Amplio apoyo a la Autonomía y a la Descentralización

Ciudad Alfaro

Boletín 1212

Son reconocidos nuevamente la parroquia, el cantón y provincia, como territorios para la administración y el ejercicio político. La innovación es la región: territorio creado con fines ambientales, políticos y sociales

La Asamblea Constituyente concluyó el primer debate del articulado de Territorio, su Organización y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en la parte correspondiente a Principios Generales, de la Organización del Territorio, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de los Regímenes Especiales, de los territorios comunitarios de los pueblos ancestrales y regímenes especiales, propuesto por la Mesa 4 de Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencia.

“Esta vez la descentralización política y administrativa y las autonomías si podrán ser una realidad”, precisó la asambleísta Tatiana Hidrovo, presidenta de la Mesa 4, al iniciar el debate y defender la propuesta, añadiendo que será una autonomía que demandará la ejecución de competencias para solucionar los problemas básicos de las comunidades. Una autonomía solidaria, subsidiaria y equilibrada en el contexto de la unidad nacional, recalcó.

La propuesta consta de 24 artículos y está dividida en tres capítulos: Los Principios; De la Organización del Territorio; y De los Gobiernos Autónomos y Descentralizados y los Regímenes Especiales.

Los Principios consagra básicamente el carácter descentralizado del Estado, lo que significa que la esencia misma del Estado ecuatoriano es tal, es decir, su estructura político institucional no debe residir en un centro, sino en un sistema territorialmente articulado, pero a la vez disgregado, que integre a una serie de células funcionales, en este caso los asentamientos humanos y sus expresiones sociales y políticas.

“No es lo mismo señalar que un estado central se administra a través de una forma descentralizada, que señalar con claridad que su carácter es descentralizado”, a clara la norma.

A partir del eje territorio – sociedad, como objeto de la acción de los gobiernos autónomos, se plantean los principios de equidad, solidaridad, subsidiaridad, integración y participación ciudadana.

La autonomía es concebida como la potestad plena para ejercer independencia administrativa, política y financiera. La potestad política se ejerce a través de la facultad legislativa. La facultad administrativa a través de la titularidad de competencias que pueden ejecutar en su condición de gobierno autónomo; y la potestad financiera a través de la decisión democrática de invertir los recursos asignados y crear, modificar o suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras.

Para la ejecución de la descentralización se establece como principio la existencia de un sistema nacional de competencias y, a la par, una entidad que lo gestiona y garantiza la participación en las rentas nacionales.

El segundo capítulo del articulado, busca esencialmente precisar la forma como se organiza el territorio del Ecuador y señalar los tipos de circunscripciones territoriales, con distintos fines, independientemente de que tengan o no gobiernos autónomos

Para la organización política administrativa y restando la forma histórica del territorio como construcción social, se estableció la existencia de parroquias, cantones, provincias, se recreó el distrito metropolitano y se crea la figura de región. Se reconoce la necesidad de establecer circunscripciones especiales para delimitar territorios etnoculturales, para la conservación ambiental y para el desarrollo social. De esta forma, los territorios se dividen en dos tipos, los que tendrán la cualidad de territorios con gobiernos autónomos y otros que se singularizan por razones culturales, ambientales y sociales.

La parroquia, cantón o provincia, resultado de esa construcción histórica, son reconocidos nuevamente como territorios para la administración y el ejercicio político. La región es un territorio nuevo; la creación de la misma tiene fines ambientales, políticos y sociales.

Entre los fines políticos están la creación de escalas territoriales mayores que permitan la conformación de un gobierno subnacional más fuerte, lo que apunta por una parte una suerte de mayor gobernabilidad para la interacción entre el poder central y los poderes autónomos descentralizados; no obstante, al ser una escala nueva, con la excepción de ciertos territorios que son ya hoy extendidos y complejos, demanda de un proceso de transición.

El modelo es por tanto flexible y respeta el espacio que deben tener las sociedades para definir sus territorios políticos sociales, facilitando la adhesión de provincias contiguas, que juntas tengan un territorio dado y unas condiciones demográficas y ambientales y económicas que garanticen su sustentabilidad. El proceso será político, y por lo tanto, establece la voluntad popular como condición sine qua non. Sin embargo, se plantea un plazo específico, para evitar que la discrecionalidad configure una realidad geopolítica interna desbalanceada, en la cual, en un momento dado, unos tengan una escala territorial mayor que otras y un peso sociopolítico distinto.

Así mismo, se plantea la posibilidad de que se genere una herramienta política de nacimiento, donde se refleje el carácter de la sociedad, su identidad o suma de identidades. El propósito social de la región es obvio, la escala territorial permitirá que los gobiernos pertinentes adquieran competencias más complejas que sólo pueden ser aplicables a partir de un tamaño territorial, una densidad poblacional y una sustentabilidad ambiental.

Uno de los aportes más significativos de la propuesta es la constitucionalización del modelo de poblamiento real del Ecuador. A pesar de que tenemos grandes concentraciones demográficas por la tradición urbanística de nuestro país, un porcentaje significativo de ecuatorianos vive en el área rural, totalmente diseminados en los llamados caseríos, anejos, barrios, comunas y recintos. El reconocimiento de estas unidades poblacionales da pie a la organización territorial de base.

El principio de organización social territorial es de gran aliento, tanto para la participación política y formación de ciudadanía, y la toma de decisiones en los gobiernos territoriales, cuanto para la articulación socio territorial del Ecuador, con fines tales como la prevención y combate de riesgos, desastres mismos que causan conmoción interna.

Se introduce de una manera más específica la figura de la mancomunidad, que tiene el propósito de incentivar la asociación territorial y por lo tanto, la integración de los mismos para el ejercicio de competencias conjuntas con propósitos específicos de tipo social y económico.

En el tercer capítulo están los artículos que hacen referencia a los gobiernos autónomos y su estructura. La Junta Parroquial mantiene su estructura básica y se la reconoce como un nivel de gobierno, todo esto se ha legislado bajo la premisa de acercar los autogobiernos a la sociedad y la ciudadanía y por otra parte de reivindicar a la zona rural, otorgándole institucionalidad, espacio político de representación propia y participación ciudadana.

El Concejo Municipal conserva básicamente su estructura, pero para su cogobernabilidad se propone la figura de que el concejal más votado, sea su vice alcalde. Un salto importante en la conformación de este gobierno es la de garantizar la representación de las áreas rurales y urbanas, de acuerdo a la proporción de la población.

Uno de los cambios más importantes se refleja en la propuesta de conformación de los consejos provinciales. Se conceptualiza a la provincia como la suma o mancomunidad política de cantones. Una de las distorsiones del sistema viejo se reflejaba en la sobre-representación de unos cantones con mayor población en relación a otros, y en la incongruencia entre los objetivos de desarrollo de cantones y los de la provincia, por la ausencia de coordinación entre niveles de gobierno.

Este será ahora el Consejo Provincial nuevo, integrado por una autoridad elegida por votación popular, con amplias facultades ejecutivas, y un cuerpo de alcaldes para coordinar las acciones, a través de la potestad de aprobar el presupuesto y el plan de desarrollo y emanar las normas mínimas necesarias, que complementen la legislación que expiden los gobiernos municipales y lo harán el nivel regional.

La estructura del futuro gobierno regional, será la necesaria para lograr la mayor expresión de autonomía política. Se establece los principios del ejecutivo y legislativo en el ámbito de las competencias asignadas y se otorga una herramienta fundamental que es el estatuto, el mismo que será finalmente el acuerdo de la sociedad de una provincia, dos o más provincias, de constituirse en un territorio político con un tipo de gobierno autónomo, definiendo sus símbolos, los límites a partir de los preestablecidos, señalando las competencias y en ese marco, sus finalidades y objetivos. Este gobierno podrá normar en rango de ordenanzas las actividades inherentes a sus competencias.

Cerca de las 21H30 el presidente de la Asamblea suspendió la sesión y convocó para este jueves para tratar la segunda parte de este articulado en lo referente a la Competencia de los Gobiernos Autónomos, Principios y criterios para la participación y distribución de Recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Disposiciones Transitorias.

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