Una comisión de Asambleístas legislará y fiscalizará desde Julio

Redacción Política

¿Quién va a legislar y fiscalizar desde cuando se clausure la Asamblea Nacional Constituyente y se instale la nueva Asamblea Nacional (así es como se llamará el Poder Legislativo en la nueva Constitución que se redacta en Montecristi)?

Esa es la interrogante que tienen el Ejecutivo y el bloque Acuerdo País, cuando faltan dos meses para que concluya el plazo inicial establecido para la elaboración de la nueva Constitución.

Según el cronograma de los asambleístas, la redacción de la nueva Carta Política concluiría a mediados de junio y la instalación de las nuevas instituciones del Estado con las nuevas normas constitucionales, entre ellas el Poder Legislativo, se daría el 15 de enero. Quedan alrededor de seis meses en los que no habrá entidad que legisle ni fiscalice, mucho más cuando el Congreso Nacional está en receso indefinido.

En Acuerdo País todavía no se han tomado decisiones en firme. Sin embargo, el presidente Alberto Acosta adelantó que se trabaja en una propuesta para crear una Comisión Legislativa que será designada por la misma Asamblea.

Será una experiencia similar al llamado “congresillo“, que funcionó en Colombia luego de que terminó el proceso constituyente, en 1992. La diferencia con el “congresillo” estará en que los miembros serán los propios asambleístas, mientras que en el caso colombiano fueron personalidades designadas de fuera del organismo, precisa Virgilio Hernández, asambleísta de Acuerdo País.

Según la propuesta de Acosta, esta comisión estaría integrada por 39 asambleístas. Ellos tendrán a su cargo la tarea de legislar y fiscalizar todas las acciones del poder público.

Para ello, se aprobaría una disposición transitoria en la nueva Constitución que será sometida a referéndum aprobatorio o se expediría un mandato, amparados en los poderes plenos, que asumieron el 30 de noviembre.

Según la idea de Acosta, una de las condiciones básicas para quien acepta integrar esta comisión de transición es que no podrán ser candidatos a ninguna dignidad de elección popular. “No se vería muy bien que alguien se quede algunos meses acá como asambleísta, calculando para ver si luego es candidato”, dijo Acosta en la rueda de prensa del jueves.

Sin embargo, la idea no es compartida por algunos representantes de Acuerdo País, quienes tienen aspiraciones electorales para después que concluyan su trabajo en la Constituyente. “Antes que interés electoral, va a ser imposible que quien está en campaña electoral pueda cumplir funciones de legislador o como se le quiera llamar”, precisa.

Entre los asambleístas de oposición hay dudas. Leonardo Viteri, del PSC, no sabe con qué criterio se seleccionarían a los representantes que integrarían esa comisión. “Seguramente los escogidos serán los leales al Régimen, entonces de qué fiscalización estamos hablando”, comenta. Por ello, considera que lo adecuado es que se convoque a elecciones generales para que se reestructuren todas las instancias de Gobierno.

Virgilio Hernández es partidario de que en la integración de esta comisión se respeten los porcentajes de la actual integración política de la Constituyente. El oficialismo tiene el 62% de los votos, sin tomar en cuenta a los movimientos afines (MPD, Pachakutik, Honradez Nacional, entre otros), con los que llega al 72%.

Desde fuera de la Constituyente también hay críticas a la integración de esta comisión. Diego Monsalve, ex diputado de la Izquierda Democrática, considera que ese vacío de cuatro o cinco meses debe ser llenado con alguien que goce de legitimidad. “Los asambleístas mal harían en asumir esas funciones que no le confió el pueblo. En el momento en que deja de actuar la Asamblea Constituyente, tampoco hay asambleístas”, precisa.

Por ello, considera que se debe crear una “función de gobierno temporal”, que tenga atribuciones ejecutivas, de legislación y de fiscalización. “Esta función debería ser sometida a aprobación del pueblo en el referéndum aprobatorio junto con la Constitución”.

De su lado, el ex diputado Alfredo Serrano (quien fue destituido por el Tribunal Supremo Electoral) cree que ese vacío legal es una consecuencia de la actuación inconstitucional de la Asamblea.

“Si no se declaraban de plenos poderes y no declaraban el receso de los diputados, el Congreso podía seguir trabajando en la legislación que requerirá la nueva Constitución”, opina.

César Montufar rechaza cualquier intento de que un grupo de asambleístas siga legislando y fiscalizando después que la Constituyente termine su tarea. “Eso no aprobó el pueblo”, dijo.

El tiempo apremia

La mayoría oficialista hace cálculos para que los tiempos para el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, las elecciones generales y la proclamación de los resultados lleguen al 15 de enero del 2009.

Con este objetivo, las mesas constituyentes tienen plazo hasta el 30 de este mes para presentar todos los textos de los artículos constitucionales que serán sometidos a discusión en el Pleno del organismo.

El presidente Acosta no descartó la posibilidad de que el Pleno de la Constituyente sesione los l unes o hasta los sábados para avanzar con el debate de los textos constitucionales en el Pleno.

Según Acosta, varias mesas no han cumplido con los cronogramas previstos en la entrega de los textos. Como ejemplo puso el caso de la Mesa 9.

Punto de vista: ‘La autoprórroga es anti ética’

Ernesto López
Constitucionalista

La auto prórroga de un grupo de asambleístas es inconstitucional y anti ética. En la consulta popular de abril del año anterior solo aprobó la creación de esta entidad dicte una nueva Constitución y que reestructure el Estado.

Ese es el mandato que les dio el pueblo a los asambleístas. También le puso un plazo para su trabajo: seis meses y una prórroga de dos meses más para completar esa tarea. Tampoco se habló de una comisión que legisle después que terminen su trabajo.

Si el país ha vivido más de 50 años con un Congreso que no legisló ni fiscalizó, creo que los ecuatorianos sí podemos vivir cuatro o cinco meses sin diputados.

Fuente elcomercio.com

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