Crónica de un suicidio

Por César Montúfar

Si se analiza el enfoque que la mayoría constituyente le quiere dar al modelo económico de la nueva Constitución, uno se pregunta si su intención es mejorar los niveles de vida de la mayoría de ecuatorianos, establecer un marco normativo que permita al país dar saltos en la producción de riqueza, asegurando las capacidades redistributivas del Estado, o si el proyecto de la mayoría es el de una autocomplacencia ideológica, el triunfo e imposición de sus prejuicios antimercado, sin pensar en los resultados concretos de sus decisiones. Llama la atención que los asambleístas de AP no tomen en cuenta que el Gobierno ha perdido el año en cuanto al manejo de la economía y que hoy, a un año y medio de su llegada al poder, los ecuatorianos sufrimos el deterioro de la situación económica del país y que nuestras condiciones de vida han empeorado ostensiblemente.

Sorprende, por ello, que el bloque de Gobierno en vez de plantar en el texto constitucional las condiciones para que el país aproveche la favorable coyuntura internacional, en vez de dejar sentadas las premisas que nos permita beneficiarnos de un clima positivo de inversiones privadas, que repercuta sobre el empleo, que genere innovación productiva y creación de riqueza, pareciera empecinado en generar incertidumbre, cuestionar el derecho a la propiedad, poner obstáculos para la inversión privada, establecer un esquema institucional basado en el chantaje estatal, tendencias que, en el mediano plazo, boicotearán; la propia posibilidad de que el Estado fortalezca sus capacidades reguladoras, redistributivas y de planificación. Su estrategia, francamente, es autodestructiva si se piensa que el mejor camino para la consolidación de su proyecto político pasaría porque el Ecuador asegure una senda de crecimiento económico.

Su modelo económico constitucional está pensado solo para la coyuntura; para una situación excepcional de altos precios de petróleo y enorme superávit fiscal pero no para momentos de normalidad en que el crecimiento no puede depender solo de la inversión pública y se requieren inversiones privadas, nacionales y extranjeras.

Sus prejuicios antimercado les ha impedido reconocer que el problema económico del país no es la economía social de mercado sino el secuestro del aparato estatal por intereses privados; situación que ha impedido su aplicación.

Retórica aparte, economía social de mercado no es igual que libre mercado; nada tiene que ver con un salvaje liberalismo económico sino justamente con un modelo de regulación estatal de la economía, que asegure que la propiedad privada juegue una función social (y ambiental si se quiere); premisa para que el Estado pueda distribuir y generar equidad. Si bien el mercado no produce equidad, y por ello la mano estatal es imprescindible, sin riqueza tampoco hay equidad posible.

En este contexto, el concepto de “economía social y solidaria” que se quiere escribir en la Constitución, además de ser vacío, solo producirá incertidumbre e inestabilidad económica. En la práctica, promoverá un modelo de capitalismo de Estado que sucumbirá por ineficiencia, rentismo y corrupción.

Fuente El Comercio.com

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