ISSUU – Texto final proyecto ley comunicación by El Telegrafo

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Ley de Medios no tomó en cuenta críticas de la UNESCO

El proyecto final de Ley de Comunicación no ha recogido las recomendaciones que realizó la Unesco sobre el documento legal.

A pesar de que está a punto de ser sometido a votación, todavía hay algunos cuestionamientos por temas que están en el proyecto y que no han sido superados en ninguna de las 11 versiones que ha tenido la ley hasta hoy.
La semana pasada, la Unesco distribuyó su informe sobre el Desarrollo Mediático en Ecuador durante el 2011, a propósito de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Expresión, que se celebra el 3 de mayo.
En 160 páginas, la Unesco realiza un balance sobre la situación de la libertad de expresión, el acceso a los medios de comunicación y la capacitación en nuevas tecnologías de la comunicación para los periodistas en el país.
Uno de los temas que preocupa a esta entidad, que es parte de las Naciones Unidas, es la aprobación de una Ley de Comunicación que afecte las libertades.
Estos temores no se han ido desde el 2009. El 8 de diciembre de ese año, la Unesco, junto a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hicieron sus primeras observaciones al proyecto.
Entre los temas que fueron cuestionados está la creación de un Consejo de Regulación con “facultades sancionatorias”, que llegaban incluso al cierre de un medio de comunicación.
Las alertas sobre el contenido de estos temas obligó al oficialismo a modificar el articulado. Así se eliminaron algunas de las sanciones, aunque se mantiene el Consejo Regulatorio, conformado con mayoría de delegados de las funciones del Estado. Esta conformación, precisamente, es una de las principales preocupaciones de la Unesco. En respuesta, el oficialismo señala que el proyecto ha sido modificado acogiendo las demandas de varios sectores vinculados con la comunicación.
El asambleísta Mauro Andino (Alianza País), ponente del proyecto, aseguró que esta ley permitirá garantizar el derecho de todos los ciudadanos a participar en los espacios de los medios de comunicación de forma equitativa.
Pero organismos como la CIDH, Human Rights Watch o el Comité de Protección de Periodistas (ver compartida) han cuestionado el proyecto final de la ley, por considerar que deja mucho espacio a la interpretación.
Por eso la Unesco advierte que este “debe ser mejorado”. “Se requiere la creación de un órgano regulador independiente, con autonomía financiera y administrativa, inspirado en las mejores prácticas internacionales, así como en los avances de varios países de la región, que tutele los derechos de la comunicación (…)”.
La Unesco insistió en plantear al Estado la necesidad de eliminar los delitos de opinión del nuevo proyecto de Código Penal, más allá de solo eliminar la palabra desacato del articulado.
Libertad de prensa
Este jueves 3 de mayo se celebrará el Día Mundial de la Libertad de Expresión y Prensa. Varios actos se preparan como homenaje. De su parte, la Asamblea asegura que el proyecto de ley de medios se podría votar en la segunda semana de mayo.
El informe de la Unesco también demanda de las autoridades estatales una aplicación efectiva y transparente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y que la ciudadanía asuma este derecho.
CPJ pide archivar el proyecto
El Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) envió una carta al titular de la Asamblea, Fernando Cordero, por el proyecto de Ley de Comunicación.
En la misiva, el director ejecutivo de la organización internacional, Joel Simon, manifestó su preocupación por el texto legal, que está a la espera de ser votado en el Legislativo.
“El Comité para la Protección de los Periodistas está seriamente preocupado por un nuevo proyecto de Ley de Comunicación, que provocaría un retroceso de la libertad de prensa al promover la autocensura y restricciones en la crítica sobre los funcionarios públicos”, manifestó Simon.
El texto legal está en análisis desde hace 32 meses en la Asamblea; sin embargo, no ha conseguido los votos necesarios para su aprobación. Asimismo, se han presentado más de 10 borradores de proyecto e innumerables modificaciones al articulado, que finalmente terminaron con el texto que fue presentado al Legislativo a inicios de este mes.
Sin embargo, para el CPJ este documento incluye varios temas que permitirían la libre interpretación de la autoridad reguladora y que facilitaría la instauración de medidas sancionadoras y controladoras.
“Una evaluación del Comité sobre la legislación concluyó que varias cláusulas podrían limitar severamente la libertad de expresión en Ecuador y su lenguaje ambiguo le otorgaría al Consejo de Regulación, amplia discrecionalidad para imponer sanciones arbitrarias y censurar a la prensa”, señaló.
Por ello, pidió a Cordero que se deseche el proyecto de ley de medios y que se redacte un nuevo documento, en el que se solventen los cuestionamientos que se han presentado. “Un informe especial del CPJ concluyó que las políticas de Rafael Correa han transformado a Ecuador en uno de los países más represivos para la prensa en el hemisferio”, afirmó Simon.
Fuente: Diario El Comercio.

Proyecto de Ley Reformatoria de las Leyes Orgánicas de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado y de la Ley de Contratación Pública

Artículo 1.- Deróguese el apartado f) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.

f) Emitir informes razonados y motivados sobre aquellos contratos que celebren las instituciones del Estado determinadas en el artículo 118 de la Constitución Política de la República, así como aquellos que celebren las personas jurídicas de derecho privado que cuenten con recursos públicos, en los términos a los que se refiere, para estos efectos, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, cuya cuantía supere la base para concurso público de ofertas, así como los contratos sujetos a la Ley de Modernización del Estado. La entidad o persona jurídica solicitará al Procurador General del Estado el informe correspondiente.

Procuraduría General del Estado

Artículo 2.- Sustitúyase el apartado g) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado por el siguiente:

“Supervisar el cumplimiento de los contrataos que hayan celebrado las instituciones del Estado determinadas en el artículo 118 de la Constitución Política de la República, así como aquellos que celebren las personas jurídicas de derecho privado que cuenten con recursos públicos, en los términos a los que se refiere, para estos efectos, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, cuya cuantía supere la base para concurso público de ofertas, así como los contratos sujetos a la Ley de Modernización del Estado, esta supervisión versará sobre el acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios de los contratos; y, proponer o adoptar, con el fin indicado en este artículo, las acciones judiciales necesarias en defensa del patrimonio nacional y del interés público,”.

Artículo 3.- Reemplácese el apartado b) del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado por el siguiente:

“b) Con los recursos establecidos en los artículos 110 y 111 de la Ley de Contratación Pública;”

Artículo 4.- Deróguese el numeral 16 del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Haga click aquí para obtener todo el proyecto de ley

Intermediación – Tercerización Laboral.- Conceptos

Intermediación – Tercerización Laboral

Con el fin de tener una mayor comprensión sobre los temas a tratar en la Asamblea Constituyente sobre Intermediación y Tercerización laboral ponemos a su consideración sus definiciones y las principales normas contenidas en la Ley Reformatoria del Código del Trabajo que regula la intermediación laboral y la tercerización; publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 298 de 23 de Junio del 2006.

Intermediación Laboral

Consiste en emplear trabajadores para ponerlos a disposición de otra persona, natural o jurídica, llamada usuaria, que determina sus tareas y supervisa su ejecución.

Tercerización de Servicios Complementarios

Es la contratación de una persona jurídica que ejecuta, con su propio personal, actividades complementarias al proceso productivo de la contratante, denominada usuaria. Los trabajadores de la tercerizadoras no son trabajadores de la usuaria.

Actividades Complementarias

Constituyen actividades complementarias de la usuaria las de vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería, mantenimiento, limpieza y otras actividades de apoyo.

Autorización

El Ministerio de Trabajo autorizará el funcionamiento de las empresas que se constituyan con el objeto único de dedicarse a la intermediación laboral o a la tercerización de servicios complementarios.

Prohibición

Las personas naturales no podrán prestar servicios de intermediación laboral ni de tercerización de servicios complementarios, excepto en los sectores de la construcción y agrícola.

Duración de la autorización

La autorización para la prestación de servicios de intermediación o de tercerización tendrá la validez de un año la primera vez, de cinco años adicionales con ocasión de la primera renovación y transcurrido este período, será de tiempo indefinido.

Contratos

La intermediación laboral requerirá de la suscripción de dos clases de contratos:
a) Un contrato mercantil de intermediación laboral celebrado por escrito entre la empresa de intermediación laboral y la usuaria cuyo objeto sea poner a disposición de la usuaria trabajadores contratados por la intermediaria.

b) Un contrato de trabajo celebrado por escrito entre la intermediaria y cada uno de los trabajadores intermediados.
En el caso de la tercerización, se requerirá de la suscripción de un contrato de tercerización de servicios complementarios entre la empresa prestadora del servicio y la usuaria.

Duración del contrato mercantil de intermediación laboral

Será el que acuerden libremente las partes.

Terminación del contrato

La terminación del contrato mercantil de intermediación laboral causará la extinción de la relación de trabajo que vincula a la intermediaria con los trabajadores intermediados que laboran para la usuaria. Esto no afectará a los contratos de plazo fijo ni a los de tiempo indefinido que tengan los trabajadores con la intermediaria.

Duración del contrato de trabajo

El contrato de trabajo que se suscriba entre la intermediaria y cada uno de los trabajadores intermediados, será por el plazo de duración del contrato mercantil de intermediación laboral celebrado con la usuaria, a menos que las partes acordaren un plazo diferente caso en el cual el contrato deberá celebrarse bajo cualquiera de las modalidades previstas en el Código del Trabajo. Los contratos de trabajo deben ser escritos y deben registrarse dentro de los treinta días subsiguientes a su celebración ante el inspector del trabajo.

Actividades

Se podrá recurrir a la intermediación laboral, para todas las actividades de la usuaria, bajo las modalidades de contratación de plazo fijo, ocasional, eventual, por horas y otros contratos precarios.

Número máximo

El número máximo de trabajadores intermediados que una usuaria puede mantener no excederá del cincuenta por ciento (50%) del total de los trabajadores que la usuaria requiera contratar para su operación y funcionamiento. Este porcentaje no se aplicará en el caso de iniciación de actividades de la usuaria durante los primeros 270 días (nueve meses) contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil en el caso de personas jurídicas y, de la suscripción del primer contrato de trabajo, en el caso de personas naturales. Este porcentaje máximo no se aplicará en instituciones del Estado ni en actividades agrícolas o de la construcción.

Prohibición de contratar trabajadores a través de intermediación laboral
Ningún usuario podrá recurrir a la contratación de intermediarias en los siguientes casos:

a) Para sustituir a trabajadores en huelga.

b) Para la realización de trabajos que, por su peligrosidad para la salud y seguridad, requieran de destrezas y capacitación especiales, cuando la usuaria no tenga un reglamento de higiene y seguridad aprobado por el Ministerio de Trabajo.

c) Para contratar como intermediado a quien se encuentre en actual relación de dependencia, prestando servicios como trabajador estable y permanente, si para contratarlo como intermediado, éste fuere desvinculado por cualquier medio.

d) Para rotar trabajadores entre compañías intermediarias que presten servicios de intermediación laboral a una usuaria, salvo que la usuaria terminare la relación contractual mercantil con la intermediaria y optare por contratar con otra empresa intermediaria. manteniendo a los mismos trabajadores; y,

e) Para desempeñar las funciones determinadas en el artículo 36 del Código del Trabajo (directores, gerentes, administradores y personas que ejercen funciones de dirección y administración).

Contratación Directa.

Es nula toda cláusula que impida que el trabajador intermediado o de una tercerizadora sea contratado directamente por la usuaria.

Infracciones y sanciones

Infracción leve:

No entregar la documentación o información que solicite el Ministerio de Trabajo.
Esta falta se sancionará con multa de una remuneración básica mínima unificada.
La reincidencia en la infracción leve dentro de un período de un año será calificada como infracción grave y se impondrán las sanciones correspondientes a esta última.

Infracciones graves:

a) El incumplimiento del contrato de trabajo suscrito con el trabajador;

b) El incumplimiento del contrato mercantil de intermediación laboral suscrito por la intermediaria laboral con la usuaria;

c) No incluir en la publicidad o promoción de sus actividades y ofertas de empleo o de servicios, en cualquier medio impreso, audiovisual o de radiodifusión su denominación y su identificación como intermediaria o tercerizadora así como el número de autorización y registro otorgado por el Ministerio de Trabajo;

d) No formalizar por escrito los contratos de trabajo, el contrato mercantil de intermediación laboral o el contrato de tercerización de servicios complementarios;

e) Cobrar al trabajador cualquier cantidad a título de gasto o en concepto de pago por reclutamiento, selección, capacitación, colocación, formación o contratación.

f) No pagar las remuneraciones mínimas o no cumplir con cualquiera de sus obligaciones laborales y de seguridad social;

g) No entregar al trabajador copia del contrato celebrado con éste y copia del instrumento que acredite el valor cobrado por la intermediaria a la usuaria en concepto de remuneración; y,

h) No registrar los contratos de trabajo ante el inspector del trabajo de la jurisdicción.

Las infracciones graves, serán sancionadas con multa de seis (6) remuneraciones básicas mínimas unificadas, por cada infracción.
La reincidencia en el lapso de un año en el cometimiento de infracciones graves, será sancionada con la revocatoria de la autorización.

Infracciones muy graves:

a) Prestar servicios de intermediación laboral o de tercerización de servicios complementarios sin contar con autorización del Ministerio de Trabajo o cuando se encontrare vencida; no renovar la autorización cuando ésta venciere;

b) Realizar actividades al margen de su objeto social exclusivo de intermediación laboral o tercerización de servicios complementarios;

c) Pagar al trabajador intermediado, como remuneración, una cantidad menor al valor cobrado a la usuaria por tal concepto;

d) No depositar en el IESS aportes, fondo de reserva u otras obligaciones;

e) Celebrar contratos de trabajo al margen de las normas contempladas en la Ley; y,

f) Simular ser intermediaria.

Las infracciones muy graves serán sancionadas con la revocatoria definitiva de la autorización y registro concedidos.

El representante legal o apoderado de una empresa a la que se haya revocado la autorización de funcionamiento no podrá ejercer la representación legal o mandato de otra intermediaria o tercerizadora ni podrá ejercer como persona natural actividades de intermediación o de tercerización, por el lapso de dos años.

Facultades de la usuaria

La usuaria determinará las tareas del trabajador intermediado y supervisará su ejecución, lo cual no implica dependencia laboral.

Derechos de los trabajadores respecto de la usuaria

Los trabajadores intermediados tendrán derecho a hacer uso de los medios de transporte así como de las instalaciones y servicios con los que cuente la usuaria tales como comedores, atención médica y otros que se encuentren a disposición de los demás trabajadores de la usuaria, en las mismas condiciones.

Prohibición y sanciones

Se prohíbe contratar con intermediarias que no cuenten con autorización de funcionamiento. La usuaria del sector privado que contrate a una persona natural o jurídica que no se encuentre autorizada para el ejercicio de la intermediación laboral, se convertirá en empleadora directa de los trabajadores. Los trabajadores que en el sector público sean contratados con violación a estas disposiciones, se convertirán en trabajadores directos del funcionario que contrató a la intermediaria.

Prohibición de vinculación

Las intermediarias y las usuarias no pueden entre ser matrices, filiales, subsidiarias ni relacionadas, ni tener participación o relación societaria de ningún tipo. Hay vinculación cuando la usuaria y la intermediaria, sus socios o accionistas, comparten intereses societarios, patrimonio o administración financiero-contable. La usuaria del sector privado que contrate a una intermediaria vinculada se convertirá en empleadora del trabajador contratado por la intermediaria vinculada. Si la vinculación ocurriere en el sector público, el funcionario que contrate a la intermediaria se convertirá en empleador, a título personal, de los trabajadores.

Responsabilidad Solidaria

La usuaria será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales de la intermediaria. El trabajador intermediado podrá reclamar sus derechos en forma solidaria a los representantes legales y administradores de la empresa intermediaria y/o de la usuaria, por los derechos que representan y por sus propios derechos.

Fondo de reserva

Los trabajadores intermediados y de las tercerizadoras tendrán derecho al fondo de reserva desde el primer día de labor. Sus empleadores enviarán mensualmente al IESS los valores correspondientes al fondo de reserva.

Trabajo de menores

Se prohíbe la contratación de menores de 18 años de edad bajo el régimen de intermediación laboral o tercerización de servicios complementarios.

Prohibición de rotación

Se prohíbe a las intermediarias vinculadas entre sí que roten a sus trabajadores. Se prohíbe que los trabajadores roten entre las intermediarias que simultáneamente prestan servicios para la misma usuaria. De detectarse estos hechos, las intermediarias serán sancionadas con la revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento y los trabajadores intermediados pasarán a depender directamente de la usuaria como trabajadores estables y permanentes.

Capital mínimo

Las empresas de intermediación laboral deberán contar con un capital social mínimo de diez mil dólares. El aporte será en numerario.

Utilidades

Los trabajadores intermediados participarán del 15% de las utilidades de las usuarias. Si las utilidades de la intermediaria fueren superiores a las de la usuaria, el trabajador solo percibirá las de la intermediaria. En el caso de tercerización de servicios complementarios, el pago de utilidades corresponderá únicamente a la empresa tercerizadora.

Plazo

En el plazo máximo de 120 días, contados a partir del 23 de junio del 2006, las intermediarias y las tercerizadoras deberán adecuar sus estatutos, capital social y actividades a los términos de la Ley.

La respectiva escritura pública deberá ser inscrita en el Registro Mercantil dentro del indicado plazo. De no cumplir con este requisito, la autorización de funcionamiento será revocada definitivamente.

En el plazo de 120 días contados a partir del 23 de junio del 2006, las intermediarias y las tercerizadoras deberán adecuar los contratos de trabajo con sus trabajadores a los términos de la Ley, respetando los derechos vigentes de los trabajadores.

En el mismo plazo se adecuarán los contratos mercantiles celebrados entre las intermediarias y las usuarias.

Tomado del Blog del Asambleísta Rommel Rivera

3 Artículos y 9 Numerales sobre el Capítulo de Trabajo de la Mesa 6

Son los primeros borradores de artículos constitucionales que se discuten en la Mesa de Trabajo, Producción e Inclusión Social

Los miembros de la Mesa de Trabajo, Producción, Igualdad e Inclusión Social, empezaron a debatir los primeros artículos constitucionales estructurados.

El presidente de la Mesa, Pedro de la Cruz, dijo que existen 3 artículos y 9 numerales relacionados al Capítulo de Trabajo, que han sido redactados y que han empezado a debatirse, para luego de ser aprobados al interior de la Mesa, puedan ser enviados a la Comisión Directiva de la Asamblea.

De la Cruz, indicó que estas propuestas de textos constitucionales establecen que el trabajo, es un derecho, un valor humano y una relación social generadora de riqueza, fuente de satisfacción de las necesidades humanas, que goza de la protección del Estado, y, asegura al trabajador, el respeto a su dignidad, a una vida decorosa y a una remuneración justa.

Además garantizan el desempeño de un trabajo sin discriminación de ningún tipo, saludable, lícito y libremente escogido o aceptado.

Reconocen y protegen las diversas modalidades de trabajo productivo y reproductivo autónomo, de las unidades económicas comunitarias, cooperativas y familiares, y garantizan igualdad de derechos y condiciones.

“Cada uno de los artículos será sometido a análisis y debate, ya que buscamos hallar el mayor consenso posible entre los miembros de la Mesa, además es importante aclarar que aún faltan muchos artículos por redactar, en otras secciones de la Constitución que nos compete”, agregó Pedro de la Cruz.

PROPUESTA PARA DERECHOS ECONÓMICOS INCLUIDOS EN LA PARTE DOGMÁTICA DE LA CONSTITUCIÓN

El trabajo es un derecho, un valor humano y una relación social generadora de riqueza y fuente de satisfacción de las necesidades humanas. Goza de la protección del Estado, que asegure al trabajador el respeto a su dignidad, a una vida decorosa y una remuneración justa.
Garantiza el desempeño de un trabajo sin discriminación de ningún tipo, saludable, lícito y libremente escogido o aceptado.

Los trabajadores dispondrán de mecanismos administrativos y judiciales efectivos que les permitan garantizar sus derechos.

Reconoce y protege las diversas modalidades de trabajo productivo y reproductivo, autónomo, de las unidades económicas comunitarias, cooperativas y familiares; y garantiza igualdad de derechos y condiciones.

SECCIÓN PRIMERA – TRABAJO

Art. 1.- El trabajo es la fuente de toda riqueza y base de la economía. En cuanto derecho y deber social gozará de la protección del Estado, el que promoverá las diferentes modalidades de trabajo y asegurará al trabajador/a el respeto a su dignidad y a una existencia decorosa para sí y para su familia.

Art. 2.- Las relaciones de quienes prestan servicios personales al Estado y a sus instituciones se regirán por las leyes que regulan la administración pública, salvo los/as trabajadores/as del Estado y de todas sus instituciones, incluidas las entidades de Derecho Privado que tienen participación mayoritaria de recursos estatales, que se regirán por el Derecho del Trabajo.

Art. 3.- Los siguientes principios serán aplicables a todos/as los/as trabajadores/as en sus respectivas formas o modalidades:

1. Las leyes que regulan las relaciones laborales son leyes orgánicas.

2. Nadie puede ser obligado a trabajar, salvo los casos expresamente determinados en los convenios internacionales ratificados y la ley.

3. Los derechos laborales son irrenunciables, intangibles e imprescriptibles; será nula toda estipulación en contrario.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores.

5. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración, sin distinción de género, etnia, edad, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad o cualquiera otra que implique discriminación.

6. La remuneración será justa y digna para el trabajador y su familia, la misma que será inembargable, salvo el caso de pensiones alimenticias. Lo que el empleador deba al trabajador, por cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios.

7. Para reconocer la existencia de una relación laboral sujeta al Derecho del Trabajo, se comprobarán las condiciones efectivas en que se haya dado la prestación de servicios, en función de correspondencia a lo previsto contractualmente.

El fraude, la simulación y el enriquecimiento a costa del trabajo ajeno serán sancionados por la ley.

8. Se garantiza el derecho y la libertad de organización de trabajadores/as y empleadores, conforme a las normas legales y sin necesidad de autorización previa.

Este derecho comprende el de formar sindicatos u otras asociaciones profesionales, afiliarse a los de su elección y salir de los mismos cuando lo desee.

Se reconocerá la organización sindical por ramas de trabajo que defina la ley.

9. La organización sindical será democrática, participativa, alternativa, responsable y transparente.

Se adopta el diálogo social como elemento sustancial en la solución de conflictos y formulación acuerdos, para el desarrollo económico, productivo, social, equitativo y el fomento de la democracia participativa.


Mesa Número 9.- Soberanía Territorial (Propuesta de Articulado)

Artículo 1.- El territorio del Ecuador constituye una unidad histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros pueblos milenarios. Comprende el espacio continental, lacustre y fluvial, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos; el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes.

La Capital del Ecuador es Quito, Distrito Metropolitano.

Artículo 2.- El territorio del Ecuador es inembargable, inalienable, irreductible, único e indivisible. Ninguna porción del territorio podrá ser concedida, arrendada ni en forma alguna enajenada temporal o definitivamente. Ningún ciudadano, ciudadana, comunidad, colectividad, pueblo, entidad Estatal o privada podrá llevar a cabo acto alguno que atente contra la unidad territorial ni fomente la separación o escisión territorial.

Articulo 3.- Pertenece al Ecuador todos los recursos naturales que se encuentren en su territorio, incluidos el agua, la biodiversidad, el patrimonio genético, los yacimientos mineros y de hidrocarburos, los componentes intangibles o inmateriales y el espectro electromagnético.

Artículo 4.- El Ecuador ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la orbita sincrónica geoestacionaria y la Antártica, de conformidad con las normas del Derecho Internacional y con la legislación interna.

Artículo 5.- El Ecuador es un territorio de paz, por lo que no se podrá establecer en él bases militares extranjeras, ni instalaciones extranjeras con propósitos militares.

Fuente Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador


Cambios al MANDATO CONSTITUYENTE No. 4

Artículo 1.- EL ESTADO GARANTIZA LA ESTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES, la contratación colectiva y la organización sindical, en cumplimiento a los principios universales del derecho social ……

LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO, del personal que trabaja en las instituciones señaladas en el artículo 2 del Mandato No. 2, ……….

Ninguna autoridad, juez o tribunal podrá declarar como derecho adquirido, ni ordenar el pago, de una indemnización por terminación de relaciones laborales, BAJO LA FIGURA DE DESPIDO INTEMPESTIVO POR UN MONTO SUPERIOR AL ESTABLECIDO EN EL INCISO ANTERIOR.

…………………

Dado y suscrito en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, Montecristi, provincia de Manabí de la República del Ecuador, a los doce días del mes de Febrero de 2008.

El documento en su texto completo y original aquí