Educación y Constitución

Autor César Montúfar

Es indispensable apostar por una reforma situando a los niños y niñas por encima de las demandas corporativas.

Concuerdo con Rodrigo Fierro en el sentido de que la llamada revolución ciudadana se justificaría ante la sociedad y la historia si tan solo pondría en marcha una genuina revolución educativa. La Asamblea Constituyente tiene es sus manos ese desafío que consiste en poner las bases para reconstruir el colapsado sistema educativo del país a partir de una visión integral, democrática y nacional. Para ello es absolutamente indispensable tomar el toro por los cuernos, apostar por una reforma profunda sin actitudes complacientes hacia los grupos particulares que se han tomado el sector, situando el interés de los niños y niñas por encima de toda demanda corporativa.

Esto no sería poca cosa, y en esa línea, si realmente la nueva Constitución se propone como una Constitución de cambios y no de remiendos, debería consagrar varias transformaciones de verdadera envergadura.

En primer lugar, concebir al sistema educativo del Ecuador de manera integral, plantearse la vigencia de una sociedad de conocimiento y entender que no solo se aprende en la escuela sino en la familia, el barrio, la ciudad, a través de los medios de comunicación. Como bien lo ha expresado el Contrato Social por la Educación, se debe incorporar la noción de una sociedad educadora, en la cual aprendemos y nos educamos no solo en la fase escolar sino durante toda la vida.

En ese sentido, y paso al segundo aspecto, se debe establecer una nueva concepción educativa que garantice la vigencia plena del laicismo, el pluralismo y la tolerancia en todos los ámbitos de la vida social, justamente, comenzando por la escuela, en donde a los padres se les debe garantizar el derecho irrestricto a escoger para sus hijos las educación que coincida con sus valores y creencias.

Uno de los principios fundacionales de la democracia es el laicismo y el pluralismo. Este principio debe permear a la escuela y a toda la sociedad. En tercer lugar, el sistema educativo debe ser descentralizado y participativo. Una de las razones para su actual colapso es la visión centralizada, jerárquica, vertical.

La educación debe organizarse como un proceso dinámico y flexible en que interviene la familia y la comunidad, abandonándose el actual sistema centralizado. Aquello sin debilitar, empero, las capacidades normativas y regulatorias nacionales. Cuarto, asegurar la despartidización del sistema educativo. Así como se habla de despartidización de instancias claves del Estado, la educación no puede estar en manos de ningún partido político.

Finalmente, quizá lo más importante, está la garantía del derecho a la educación de todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes del país. Para lograrlo el camino es muy fácil pero requiere de una enorme valentía y voluntad política. Como lo ha propuesto el asambleísta Pablo Lucio Paredes, la vigencia del derecho a una educación de calidad requiere transformar el actual sistema de partidas haciendo que éstas pertenezcan y sean asignadas a los titulares del derecho, es decir, los niños y niñas, y no como ocurre en este momento que se las traga el sistema. Simple: el valor de las partidas debe ser propiedad de los educandos y el Estado debe transferirlas directamente a ellos y a sus comunidades.

Publicado en El Comercio.com

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