Mejor tarde que nunca

Por Carlos Vera Rodríguez

Pero peor mal hecho que no hecho. Ambas reflexiones caben ante la incautación de bienes del Grupo Isaías dispuesta con celeridad peligrosa y firmeza encomiable. Tarde hizo este Gobierno lo que debió hacer por lo menos desde febrero. Entonces, la Junta Bancaria determinó un perjuicio de los ex accionistas privados de Filanbanco al estado por USD 661,5 millones.

Aunque esa resolución se base en un informe cuyas limitaciones la propia auditora Deloitte and Touche advierte (¡si esa fue la pérdida sin que los dueños dieran todas las facilidades, a cuánto no llegarán con indagaciones profundas!), el art. 29 de la Ley AGD faculta a una autoridad con entereza e independencia “incautar bienes que sean de público conocimiento de propiedad de los accionistas en aquellos casos en que los administradores hayan alterado las cifras de sus balances o hayan declarado patrimonios técnicos irreales”.

No dice que eso debe verificarse por sentencia y luego proceder. Como se trata de una medida cautelar, los bienes pueden ser devueltos si se prueba que no es Roberto Isaías el real dueño de TC Televisión, por ejemplo, en donde manda en lo substancial.

¿Que esa disposición no se aplica a hechos de 1998, por la no retroactividad de la ley? Mil argucias pueden generar brillantes abogados entrenados para favorecer el interés de su cliente por un honorario y no la demanda de justicia casi siempre clara en el ‘espíritu de la ley’.

Correa decidió interpretar las regulaciones por el lado que favorecen al estado y no encubren a sus saqueadores. ¡Bien hecho! No soy fanático, al extremo de ignorar sus aciertos o desalentar una medida que muchos exigimos antes, sobre la base de legislación que él ignoraba, según dicen sus colaboradores.

En esa ignorancia justificaron su inercia hasta el martes pasado o admitieron que Gloria Sabando no aplicara el art. 127 de la Ley Reformatoria a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Dice: “…responderán por cualesquiera de las pérdidas ocasionadas, con sus propios bienes, para lo cual la Superintendencia de Bancos hará uso de la facultad coactiva”. ¡Sencillo!

Lo han vuelto complejo al actuar cuando el sí por el referéndum cae y la imagen de Correa declina tras su mezquindad en reconocer el triunfo de Uribe con el rescate de Ingrid Betancourt; al impedir que los periodistas del área informativa de TC y Gamavisión mantengan su opinión, tomada como parapeto para sus atropellos por parte de los verdaderos dueños. Ello no anula, sin embargo, la justicia y rapidez de la incautación.

Su precipitación, sí. Lo de menos es que hayan olvidado Cablevisión o incluido Klystron S.A., de Paúl Palacios, un economista que saluda con Stéfano Isaías pero no es su socio; lo grave es que en la incautación de los medios de comunicación anuncie Enrique Arosemena “una línea similar a la del canal del Estado”.

Eso no solo convierte en biombo a un periodista independiente como José Toledo, sino que arruina la rentabilidad de ese canal, con lo cual recuperaría menos el Estado y no sostendría la plantilla de los trabajadores cuya estabilidad garantizan. A ese paso, convertirán en víctimas a quienes son victimarios y abonarán el terreno para futuras demandas al Estado, que -otra vez- pagaremos todos.

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