Mayoría de Jueces se alinea por someterse a Régimen Transitorio

El Presidente de la CSJ exige que se permita transmitir la cadena de TV con sus objeciones.

La tesis de Roberto Gómez Mera, presidente de la Corte Suprema de Justicia CSJ), de someterse al régimen de transición (en caso de que gane el Sí en el referéndum de este 28 de septiembre), respaldada por una mayoría de 16 magistrados, será la que se imponga en el pleno de esta función del Estado.

Esa medida, según los jueces, evitará una crisis en la administración de justicia, que podría generarse por la aplicación de las nuevas normas constitucionales.

Esa es la percepción del magistrado  Rubén Darío Andrade, quien manifestó  que los jueces se mantendrán en sus puestos  si la mayoría de la Suprema así lo decide, pues ahora existen 16  jueces que están a favor de esa tesis. “Quedaríamos 15 al otro lado, quienes resolveremos en función de la institucionalidad y no por intereses personales”.

Pese a que el próximo miércoles, en la última sesión del pleno de la CSJ previa al referéndum se adoptarán las resoluciones finales, los magistrados barajan dos condicionamientos para acoger el régimen de transición.

El primero es que la Asamblea o el Congresillo les devuelva la jurisdicción y competencia para administrar justicia y,  segundo, que se difunda la cadena nacional que grabaron días atrás, en cuyo pronunciamiento rechazan las reformas constitucionales en el área de justicia y manifiestan su desacuerdo con la disminución del número de jueces de 31 a 21. Además, de la simplificación de los requisitos para los jueces que  integrarán la Corte Nacional de Justicia  (como títulos, edad y experiencia).

Paralelamente, el presidente de la Corte, Roberto Gómez, exigió la transmisión de ese video, que fue negada por la Secretaría de Comunicación  de la Presidencia bajo el argumento de que tenía más de 11 minutos de duración. Una vez recortada a un poco más de nueve minutos, la autoridad dijo esperar su difusión.

Según Gómez, esta actitud responsable de la CSJ permitirá que los jueces se mantengan en funciones prorrogadas hasta que se realicen las reformas legales que permita aplicar la nueva Constitución y, sobre todo, elegir a la nueva Corte Nacional de Justicia que no integrarán, pues no están dispuestos a someterse al sorteo.

Con la prórroga, señaló la autoridad, los 31 magistrados mantendrán las mismas competencias y atribuciones, hasta que se pueda elegir a los 21 jueces de la nueva Corte. Si no se aceptan esos pedidos, Gómez  advirtió un vacío legal, de impredecibles consecuencias para la justicia y sus usuarios.

Denuncia
En la cadena de televisión, grabada por el pleno de la CSJ el pasado 8 de septiembre, los magistrados denuncian que las nuevas normas constitucionales restan jerarquía a la CSJ, cuando se cambia su nombre a Corte Nacional de Justicia.

Subordinación
Además, los jueces afirman que el proyecto de Constitución subordina a la justicia a la Corte Constitucional, ente al que se confiere la potestad de revisar los fallos judiciales, y al Consejo de la Judicatura, cuando le otorga la facultad de designar, evaluar y destituir a los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Control
Se elimina, además, el control difuso de la Constitución que ejercen los jueces de todos los niveles y que le permite declarar la inaplicabilidad de disposiciones legales que fueren contrarias a la Carta Política.

Fuente El Universo.com

Carta de León Roldós para Rafael Correa

Guayaquil, septiembre 11 del 2008

Señor

Eco. Rafael Correa Delgado,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

Quito.

Me han comentado de su declaración de ayer de solidaridad con Fernando Cordero. Son irrelevantes sus expresiones contra mí, lo que importa es lo que usted pueda hacer.

La lealtad que en su momento tuvo con usted  Cordero se demostró en los acontecimientos  que se dieron entre el 18 y el 24 de junio, cuando él sustituyó a Alberto Acosta, en la Presidencia de la Asamblea.

En cambio no es ejemplo de lealtad, peor de respeto al pueblo ecuatoriano, lo del 24 de julio cuando el Secretario de la Asamblea tomó votación, expresando:

“en caso de existir divergencias entre el texto constitucional presentado por la Comisión Especial de Redacción y el texto definitivo del articulado presentado y votado en segundo debate, prevalecerán siempre  los textos aprobados en segundo  debate, salvo el caso de los textos reconsiderados y aprobados por el pleno de la Asamblea Constituyente”,

a lo que siguió la entrega al TSE y la publicación de un libro que sólo, EXCLUSIVAMENTE,  recoge el supuesto texto presentado por la Comisión Especial de Redacción, con importantes divergencias de fondo –no sólo de forma- con el ” articulado presentado y votado en segundo debate”, supuesto en que, además,   “prevalecerán siempre  los textos aprobados en segundo  debate’, textos no publicitados a la ciudadanía.

Pavorosa inseguridad jurídica a que se llevará al Ecuador, en el supuesto del SI, posibilidad que resulta de la multimillonaria campaña que realiza el gobierno, porque la convocatoria a la consulta, publicada en el Registro Oficial del martes 12 de agosto del 2008, sin adjuntar proyecto alguno, es

“¿Aprueba usted el texto de la nueva Constitución Política de la República elaborada por la Asamblea Constituyente? SI    NO.

Le propongo una salida de dignidad y de seguridad jurídica. Encárguele a un grupo de profesionales de derecho de prestigio, que no hayan tomado partido por el SI o por el NO,  sugiero Jorge Zavala Baquerizo, Julio César Trujillo, Nicolás Parducci, Ernesto Albán Gómez y Medardo Mora Solórzano –también deberían incorporarse mujeres-  para que en cinco días, con audiencia pública, informen si el libro publicado por el Arq. Fernando Cordero contiene o no lo que decidió la Asamblea Constituyente. La audiencia pública es fundamental para sustentar las diversas opiniones.

Las diferencias que ellos encuentren que se solucionen y entonces si habrá texto constitucional, sobre el que se puede votar SI  o NO.

Si usted acepta la sugerencia, no está interfiriendo en el proceso de la Asamblea, ni del TSE, porque no hay ejemplar alguno promulgado como proyecto constitucional, lo que es diferente de promulgar la Constitución.

Conozco de las presiones de su Embajador en la OEA, Efrén Cocíos, para que se modifique la cita con el Secretario General de la Organización, y la posibilidad de otra fecha, inclusive de evaluación del proceso, para después del referéndum.

Mi respuesta es:    Nunca he negociado dignidad, peor lo voy a hacer ahora, antes que ir a sala de velaciones del derecho y de la libertad, prefiero luchar por sus causas, igual que con los seres humanos, los honro en vida y no creo en plañideras para después de su muerte.

Con el mismo respeto que usted se refiera a mi persona,

León Roldós Aguilera

El eje de la campaña es el Presidente Correa y su verdad

El Gobierno tiene definido un esquema para impulsar el sí, a través de los medios. La figura de Correa será gravitante en la campaña para el referéndum.

Redacción Política

Las líneas maestras del manejo publicitario y electoral del Gobierno están trazadas. Para empujar al sí en el referéndum, la estrategia oficial apunta a tres frentes: la campaña mediática, la figura de Rafael Correa y la gestión gubernamental.

La Secretaría de la Administración Pública y de Comunicación de la Presidencia ya tiene definido el esquema que empleará en la campaña en medios, para impulsar el proyecto de la nueva Constitución.

Su titular, Vinicio Alvarado, explica que las publicidades en TV, radio y prensa tendrán dos objetivos: aclarar los temas constitucionales polémicos y difundir aquellos asuntos que tengan mayor impacto en la colectividad.

En el primer caso, el Gobierno enfrentará las críticas de los diversos sectores contra los contenidos de los artículos.

Desde la noche del domingo anterior, Carondelet ha puesto en marcha esa táctica frente a las objeciones de la Iglesia Católica.

Desde ese día, pauta ‘spots’ televisivos que restan validez a los cuestionamientos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), que sostiene que el proyecto constitucional deja abierta la puerta al aborto.

Al inicio de esos espacios se difunde la posición de monseñor  Antonio Arregui, titular de la  CEE. De inmediato, una mujer lee el artículo de la iniciativa de Constitución que, supuestamente, impide esa práctica.

Alvarado anticipa que en su campaña mediática el Gobierno siempre identificará quién formula las objeciones al documento constitucional de la Asamblea. “Las cosas hay que ponerlas francamente: hay que poner quién dijo las cosas frente a los textos constitucionales”.

Según Alvarado este tipo de publicidades permitirán a las personas conocer los textos constitucionales y sacar sus conclusiones.

En los planes del Gobierno, estas publicidades serán reforzadas por folletos que explicarán aquellos temas que causan polémica. La Presidencia ya tiene definidos los dos primeros asuntos que serán abordados de tema puntual: el aborto y el derecho a la propiedad. Este último recibió cuestionamientos de partidos como el PSC, al señalar que no hay garantías claras a la propiedad privada, un criterio refutado por la mayoría de Acuerdo País.

En segundo término, el Ejecutivo venderá aquellos contenidos constitucionales que impliquen un beneficio en la vida cotidiana de la sociedad.

Augusto Barrera, coordinador entre Carondelet y la Asamblea, sostiene que la campaña se enfocará en divulgar puntos como el seguro universal obligatorio, la seguridad social para las amas de casa o el fin de la tercerización laboral. Toda esta publicidad mediática irá acompañada por la distribución de ejemplares del proyecto de Constitución.

Ricardo Patiño, ministro coordinador de la Política, indica que el Ejecutivo repartirá el número de constituciones que hagan falta para complementar a los ejemplares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este organismo imprimirá al menos un millón de copias. Por ello, si se deben imprimir otros millones de ejemplares, el Gobierno lo hará.

Según Patiño, el objetivo es invitar a la población a que lea el contenido del documento y no se deje llevar por  interpretaciones.

En los otros dos frentes de la campaña oficial la figura de Correa será gravitante. “Es un gran comunicador”, sostiene Alvarado. Por eso, en los dos siguientes meses, el Presidente seguirá con sus visitas a provincias, gabinetes itinerantes y programas de radio y TV de los sábados.

Alvarado anticipa que en esos espacios Correa impulsará el sí, como “campaña puntual dentro de los límites de la Ley”. Niega que en esas apariciones el Jefe de Estado vaya contra la legislación vigente, pues impulsará la corriente por el sí y no una candidatura.

De hecho, Correa ha señalado que en todas sus apariciones hará un llamado para que vote sí por la iniciativa constitucional redactada por la Asamblea.

El último frente de la campaña oficialista será toda la labor del Régimen. Para ello, el desafío de Carondelet será visibilizar la obra que impulsa.

De hecho, el Secretario de la Administración y de Comunicación cita como ejemplo los USD 2 400 millones que el Ministerio de Transportes y OO.PP. va a destinar a vialidad.

A la par, los ministros y gobernadores deberán atar su gestión a los contenidos del proyecto constitucional que les compete. Esa fue la decisión tomada durante el taller de estrategias políticas y comunicacional en el que participó todo el Gabinete. Para el efecto, los titulares de las carteras de Estado deberán tener listo esta semana su respectivo de trabajo.

Por el momento, el Gobierno no ha precisado el presupuesto  de su campaña para el referéndum.

Punto de Vista

Santiago Nieto/ Consultor político

No es negocio descalificar al clero

El Gobierno Nacional mantendrá la línea que le ha dado resultados en los dos últimos años: descalificar al establishment (el orden establecido).

La implementación de esa estrategia la hace a través de tres vías. La primera, la maquinaria gubernamental, como ya lo anticipó el 15 de abril del 2007, después de que ganó la consulta popular que él propuso al Tribunal Supremo Electoral y que dio paso a la instalación de  la Asamblea Constituyente. Por entonces, anunció que estará en campaña durante los cuatro años de su mandato.

Dos, controla el 40% de la sintonía nacional de la televisión.

Tres, tiene a la mano una gran cantidad de recursos, fruto de los altos ingresos petroleros.

En este escenario, el Gobierno del presidente Rafael Correa dará algunos golpes tácticos. Uno de los posibles impactos puede ser los subsidios para llegar al sector popular. A este se sumará la obra pública.

Sin embargo, para el Gobierno Nacional nunca resultará un buen negocio descalificar a la Iglesia Católica, pues es la institución con mayor credibilidad, con 75 puntos positivos.

Fuente El Comercio.com

¡Exijo una revolución!

Autor Diego Pérez Ordóñez

Mis cada vez más escasos lectores, exijo una revolución. Se trata no de una revolución falsificada y diseñada para apuntalar el autoritarismo, sino de una revolución planteada para dividir el poder, para ponerle freno de amanse, para que el ciudadano pueda pedirle cuentas a los poderosos y no viceversa. Exijo una revolución en la que se respete el punto de vista ajeno, en la que el adversario político no merezca ultrajes, humillaciones y ofensas solamente por pensar distinto. Se trata, por tanto, de una revolución cuyos ingredientes sean la tolerancia, el respeto de las posiciones políticas de los terceros y el destierro de la prepotencia. ¿Será mucho pedir que me inviten a participar de una revolución constructiva y productiva, y no a una revolución de unos pocos, de un puñado de iluminados, una revolución cocinada en horno microondas por burós políticos?

Exijo una revolución con mirada al futuro, no una revolución anclada al pasado, aferrada a ideologías únicas, encaprichada con fórmulas políticas pasadas de moda, engolosinada con el poder, ebria con el dinero del petróleo, aferrada a popularidades transitorias. Exijo una revolución con perspectiva internacional, no una revolución que se mire el ombligo y crea cándidamente que Ecuador es el centro mismo del universo.

Exijo una revolución que derogue fronteras, que no nos encajone en los confines de estos páramos pavimentados, y que no nos haga creer que somos libres, soberanos, dignos, solidarios y luchadores. Merecemos una revolución con mensajes que no suenen a añejas clases de cívica: la patria, el suelo sagrado, héroes y tumbas… Creo que nos hemos ganado el derecho de reclamar una revolución inspirada por el Simón Bolívar de carne y hueso, meciéndose en una hamaca leyendo a Montesquieu, mirando a las estrellas y estudiando cómo echarse un polvo memorable. Me quedo, mil veces, con el Simón Bolívar librepensador que con el fantasma del Che Guevara.

Exijo una revolución progresista y no una contrarrevolución reaccionaria, tutelada desde el poder, vigilada por los ministros de Estado, supervisada por delegados áulicos. Exijo una revolución que construya instituciones sólidas y duraderas y no una revolución de coyuntura, apurada por los poderosos del momento, bosquejada para controlarlo todo, para saberlo todo, para tenerlo todo, obsesionada por concentrar y no por descentralizar, enloquecida por regular y no por liberar, una revolución de papel que busca acostumbrarnos rápidamente a ser ciudadanos lactantes del presupuesto estatal.

Exijo una revolución que genere confianza y no incertidumbre, en la que se pueda trabajar en paz y no ser del rebaño.

Nadie, creo yo, quiere vivir en la revolución del miedo, de la confrontación, de la crispación constante, de la dominación y de las miradas amenazantes. Exijo una revolución, plop.

Fuente El Comercio.com