, tiene muchas mejoras en todos los aspectos (todos los artículos) el por qué?. Bueno pues porque la Asamblea a través del pulpo que es mesas de discusión, comisiones legislativas, sesiones del pleno de la Asamblea, decidirá la reforma a la ley. En una solo cosa si estoy de acuerdo con las razones del veto que es “el actual procedimiento judicial”, pero si no se rompe el punto de inercia entonces por donde empezamos los cambios?. No hubiera sido mucho mejor aprobar la ley de tránsito y sobre la acción de ésta, reformar los “dichosos procedimientos judiciales”. No es así como trabajan los doctores?, si alguien es hospitalizado bajo un diagnóstico de hipertensión y en el proceso tiene una fuerte bronquitis, acaso no van a tomar en cuenta los dos problemas?.

Y luego nos lamentamos de falta de lógica y coherencia de nuestros representantes, de la falta de acción sobre los problemas urgentes, del subdesarrollo.


El Congreso Nacional prepara una cadena nacional para el domingo 25 de noviembre

Las autoridades de esa función del Estado, preparan una cadena nacional para este domingo 25 de noviembre. Esta actividad se inscribe en las acciones de defensa institucional en las que ha emprendido el Parlamento Nacional, señaló el titular del Legislativo, Jorge Cevallos. “Es una cadena que, primero brindará una información entorno al Congreso Nacional y lo que ha sido la labor en estos diez meses de gestión y; segundo, de hacerles conocer la posición del Congreso Nacional sobre lo que se puede venir en los próximos días”, señaló Cevallos. En la cadena nacional participaran los jefes de bloque representados en el Parlamento y el titular de la Función Legislativa.

Ley Reformatoria de Tránsito y Transporte Terrestre aprobada el 15 de Noviembre por el Congreso Nacional

 

Que el artículo 23 de la Constitución Política de la República reconoce y garantiza a las personas entre otros, el derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados de óptima calidad, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, el derecho de transitar libremente por el territorio nacional y el derecho del debido proceso y una justicia sin dilaciones;

 

Que la Constitución Política de la República en su artículo 252 garantiza la libertad del transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional o a través de él;

 

Que de acuerdo a la misma disposición constitucional le corresponde al Estado ejercer las regulaciones del transporte terrestre a través de las correspondientes entidades del sector público, si bien la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicada en el Registro Oficial No. 1002 del 2 de agosto de 1996, establece como objetivo fundamental el control y la prevención de accidentes de tránsito, éstos se han incrementado dejando una secuela grave y preocupante de víctimas por la imprudencia, impericia o irresponsabilidad de los conductores del transporte público y privado;

 

Que vigente el sistema de la posesión de las licencias de manejo de automotores es permisivo, por lo que se debe incorporar nuevas disposiciones y registros a efectos de garantizar la suficiencia e idoneidad de los conductores y la seguridad de los usuarios y el público en general;

 

Que para el propósito señalado en el considerando anterior, es indispensable instituir el sistema de penalización por puntos y de récord del conductor ecuatoriano, sistema que permitirá regular efectivamente el tránsito vehicular y el transporte público;

 

Que es clamor de la ciudadanía el que se adopten medidas de control que permitan amparar a los peatones, pasajeros y conductores de vehículos, tanto de uso privado como público;

 

Que se hace impostergable reformar la conformación e integración del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, para que éste se vuelva eficiente en la rectoría y administración de la ley;

 

 

Que es necesario dictar normas que vuelvan más rigurosas la exigencia de la formación y capacitación de los conductores impartida por institutos de capacitación, bajo la supervisión y el control del CONESUP; y,

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente

 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

 

 

Art. 1.- Sustituyese el artículo 13, por el siguiente:

 

“Art. 13.- El transporte público en todas sus modalidades se realizará a través del parque automotor ecuatoriano integrado por vehículos que hayan sido legalmente autorizados para esta actividad, los que deberán reunir las condiciones de seguridad, no contaminación, comodidad y accesibilidad determinadas para cada caso en el reglamento, garantizando a los usuarios la eficiente prestación del servicio.

 

El permiso de operación respectivo será otorgado únicamente a personas jurídicas, por las autoridades de tránsito y transporte terrestres competentes.”.

 

 

Art. 2.- Sustituyese el artículo 21, por el siguiente:

 

“Art. 21.- El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres estará conformado por los siguientes vocales que constituyen su directorio:

 

  • El Ministro de Transporte y Obras Públicas, o su delegado, quien lo presidirá;

  • El Ministro de Educación o su delegado;

  • El Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres o su delegado;

  • El Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas, o su delegado, quien será el Jefe de Tránsito de la provincia del Guayas; y,

  • Un representante de la ciudadanía, elegido a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

 

Los delegados acreditarán conocimiento y experiencia en la materia de tránsito y transporte terrestres.”.

 

 

Art. 3.- En el artículo 23, a continuación del literal n), agréguese el siguiente inciso:

 

“El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los municipios y consejos provinciales en sus jurisdicciones y el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, serán los encargados de implementar programas de señalización en calles, caminos, carreteras y de colocar cámaras o dispositivos de control de la velocidad máxima permitida, para prevenir accidentes en las vías. Las pruebas que se obtengan con el funcionamiento de dichos instrumentos formarán parte de los informes de las autoridades de tránsito.”.

 

 

Art. 4.- Sustituyese el artículo 29, por el siguiente:

 

 

“Art. 29.- Los consejos provinciales de Tránsito y Transporte Terrestres estarán integrados de la siguiente manera:

 

  • El Director Provincial de Obras Públicas y Transporte, o el subsecretario de Transporte o su delegado en las provincias en las que existiere, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;

 

  • El Director Provincial de Educación o su delegado;

 

  • El Jefe Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres; y,

 

  • El Presidente provincial o su delegado, del Consorcio de Municipalidades en las provincias en las que hubiere, o un representante elegido de entre los alcaldes de las provincias en las que no existiere consorcio.

 

Los delegados acreditarán conocimiento y experiencia en la materia de tránsito y transporte terrestres.”.

 

 

Art. 5.- En el primer inciso del artículo 34, sustituyese la palabra: “… título”, por: “certificado …”; y, derogase el segundo inciso.

 

 

Art. 6.- A continuación del artículo 34, agréguese el siguiente artículo innumerado:

 

“Art. …. Se instituye el sistema de licencia de conducir por puntos. El sistema se aplicará para las infracciones, que comprende delitos y contravenciones de tránsito, sancionadas de conformidad con esta Ley.

 

Las licencias de conducir se otorgarán bajo el sistema de licencia por puntos, para quienes la obtengan por primera vez o procedan a actualizarla. Previo a la entrega de la licencia, el conductor deberá someterse a un examen psicotécnico. Al momento de la emisión el documento tendrá puntos de calificación para todas las categorías de licencias de conducir.

 

Las licencias de conducir se otorgarán con doce puntos.

 

 

La tabla de pérdida de puntos será la siguiente:

 

INFRACCION

PERDIDA DE PUNTOS

CURSO OBLIGATORIO

Contravenciones de primera clase

– 0,05

NO

Contravenciones de segunda clase

– 0,25

NO

Contravenciones de tercera clase

– 0,30

NO

Contravenciones graves

– 3,00

SI

Delitos de tránsito

– 4,00 a – 12,00

SI

.”.

 

 

Art. 7.- Sustituyese el primer inciso del artículo 35, por el siguiente:

 

“Art. 35.- El título de aprobación de estudios que otorguen los institutos de educación superior especializados en tránsito y transporte terrestres reconocidos, certificados y registrados en el CONESUP, que deben contar con autorización de funcionamiento vigente, constituye requisito indispensable para que las jefaturas y subjefaturas provinciales de Tránsito, y la Comisión de Tránsito del Guayas en su respectiva jurisdicción, concedan la licencia de conducir.”.

 

Art. 8.- Sustituyese el artículo 37 por el siguiente:

 

“Art. 37.- La licencia para conducir vehículos a motor es un documento público, otorgado por las jefaturas y subjefaturas provinciales de Tránsito y la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas, que acredita la idoneidad en la materia, del ciudadano que habiendo aprobado los cursos impartidos en una de las escuelas de capacitación del país u obtenido un título en uno de los institutos de educación superior especializados en tránsito y transporte terrestres reconocidos, certificados y registrados en el CONESUP, que deberá contar con autorización de funcionamiento vigente, haya obtenido la correspondiente licencia de conducir, según sea, profesional o no profesional.”.

 

 

Art. 9.- En el primer inciso del artículo 38, luego de: “… el título”, agregase: “… debida y legalmente expedido por un instituto de educación superior especializado en tránsito y transporte terrestres, en caso de choferes profesionales, y del certificado de aprobación expedido por una escuela de conducción, en el caso de choferes no profesionales.”.

 

 

 

Art. 10.- Sustituyese la denominación del CAPITULO VII del Título I, por el siguiente:

 

“De la formación y capacitación para conductores profesionales y no profesionales”

 

Art. 11.- Sustituyese el artículo 42, por el siguiente:

 

“Art. 42.- La formación y capacitación de conductores será de dos clases:

 

  • Profesionales; y,

  • No profesionales.

 

La formación de choferes profesionales estará a cargo de los institutos superiores especializados en tránsito y transporte terrestres, debidamente reconocidos, certificados y registrados en el CONESUP y que cuenten con autorización de funcionamiento vigente.

 

La formación de los conductores no profesionales estará a cargo de las escuelas de conducción, debidamente autorizadas por el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres. Para la provincia del Guayas, tal autorización será otorgada por la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas.

 

Los institutos de educación superior y las escuelas de conducción, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

 

  • Infraestructura adecuada;

  • Vehículos debidamente equipados para el aprendizaje del conductor;

  • Personal docente idóneo, con título universitario;

  • En el caso de las escuelas de conducción, poner en vigencia la malla curricular unificada, dispuesta por la Comisión Nacional de Tránsito; y,

  • Mantener vigente una póliza de seguros con cobertura para siniestros y daños a terceros.

 

El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, mantendrá una auditoría académica que permita verificar el cumplimiento de estas disposiciones.

 

El organismo rector del tránsito nacional podrá disponer la suspensión o la revocatoria de la autorización de funcionamiento de las escuelas de conducción, cuando se presumiere incumplimiento de la ley y los reglamentos vigentes.

 

La formación y capacitación de personal civil o militar de las Fuerzas Armadas, se someterán a lo que consta en este artículo.”.

 

Art. 12.- A continuación del artículo 42, agréguese el siguiente artículo innumerado:

 

“Art. …. Los institutos superiores, especializados en tránsito y transporte terrestres, deberán constituirse bajo las normas establecidas por el Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP, en aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior. Estos institutos serán personas jurídicas de derecho público o privado, con fines educativos y tendrán por objeto la formación de conductores profesionales en el área del transporte terrestre, debiendo cumplir con los requisitos señalados en esta Ley y su reglamento general.”.

 

Art. 13.- A continuación del literal e) del artículo 43, agréguense los siguientes literales:

 

“f) Capacitar a los docentes de educación básica y bachillerato, así como a los docentes de las escuelas de capacitación de conductores profesionales y no profesionales, en educación, seguridad vial y normas universales de tránsito, en coordinación con el Ministerio de Educación;

 

  1. Difundir por los medios de comunicación masivos las normas y señalización universales de tránsito;

 

  1. Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional de los docentes y conductores profesionales y no profesionales en cada uno de los niveles;

 

  1. Inculcar valores éticos, morales y cívicos en el proceso de enseñanza aprendizaje;

 

  1. Salvaguardar la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes; y,

 

  1. Garantizar una educación que promueva el respeto de los derechos humanos, eliminando toda forma de discriminación y generar un trato inclusivo de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad y más usuarios.

 

El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, el Ministerio de Educación, la Policía Nacional y los concejos municipales en el ámbito de sus competencias velarán por el estricto cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo.”.

 

Art. 14.- Sustituyese el artículo 46, por el siguiente:

 

“Art. 46.- El servicio de transporte escolar e institucional será brindado por las cooperativas y compañías de transporte escolar e institucional que cuenten con los respectivos permisos de operación y funcionamiento, legalmente concedidos y que se encuentren debidamente afiliados a la federación nacional de esta rama del transporte. Para la concesión del permiso respectivo, será requisito indispensable que las unidades cuenten con cinturones de seguridad necesarios para cada uno de los usuarios y que se exhiba la certificación de la que conste su vida útil.

 

El Ministerio de Educación, determinará el número y especificaciones de las unidades y aprobará el régimen tarifario que corresponda pagar a los estudiantes por el servicio sin retenciones ni gravámenes que lo encarezcan y la incorporación de los vehículos al sistema de transporte escolar.

 

El Ministerio de Educación, ejercerán control de los fondos que administren las asociaciones de padres de familia y otros, por concepto de retenciones en contratos de transporte escolar.”.

 

Art. 15.- A continuación del primer inciso del artículo 49, agréguese como segundo inciso el siguiente:

 

“El Instituto Ecuatoriano de Normalización – INEN, exigirá a los importadores y ensambladores de automotores destinados al servicio de transporte público que éstos cumplan con los estándares internacionales de ensamblaje y que cuenten con dispositivos sonoros al interior y luminosos al exterior, para el control de la velocidad, los cuales deberán activarse automática y simultáneamente en el momento que se sobrepase el límite máximo de velocidad autorizada.”.

 

Art. 16.- En el artículo 52, agréguense los siguientes incisos:

 

“Todo propietario de un vehículo a motor está obligado a someterlo a revisión técnico mecánica.

 

La revisión será anual y se llevará a cabo en los centros de revisión y control vehicular autorizados, de conformidad con el Reglamento General a esta Ley.

 

Revisados los vehículos y cumpliendo las condiciones óptimas requeridas, el responsable del centro de revisión concederá el certificado respectivo y un sticker de revisión al propietario del vehículo.”.

 

Art. 17.- Sustituyese el artículo 57, por el siguiente:

 

“Art. 57.- Los delitos y contravenciones tipificados en la presente Ley de Tránsito y Transporte Terrestres son de carácter culposo y conllevan la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de las infracciones. La acción para perseguirlos es pública y pesquisable de oficio y dentro del proceso respectivo y en sentencia se establecerá el monto de las obligaciones civiles indicadas.”.

 

 

 

 

Art. 18.- En el artículo 68, sustitúyanse las palabras: “… Tribunal de Menores”, por: “… Juez competente”; y, “… Código de Menores”, por: “… Código de la Niñez y Adolescencia.”.

 

Art. 19.- A continuación del artículo 70, añádase el siguiente artículo innumerado:

 

“Art. … Para efecto de las sanciones determinadas en esta Ley, sustituyese: “salario mínimo vital general”, por: “remuneración básica unificada del trabajador en general.”.

 

Art. 20.- Sustituyese el artículo 71, por el siguiente:

 

“Art. 71.- Las penas aplicables a los delitos de tránsito son las siguientes:

 

  • Reclusión menor ordinaria de seis a nueve años;

  • Prisión de hasta cinco años;

  • Multa de conformidad con lo previsto en esta Ley;

  • Revocatoria de la licencia de conducir; y,

  • Suspensión temporal de la licencia de conducir.”.

 

 

Art. 21.- Sustituyese el artículo 72, por el siguiente:

 

“Art. 72.- Las penas aplicables a las contravenciones de tránsito de primera, segunda y tercera clase, son las siguientes:

 

  1. Trabajo comunitario dispuesto por el Juez, o prisión de ocho a treinta días;

  2. Multa según lo establecido en esta Ley;

  3. Suspensión temporal o revocatoria de la licencia de conducir, según lo establecido en esta Ley; y,

  4. Las contravenciones graves se sancionarán conforme a lo señalado en esta Ley.

 

La contravención de primera clase será sancionada con multa del 25% de la remuneración básica unificada del trabajador en general; la contravención de segunda clase será sancionada con multa del 50% de la remuneración básica unificada del trabajador en general; y, la contravención de tercera clase será sancionada con multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general.”.

 

Art. 22.- A continuación del artículo 73, agréguese los siguientes artículos innumerados:

 

“Art. …. Sin perjuicio de las sanciones establecidas para las contravenciones de primera, segunda y tercera clase; graves; y, delitos de tránsito, el juez competente para la suspensión o revocatoria de la licencia de conducir por aplicación de la penalización por puntos, se sujetará a lo establecido en el siguiente cuadro:

 

Número de puntos acumulados por infracciones del conductor

Días de suspensión o revocatoria de la licencia de conducir

De 2 a 4 puntos

De 5 a 10 días

De 4 a 6 puntos

De 10 a 20 días

De 6 a 8 puntos

De 20 a 40 días

De 8 a 10 puntos

De 40 a 60 días

De 10 a 12 puntos

De 60 a 80 días

Pérdida de 8 puntos en la licencia renovada

Revocatoria definitiva del permiso de conducir

 

Posterior a la suspensión de 80 días por la pérdida de 12 puntos, el conductor podrá solicitar una nueva licencia de conducir, que se la otorgará con 8 puntos y si pierde éstos se producirá la revocatoria definitiva del permiso de conducir.

 

En las infracciones cometidas, el agente de tránsito entregará al conductor la boleta correspondiente y, la copia de la misma, se entregará en la Unidad de Registro de Infracciones de la Policía Nacional, la que llevará a su cargo una base de datos con el puntaje de cada uno de los conductores.

 

Art. … La actualización de la licencia de conducir y bonificación de puntos, se sujetará a lo dispuesto en el siguiente cuadro:

 

INCENTIVOS

BONIFICACION

Las personas que lleguen a la actualización de la licencia de conducir y mantengan sus puntos inalterables

Recibirán 0,50 (medio punto) por año como estímulo de buen conductor

Las personas que lleguen a la actualización de la licencia de conducir con penalización hasta con la pérdida de un (1) punto

Recibirán 0,50 (medio punto), como estímulo por el período de renovación

 

Art. … Para la recuperación máxima de tres puntos perdidos por el cometimiento de contravenciones, en el período de duración de licencia de conducir, se procederá de conformidad con el siguiente cuadro:

 

NUMERO DE PUNTOS A ACREDITARSE

CURSO DE CAPACITACION

PRUEBAS

Un (1) punto

Veinte (20) horas

SI

Dos (2) puntos

Cuarenta (40) horas

SI

Tres (3) puntos

Sesenta (60) horas

SI

.”.

 

Art. 23.- Sustituyese el artículo 74, por el siguiente:

 

“Art. 74.- Será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de nueve a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos motorizados y multa de sesenta remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien ocasionare un accidente conduciendo un vehículo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, del que resultaren muertas una o más personas.”.

 

 

Art. 24.- Sustituyese el artículo 75, por el siguiente texto:

 

“Art. 75.- Si la muerte de una o más personas, se produjere como consecuencia de un accidente causado por exceso de velocidad, impericia, o a sabiendas de que el vehículo está en malas condiciones mecánicas, la pena será de tres a cinco años de prisión ordinaria, suspensión por igual tiempo de la licencia de conducir y multa de cuarenta remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general.”.

 

 

Art. 25.- Sustituyese el artículo 76, por el siguiente:

 

“Art. 76.- Si la muerte de una o más personas, se produjere como consecuencia de negligencia, imprudencia o inobservancia de la presente Ley, reglamentos, de las ordenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito, la pena será de uno a tres años de prisión ordinaria, suspensión por igual tiempo de la licencia de conducir y multa de treinta y seis remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general.”.

 

 

Art. 26.- Sustituyese el inciso primero del artículo 77, por el siguiente:

 

“Art. 77.- Si el accidente que ocasionare la muerte de una o más personas fuere el resultado del cansancio, sueño o malas condiciones físicas del conductor, la pena será de nueve a dieciocho meses de prisión ordinaria, suspensión de la licencia de conducir vehículos motorizados por igual tiempo y multa de veinte y cuatro remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general.”.

 

 

Art. 27.- Sustituyese el artículo 78, por el siguiente:

 

“Art. 78.- La negligencia en la ejecución de obras en la vía pública que ocasionare un accidente de tránsito del cual resultaren una o más personas muertas o con lesiones graves, será sancionada con prisión ordinaria de uno a tres años y multa de treinta remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general y resarcimiento económico de las pérdidas producidas por el accidente, que serán de cuenta exclusivamente del constructor.”.

 

Art. 28.- Sustituyese el artículo 80, por el siguiente:

 

“Art. 80.- Será sancionado con prisión ordinaria de treinta y uno a sesenta días, suspensión de la licencia para conducir vehículos a motor por igual tiempo y multa del veinte y cinco por ciento (25%) de la remuneración básica unificada del trabajador en general, quien causare un accidente de tránsito del que resultaren solamente daños materiales, cuyo costo de reparación exceda de quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 500).

 

Si entre el indiciado y el ofendido o perjudicado, se acordare en forma voluntaria el pago de los daños y perjuicios ocasionados por el accidente de tránsito, el juez que conoce del caso aprobará de inmediato el acuerdo en sentencia en la que no se impondrá pena de prisión y ordenará de manera inmediata la libertad del o los detenidos y la entrega correspondiente de los vehículos.”.

 

Art. 29.- Sustituyese el artículo 86, por el siguiente:

 

“Art. 86.- Las contravenciones de tránsito, son de primera, segunda, tercera clase y graves, las mismas que serán reprimidas de conformidad a lo preceptuado en el artículo 72 de esta Ley.”.

 

Art. 30.- Efectúense las siguientes reformas al artículo 87:

 

  1. Sustituyese el primer inciso por el siguiente:

 

“Art. 87.- Incurren en contravención de primera clase y serán sancionados de conformidad a lo previsto en esta Ley:”;

 

  1. Sustituyese el literal h), por el siguiente:

 

“h) Quien condujere un vehículo motorizado sin las placas de identificación correspondientes en el lugar determinado según el reglamento;”; y,

 

  1. Añádanse los siguientes literales:

 

“l) Quien condujere un vehículo ortopédico sin su debida identificación o distintivo de uso exclusivo para personas con discapacidad;

 

m) Quienes sin autorización, instalen en vehículos particulares sirenas o balizas de cualquier tipo, que son de uso exclusivo de vehículos de emergencia. La Policía Nacional incautará todo equipo instalado sin el permiso correspondiente;

 

n) Conducir con una o más luces en mal estado de funcionamiento;

 

  1. Quien condujere un vehículo con las luces direccionales, de parqueo o de retro en mal estado o sin funcionamiento; y,

 

  1. El conductor que lleve animales domésticos en los asientos delanteros.”.

 

Art. 31.- Efectúense las siguientes reformas al artículo 88:

 

  1. Sustituyese el inciso primero, por el siguiente:

 

“Art. 88.- Son responsables de contravenciones de segunda clase y serán sancionados de conformidad con lo previsto en esta Ley:”;

 

  1. Sustituyese los literales e) y g), por los siguientes:

 

“e) Quien estacionare un vehículo en sitios prohibidos o en espacios determinados que son de uso exclusivo para personas con discapacidad, sea en estacionamientos, edificios públicos, hospitales, centros de recreación; así como quienes instalen puertas, rampas u obstáculos, estacionen vehículos sobre veredas de acceso para personas con discapacidad e impidan la circulación peatonal;

 

g) Quien viaje en un vehículo sin hacer uso del cinturón de seguridad o no obligue a utilizar éstos al resto de pasajeros u ocupantes;”;

 

  1. Añádase los siguientes literales:

 

“ñ) Quien deje en el interior del vehículo a niños solos y sin supervisión;

o) El conductor que no coloque los triángulos de seguridad en caso de desperfecto;

p) El conductor de transporte público que maltrate de palabra o de obra a los usuarios;

q) El conductor que no tiene instalado las luces direccionales, de freno y retro en el remolque que va acoplado a su vehículo;

r) Quien condujere un vehículo con vidrios obscuros, polarizado o con cortinas sin el permiso correspondiente;

s) Los conductores que utilicen el teléfono celular mientras conducen;

t) Quien incumpliere las tarifas preferenciales fijadas por la ley en beneficio de niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidades; y,

 

  1. Añádase como inciso final, el siguiente:

 

“En el caso de los literales a) y c) de este artículo, la sanción se aplicará al propietario del vehículo.”.

 

 

 

Art. 32.- Sustituyese el artículo 89, por el siguiente:

 

“Art. 89.- Son responsables de contravenciones de tercera clase y serán sancionados de conformidad con lo previsto en esta Ley:

 

  1. Quien condujere un vehículo a motor a una velocidad mayor o menor a la permitida;

  2. Los conductores que al descender por una pendiente, apagaren el motor de sus vehículos;

  3. Los dueños o cuidadores de animales que los abandonaren o los dejaren vagar por las calles o carreteras, o los condujeren sin las debidas precauciones;

  4. Quien arroje en la vía pública botellas de vidrio, tachuelas, clavos, alambres, recipientes de metal, maderos, piedras o cualquier otro objeto que ponga en peligro a los transeúntes y vehículos en general;

  5. A las personas que impidan la visibilidad o la lectura de las señales de tránsito, la circulación de los vehículos o la visibilidad de las vías mediante la instalación de avisos, rótulos o la mantención de árboles, contraviniendo lo establecido en el respectivo reglamento;

  6. Los conductores de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrimotos que no llevaren correctamente sujeto a su cabeza el casco de seguridad al igual que su acompañante, en caso de haberlo;

  7. Los conductores de motocicletas o similares que transporten una persona adicional a la capacidad de dicho vehículo y que no circulen en condiciones similares a las de los vehículos;

  8. El conductor que desobedeciere las órdenes de las autoridades o agentes de tránsito, o que no observe las señales manuales de dichos agentes, y en general toda señalización colocada en vías públicas, tales como: semáforos, alto, pare, cruce, límite de velocidad o preferencia de vías;

  9. Quien transportare carga sin colocar banderines rojos, o luces en la noche, en los extremos sobresalientes de la carga, o sin observar los requisitos exigidos en los respectivos reglamentos;

  10. Los ciclistas que se sujetaren a un vehículo en marcha;

  11. Quien causare accidente de tránsito del que resultaren solamente daños materiales avaluados entre treinta y cincuenta salarios mínimos vitales generales;

  12. El conductor de un vehículo a diesel cuyo tubo de escape no esté instalado de conformidad con el Reglamento;

  13. Los propietarios o conductores de vehículos a motor que, en caso de emergencia o calamidad pública, luego de ser requeridos, se negaren a prestar los servicios solicitados;

  14. Los conductores de vehículos a motor que, ante las señales de alarma o toque de sirena de los vehículos de Policía, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, ambulancias, o de otras entidades autorizadas, no dejaren la vía libre;

  15. El conductor que para dejar o recibir pasajeros o carga, o por cualquier otro motivo, se estacionare o detuviere el vehículo en lugares no permitidos para el efecto;

  16. Quien dejare estacionado cualquier clase de vehículo en vías urbanas, sin tomar las precauciones reglamentarias para evitar un accidente;

  17. El conductor que no utilice el taxímetro en las ciudades determinadas por el Consejo Nacional de Tránsito o que altere su funcionamiento o no exhiba el indicado aparato de obligatoria instalación en todos los vehículos que operan como taxis;

  18. Los propietarios o conductores de vehículos que no estén provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no rebasen los niveles máximos permisibles de emanación de gases contaminantes, y ruidos establecidos en el Reglamento;

  19. El que condujere un vehículo en sentido contrario a la vía autorizada de circulación, que deberá estar suficiente, clara y visiblemente señalizada; y, el conductor que circule por el carril que no le corresponda o haga cambio brusco o indebido;

  20. El conductor que cargue combustible en los vehículos de transporte masivo de pasajeros, cuando estos se encuentren en su interior;

  21. El conductor que no realice señales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento;

  22. Los conductores que lleven en sus brazos o en sitios no adecuados, para el efecto, a personas u objetos;

  23. Quien conduzca un vehículo sin luces o no realice el cambio de las mismas en las horas y circunstancias que establece el Reglamento;

  24. Los conductores de vehículos automotores que habiéndose separado de una empresa o que luego de treinta días de haber sido disuelta la cooperativa o empresa, continúen portando en los vehículos; sellos, discos y más distintivos que pertenecieron a dicha entidad;

  25. Quien faltare de palabra a las autoridades o agentes de tránsito;

  26. Quien condujere un vehículo con una o más llantas en mal estado, que superen los límites de desgaste que determinen el reglamento, que tenga rajaduras, roturas de partes abultadas, desprendimientos del reencauche o que se encuentren totalmente lisas;

  27. Los conductores de transporte estudiantil que no garanticen la seguridad de los estudiantes, de manera especial en el ascenso y descenso;

  28. Los talleres de servicio o quienes arrojen a las alcantarillas residuos de aceite y no acondicionen recipientes para la recolección y evacuación de lubricantes de desecho;

  29. Quienes lleven niños menores de cinco años, en asientos delanteros y quienes no lleven cinturones de seguridad y asientos debidamente adecuados para el efecto; y,

  30. Todo funcionario público que haga uso de vehículos del Estado en horas no laborables; y, en caso de estar autorizados para hacerlo, deberá portar el respectivo salvo conducto.

En el caso del numeral 17 de este artículo, si no hubiere sido instalado el taxímetro, la sanción se dirigirá en contra del propietario del vehículo. En el caso del numeral 25, no podrá conmutarse la pena de prisión con otra.”.

Art. 33.- Efectúense las siguientes reformas al artículo 90:

 

  1. Sustituyese el primer inciso, por el siguiente:

 

“Art. 90.- Serán sancionados con prisión de treinta a ciento ochenta días y con la multa de cuatro remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general quienes incurrieren en contravención grave.

 

Incurren en contravención grave:”.

 

  1. Agréguese los siguientes literales:

 

“p) Quienes realizaren competencias en las vías públicas o piques, contra reloj u otra modalidad de medir el tiempo sin el permiso correspondiente;

  1. Quien conduce un vehículo con licencia adulterada, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan;

  2. Quien condujere con su licencia suspendida o revocada;

  3. En igual contravención incurrirán los conductores profesionales que en forma arbitraria elevaren las tarifas máximas establecidas legalmente para el servicio de transporte público;

  4. Los conductores de vehículos de transporte público que por competir entre si pongan en riesgo al integridad de pasajeros y de los transeúntes, efectúen paradas para dejar o recoger pasajeros fuera de los sitios asignados para el efecto;

  5. Quien conduzca a exceso de velocidad en zonas urbanas, sin observar los límites establecidos por la ley y ocupen el carril izquierdo en la circulación vial;

  6. Los conductores de motocicletas o similares que rebasen a un vehículo en marcha en zonas o sitios peligrosos tales como curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas normas reglamentarias o de señalización;

  7. Las autoridades de las instituciones educativas tanto públicas como privadas, cuyos vehículos no estén registrados para el transporte estudiantil y quienes contraten unidades de transporte ilegal de los estudiantes;

  8. Quienes conduzcan vehículos que no se encuentren en óptimas condiciones mecánicas, que incumplan los requisitos reglamentarios de seguridad y/o que no lleven los distintivos e identificación sobre el tipo de servicio de transporte masivo; y,

  9. Los conductores que distraigan su atención con equipos de video mientras se encuentren conduciendo.”.

 

 

 

Art. 34.- Sustituyese el artículo 91, por el siguiente:

 

“Art. 91.- La reincidencia en el cometimiento de cualquiera de las contravenciones graves de tránsito será sancionada con el doble del máximo de las penas de prisión y multa respectiva, más la suspensión de conducir vehículos por un año; y, en caso de nueva reincidencia en contravenciones graves de tránsito, se aplicará el triple del máximo de las penas de prisión y multa y la revocatoria de la licencia para conducir vehículos a motor.”.

 

Art.- 35.- Sustituyese la denominación del TITULO I del LIBRO TERCERO, por la siguiente:

 

De la jurisdicción, competencia y del procedimiento

 

Art. 36.- Sustituyese el primer inciso del artículo 92, por el siguiente:

 

“Art. 92.- Los jueces de tránsito tienen competencia privativa para conocer, sustanciar y resolver los procesos por delitos y contravenciones de tránsito.”.

 

Art. 37.- Sustituyese el primer inciso del artículo 99, por el siguiente:

 

“Art. 99.- En el juzgamiento de los delitos de tránsito se dispondrá la prisión preventiva del imputado y el retiro de su licencia de conducir vehículos a motor, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal.”.

 

Art. 38.- Sustituyese el artículo 106, por el siguiente:

 

“Art. 106.- La indagación previa y la instrucción fiscal en los juicios penales por delitos de tránsito se tramitarán de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal.”.

 

Art. 39.- En el inciso segundo del artículo 107, a continuación de las palabras: “…juzgado de tránsito”, agréguese la frase: “y simultáneamente al agente fiscal de tránsito,”.

 

Art. 40.- Sustituyese el artículo 108, por el siguiente:

 

“Art. 108.- El agente que suscribe un parte policial, sobre un accidente de tránsito que causare la muerte o lesiones a una o más personas, procederá a detener al o los causantes y a la aprehensión de los vehículos involucrados, y a ponerlos de inmediato a disposición del respectivo juez de tránsito; y, simultáneamente al agente fiscal de tránsito.

 

Cumplidas las diligencias de reconocimiento pericial de los vehículos y de valoración de los daños causados, se procederá a la devolución inmediata de los vehículos a sus respectivos dueños, una vez justificada la propiedad.

 

De no haberse efectuado la aprehensión del o los vehículos, el juez ordenará la misma si del proceso existen datos ciertos para su identificación.”.

 

Art. 41.- Sustituyese el artículo 109, por el siguiente:

 

“Art. 109.- La acusación particular podrá presentarse desde el momento en que el Juez notifica con la resolución del fiscal de iniciar la instrucción fiscal, hasta antes de la conclusión de ésta.

 

La acusación particular contendrá los requisitos señalados en el artículo 55 del Código de Procedimiento Penal.”.

 

Art. 42.- A continuación del artículo 109, añádase los siguientes artículos innumerados:

 

“Art. … El propietario del vehículo o su representante legal, según el caso, será citado con la querella a solicitud del acusador particular, para los efectos de la responsabilidad civil solidaria.

 

Art. … Cuando el agente fiscal de tránsito se abstuviere de acusar al imputado, el Juez podrá consultar al Ministro Fiscal Distrital. Si éste revocare el dictamen del inferior, designará otro agente fiscal para que intervenga en la etapa del juicio; si éste ratificare el dictamen del inferior, el Juez dispondrá el archivo de la causa de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal.”.

 

Art. 43.- Sustituyese el artículo 110, por el siguiente:

 

“Art. 110.- El desistimiento de la parte ofendida, el abandono de la acusación particular o el arreglo judicial o extrajudicial o transacción entre los implicados no extingue la acción penal si el accidente produjo la muerte o lesiones de una o varias personas.
Sin embargo si el accidente ocasiona exclusivamente daños materiales y las partes convienen en un arreglo sobre su pago o reparación, no se procederá a la aprehensión de los vehículos y el juez que conoce del caso aprobará de inmediato el acuerdo en sentencia en la que no impondrá pena de prisión, pero si las multas que correspondan.

 

El desistimiento deberá presentarse y legalizarse con reconocimiento de firma y rúbrica en cualquier etapa del proceso, hasta antes de dictar sentencia, ante el Juez de Tránsito respectivo.

 

Las indemnizaciones por muerte, invalidez, gastos médicos, daños y perjuicios ocasionados por los accidentes se reconocerán de acuerdo con el artículo 140 de esta Ley, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT.”.

 

Art. 44.- Sustituyese el artículo 114, por el siguiente:

 

“Art. 114.- En cuanto aparezcan en el proceso datos que hagan presumir la autoría o participación de otras personas, el fiscal dictará resolución haciéndole extensiva la instrucción. En tal caso, la instrucción tendrá un plazo adicional de treinta días improrrogables de duración, a partir de la notificación con esa resolución al o nuevos imputados o al defensor público o de oficio designado por el Juez.”.

 

Art. 45.- Sustituyese el primer inciso del artículo 118, por el siguiente:

 

“Art. 118.- Toda sentencia condenatoria por infracciones a la Ley de Tránsito conlleva la obligación de pagar costas, daños y perjuicios, a cargo del causante, o el responsable de la infracción. Los daños y perjuicios se liquidarán en el mismo juicio penal de tránsito. Las obligaciones civiles se harán extensivas solidariamente a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, propietarias del vehículo conducido por el sentenciado, en los siguientes casos:”.

 

Art. 46.- En el artículo 120, sustituyese: “Presidente de la Corte Superior”, por: “Consejo Nacional de la Judicatura”; y, “… con el diez por ciento (10%) del salario mínimo vital general de multa por cada día de retardo.”, por: “con el equivalente al veinticinco por ciento (25%) de su remuneración mensual por cada día de retraso.”.

 

Art. 47.- Sustituyese el inciso segundo del artículo 123, por el siguiente:

 

“También podrá interponerse el recurso de nulidad, de acuerdo a lo previsto en el Título IV, Capítulo II del Libro Cuarto, del Código de Procedimiento Penal, en lo que fuere aplicable.”.

 

Art. 48.- Añádase al artículo 146, los siguientes incisos:

 

“Para la suspensión temporal de la licencia de conducir por la pérdida de puntos de acuerdo al cuadro de penalizaciones, el procedimiento será el siguiente:

 

La Policía Nacional, a través de la unidad que determine para el efecto, entregará el informe, con el número de puntos penalizados y las sanciones correspondientes si las hubiere, por las infracciones de tránsito cometidas, documento que será requisito obligatorio para la renovación de la licencia de conducir.

 

En el caso de revocatoria definitiva de la licencia de conducir, se aplicará el siguiente procedimiento:

 

El juez de tránsito, previo informe de la unidad correspondiente de la Policía Nacional, citará al infractor señalando día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de juzgamiento.”.

 

Art. 49.- Derogase los artículos 36, el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 86, 94, 95, 100, 112, 113, 116 y 117.

 

Disposiciones Generales

 

Primera.- Todas las unidades de transporte público cumplirán con la tarifa preferencial fijada para estudiantes y personas de la tercera edad, conforme la normativa específica expedida para esa materia.

 

Segunda.- Todo chofer profesional que preste sus servicios en relación de dependencia, percibirá una remuneración que no podrá ser inferior a la remuneración básica mínima unificada que fije la ley o la respectiva Comisión Sectorial, será obligatoriamente afiliado al IESS, estará sujeto a la jornada de trabajo, derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores en general, y gozará de los beneficios sociales y remunerativos contemplados en el Código del Trabajo.

 

Se prohíbe pactar como remuneración de los choferes, el pago de porcentajes del valor recaudado o porcentajes por números de recorridos de servicio o por número de pasajeros o similares.

 

Las compañías y cooperativas de transporte urbano, interparroquial, interprovincial o de cualquier modalidad de transporte de pasajeros o carga, llevarán un registro permanente de los choferes profesionales que presten sus servicios en las unidades de su respectiva organización, con expreso señalamiento de las rutas y frecuencias cubiertas por cada uno de ellos e indicación de fechas y horarios. En dicho registro, el chofer firmará en cada ruta y frecuencia que le corresponda cubrir. Los inspectores de trabajo verificarán el cumplimiento de esta disposición y de determinar que tales registros existen; y, en caso de comprobar que no existen o que son llevados deficientemente, impondrán una multa de hasta diez remuneraciones mínimas unificadas.

 

Para la matriculación de un vehículo destinado al transporte público masivo de personas o de carga ya sea urbano, intraprovincial, interprovincial, y para la concesión, renovación y modificación del respectivo permiso de operación, se exigirá la respetiva certificación del pago de aportes al IESS del chofer contratado por el empleador para la prestación de este servicio y copia certificada del contrato de trabajo debidamente legalizado ante el Inspector del Trabajo o Juez.

 

Los inspectores y jueces de trabajo llevarán un registro especial de los contratos de trabajo que ante ellos se realicen.

 

Tercera.- El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, dentro de los noventa días contados a partir de la promulgación de la presente Ley, implementará un plan de acción que deberá ser ampliamente difundido en todos los medios de comunicación, para el cumplimiento de las sanciones que pueden ser ejecutadas por trabajo comunitario, el que servirá para la rehabilitación de los contraventores.

 

Cuarta.- De conformidad con lo previsto en el literal m) del artículo 1 de la Ley que Regula las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas, publicada en el Registro Oficial No. 83 de 16 de mayo de 2003, la Contraloría General del Estado dispondrá una inmediata investigación y examen especial de las declaraciones presentadas por todos los jueces de tránsito del país, sin excepción alguna, quienes además deberán presentar dentro de los ocho días subsiguientes a la aprobación de esta Ley, una declaración patrimonial juramentada actualizada, cumpliendo con lo previsto en el artículo 3 de dicha normativa. El Contralor aplicará las normas de la ley invocada íntegramente y contará con sesenta días para hacer público sus resultados. De ser necesario, contará con el Fiscal General para las investigaciones que lleve adelante.

 

Disposiciones Transitorias

 

Primera.- El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, La Dirección Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Guayas a través de sus organismos especializados, en el plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la presente reforma en el Registro Oficial, implementarán los cambios técnicos, informáticos y administrativos que sean necesarios, para interconectar sus sistemas de base de datos, adecuar el sistema de concesión de Licencias de Conducir y los procedimientos policiales, a las nuevas normas incorporadas en esta Ley.

 

Segunda.- Para la implementación del nuevo sistema de licencia por puntos, la Policía Nacional, en el plazo de treinta días contados a partir de la fecha de publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, determinará la unidad técnica administrativa que se encargará de poner operativo el registro de infracciones de tránsito (contravenciones y delitos).

 

Tercera.- Las licencias de conducir vigentes al momento de la expedición de la presente Ley, mantendrán dicha vigencia y no requerirán de una renovación anticipada; por lo que, serán renovadas en el tiempo en que se cumpla su caducidad, mediante la expedición de un nuevo título con las nuevas seguridades.

 

Cuarta.- Las universidades públicas y privadas que tienen la carrera de ingeniería de transporte como parte del sistema de educación superior, gozarán de los mismos derechos de los institutos superiores determinados en la presente Ley.

 

Quinta.- Hasta que se cree en la provincia de Galápagos la Dirección Provincial de Tránsito y Obras Públicas, presidirá el Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres el Gobernador de la Provincia.

 

Sexta.- El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, dictará el reglamento para la aplicación de la presente Ley.

 

Artículo

Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial.

 

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil siete.

 

 

Arq. JORGE CEVALLOS MACIAS

PRESIDENTE

 

 

 

 

Dr. PEPE MIGUEL MOSQUERA MURILLO

SECRETARIO GENERAL

Congreso definirá hoy aborto terapéutico

El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) informa que hoy 15 de noviembre, a partir de las 16h00, el Congreso Nacional definirá Proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal sobre el aborto terapéutico.

Luego de intentos políticos realizados ayer por parte de las autoridades del CONAMU, junto a las diversas organizaciones de mujeres del país, no lograron evitar que pasara a debate el Proyecto de Ley, impulsado por el diputado Raúl Ramírez Rellana, el cual busca la eliminación del aborto terapéutico.

El Art. 447 del Código Penal vigente que permite el aborto terapéutico y/o eugenésico, exclusivamente dice que puede ser aplicado bajo las siguientes circunstancias:

1o.- Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y,

2o.- Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o demente. En este caso, para el aborto se requerirá el consentimiento del representante legal de la mujer.

Para sostener esta argumentación el diputado Ramírez, respaldado por los grupos provida, dice que las enfermedades mentales no necesariamente son hereditarias, que Dios es el único que tiene potestad sobre la vida y se acusa de criminal a quien practica un aborto terapéutico. Se señala a las mujeres como las responsables y se ampara en la disposición constitucional de la protección de la vida desde la concepción.

El CONAMU, institución pública encargada de velar por los derechos de las mujeres ecuatorianas, objeta las argumentaciones y el proyecto de Ley presentado, ya que atenta contra los derechos humanos de las mujeres. Rechaza también enérgicamente la criminalización de la que es víctima la mujer, al acusarla de asesina, por haber tenido que practicarse un aborto terapéutico.

Hay que recordar que en el Ecuador, las estadísticas sobre mortalidad materna (muerte de mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el postparto) para el año 2006, son las siguientes:

Total de muertes maternas: 209
Total de muertes de madres adolescentes: 111
Causas de muerte materna
toxemia 41.7%
complicaciones en el trabajo del parto 21.6%
hemorragias 23.1 %
aborto 6.5%

Las mujeres que mueren en nuestro país por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el postparto, son las mujeres de escasos recursos, las que no han tenido acceso a la educación, a medidas de prevención y protección adecuada y las que viven en situaciones de violencia.

En el proyecto de ley existen imprecisiones técnicas. Se da por entendido que en el caso del óbito fetal no existen problemas, debemos aclarar que óbito fetal es decir la muerte del feto dentro del útero que se produce después del primer trimestre del embarazo- no tiene ninguna relación con el aborto terapéutico.

El aborto terapéutico, vigente en el Ecuador desde hace varias décadas, es una medida a la que las mujeres y/o sus familias recurren en casos extremos, debidamente especificados en el Código Penal, para proteger la vida de la mujer. Este se realiza previo el procedimiento correspondiente que implica demostrar técnica y científicamente, la necesidad del mismo.

Cuando se prohíbe el aborto terapéutico, generalmente se condena a la muerte a la mujer y al no nacido que tanto defiende el diputado que propuso este proyecto y los grupos provida, puesto que el resultado es un aumento del número de muertes maternas relacionadas con el embarazo. Por lógica se sabe que el embrión, denominado no nacido en el proyecto de ley, no puede sobrevivir después de la muerte de la madre, por lo tanto se condena a la muerte a los dos.

En los casos de violación a una mujer idiota o demente, el aborto terapéutico se justifica por varias razones: en este caso la mujer no puede cuidarse a sí misma por lo tanto el embarazo es resultado de una violación, generalmente la violación proviene de los hombres que son parte del núcleo familiar encargado del cuidado de la mujer, en la mayoría de casos familiares directos.

El Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger íntegramente los derechos humanos de todas las mujeres, por lo que debe tomar todas las medidas necesarias, para asegurar a las mujeres el acceso a estos derechos. El Congreso Nacional al tramitar el Proyecto de Ley Reformatoria al Art. 447 del CODIGO PENAL, atenta al derecho a la vida de las mujeres.

Que va a pasar con el Congreso, los Ministros y Sector Bancario?

El ambiente político que vivimos no es tan relajante como quisiéramos. Se supone que después del 30 de Septiembre después de la elección de los Asambleístas, el Gobierno se dedicaría a trabajar por el desarrollo económico y social del país. Pero el ambiente político se comenzó a poner tenso por las declaraciones del Presidente después de conocer los resultados de las elecciones en que resaltó que la Asamblea debería cesar al Congreso Nacional la razón más poderosa, porque en 1998 el trabajo simultáneo del Congreso y la Constituyente obstruyó el trabajo de los asambleístas y por tanto quieren evitar repetir la experiencia.

Por otro lado en el Congreso Nacional se han producido varias renuncias de algunos diputados entre esos John Argudo de la Izquierda Democrática. Otros como el Diputado Jimmy Jairala busca entablar diálogos con los Asambleístas electos para conservar el orden democrático del país. Mientras que otros como el Diputado Julio Verduga sigue trabajando como si nada y presenta proyectos de Reformas al Código de Trabajo. Otros un poco más osados se encargan de regar el rumor de la indemnización de un millón de dólares si es que son despojados de sus puestos obtenidos por votación directa. Cuál será el final del Congreso?.

Dentro del propio Gabinete Ministerial también se van a producir bajas, ya que el Presidente de la República pidió la renuncia a todos sus colaboradores. Todos dicen agradecer la oportunidad de servicio y seguir participando como ciudadanos comunes y corrientes en la revolución ciudadana que empezó el 15 de Enero.

También se espera los resultados de la reunión que se producirá mañana con el sector bancario y el viaje del Presidente Correa a Venezuela para conversar y analizar con Hugo Chávez el reingreso de este país a la Comunidad Andina de Naciones.

Para todos nosotros los ecuatorianos solo nos queda esperar que las decisiones y acciones de las personas que hemos elegido para gobernarnos “lo hagan” y el país se libre de ese estado de inactividad en el que hemos caído y que lamentablemente no produce ningún crecimiento ni desarrollo.


Comisión Legislativa que reemplazaría al Congreso cuenta ya con varias leyes.

El Presidente de la República, Rafael Correa, informó hoy de que el Ejecutivo tiene aproximadamente una docena de leyes para presentar a la nueva comisión legislativa que va a reemplazar al Congreso Nacional.

Así lo indicó el Primer Mandatario en un encuentro que mantuvo esta mañana con los medios de comunicación internacional, donde manifestó también que, al momento, de las doce leyes existen algunas que están terminadas y otras que se encuentran en carpeta.

Entre las más importantes destacó la Ley de Competencia mediante la cual se regularizarán “los ‘holdings’ y comisiones en ciertos mercados”, entre los que mencionó cemento o celulares, “y así controlar ciertas actitudes colusorias”.

La Ley Orgánica de Empresas Públicas que se proyecta como la que tiene Chile. “Se necesita un marco jurídico especial para las empresas públicas y este Gobierno no cree en ese catecismo de privatización. Creemos que debe haber empresas públicas claves, como la de generación hidroeléctrica”, indicó el Primer Mandatario.

De igual manera, señaló que se creará la Ley de Compras Públicas, para canalizar esos 5.000 millones de dólares que el Estado compra. “No puede ser que, del total de estas compras, el 80 por ciento sea importado. Aquí se importaba hasta leche en polvo para el programa Aliméntate Ecuador”.

Entre otras leyes, mencionó también la Reforma Tributaria y la Ley de Sistema de Calidad Total, que unifica el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), para facilitar la emisión de nuevos productos, pero con controles más rigurosos.

Las leyes con respecto al sector productivo-financiero están a cargo del Consejo Nacional de Competitividad. Con respecto a lo social, a cargo de la Ministra de Coordinación Social, Nathalie Cely. Y a nivel institucional y cuestiones políticas, a cargo del Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa, Fernando Bustamante.

Finalmente, el Jefe del Estado invitó a los medios de comunicación que esté interesada en conocer sobre estas leyes a acercarse “con la mayor libertad a observar los borradores de las leyes” en cada una de las dependencias que se encuentran a cargo de su elaboración.

Fuente: Presidencia de la República