ARTICULOS APROBADOS – SOBRE EL REGIMEN DE DESARROLLO Y LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL ECUADOR

TITULO VI: DEL RÉGIMEN DE DESARROLLO
CAPITULO 3: POLÍTICA ECONÓMICA


REGIMEN ECONOMICO

Art. 1.- El sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. Tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales que posibilitan el buen vivir. Integran el sistema económico la economía pública, privada, mixta, cooperativa, asociativa, comunitaria, familiar y las demás que la Constitución determine.

Se fortalecerá la producción nacional y una inserción estratégica en la economía mundial, la productividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, se asegurará la soberanía alimentaria y energética, se promocionará la incorporación de valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza, y el respeto a la vida y las culturas; se generarán procesos internos de integración regional, campo y ciudad, económica, productiva, fiscal, tecnológica, financiera, laboral y cultural. Se valorizarán todas las formas de trabajo respetando la dignidad, estabilidad y seguridad laboral.

Se promoverá el intercambio de bienes y servicios en mercados transparentes, competitivos y complementarios, priorizando la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Se distribuirán equitativa y solidariamente los beneficios generados socialmente en el proceso de producción e intercambio; se impulsará un consumo social y ambientalmente responsable.

DE LA POLÍTICA ECONÓMICA.

Art. 2.- La política económica tendrá como finalidad garantizar los derechos establecidos en esta Constitución, cumplir los objetivos del régimen de desarrollo y del Plan de Desarrollo, buscar una adecuada distribución del ingreso nacional, y mantener la estabilidad económica, entendida ésta como el máximo nivel de producción y trabajo sostenible en el tiempo, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza.

DE LA POLÍTICA FISCAL.

Art. 3.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso por medio de adecuadas transferencias, tributos y subsidios; y la generación de incentivos para la inversión de todos los sectores de la economía y la producción de bienes, socialmente deseables y ambientalmente aceptables.

Art. 4.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno deben manejarse de forma sostenible y buscando mantener la estabilidad económica. Todo gasto permanente deberá ser financiado con ingreso permanente.

Los ingresos permanentes son los tributarios y arancelarios; los ingresos no permanentes son los provenientes de recursos no renovables y de endeudamiento público. Los gastos permanentes se financian exclusivamente con ingresos permanentes; los no permanentes se financian con ingresos no permanentes, de conformidad con la ley.

Los egresos para salud, nutrición, justicia y educación serán considerados como gastos permanentes y serán financiados por cualquier tipo de ingresos.

Art. 5.- Toda ley que origine obligaciones financieras tendrá que crear las fuentes de financiamiento correspondientes. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse por tasas y contribuciones especiales establecidas por ley.

Art. 6.- Las compras públicas, como parte del gasto público, deberán cumplir con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social; priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, con la única restricción de posibles acuerdos regionales.

DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO.

Art. 7.- La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por las directrices de la planificación, y será autorizado por el Comité de Deuda y Financiamiento, de conformidad con la ley. El Estado promoverá las instancias que el poder ciudadano impulse para auditar el endeudamiento público.

Art. 8.- El endeudamiento público se guía por los siguientes lineamientos:

1.Se recurrirá al endeudamiento público sólo en casos en que los ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación y reciprocidad internacionales sean insuficientes.

2.Se velará porque los niveles y el carácter del endeudamiento público no afecten la soberanía nacional, los derechos humanos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza.

3.Con endeudamiento externo se podrá refinanciar deuda pública externa ya existente o financiar exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago.

4.No se podrá financiar gasto permanente con deuda pública.

5.Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o expresa, ninguna forma de anatocismo.

6.No se incurrirá en deudas que, por sus condiciones de contratación o de ejecución, sean o puedan devenir en ilegítimas.

7.La declaratoria unilateral de ilegitimidad da origen a la obligación del Estado para demandar su ilegalidad y, de proceder, ejercer el derecho de repetición.

8.Serán imprescriptibles las responsabilidades administrativas, civiles o penales que la adquisición de deuda pública ilegítima e ilegal causaren.

9.Se prohíbe la estatización de deudas privadas y la concesión de garantías de deudas privadas por parte del Estado.

10.El Estado no tiene obligación constitucional para asumir deudas de los gobiernos autónomos y los organismos seccionales.

Art. 9.- Los órganos pertinentes realizarán análisis previos financieros, sociales y ambientales del impacto de los proyectos para determinar su posible financiación. Los órganos pertinentes igualmente realizarán el control y auditoría financiera, social y ambiental de todas las fases de endeudamiento público interno y externo: contratación, manejo y renegociación.

DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO.

Art. 10.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y el manejo de los ingresos y egresos del Estado; incluye todos los ingresos y egresos del Sector Público con excepción de los pertenecientes a la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos seccionales.

Art. 11.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado y los presupuestos de los gobiernos seccionales, dentro del respeto de sus competencias y autonomía, y otras entidades públicas, se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente.

Los gobiernos seccionales se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento similares a las del presupuesto, según determine la ley.

Art. 12.- La proforma presupuestaria será elaborada anualmente por el Ejecutivo con una proyección plurianual de al menos 4 años. La Asamblea Nacional aprobará u observará la proforma, así como las actualizaciones anuales de dicha proyección, y vigilará la constitucionalidad, la legalidad y la coherencia entre los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo y la proforma planteada por el Ejecutivo.

Art. 13.- El Ejecutivo presentará a la Asamblea Nacional la proforma dentro de los primeros noventa días de su gestión. La Asamblea Nacional dentro de los treinta días subsiguientes aprobará u observará la proforma. Si transcurrido el plazo la Asamblea no se pronunciare, entrará en vigencia la proforma elaborada por el Ejecutivo.

En caso de observación a la proforma por parte de la Asamblea Nacional, en los siguientes diez días el Ejecutivo deberá ratificar a la Asamblea su propuesta original de proforma o presentar una con cambios parciales o totales de acuerdo a las observaciones recibidas. Las observaciones de la Asamblea Nacional podrán ser solo por sectores de ingresos y gastos sin alterar el monto global de la proforma.

La Asamblea Nacional, en los siguientes diez días, podrá ratificarse en su propuesta de primera instancia en un solo debate y con el voto de dos tercios de sus integrantes. De lo contrario entrará en vigencia la proforma del Ejecutivo enviada en segunda instancia.

Toda la información sobre el proceso de formulación, aprobación y ejecución del presupuesto será pública y se difundirá permanentemente a toda la población por los medios más adecuados.

Art. 14.- El Ejecutivo presentará semestralmente a la Asamblea Nacional el informe sobre el avance de la ejecución presupuestaria. De igual forma, los gobiernos seccionales presentarán informes a sus respectivos órganos de fiscalización.

Art. 15.- Se prohíbe crear por Ley preasignaciones presupuestarias. Se exceptúan la destinada a los gobiernos seccionales, la destinada a la educación superior, la destinada al Sector Educación y la destinada al Sector Salud, en los términos previstos en la Ley.

Art. 16.- Las transferencias presupuestarias deberán ser predecibles y automáticas. Además de las instituciones y empresas públicas, solo las instituciones sin fines de lucro o comunitario-populares podrán recibir recursos públicos mediante transferencia presupuestaria. Toda institución que recibe recursos públicos deberá regirse a la normatividad, rendición de cuentas y controles públicos correspondientes.

DE LA CUENTA UNICA.

Art. 17.- Para la gestión de los depósitos del Presupuesto General del Estado se establece en el Banco Central una Cuenta Única del Tesoro Nacional con las subcuentas que determine la ley.

En la banca pública se crearán las cuentas especiales para el manejo de los depósitos de las empresas públicas y los gobiernos seccionales, y las demás cuentas que determine la ley.

Se prohíbe a las entidades del Sector Público invertir sus recursos en el exterior sin las autorizaciones que el Ejecutivo expedirá conforme a la ley. Los fondos públicos se manejarán en la banca pública, de acuerdo a la ley.

DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS.

Art. 18.- El régimen tributario se regirá por los principios básicos de generalidad, progresividad, simplicidad administrativa, no retroactividad, equidad y suficiencia recaudatoria. Se propenderá a priorizar los impuestos directos y progresivos sobre los indirectos y regresivos.

Se establecerá impuestos e incentivos tributarios para estimular conductas ecológica, social o económicamente responsables que se determinarán por la ley.

Art 19.- Solo por iniciativa del Poder Ejecutivo, y con la aprobación de la Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar o extinguir tributos de carácter nacional.

Art. 20.- Solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tributos. Las regalías y los impuestos de carácter nacional tales como impuesto a la renta, al valor agregado y a los consumos especiales, solo se podrán establecer, modificar y extinguir por ley. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.

DE LA POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA, CREDITICIA Y FINANCIERA.

Art. 21.- La política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrá como objetivos específicos suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con la mayor eficiencia, maneje la liquidez global que permita garantizar adecuados márgenes de seguridad financiera y la canalización de los excedentes de liquidez hacia la inversión necesaria para el desarrollo del país.

Garantizará adecuados tipos de interés para el financiamiento de las actividades productivas, manteniendo una adecuada estabilidad de precios en función de la estabilidad económica, y adecuados equilibrios monetarios en la balanza de pagos.

Art. 22.- La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera será facultad exclusiva del Ejecutivo y se instrumentará a través del Banco Central.

El Banco Central será una persona jurídica de derecho público; su organización y funcionamiento serán establecidos mediante ley.

Art. 23.- La Ley regulará todo lo relacionado con la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano.

DE LA POLÍTICA COMERCIAL.

Art. 24.- La política comercial tendrá como objetivos específicos regular y promover los flujos comerciales con el resto del mundo, así como entre las diferentes regiones del país, garantizar la soberanía alimentaria, reducir las desigualdades internas y externas, impulsar el fortalecimiento del aparato productivo nacional, el desarrollo de mercados y economías de escala, y la integración internacional con énfasis en las relaciones con los países de la región latinoamericana.

Art. 25.- La formulación y ejecución de la política comercial es competencia del Ejecutivo, y será establecida en función de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. La creación de aranceles, así como la fijación de sus niveles, son de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.

Art. 26.- El Estado promoverá preferentemente las exportaciones que tienen mayor valor agregado y de los pequeños y medianos productores; propicia las importaciones necesarias para el desarrollo del país y desmotiva las que afecten negativamente la expansión, la calidad de la producción nacional y el buen vivir de la población.

DEL SISTEMA FINANCIERO.

Art. 27.- Las actividades financieras son un servicio público delegable. Tienen la finalidad de atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país, transfiriendo en forma eficiente el ahorro a la inversión productiva nacional, y al consumo social y ambientalmente responsable. Las entidades o grupos financieros, con excepción de aquellas de carácter popular o solidario, no podrán ser vinculadas a empresas ajenas a la actividad financiera. La ley regulará el sector financiero.

Art. 28.- El Sistema Financiero Nacional está compuesto por todas las entidades públicas, privadas y aquellas de carácter popular, cooperativo, asociativo, solidario, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y cooperativas de ahorro y crédito, y las demás que ofrecen servicios financieros. Cada uno de estos sectores contará con normatividad, control y tributación específicas diferenciadas.

Art. 29.- El Estado controlará y regulará el Sistema Financiero Nacional a través de las instituciones y mecanismos establecidos en la ley. El Sistema Financiero Nacional y el Estado garantizarán la protección del ahorro nacional y la estabilidad del sistema financiero por medio de mecanismos públicos y privados de gestión de liquidez y riesgo.

Art. 30.- El Estado fomenta el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias y el anatocismo.

Art. 31.- Las iniciativas de servicios financieros populares o solidarios recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial por parte del Estado en tanto impulsen el desarrollo de la economía popular y comunitaria, preservando estabilidad y solidez.

CAPÍTULO 4: DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS.

Art. 32.- Son considerados sectores estratégicos y de control exclusivo del Estado la energía, las telecomunicaciones, las vías de comunicación, los recursos naturales no renovables, los minerales, los hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, el espectro electromagnético, espacio radioeléctrico y el agua, y los demás que por su trascendencia y magnitud, tengan decisoria influencia económica, social, política o ambiental y sea necesario orientarlos hacia el interés social, según defina la ley.

El Estado se reserva el derecho a gestionar, administrar, comercializar y controlar los sectores estratégicos aplicando principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

Art. 33.- Será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y otros que defina la ley.

El Estado garantizará que los servicios públicos respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad; velará para que sus precios o tarifas sean equitativos, y establecerá su control y regulación.

El agua y su gestión no son susceptibles de privatización. El Estado regulará las autorizaciones de los usos del agua para la satisfacción de necesidades básicas, y las autorizaciones de aprovechamiento de las aguas como factor económico con fines productivos.

Todos aquellos sectores que la ley determine no serán susceptibles de privatización.

Art. 34.- Para la prestación de servicios públicos cuya provisión es responsabilidad del Estado, para el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o bienes públicos, o para el desarrollo de actividades económicas, el Estado podrá constituir empresas públicas conforme a la Constitución y la Ley.

La ley señalará las condiciones de participación de las empresas públicas en empresas de economía mixta y comunitaria, así como la participación de las empresas privadas, comunitarias y de la economía solidaria, en sectores estratégicos y en los servicios públicos, de acuerdo al interés nacional y a los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Las empresas públicas estarán bajo el control y regulación específicos de los organismos pertinentes, conforme la ley. Los excedentes podrán destinarse a reinversión en las mismas empresas, o subsidiarias, relacionadas o asociadas de carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado.

Art. 35.- Para la gestión de los recursos no renovables el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, y minimizará los impactos ambientales, culturales, sociales y económicos.

Los recursos no renovables son de propiedad del Estado, su explotación se realizará directamente por medio de empresas públicas o de forma delegada por empresas privadas y comunitarias, de conformidad con la ley.

Transitoria 1: Para los sectores de salud y educación se destinará de forma progresiva hasta alcanzar al menos el 4% y el 6% del Producto Interno Bruto, respectivamente, y en los porcentajes establecidos en la consulta popular del 26 de noviembre del 2006.

Transitoria 2: En la prohibición de las preasignaciones presupuestarias, se exceptúa temporalmente la Ley 010 hasta que la Región Amazónica alcance los niveles de desarrollo aceptables.

2 thoughts on “ARTICULOS APROBADOS – SOBRE EL REGIMEN DE DESARROLLO Y LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL ECUADOR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s