Campañas que repugnan

Un lector de esta columna me hizo meditar respecto a que en este gobierno la ley se viola continuamente, y a veces con saña. No me cabe la menor duda que esta administración busca destruir a quienes no comulgan con el Presidente y su ‘trouppe’ de saltimbanquis. El caso más patético es el ataque brutal al Alcalde de Guayaquil. Pero esa campaña sucia se la realizó abusando de las atribuciones presidenciales. ¡Eso no importa, si la meta es convertirse en el dueño del país, para vengarse de los que discrepan de sus métodos e ideas del siglo pasado!

El Gobierno invadió las pantallas de televisión con ‘spots’ publicitarios que atacaban, e intentaban destruir, al primer personero del Puerto Principal, por haber cometido el ‘delito’ de defender a su ciudad. Propagandas que, en su gran mayoría, no fueron pagadas por el Mandatario ni por su movimiento político, sino utilizando espacios gratuitos a los que tienen derecho ciertas autoridades públicas en los medios de comunicación. Esto es inmoral, además de ser un acto de corrupción, digno de la época nazi, cuando Goebbels inició la campaña en contra de los judíos… todos conocen lo ocurrido en Alemania.

La Ley de Radiodifusión y Televisión ordena que las estaciones tienen la obligación de prestar servicios sociales gratuitos, como la transmisión de mensajes del Presidente de la República. Lo que no le dicen al presidente Correa es que la ley dispone que esos espacios gratuitos deben ser “usados exclusivamente para la información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos públicos. Los funcionarios que transgredan esta disposición serán sancionados de acuerdo a la Ley”. Atacar a un líder de la oposición no es política de Estado. Los ecuatorianos no debemos soportar los epítetos que busquen denigrar a ningún ser humano.

Sé que es ingenuo, pero el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión debería controlar la calidad moral de los programas que se transmiten. Obviamente, tampoco harán nada por sancionar a los autores de la violación de la ley, menos aún suspender la campaña de desprestigio de un ciudadano, cuyo nombre ha sido maltratado por gente que considera que hacer política es destruir la honra del adversario, y no generar programas de gobierno.

La forma en que ha actuado el Gobierno contra un Alcalde es un acto de corrupción, que el Secretario de anticorrupción de la Presidencia, no se ha percatado, ni lo va a admitir, porque su jefe tiene el don divino de la infalibilidad. Tampoco se puede recurrir ante ningún organismo público, porque el Tribunal de Bolsillo (Tribunal Constitucional) ya sentenció en el sentido que no puede actuar porque el Gabinete ampliado del Presidente Correa (léase Asamblea Constituyente), con su Mandato No. 1, le ha dejado sin funciones.

Por esto, lo único que resta al Presidente, si desea transparentar su acción política, es ordenar a la Constituyente que reforme la Ley de Radiodifusión y Televisión, que incorpore una disposición por la cual el gobernante pueda destruir la imagen y honra de toda persona que no comulgue con sus ideas.
Fuente ElComercio.com

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