32 Artículos sobre la Función Legislativa y el Consejo de Estado pasaron el primer debate

La Mesa No. 3 presentó los artículos con los que se plantea la estructura de la Función Legislativa

El articulado plantea el cambio del nombre del Congreso por el de Asamblea Nacional. Esto, según lo indicó el presidente de la Mesa, Gustavo Darquea, responde a la necesidad de “brindar una nueva imagen” al Parlamento que por años fue el espacio “de grandes enfrentamientos entre las élites que han detentado el poder y que peleaban cuotas de poder. Un instrumento de chantaje y dominación sobre el Ejecutivo y los Organismos de control para el reparto de ‘troncha política'”.

Los cambios que la Mesa plantea, además, son:

  • La sede de la Función Legislativa se mantiene en Quito.

Sobre este punto Leonardo Viteri se manifestó dispuesto a lograr que “el nombre de los asambleístas quede grabado en el corazón de los manabitas” si la sede del Poder Legislativo cambia a Manabí. Recordó que esa fue una promesa de campaña del Presidente Rafael Correa y fue una propuesta que contó con el respaldo de más de 80 asambleístas.

El asambleísta social cristiano invitó a sus colegas a pensar en la importancia política y social que la provincia de Manabí adquirirá con la construcción del puerto y la inversión de 500 millones de dólares que ingresarán al país por ese motivo. Llamó a pensar en la importancia histórica, geográfica e incluso culinaria con la que cuenta la provincia para convertirse en buena anfitriona.

Trajano Andrade de su parte señaló que las cuestiones económicas y de logísticas deberían ser tomadas en cuenta como una argumento válido para pensar que la sede de la Asamblea permanezca en Quito, ya que “existen prioridades” que deberían atenderse con anterioridad al cambio de sede.

  • Una nueva integración de la representación de la población en la Asamblea. De acuerdo a la propuesta de ordenamiento territorial, los asambleístas elegidos serán nacionales, provinciales, por regiones y circunscripciones electorales. Se plantea además que estas representaciones incluyan jurisdicción internacional, con lo que se permite la participación de las y los migrantes.
  • Se mantiene el sistema unicameral de funcionamiento de la Asamblea. Esto permitiría mantener el orden vigente para menor enfrentamiento entre las Funciones del Estado.
  • Para ser asambleísta las y los candidatos deben tener 18 años de edad, como mínimo

Sobre este punto Vicente Taiano del PRIAN y Gilberto Guamangate de Pachakutik señalaron su oposición. Aseguraron que 18 años es una edad en la que se puede evidenciar capacidad en muchos ámbitos “pero no de discernimiento para hacer las leyes del país”. Sugirieron que la apertura para las y los jóvenes de esa edad abarque únicamente los consejos municipales o las juntas parroquiales.

María Paula Romo se manifestó en contra de este criterio y aseguró que la calidad de la representación no está relacionada con la edad. Aseguró que las decisiones de la ciudadanía tendrán la última palabra sobre quienes lleguen a la Asamblea. Destacó la reivindicación de los derechos políticos que la Mesa No. 3 hace con el reconocimiento de la posibilidad de ser elegidos a los 18.

  • Se mantiene la inmunidad parlamentaria para las y los asambleístas por los votos y acciones que realicen dentro de su función.
  • Se definirá nuevas circunscripciones electorales de acuerdo a las realidades de las provincias que, como Guayas, Pichincha, están subrepresentadas.
  • Se elimina la facultad de nombrar a los titulares de los Organismos de Control del Estado o al Consejo Nacional Electoral.
  • La Asamblea Nacional llevará adelante la fiscalización del Poder Ejecutivo y brinda la capacidad de juicio político, moción de censura y destitución. Pero esto no se aplica para los Ministros de Estado si es que el Presidente de la República decide que el Secretario de Estado cuestionado debe permanecer en su función.

Sobre este tema el criterio de varios asambleístas coincidió en señalar que el juicio político debe tener la consecuencia directa de la censura y la destitución de los funcionarios que sean cuestionados y cuyas responsabilidades hayan sido comprobadas.

  • Se otorga la facultad de destitución del Presidente por los delitos de cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. Luego de ello se deberá convocara a elecciones inmediatas. Esto se puede realizar por una sola vez dentro de los tres primeros años de gobierno.

A criterio de Esteves y María Paula Romo a estos delitos se les debe incrementar los de lesa humanidad y grave crisis política.

Ya en el debate de los textos León Roldós de RED cuestionó lo planteado y aseguró que se propendería a “una cuasi monarquía de plenos poderes”. Criticó que las atribuciones de la Función Legislativa “sean de protocolo”, y aseguró que la Asamblea Nacional debe constituirse en la instancia que califique los concursos con los que se designaría a los representantes de los organismos de control.

Roldós se manifestó en contra de que se permita que el Ejecutivo tenga posibilidad de disolver la Asamblea sin mayores procesos, mientras la Asamblea podría pedir la destitución del Presidente de la República siempre y cuando exista sentencia condenatoria por posibles delitos de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito.

Roldós de RED y Julio Logroño, de Sociedad Patriótica, coincidieron en señalar que la inmunidad de las y los asambleístas no debe mantenerse solo en su ámbito de gestión.

Logroño y Rafael Esteves se manifestaron a favor de la petición que “se elimine el auto de llamamiento a juicio para que pueda ser destituido un legislador”, pues esto atentaría contra el derecho a la presunción de inocencia de los asambleístas.

Logroño se manifestó también en contra de que la iniciativa para crear, extinguir o modificar tributos se le dé exclusivamente al Presidente de la República y no al Poder Legislativo. Señaló que se debería brindar apertura para la iniciativa ciudadana sobre este tema

Mae Montaño de Movimiento UNO y Esteves coincidieron en señalar que tener una función bicameral es una necesidad, ya que “a través de dos instancias se podría aumentar y mejorar la eficiencia del trabajo”.

Consejo de Estado

Sobre este tema la Mesa No. 3 plantea 3 artículos que destacan el objetivo de lograr coordinación entre las acciones, planes, programas y proyectos de los Poderes del Estado. Se mira además la oportunidad de que esta instancia conozca y resuelva “los conflictos que se susciten entres las Funciones del Estado”.

La asambleísta María Paula Romo señaló que para evitar injerencias de una Función del Estado sobre otra no se puede hablar de cooperación sino de “vigilancia y co responsabilidad”. En este sentido planteó la definición no de un consejo sino de un ministro coordinador.


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