La Mesa Constituyente 7 de Régimen de Desarrollo aprobó 7 artículos

El Pleno de la Asamblea Constituyente, debatió en segunda y definitiva instancia, el articulado de la Planificación Participativa para el Desarrollo, propuesto por la Mesa 7 de Régimen de Desarrollo.

El documento consta de 7 artículos que fueron aprobados con un promedio de 92 votos favorables, cada uno.

El planteamiento consagra la responsabilidad del Estado, en la planificación del desarrollo, basado en un Sistema Nacional de Planificación.

El presidente de la Mesa 7, el asambleísta Pedro Morales, comentó después del debate y antes de la votación (contrarréplica), que el aporte de los asambleístas de diferentes pensamientos e ideologías políticas, permite visualizar la planificación en la perspectiva nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial.

Previamente, Morales había señalado que el primer debate realizado en el Pleno de la Asamblea, el 17 de abril del presente año, arrojó 16 observaciones y comentarios, que dieron paso a una nueva redacción de los textos constituyentes.

DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO

Artículo 1.- El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en esta Constitución; la planificación propiciará la equidad social y territorial; promoverá la concertación y será participativa, descentralizada, desconcertada y transparente.

Artículo 2.- La planificación se organizará a través del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. El Sistema estará integrado por el Consejo Nacional de Planificación, los Consejos Regionales, Provinciales, Cantonales y Parroquiales de Planificación, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y el Consejo Ciudadano de Visión Estratégica.

El Sistema funcionará a través de la interrelación de las instancias correspondientes del gobierno central y de los gobiernos seccionales, respetando sus competencias y los principios de descentralización y autonomía. Su organización y funcionamiento será regulado mediante ley.

En todos los niveles y procesos del Sistema, se asegurará la representación y la participación de la ciudadanía.

Artículo 3.- El Consejo Nacional de Planificación tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orientan al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo; estará presidido por el Presidente de la República e integrado por representantes de las diferentes instancias que integran el Sistema, incluyendo la participación de representantes de la ciudadanía, conforme establezca la ley.

Artículo 4.- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo es un organismo técnico con rango ministerial, dependiente de la Presidencia de la República, que ejerce la rectoría nacional en materia de planificación. A su cargo estará la coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa; la elaboración, actualización, seguimiento y evaluación de las políticas de Estado de largo plazo, de los Planes Nacionales de Desarrollo y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Artículo 5.- Los Consejos de Planificación en los gobiernos seccionales estarán presididos por sus máximos representantes, e integrados de conformidad con la Ley. Estos Consejos se encargaran de la elaboración, aprobación, seguimiento y evaluación de los respectivos planes de desarrollo regionales, provinciales, cantonales y parroquiales en coordinación y coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 6.- Se constituirá un Consejo Ciudadano de Visión Estratégica, independiente, con función consultiva, conformado equitativamente en términos territoriales y sociales que promueva la deliberación y generación de lineamientos y consejos estratégicos de largo plazo y que pueda orientar el desarrollo nacional. Será regulado por la ley.

Artículo 7.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetaran las políticas, programadas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado, la inversión y la asignación de recursos públicos. Su observancia es de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los sectores privado y comunitario.

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