Texto Completo del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La teoría y la práctica económica a lo largo de la historia han demostrado la verdadera y significativa relevancia del uso de la política monetaria y fiscal para la consecución del objetivo primordial de todo gobierno, la generación de desarrollo económico.

El Gobierno Nacional no pretende en lo absoluto alejarse de ésta directriz, sino garantizar fielmente el cumplimiento de la misma, pese al contexto monetario actual en el Ecuador, que obliga a prescindir de la política monetaria, una de las herramientas de política económica más eficaces. Así pues, generar desarrollo económico en el Ecuador será factible exclusivamente a través de la implementación de adecuadas políticas fiscales, teniendo presente que, dentro de la política fiscal, es elemento fundamental la política tributaria, la misma que constituye a su vez, una herramienta fundamental para dinamizar la economía y generar justicia social, dos condiciones básicas para el desarrollo económico equilibrado del país.

La teoría económica enseña que las tasas impositivas que gravan al valor de las transferencias de bienes y servicios entre los agentes económicos, afectan al precio final de venta, advirtiéndose que el precio final de venta representa el elemento fundamental a analizar al momento de demandar un bien o servicio. Así, el proceso de decisiones individuales de demanda, que posteriormente constituye el comportamiento agregado de nuestra economía, conlleva consideraciones presupuestarias que involucran al sector productivo, el cual, al percibir posibles incrementos o decrementos en la demanda de sus consumidores, podría aumentar o reducir su nivel de producción, en forma consecuente con el mercado. Esta situación desemboca en el requerimiento, correspondiente con la producción, de mayor o menor mano de obra, variable clave de la situación económico-social de la población ecuatoriana.

Este marco rebasa los límites de la teoría de la investigación científica y constituye, a través de los hechos y de la situación real y cotidiana que afronta una significativa fracción de la población ecuatoriana, una realidad que obliga a la implementación de políticas tributarias que apunten a reducciones en los precios finales de venta de los bienes y servicios transados en el Ecuador, a fin de estimular la demanda agregada de la economía ecuatoriana, situación que, a su vez, estimularía la oferta, dinamizando el aparato productivo nacional y generando mayor demanda de mano de obra, derivando en un circulo virtuoso en nuestra economía.

No obstante, aún cuando la reducción de los precios finales de venta de los bienes y servicios transados en el Ecuador incidiera favorablemente en la economía ecuatoriana, no es suficiente para conseguir una reanimación general del aparato productivo. La tenencia de dinero en manos de los agentes económicos para la posterior adquisición de bienes de consumo o bienes de capital, el dinero disponible para dicha demanda y el precio del mismo, son sin lugar a dudas variables significativas para la consecución del objetivo, lo cual centra adicionalmente la atención de este Gobierno en promover políticas que apunten a regular el mercado monetario.

Con el régimen de dolarización de la economía ecuatoriana, las facultades atribuibles al Estado para regular la oferta monetaria y poder incidir en la reanimación del aparato productivo se han visto aminoradas. Al no existir moneda local, la gravitación del Estado ecuatoriano en el mercado de dinero es casi nula, dejando su funcionamiento en manos de los agentes participantes en el mismo: los bancos y los depositantes, y por ende en manos del flujo neto de entrada y de salida de capitales al país. El flujo neto de estos dineros será entonces el que esté disponible como oferta local y consecuentemente, al interactuar con la demanda de dinero, será el que determine el precio final del mismo: la tasa de interés.

Dado que el mercado de dinero presenta imperfecciones, como la polarización de las tenencias de dinero por el lado de los depositantes y el oligopolio por el lado de la banca, es innegable que existen riesgos para la estabilidad de la tasa de interés local, que dependerá de las decisiones de los participantes del mercado. En particular, dado que el grado de sensibilidad entre el dinero y su precio es creciente en las cantidades de dinero, existirán fuertes presiones para el alza de la tasa de interés local luego de una disminución unilateral o disminuciones unilaterales simultáneas de la oferta monetaria como producto del retiro de capitales desde el Ecuador hacia el exterior por parte de ciertos depositantes y de la banca. Estos comportamientos generarían alteraciones en la economía local al encarecer el valor del dinero y posteriormente, al desestimular inversiones que servirían como reanimadoras del aparato productivo nacional.

Ante este contexto, surge como una urgencia que la política tributaria se convierta en el campo más adecuado para la generación de un mecanismo para controlar de manera más efectiva la tasa de interés local.

Sin embargo, la implementación de reformas o nuevas propuestas tributarias que incidan en la reactivación del aparato productivo, no apuntalan la consecución total del objetivo primario de este gobierno. Es evidente para todos, las atroces distorsiones que existen en el Ecuador en torno a la distribución del ingreso, situación, que aunque parezca cotidiana, representa uno de los más grandes impedimentos para que la mayor parte de la población ecuatoriana acceda a un mismo conjunto de oportunidades en la vida. En virtud de lo expuesto, y emulando a países que han conseguido que estas distorsiones sean rectificadas, surge como una inminente necesidad efectuar cambios estructurales a la distribución del ingreso en el Ecuador.

En la actualidad, y desde hace algún tiempo atrás, las normas que rigen el Impuesto a la Renta han mostrado graves fisuras que indirectamente han fomentado prácticas elusivas y evasivas por parte de los agentes, situación que a su vez ha generado notables inequidades en el ingreso disponible por parte de los hogares. Por esto, y siendo conscientes de que los impuestos indirectos son por naturaleza regresivos, surge como imperiosa necesidad la adopción de un conjunto de modificaciones estructurales en aspectos inherentes al Impuesto a la Renta y demás ámbitos tributarios, que permitan afianzar aquellos mecanismos de carácter progresivo, de tal forma que el ingreso se logre distribuir de manera más uniforme en el Ecuador.

Todo lo expuesto anteriormente no hace sino evidenciar la urgente necesidad de una reforma tributaria integral para que los ciudadanos ecuatorianos puedan gozar de un entorno próspero, justo y solidario, características que convergen ineludiblemente en el desarrollo económico para todo el Ecuador.

Por ello, consciente de que una patria próspera, justa y solidaria no existirá si las terribles distorsiones que datan del pasado no logran ser revertidas a través de mecanismos que optimicen los objetivos de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, sin perjudicar el control que el Estado debe tener y ejercer, para generar ese cambio, para establecer dichos mecanismos pongo a consideración de la Asamblea Nacional Constituyente el Proyecto de Ley Para La Equidad Tributaria en el Ecuador, para su conocimiento, discusión y aprobación.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Considerando:

Que mediante Resolución No. 26, publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 463 del 17 de Noviembre del 2004, se expidió la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, con la finalidad de armonizar e integrar todas las normas dispersas contenidas en la Ley dictada en 1989 y sus distintas reformas.

Que sin perjuicio de esta armonización, es obligación del Estado propender a una mejor distribución de la riqueza, para dar cumplimiento a lo que establece el Código Tributario en su artículo 6 en cuanto a los fines de los tributos.

Que el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social.

Que la progresividad de un sistema tributario se logra en la medida que los impuestos directos logren una mayor recaudación que los impuestos indirectos, ya que estos últimos no distinguen la capacidad económica del individuo.

Que en las actuales circunstancias de la economía nacional es imprescindible efectuar una rebaja del Impuesto al Valor Agregado del 12% al 10%, con la finalidad de proteger al consumidor final sobre quien recae la incidencia de dicho impuesto.

Que para implementar dicha medida se vuelve necesario establecer mecanismos legales de compensaciones recaudatorias a dicha rebaja y que asimismo procuren una mejor justicia social.

Que, el sistema tributario constituye un muy importante instrumento de política económica, que a más de brindarle recursos públicos al Estado permite el estímulo de la inversión, el ahorro y una mejor distribución de la riqueza, por lo que es necesario introducir, en el marco jurídico que lo rige, herramientas que posibiliten un manejo efectivo y eficiente del mismo, que posibilite el establecimiento de tributos justos y que graven al contribuyente sobre la base de su verdadera capacidad para contribuir;

Que, es necesario introducir reformas en la normativa que garanticen el efectivo ejercicio de la facultad de gestión de los tributos por parte de las Administraciones Tributarias, dotándoles de mayores y mejores instrumentos para prevenir y controlar la evasión y elusión de los tributos;

Que, se vuelve imperioso dotarle al Estado de un cuerpo normativo fuerte, que permita la implementación efectiva de sus planes para la obtención y utilización de recursos públicos, a través de una Ley de Carácter Orgánico, que prevalezca sobre otras leyes y que brinde estabilidad y seguridad jurídica tanto al Fisco como a los contribuyentes;

Que, es el más alto deber del Estado proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos, brindándoles servicios de calidad y un acceso expedito a los órganos de la Administración, siendo por tanto indispensable dotarles de las herramientas jurídicas necesarias para el correcto y efectivo ejercicio de sus derechos.

Que, solamente con la institucionalización de un verdadero sistema penal tributario que tienda a la prevención de las infracciones tributarias y que establezca sanciones efectivas y proporcionales al daño causado, podrá avanzarse en el logro del cumplimiento tributario en la población; y, que, es imperioso normar adecuadamente los procedimientos de juzgamiento y sanción de delitos y demás infracciones tributarias; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de la República,

EXPIDE LA SIGUIENTE

LEY PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA

EN EL ECUADOR

Título Primero

REFORMAS AL CODIGO TRIBUTARIO

En el primer inciso del Art. 21 sustitúyase la frase: “equivalente al 1.1 veces de la tasa activa referencial” por la siguiente: “equivalente a 1.5 veces la tasa activa referencial”

En el Art. 90 agréguese un inciso final, con el siguiente texto:

“La obligación tributaria así determinada causará un recargo del 20% sobre el principal.”

El Art. 91 dirá:

“Forma directa.- La determinación directa se hará sobre la base de la declaración del propio sujeto pasivo, de su contabilidad o registros y más documentos que posea, así como de la información y otros datos que posea la administración tributaria en sus bases de datos, o los que arrojen sus sistemas informáticos por efecto del cruce de información con los diferentes contribuyentes o responsables de tributos, con entidades del sector público u otras; así como de otros documentos que existan en poder de terceros, que tengan relación con la actividad gravada o con el hecho generador.”

Suprímase el Art. 102.

Suprímase el último inciso del Art. 103.

Sustitúyase el Art. 131 por el siguiente:

Art. 131.- Determinación complementaria.- Cuando de la tramitación de la petición o reclamo se advierta la existencia de hechos no considerados en la determinación del tributo que lo motiva, o cuando los hechos considerados fueren incompletos o inexactos, la autoridad administrativa dispondrá la suspensión del trámite y la práctica de un proceso de verificación o determinación complementario, disponiendo se emita la correspondiente Orden de Determinación.

La suspensión del trámite de la petición o reclamo suspende, consecuentemente, el plazo para emitir la resolución correspondiente.

Realizada la determinación complementaria, que se regirá por el mismo procedimiento establecido para el ejercicio de la facultad determinadora de la administración tributaria, continuará decurriendo el plazo que se le concede a la administración para dictar resolución, la que se referirá al reclamo o petición inicial y contendrá el acto de determinación complementaria definitivo. El acto de determinación complementaria solo podrá ser objeto de impugnación judicial con la resolución de la petición o reclamo inicial.”

A continuación del Art. 233, agréguese el siguiente: “Art. (…) Afianzamiento.- Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución equivalente al 20% de su cuantía.

La caución se cancelará por el Tribunal o Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia si la demanda o pretensión es aceptada totalmente; en caso de aceptación parcial el fallo determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que será entregada a la administración tributaria demandada, perjudicada por la demora; si la demanda o la pretensión es rechazada en su totalidad se entregará a la administración tributaria perjudicada por la demora, el valor total de la caución.

Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la interposición del recurso de casación, con suspensión de ejecución de la sentencia o auto y de la de afianzamiento para hacer cesar medidas cautelares y se sujetará a las normas sobre afianzamiento establecidas en este código.

El Tribunal no podrá calificar la demanda sin el cumplimiento de este requisito, teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto impugnado, si es que dentro del término de quince días de haberlo dispuesto el Tribunal no se la constituyere.”

En el Art. 313, luego de la frase “produzca efectos en el paìs” sustitúyase la coma por un punto y elimínese la frase “por comportar de algún modo evasión tributaria parcial o total.”.

El Art. 315 sustitúyase por el siguiente: “Art. 315.- Clases de infracciones.- Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias.

Constituyen delitos los tipificados y sancionados como tales en este Código y en otras leyes tributarias.

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes formales, constantes en este Código o en otras disposiciones legales.

Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas en la tipificación de delitos o contravenciones.”

En el inciso segundo del Art. 316, sustitúyase la frase “La defraudación” por “En los delitos”.

En el Art. 317 luego de la palabra: “responderá” añádase la palabra: “tambièn”.

El Art. 318, sustitúyase por el siguiente: “Art. 318.- Circunstancias agravantes.- Son circunstancias agravantes, en lo que fuere aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de las siguientes:

1a. Haberse cometido la infracción en contubernio con funcionarios de la Administración Tributaria o utilizando las bases de datos o informaciones que ésta posea; y,

2ª. La reincidencia, que se entenderá existir, siempre que la misma persona o empresa hubiere sido sancionada por igual infracción a la pesquisada, dentro de los cinco años anteriores.”

Sustitúyase el Art. 319 por el siguiente: “Art. 319.- Circunstancias atenuantes.- Son circunstancias atenuantes, en lo que fuere aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de las siguientes:

1a. Haber reconocido la comisión de la infracción y reparado el perjuicio que causó; y,

2a. Presentarse voluntariamente a la administración tributaria respectiva, pudiendo haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento o en cualquier otra forma.”

Sustitúyase el Art. 320 por el siguiente: “Art. 320.- Circunstancias eximentes.- Son circunstancias eximentes, en lo que fuere aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de la siguiente:

1 a. Que la trasgresión de la norma sea consecuencia de instrucción expresa de funcionarios competentes de la administración tributaria y que no proceda de una acción u omisión dolosa.”

En el primer inciso del Art. 321 cámbiese la frase: “, y los propietarios de empresas o negocios responderán solidariamente”, por la siguiente: “, los propietarios de empresas o negocios y los administradores de hecho, responderán solidariamente”

Sustitúyase el Art. 323, por el siguiente: “Art. 323.- Penas aplicables.- Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas siguientes:

Multa;

Clausura del establecimiento o negocio;

Suspensión de actividades;

Decomiso;

Incautación Definitiva;

Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos;

Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones;

Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos;

Prisión; y,

Reclusión Menor Ordinaria

Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron.”

El inciso primero del Art. 324 sustitúyase por el siguiente: “Las penas relativas a delitos se gradarán tomando en consideración las circunstancias atenuantes o agravantes que existan y además, la cuantía del perjuicio causado por la infracción.”

Sustitúyase el Art. 325 por el siguiente: “Art. 325.- Concurrencia de infracciones.- Cuando un hecho configure más de una infracción se aplicará la sanción que corresponda a la infracción más grave.”

Sustitúyase el Art. 327 por el siguiente: “Art. 327.- Cómplices y encubridores.- Salvo lo previsto en este Código para funcionarios públicos, a los cómplices se les aplicará una sanción equivalente a los dos tercios de la que se imponga al autor; y, a los encubridores, una equivalente a la mitad, sin perjuicio de la gradación de la pena.”

Elimínese el Art. 328.

Al Art. 329 reemplácese por el siguiente: “Art. 329.- Cómputo de las sanciones pecuniarias.- Las sanciones pecuniarias, se impondrán en proporción al valor de los tributos, que, por la acción u omisión punible, se trató de evadir o al de los bienes materia de la infracción, en los casos de delito.

Cuando los tributos se determinen por el valor de las mercaderías ó bienes a los que se refiere la infracción, se tomará en cuenta su valor de mercado en el día de su comisión.

Las sanciones pecuniarias por contravenciones y faltas reglamentarias se impondrán de acuerdo a las cuantías determinadas en este Código y demás leyes tributarias.

A continuación del Art. 329 añádanse los siguientes innumerados:

“Art. (…).- Clausura del establecimiento.- Salvo casos especiales previstos en la ley, la clausura de un establecimiento no podrá exceder de tres meses. Si la clausura afectare a terceros el contribuyente contraventor responderá de los daños y perjuicios que con la imposición de la sanción se cause. La clausura del establecimiento del infractor conlleva la suspensión de todas sus actividades en el establecimiento clausurado.

Art. (…) Suspensión de actividades.-En los casos en los que, por la naturaleza de las actividades económicas de los infractores, no pueda aplicarse la sanción de clausura, la administración tributaria dispondrá la suspensión de las actividades económicas del infractor. Para los efectos legales pertinentes, notificará en cada caso, a las autoridades correspondientes, a los colegios profesionales y a otras entidades relacionadas con el ejercicio de la actividad suspendida, para que impidan su ejercicio.

Art. (…)Decomiso.- El decomiso es la pérdida del dominio sobre los bienes materia del delito, en favor del acreedor tributario. Puede extenderse a los bienes y objetos utilizados para cometer la infracción, siempre que pertenezcan a su autor o cómplice o de acuerdo a la gravedad y circunstancias del caso.

Cuando exista una diferencia apreciable entre el valor de los bienes u objetos materia del delito y el que corresponda a los medios u objetos que sirvieron para cometerlo, y no sea del caso decomisar dichos bienes, sea por la mentada desproporción de valores o porque no pertenezcan al infractor, se sustituirá el decomiso de dichos medios con una multa adicional de dos a cinco veces el valor de la mercadería o bienes materia del delito.

Art. (…) Incautación Definitiva: La incautación definitiva es la pérdida del derecho de dominio, dispuesta por la autoridad administrativa o jurisdiccional.

Art. (…) Suspensión o Cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes.- La suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes requeridas para el ejercicio del comercio o de la industria, podrá aplicarse como pena por infracciones, según la gravedad e importancia de ellas, sin perjuicio de las otras sanciones que se impusieren.

El sancionado con pena de suspensión o cancelación de inscripción, autorización o de patente podrá rehabilitarlas, si hubiere transcurrido un año desde la ejecutoria de la resolución administrativa o sentencia que impuso la pena, siempre que el sancionado dentro de ese lapso no hubiere sido condenado por nueva infracción tributaria.

Art. (…) Suspensión en el desempeño de cargos públicos.- La pena de suspensión en el desempeño de cargos públicos no podrá exceder de treinta días, de acuerdo a la gravedad de la infracción. Mientras dure la suspensión, el empleado sancionado no tendrá derecho a percibir remuneraciones ni pago por concepto alguno.

Dicha pena se ejecutará desde el primer día del mes siguiente al de la fecha en que se ejecutorió la sentencia que la impuso.

Art. (…) Destitución de cargos públicos.- La destitución de cargos públicos, se impondrá al funcionario o empleado que fuere responsable como autor, cómplice o encubridor de un delito, o en el caso de reincidencia en las contravenciones.

Art. (…) Efectos de la suspensión o destitución.- Toda resolución o sentencia que imponga penas de suspensión o destitución en el desempeño de cargos públicos, será notificada a la máxima autoridad de la entidad en la que preste servicios el funcionario sancionado, al Secretario Nacional Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos y de Remuneraciones del Sector Público, SENRES, y al Contralor General del Estado, quienes, si el empleado o funcionario sancionado continuare desempeñando el cargo, ordenarán a la autoridad nominadora que cumpla la resolución o la sentencia. Si la autoridad requerida no la cumpliere, el Contralor ordenará al Auditor Interno suspender de hecho el pago del sueldo del empleado o funcionario suspendido o destituido, bajo su responsabilidad; y, en todo caso, hará responsable personal y pecuniariamente a la autoridad nominadora, de los sueldos o remuneraciones pagadas ilegalmente.

Sustitúyase el Art. 330 por el siguiente: “Art. 330.- Penas de prisión.- Las penas de prisión no serán inferiores a un mes, ni mayores de cinco años, sin perjuicio de la gradación contemplada en este Código.

La pena de prisión no podrá ser sustituida con penas pecuniarias.”

A continuación del Art. 330, agréguese el siguiente artículo innumerado: “Art. (…) Penas de Reclusión Menor Ordinaria.- Las penas de Reclusión Menor Ordinaria no serán inferiores a un año, ni mayores de seis años, sin perjuicio de la gradación contemplada en este Código.

La pena de reclusión no podrá ser sustituida con penas pecuniarias.”

Elimínense los Arts. 331, 332, 333, 334, 335, 336 y 337.

Del Art. 338, en el numeral 1 del Art. 338 luego del punto y coma, añádase la palabra: “y,”; en el numeral 2, luego de la palabra “prescripción” reemplácese la frase “; y,” por un punto; y, elimínese el numeral 3.

Sustitúyase el Art. 339 por el siguiente: “Art. 339.- Muerte del infractor.- La acción contra el autor, el cómplice o el encubridor de infracción tributaria, se extingue con su muerte.

Las sanciones impuestas a las personas naturales, en decisiones firmes y ejecutoriadas, no son transmisibles a sus herederos.”

Sustitúyase el Art. 340 por el siguiente: “Art. 340.- Prescripción de la acción.- Las acciones por delitos tributarios prescribirán en el plazo de cinco años, en los casos reprimidos con prisión, y en diez años en los casos reprimidos con reclusión, contados desde cuando la infracción fue cometida en los casos en los que no se haya iniciado enjuiciamiento, o de haberse iniciado desde el inicio de la instrucción fiscal correspondiente.

El plazo de prescripción de la acción se interrumpirá desde el día siguiente a la notificación de los actos determinativos de obligación tributaria, de los que se infiera el cometimiento de la infracción, hasta el día en que se ejecutoríen.

Las acciones por las demás infracciones prescribirán en tres años, contados desde cuando la infracción fue cometida.

En los casos de tentativa el plazo se contará desde la realización del último acto idóneo.

Sustitúyase el Art. 341 por el siguiente: “Art. 341.- Prescripción de las penas.- Las penas privativas de la libertad prescriben en un tiempo igual al de la condena, no pudiendo, en ningún caso, el tiempo de la prescripción ser menor a seis meses, salvo disposición expresa de Ley que establezca un plazo de prescripción mayor.

La prescripción de la pena comenzará a correr desde la media noche del día en que la sentencia quedó ejecutoriada.

Las penas pecuniarias, prescribirán en cinco años contados desde la fecha en la que se ejecutoríe la resolución o sentencia que la imponga y se interrumpirá por la citación del auto de pago, en la misma forma que las obligaciones tributarias.”

Sustitúyase el Art. 342 por el siguiente: “Art. 342.- Concepto.- Constituye defraudación, todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño, que induzca a error en la determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, así como aquellas conductas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción que ejerce la administración tributaria.”

Sustitúyase el Art. 343 por el siguiente; “Art. 343.- Defraudación agravada.- Constituye defraudación agravada y será sancionada con el máximo de la pena, la cometida con la complicidad de uno o más funcionarios de la administración tributaria.”

Sustitúyase el Art. 344 por el siguiente; “Art. 344.- Casos de defraudación.- A más de los establecidos en otras leyes tributarias, son casos de defraudación:

1.- Destrucción, ocultación o alteración de sellos de clausura o de incautación;

2.- Realizar actividades en un establecimiento que se encuentre clausurado;

3.- Imprimir comprobantes de venta o de retención que no hayan sido autorizados por la Administración Tributaria;

4.- Proporcionar, a sabiendas, a la Administración Tributaria información o declaración falsa o adulterada de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o antecedentes que influyan en la determinación de la obligación tributaria, propia o de terceros; y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes que se suministren a la administración tributaria, de datos falsos, incompletos o desfigurados.

5.- La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas y cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes gravados;

6.- La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas o retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan legalmente.

7.- La alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario, de libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos;

8.- Llevar doble contabilidad, con distintos asientos en libros o registros informáticos, para el mismo negocio o actividad económica;

9.- La destrucción total o parcial, de los libros o registros informáticos de contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias, o de los documentos que los respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias;

10.- Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real;

11.- Extender a terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal o beneficiarse sin derecho de los mismos;

12.- Simular uno o más actos o contratos para obtener o dar un beneficio de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal;

13.- La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo; y,

14.- La obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas, establecida así por acto firme o ejecutoriado de la administración tributaria o del órgano judicial competente.

Sustitúyase el Art. 345 por el siguiente: “Art. 345.- Sanciones por defraudación.- Las penas aplicables al delito de defraudación son:

En los casos establecidos en los numerales 1 al 3 del artículo anterior y en los delitos de defraudación establecidos en otras leyes, prisión de uno a tres años,;

En los casos establecidos en los numerales 4 al 12 del artículo anterior, prisión de dos a cinco años y una multa equivalente al valor de los impuestos que se evadieron o pretendieron evadir; y,

En los casos establecidos en los numeral 13 y 14 del artículo anterior, reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años y multa equivalente al doble de los valores retenidos o percibidos que no hayan sido declarados y/o pagados o los valores que le hayan sido devueltos indebidamente.

En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de la de sus miembros, la responsabilidad recae en su representante legal, contador, director financiero y demás personas que tengan a su cargo el control de la actividad económica de la empresa, sí se establece que su conducta ha sido dolosa.

En los casos en los que el agente de retención o agente de percepción sea una institución del Estado, los funcionarios encargados de la recaudación, declaración y entrega de los impuestos percibidos o retenidos al sujeto activo además de la pena de reclusión por la defraudación, sin perjuicio de que se configure un delito más grave, serán sancionados con la destitución y quedarán inhabilitados, de por vida, para ocupar cargos públicos.

La acción penal en los casos de defraudación tributaria tipificados en los numerales 4 al 13 del artículo anterior iniciará cuando en actos firmes o resoluciones ejecutoriadas de la administración tributaria o en sentencias judiciales ejecutoriadas se establezca la presunción de la comisión de una defraudación tributaria.

La administración tributaria deberá formular la denuncia cuando corresponda, en todo los casos de defraudación, y tendrá todos los derechos y facultades que el Código de Procedimiento Penal establece para el acusador particular.

Sustitúyase el Art. 346 por el siguiente: “Art. 346.- Penas especiales, para funcionarios públicos.- Los autores, cómplices o encubridores de una defraudación, que fueren funcionarios o empleados de las Administraciones Tributarias perjudicadas con el ilícito, serán sancionados además con la destitución del cargo.”

Reemplàcese el Art. 349 por el siguiente: “Art. 349.- Sanciones por Contravenciones.- A las contravenciones establecidas en este Código y en las demás leyes tributarias se aplicará como pena pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las respectivas normas.

Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, la sanción por cada período, se impondrá de conformidad a los límites establecidos en el inciso anterior.

Los límites antes referidos no serán aplicables en los casos de contravenciones en los que la norma legal prevea sanciones específicas.

El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron.”

Elimínese el Art. 350.

Sustitúyase el Art. 351 por el siguiente: “Art. 351.- Concepto.- Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general, que establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos.”

A continuación del Art. 351, agréguese un innumerado con el siguiente texto: “Art. (…) Sanciones por Faltas Reglamentarias.- Las faltas reglamentarias serán sancionadas con una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.000 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las respectivas normas.

El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron.

Sustitúyase el Art. 352 por el siguiente: “Art. 352.- Cumplimiento de obligaciones.- El pago de las multas impuestas por faltas reglamentarias, no exime al infractor del cumplimiento de los procedimientos, requisitos u obligaciones por cuya omisión fue sancionado.”

Elimínese el Art. 353.

En el Art. 354, a continuación del punto, agréguese la siguiente frase: “El procedimiento se sujetará a las normas de este Código, y sólo supletoriamente a las del Código de Procedimiento Penal.”

En el Art. 355 sustitúyase el segundo inciso por el siguiente: “Las sanciones por contravenciones y faltas reglamentarias serán impuestas por la respectiva administración tributaria mediante resoluciones escritas.”

Elimínense los Arts. 356 y 357.

Cámbiese la denominación del Capítulo II, del Título III, del Libro Cuarto por la siguiente:” De la acción y procedimiento en materia penal tributaria.”

Sustitúyase el Art. 358 por el siguiente: “Art. 358.- Acción pública.- La acción penal tributaria es pública de instancia oficial y corresponde ejercerla exclusivamente al fiscal, de conformidad a las disposiciones de este Código y el Código de Procedimiento Penal.

A continuación del Art. 358 añádanse los siguientes artículos:

“Art. (…) Acción Popular.- Concédese acción popular para denunciar ante el Ministerio Público los delitos tributarios.”

“Art. (…) Cuando en virtud de denuncias, se cobraren impuestos no determinados por el sujeto pasivo, el denunciante tendrá derecho al 10% del impuesto que se trató de evadir y que se recaude efectivamente, incluido multas e intereses; y siempre que la ocultación o evasión hubiere sido descubierta en virtud de la denuncia, sin que haya precedido ninguna acta de investigación anterior por parte de los órganos administrativos

Las personas que efectúen las respectivas denuncias, para que se hagan beneficiarios del derecho establecido en el inciso anterior, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Deberán demostrar haber tenido algún tipo de relación laboral, contractual o de cualquier clase con el contribuyente denunciado o con alguna parte relacionada con él;

b) No podrán ser o haber sido funcionarios de la Administración Tributaria, ni tampoco sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

c) Deberán efectuar la denuncia en los términos y condiciones que determine la Administración Tributaria, mediante Resolución.

Los valores que se entreguen a los denunciantes, se lo efectuará conforme lo establezca en el Reglamento respectivo.

En caso de que se demuestre que la información utilizada por el denunciante, provino directa o indirectamente de las bases de datos de la propia administración tributaria, no tendrá la participación a la que se refiere esta norma y será sancionado conforme las leyes vigentes, en cuyo caso la Administración Tributaria deberá efectuar la correspondiente denuncia ante la autoridad competente.”

Sustitúyase el Art. 359 por el siguiente: “Art. 359.- Forma de ejercicio.- La acción penal tributaria comienza con la providencia de inicio de la instrucción fiscal.

En los casos que tengan como antecedente un acto firme o resolución ejecutoriada de la administración tributaria o sentencia judicial ejecutoriada, el Ministerio Público, sin necesidad de indagación previa, iniciará la correspondiente instrucción fiscal.

Para el inicio de la acción penal bastará la conclusión del trámite administrativo”

Elimínense los Arts. 360 y 361.

Cámbiese la denominación del Capítulo III, del Título III, del Libro Cuarto, por la siguiente: “Procedimiento para sancionar contravenciones y faltas reglamentarias”

Reemplácese el Art. 362 por el siguiente: “Art. 362- Competencia.- La acción para perseguir y sancionar las contravenciones y faltas reglamentarias, es también pública, y se ejerce por los funcionarios que tienen competencia para ordenar la realización o verificación de actos de determinación de obligación tributaria, o para resolver reclamos de los contribuyentes o responsables.

Podrá tener como antecedente, el conocimiento y comprobación de la misma Autoridad, con ocasión del ejercicio de sus funciones, o por denuncia que podrá hacerla cualquier persona.”

Reemplácese el Art. 363 por el siguiente: “Art. 363.- Siempre que el funcionario competente para imponer sanciones descubriere la comisión de una contravención o falta reglamentaria, o tuviere conocimiento de ellas por denuncia o en cualquier otra forma, tomará las medidas que fueren del caso para su comprobación, y mediante un procedimiento sumario con notificación previa al presunto infractor, concediéndole el término de cinco días para que ejerza su defensa y practique todas las pruebas de descargo pertinentes a la infracción. Concluido el término probatorio y sin más trámite, dictará resolución en la que impondrá la sanción que corresponda o la absolución en su caso.”

Reemplácese el Art. 364 por el siguiente: “Art. 364.-Recursos de Procedimientos.- El afectado con la sanción por contravenciones o faltas reglamentarias podrá deducir los mismos recursos o proponer las mismas acciones que, respecto de la determinación de obligación tributaria, establece este Código.”

Elimínense los Arts. 365 y 366.

A continuación del Art. 366 cámbiese la frase: “DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA” por la de “DISPOSICIONES GENERALES” y la disposición o artículo siguiente signado “Art. 367” se signará como: “PRIMERA”.

Elimínese la Disposición Transitoria Única.

Título Segundo

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Capítulo 1

REFORMAS RELATIVAS AL IMPUESTO A LA RENTA

Art. 55.- Reemplácese el texto del numeral 1 del Art. 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y,”

Art. 56.- Luego del Art. 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno inclúyase el siguiente:

“Art. (…).- Partes relacionadas.- Para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas a las personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe directa o indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de éstas.

Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en la definición del inciso primero de este artículo, entre otros casos los siguientes:

1) La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes.

2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí.

3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de tales partes.

4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos integrados en su mayoría por los mismos miembros.

5) Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de éstas.

6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la misma, siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo.

7) Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la misma, siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo.

8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; administradores; o comisarios de la sociedad.

9) Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que tenga derechos.

Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre contribuyentes, la Administración Tributaria atenderá de forma general a la participación accionaria u otros derechos societarios sobre el patrimonio de las sociedades, los tenedores de capital, la administración efectiva del negocio, la distribución de utilidades, la proporción de las transacciones entre tales contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales operaciones.

También se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que realicen transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una jurisdicción fiscal de menor imposición, o en Paraísos Fiscales.

Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer partes relacionadas por presunción cuando las transacciones que se realicen no se ajusten al principio de plena competencia.

Serán jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales, aquellos que señale el Servicio de Rentas Internas pudiendo basarse para ello en la información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI.

En el reglamento a esta Ley se establecerán los términos y porcentajes a los que se refiere este artículo.”

Art. 57.- Sustitúyase el numeral 9 del Art. 8, por el siguiente:

“9.- Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados en el Ecuador; y,”

Art. 58.- Sustitúyase el num. 2 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por el siguiente:

“2. Los obtenidos por las instituciones del Estado y empresas públicas, definidas como tales en la Constitución Política de la República;”

Art. 59.- Sustitúyase el numeral 5 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“5.- Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos.

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio.

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República.

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. De establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna.

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República;”

Art. 60.- Suprímase el numeral 9 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Art. 61.- Suprímase el numeral 10 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Art. 62.- En el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, luego del numeral 11 inclúyanse los siguientes numerales:

“(…) Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones;

(…) Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento de estudios, especialización o capacitación en Instituciones de Educación Superior y entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos internacionales otorguen el Estado, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros;

(…) Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización por terminación anticipada de las relaciones laborales, calculados conforme a las normas que regulan la materia y en la parte que no exceda tal cálculo;”

Art. 63.- En el numeral 12 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el primer inciso reemplácense la palabra “exenta” por las palabras “gravada con tarifa cero”; y a continuación agréguese el siguiente inciso:

“Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un cuarenta por ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales.”

Art. 64.- A continuación del numeral 15 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, agréguese el siguiente:

“(…) Los rendimientos por depósitos a plazo fijo, de un año o más, pagados por las instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones del sistema financiero; y,

Art. 65.- Luego del último numeral del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, inclúyase la siguiente frase:

“Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí.”

Art. 66.- Luego del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el Capítulo IV, luego del título “DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS”, inclúyase el siguiente subtítulo:

“Sección Primera.- De las Deducciones.”

Art. 67.- En el inciso primero del Art. 10 sustitúyase la palabra: “para”, por las palabras: “con el propósito de”.

Art. 68.- El numeral 1 del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno dirá:

“1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente;”

Art. 69.- El numeral 2 del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno dirá:

“2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, así como tampoco los intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador.

No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento mercantil o Leasing cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; ni tampoco cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útil estimada del bien, conforme su naturaleza o siendo inferior, el precio de la opción de compra no sea igual al saldo del precio equivalente al de la vida útil restante; ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre si.

Para que los intereses pagados por créditos externos sean deducibles, el monto del crédito externo no deberá ser mayor al 150% de la relación deuda externa respecto al capital social pagado, tratándose de sociedades; o, tratándose de personas naturales, no deberá ser mayor al 60% de la relación deuda externa respecto a los activos totales.

Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del Ecuador constituye el del crédito mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, hasta su total cancelación.”

Art. 70.- Al final del numeral 4. del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, agréguese una coma (,) y a continuación lo siguiente:

“que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente;”

Art. 71.- Remplácese el numeral 6. del Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“6.- Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos primeros años de operaciones;”

Art. 72.- En el primer inciso del numeral 9 del Art. 10, elimínese la frase ” y voluntarias”, y agréguese al final los siguientes incisos:

“Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que sobre tales remuneraciones o beneficios se haya pagado el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento neto de empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, se deducirán con el 50% adicional, por el primer ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se hayan mantenido como tales seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio. Si los nuevos empleos son cubiertos por trabajadores discapacitados
o por trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad dependientes suyos, la deducción adicional será del 80%.

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a discapacitados
o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se deducirán con el 50% adicional.

Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un cuarenta por ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales.

La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de trabajadores que hayan sido dependientes de partes relacionadas del empleador en los tres años anteriores.”

Art. 73.- En el numeral 11 del Art. 10, en el tercer inciso sustitúyase la frase: “Si el deudor en una sociedad” por la frase: “Si el deudor es una sociedad”; y el penúltimo inciso sustitúyase por el siguiente:

“El monto de las provisiones mínimas requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas provisiones. Se entenderán como provisiones mínimas requeridas aquellas calculadas considerando los porcentajes del límite inferior asignados para cada categoría de activo de riesgo, de conformidad con las normas establecidas por la Junta Bancaria.”

Art. 74.- El numeral 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno dirá:

“La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o profesionales en la materia, siempre que, para las segundas, se refieran a personal que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa;”

Art. 75.- A continuación del numeral 15 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, agréguese el siguiente:

“16.- Las personas naturales podrán deducirse, hasta en el 50% del total de sus ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a tres fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente.

En el Reglamento se establecerá el tipo del gasto a deducir y su cuantía máxima, que se sustentará en los documentos referidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, en los que se encuentre debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta deducción.

A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los gastos que deduzca, en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas.

Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años contados desde la fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la renta.

No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos hayan sido realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma.”

Art. 76.- En el primer inciso del Art. 11 introdúzcase la siguiente reforma:

1.- A continuación de la palabra “sociedades”, agréguese una coma (,) y a continuación lo siguiente:

“las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad.”;

2.- En el tercer inciso sustitúyase la frase: “No se aceptará la deducción de pérdidas por enajenación de activos fijos o corrientes cuando la transacción tenga lugar entre sociedades relacionadas” por la frase: “No se aceptará la deducción de pérdidas por enajenación de activos fijos o corrientes cuando la transacción tenga lugar entre partes relacionadas”.

Art. 77.- Elimínese el numeral 2 del Art. 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Art. 78.- Sustitúyase el numeral 3 del Artr. 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por el siguiente:

“3.- Los intereses de créditos externos, exclusivamente pagados por créditos de gobierno a gobierno o concedidos por organismos multilaterales tales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, registrados en el Banco Central del Ecuador, siempre que no excedan de las tasas de interés máximas referenciales fijadas por el Directorio del Banco Central de Ecuador a la fecha del registro del crédito o su novación. Si los intereses exceden de las tasas máximas fijadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, se deberá efectuar la retención correspondiente sobre el exceso para que dicho pago sea deducible. La falta de registro conforme las disposiciones emitidas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, determinará que no se puedan deducir los costos financieros del crédito;”

Art. 79.- El numeral 9 del Art. 13 dirá:

“Los pagos por concepto de arrendamiento mercantil internacional de bienes de capital, siempre y cuando correspondan a bienes adquiridos a precios de mercado y su financiamiento no contemple tasas superiores a la tasa LIBOR vigente a la fecha del registro del crédito o su novación. Si el arrendatario no opta por la compra del bien y procede a reexportarlo, deberá pagar el impuesto a la renta como remesa al exterior calculado sobre el valor depreciado del bien reexportado.

No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento mercantil internacional o Leasing en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

b) Cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útil estimada del bien, conforme su naturaleza o siendo inferior, el precio de la opción de compra no sea igual al saldo del precio equivalente al de la vida útil restante;

c) Si es que el pago de las cuotas o cánones se hace a personas naturales o sociedades, residentes en paraísos fiscales; y,

d) Cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre si.”

Art. 80.- Luego del Art. 15 de la Ley de Régimen Tributario Interno, inclúyase la siguiente sección:

Sección Segunda.- DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA.

Art. (…).- Precios de Transferencia.- Se establece el régimen de precios de transferencia orientado a regular con fines tributarios las transacciones que se realizan entre partes relacionadas, en los términos definidos por esta Ley, de manera que las contraprestaciones entre ellas sean similares a las que se realizan entre partes independientes.

Art. (…) Principio de plena competencia.- Para efectos tributarios se entiende por principio de plena competencia aquel por el cual, cuando se establezcan o impongan condiciones entre partes relacionadas en sus transacciones comerciales o financieras, que difieran de las que se hubieren estipulado con o entre partes independientes, las utilidades que hubieren sido obtenidas por una de las partes de no existir dichas condiciones pero que, por razón de la aplicación de esas condiciones no fueron obtenidas, serán sometidas a imposición.

Art. (…).- Criterios de comparabilidad.- Las operaciones son comparables cuando no existen diferencias entre las características económicas relevantes de éstas, que afecten de manera significativa el precio o valor de la contraprestación o el margen de utilidad a que hacen referencia los métodos establecidos en esta sección, y en caso de existir diferencias, que su efecto pueda eliminarse mediante ajustes técnicos razonables.

Para determinar si las operaciones son comparables o si existen diferencias significativas, se tomarán en cuenta, dependiendo del método de aplicación del principio de plena competencia seleccionado, los siguientes elementos:

1. Las características de las operaciones, incluyendo:

a) En el caso de prestación de servicios, elementos tales como la naturaleza del servicio, y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico.

b) En el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, elementos tales como las características físicas, calidad y disponibilidad del bien;

c) En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangible, la forma de la operación, tal como la concesión de una licencia o su venta; el tipo de activo, sea patente, marca, know-how, entre otros; la duración y el grado de protección y los beneficios previstos derivados de la utilización del activo en cuestión;

d) En caso de enajenación de acciones, el capital contable actualizado de la sociedad emisora, el patrimonio, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo proyectados o la cotización bursátil registrada en la última transacción cumplida con estas acciones.;

e) En caso de operaciones de financiamiento, el monto del préstamo, plazo, garantías, solvencia del deudor, tasa de interés y la esencia económica de la operación antes que su forma.

2. El análisis de las funciones o actividades desempeñadas, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las operaciones, por partes relacionadas en operaciones vinculadas y por partes independientes en operaciones no vinculadas.

3. Los términos contractuales o no, con los que realmente se cumplen las transacciones entre partes relacionadas e independientes.

4. Las circunstancias económicas o de mercado, tales como ubicación geográfica, tamaño del mercado, nivel del mercado, al por mayor o al detal, nivel de la competencia en el mercado, posición competitiva de compradores y vendedores, la disponibilidad de bienes y servicios sustitutos, los niveles de la oferta y la demanda en el mercado, poder de compra de los consumidores, reglamentos gubernamentales, costos de producción, costo de transportación y la fecha y hora de la operación.

5. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, permanencia y ampliación del mercado, entre otras.

El Reglamento establecerá los métodos de aplicación del principio de plena competencia.

Art. (…) La metodología utilizada para la determinación de precios de transferencia podrá ser consultada por los contribuyentes, presentando toda la información, datos y documentación necesarios para la emisión de la absolución correspondiente, la misma que en tal caso tendrá el carácter de vinculante para el ejercicio fiscal en curso, el anterior y los tres siguientes. La consulta será absuelta por el Director General del Servicio de Rentas Internas, teniendo para tal efecto un plazo de dos años.”

Art. 81.- Cámbiese el título del capitulo VI de la Ley de Régimen Tributario Interno por el de “CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS”; y, sustitúyase el inciso primero del Art. 19 de la Ley de Régimen Tributario por el siguiente:

“Art. 19.-Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.”

Art. 82.- Elimínese el segundo inciso del Art. 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Art. 83.- A continuación del Art. 22 de la Ley de Régimen Tributario Interno agréguese el artículo siguiente:

“Art. …- Operaciones con partes relacionadas.- Los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con partes relacionadas están obligados a determinar sus ingresos y sus costos y gastos deducibles, considerando para esas operaciones los precios y valores de contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para efectos de control deberán presentar a la Administración Tributaria, en las misma fechas y forma que ésta establezca, los anexos e informes sobre tales operaciones. La falta de presentación de los anexos e información referida en este artículo, o si es que la presentada adolece de errores o mantiene diferencias con la declaración del Impuesto a la Renta, será sancionada por la propia Administración Tributaria con multa de hasta 15.000 dólares de los Estados Unidos de América.

La información presentada por los contribuyentes, conforme este artículo, tiene el carácter de reservada.”

Art. 84.- En el Art. 23 introdúzcanse las siguientes reformas:

1.- A continuación del inciso segundo, añádase lo siguiente:

“La administración tributaria podrá determinar los ingresos, los costos y gastos deducibles de los contribuyentes, estableciendo el precio o valor de la contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas operaciones los precios y valores de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, ya sea que éstas se hayan realizado con sociedades residentes en el país o en el extranjero, personas naturales y establecimientos permanentes en el país de residentes en el exterior, así como en el caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos.

El sujeto activo podrá, dentro de la determinación directa, establecer las normas necesarias para regular los precios de transferencia en transacciones sobre bienes, derechos o servicios para efectos tributarios. El ejercicio de esta facultad procederá, entre otros, en los siguientes casos:

a) Si las ventas se efectúan al costo o a un valor inferior al costo, salvo que el contribuyente demuestre documentadamente que los bienes vendidos sufrieron demérito o existieron circunstancias que determinaron la necesidad de efectuar transferencias en tales condiciones;

b) También procederá la regulación si las ventas al exterior se efectúan a precios inferiores de los corrientes que rigen en los mercados externos al momento de la venta; salvo que el contribuyente demuestre documentadamente que no fue posible vender a precios de mercado, sea porque la producción exportable fue marginal o porque los bienes sufrieron deterioro; y,

c) Se regularán los costos si las importaciones se efectúan a precios superiores de los que rigen en los mercados internacionales.

Las disposiciones de este artículo, contenidas en los literales a), b) y c) no son aplicables a las ventas al detal.

Para efectos de las anteriores regulaciones el Servicio de Rentas Internas mantendrá información actualizada de las operaciones de comercio exterior para lo cual podrá requerirla de los organismos que la posean. En cualquier caso la administración tributaria deberá respetar los principios tributarios de igualdad y generalidad.”

2.- En el inciso tercero, en el numeral 3, elimínese el “; y,”, añádase en el numeral 4 “;y,” y agréguese un numeral que diga:

“5.- Incremento injustificado de patrimonio.”

Art. 85.- En el Art. 25 de la Ley de Régimen Tributario Interno, remplácese la frase: “Ministro de Economía y Finanzas” por “Director General del Servicio de Rentas Internas”, y las palabras “acuerdo ministerial” por “Resolución”

Art. 86.- Elimínese el Art. 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Art. 87.- El tercer inciso del Art. 28 de la Ley de Régimen Tributario Interno, sustitúyase por el siguiente:

“En los contratos de construcción a precios fijos, unitarios o globales, se presumirá que la base imponible es igual al 15% del total del contrato.”

Art. 88.- En el Art. 30 de la Ley de Régimen Tributario Interno introdúzcanse las siguientes reformas:

En el primer inciso luego de las palabras “las sociedades”, inclúyase: “y demás contribuyentes obligados a llevar contabilidad”. En el segundo inciso, luego de las palabras: “personas naturales”, inclúyase: “y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad”.

Art. 89.- En el inciso primero del Art. 33 de la Ley de Régimen Tributario Interno elimínese la “Y” final.

Art. 90.- Remplácese el literal a) del Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“a) Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla de ingresos:

RENTA 2008

Fracción Exceso Impuesto Fracción % Imp. Frac. Ex.

0 5,000 0 0%

5,000 10,000 0 5%

10,000 20,000 250 10%

20,000 30,000 1,250 15%

30,000 45,000 2,750 20%

45,000 60,000 5,750 25%

60,000 80,000 9,500 30%

80,000 en adelante 15,500 35%

Los valores de la tabla precedente, serán corregidos anualmente por el Servicio de Rentas Internas mediante Resolución que se publicará en el Registro Oficial, en base al Índice de Precios al Consumidor en el área urbana, dictado en el mes de noviembre de cada año por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC-. La tabla así corregida tendrá vigencia para el año siguiente.”

Art. 91.- En el literal b) del Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, luego de las palabras “Ingresos de”, reemplácese la palabra “extranjeros” por “personas naturales”; y, luego de la frase “Los ingresos obtenidos por personas naturales”, suprímase la palabra “extranjeras”.

Art. 92.- Sustitúyase el lit. c) del Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“c) Los organizadores de loterías, rifas, apuestas y similares deberán pagar la tarifa única del 25% sobre sus utilidades, los beneficiarios pagarán el impuesto único del 15%, sobre el valor de cada premio recibido en dinero o en especie que sobrepase una fracción básica no gravada de Impuesto a la Renta de personas naturales y suceciones indivisas, debiendo los organizadores actuar como agentes de retención de este impuesto.”

Art. 93.- Sustitúyase el literal d) del Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“d) Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias, legados o donaciones, satisfarán el impuesto, de conformidad con el reglamento, aplicando a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla:

Fracción Exceso Impuesto % Fracción

Básica Hasta Fracción Básica Excedente

0 50.000 0 0%

50.000 250.000 0 25%

250.000 500.000 50.000 50%

500.000 en adelante 175.000 70%

Los valores de la tabla precedente, serán corregidos anualmente por el Servicio de Rentas Internas mediante Resolución que se publicará en el Registro Oficial, en base al Índice de Precios al Consumidor en el área urbana, dictado en el mes de noviembre de cada año por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC-. La tabla así corregida tendrá vigencia para el año siguiente.”

En el caso de herencias y legados el hecho generador lo constituye la delación y en el caso de donaciones el acto o contrato por el cual se transfiere el dominio.

Se presumirá donación, para los efectos impositivos de los que trata esta norma, toda transferencia de dominio de bienes y derechos de ascendientes a descendientes o viceversa.

Se presumirá donación incluso en la transferencia realizada con intervención de terceros cuando los bienes y derechos han sido de propiedad de los donantes hasta dentro de los cinco años anteriores; en este caso los impuestos municipales pagados por la transferencia serán considerados créditos tributarios para determinar este impuesto.”

Art. 94.- Elimínese el segundo inciso del Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Art. 95.- Suprímase el inciso final del Art. 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Art. 96.- En el primer inciso del Art. 40, luego de la frase: “serán presentadas anualmente”, inclúyase lo siguiente: “por los sujetos pasivos”

Art. 97.- A continuación del Art. 40 agréguese el siguiente:

“Art. 40A.- Información sobre patrimonio.- Las personas naturales presentarán una declaración de su patrimonio. En el Reglamento se establecerán las condiciones para la presentación de esta declaración.”

Art. 98.- En el Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno introdúzcanse las siguientes reformas:

1) En el numeral 1, reemplácese la palabra “ante” por la palabra “en”

2) Reemplácese el numeral 2 por el siguiente:

“2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas:

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas públcias sujetas al pago del impuesto a la renta:

Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido practicadas en el mismo;

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades, conforme una de las siguientes opciones, la que sea mayor:

b.1.- Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior, menos las retenciones que le hayan sido practicadas al mismo o,

b.2.- Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros:

§ El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total,

§ El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta,

§ El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y

§ El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta.

Este resultado constituye el anticipo mínimo del impuesto a la renta.

Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil.

Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros no considerarán en el cálculo del anticipo los activos monetarios.

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con relacionadas.

Las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al pago de este anticipo después del segundo año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En el caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización del Director General del Servicio de Rentas Internas, de conformidad a lo antes establecido. Se exceptúa de este tratamiento a las empresas urbanizadoras o constructoras que vendan terrenos o edificaciones a terceros y a las empresas de corta duración que logren su objeto en un período menor a dos años, las cuales comenzará a pagar el anticipo que corresponda a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que inicien sus operaciones.

c) El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de crédito;

d) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta Causado superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en la Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la diferencia.

e) Si no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio corriente fuere inferior al anticipo pagado más las retenciones, el contribuyente tendrá derecho a presentar reclamo de pago indebido o la correspondiente solicitud de pago en exceso, de la parte que exceda al anticipo mínimo. El anticipo mínimo pagado y no acreditado al pago del impuesto a la renta podrá ser utilizado sólo por el mismo contribuyente que lo pagó, como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta causado en los cinco ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se realizó el pago.

f) Si el contribuyente no aplicare como crédito tributario todo o parte del anticipo mínimo, en el plazo establecido de los cinco años, el excedente de anticipo se constituirá en pago definitivo, sin derecho a crédito tributario posterior.

g) Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. Tampoco están sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, así como aquellas en que la totalidad de sus ingresos sean exentos.

Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, estarán obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que acuerden su reactivación;

h) De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas Internas procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto de pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, que de conformidad con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un recargo del 20% del valor del anticipo.

i) El contribuyente podrá solicitar al Servicio de Rentas Internas, la reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta cuando demuestre que las rentas gravables para ese año serán inferiores a las obtenidas en el año anterior o que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta cubrirán el monto del impuesto a la renta a pagar en el ejercicio.

; y,

3) Suprímanse los numerales 3, 4, 5, 6 y 7;

Art. 99.- En el Art. 42 introdúzcanse las siguientes reformas, al final del primer inciso , luego de la palabra “personas”, agréguese la palabra “naturales”; y, reemplácese el numeral 2 por el siguiente:

“2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada, según el artículo 36 de esta Ley.”

Art. 100.- En el primer inciso del Art. 43 de la Ley de Régimen Tributario Interno, luego de la frase: “Los pagos que hagan los empleadores,”, agréguense la frase: “personas naturales o sociedades,”

Art. 101.- Remplácese el Art. 46 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“Art. 46.- Crédito tributario.- Los valores retenidos de acuerdo con los artículos anteriores constituirán crédito tributario para la determinación del impuesto a la renta del contribuyente cuyo ingreso hubiere sido objeto de retención, quien podrá disminuirlo del total del impuesto causado en su declaración anual.”

Art. 102.- Reemplácese el Art. 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“Art. 47.- Crédito Tributario y Devolución: En el caso de que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta y/o la parte del anticipo que supere al anticipo mínimo sean mayores al impuesto causado o no exista impuesto causado, conforme la declaración del contribuyente, éste podrá solicitar el pago en exceso, presentar su reclamo de pago indebido o utilizarlo directamente como crédito tributario sin intereses en el impuesto a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la declaración; la opción así escogida por el contribuyente respecto al uso del saldo del crédito tributario a su favor, deberá ser informada oportunamente a la administración tributaria, en la forma que ésta establezca.

La Administración Tributaria en uso de su facultad determinadora realizará la verificación de lo declarado. Si como resultado de la verificación realizada se determina un crédito tributario menor al declarado o inexistente, el contribuyente deberá pagar los valores utilizados como crédito tributario o que le hayan sido devueltos, con los intereses correspondientes más un recargo del 100% del impuesto con el que se pretendió perjudicar al Estado.”

Art. 103.- A continuación del primer inciso del Art. 48 de la Ley de Régimen Tributario interno, inclúyanse los siguientes incisos:

“Si el pago o crédito en cuenta realizado no constituye un ingreso gravado en el Ecuador, el gasto deberá encontrarse certificado por informes expedidos por auditores independientes que tengan sucursales, filiales o representación en el país. La certificación se referirá a la pertinencia del gasto para el desarrollo de la respectiva actividad y a su cuantía y adicionalmente deberá explicarse claramente por que el pago no constituiría un ingreso gravado en el Ecuador.

Esta certificación también será exigida a las compañías auditoras, a efectos de que justifiquen los gastos realizados por las mismas en el exterior. Estas certificaciones se legalizarán ante el cónsul ecuatoriano más cercano al lugar de su emisión.

Los reembolsos de honorarios, comisiones y regalías serán objeto de retención en la fuente de impuesto a la renta.”

Art. 104.- Sustitúyase el Art. 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“Art. 49.- Tratamiento sobre rentas del extranjero .- Toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior, que han sido sometidas a imposición en otro Estado, se excluirán de la base imponible en Ecuador y en consecuencia no estarán sometidas a imposición. En el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales no se aplicará la exención y las rentas formaran parte de la renta global del contribuyente.

En el reglamento se establecerán las normas para la aplicación de las disposiciones de este artículo.”

Art. 105.- En el Art. 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno, realícense las siguientes reformas:

1.- En el primer inciso, luego de la frase “Obligaciones de los agentes de retención.-“, inclúyase la siguiente frase:

“La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero.”

2.- Elimínese el segundo inciso

3.- En el tercer inciso, elimínense las palabras “depositar los valores retenidos”

4.- Sustitúyase el numeral primero por el siguiente:

“1.- De no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de retención será sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones que debiendo hacérselas no se efectuaron, más el valor que correspondería a los intereses de mora. Esta sanción no exime la obligación solidaria del agente de retención definida en el Código Tributario.”

5.- Sustitúyase el numeral 2 por el siguiente:

“2.- El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de conformidad con lo previsto por el artículo 100 de esta Ley; y,” ; y,

6.- Al final del Art. 50 agréguese el siguiente inciso:

“El retraso en la entrega o falta de entrega de los tributos retenidos conlleva la obligación de entregarlos con los intereses de mora respectivos y será sancionado de conformidad con lo previsto en el Código Tributario.”

Art. 106.- Sustitúyase el Art. 51, por el siguiente:

“Art. 51.- Destino del impuesto.- El producto del impuesto a la renta se depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas que para el efecto, se abrirá en el Banco Central de Ecuador. Una vez efectuados los respectivos registros contables, los valores correspondientes se transferirán en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.”

Capítulo 2

REFORMAS RELATIVAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Art. 107.- En el Art. 54 de la Ley de Régimen Tributario Interno agréguese el siguiente numeral:

“7. Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones.”

Art. 108.- Remplácese el numeral 4 del Art. 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“4.- Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios así como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto establezca el Presidente de la República;”

Art. 109.- El numeral 5 del Art. 55 dirá:

“5.- Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y piezas que se establezca por parte del Presidente de la República mediante Decreto;”

Art. 110.- El numeral 6 del Art. 55, dirá:

“6.- Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el caso de que por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes establecidas, regirán las listas anteriores;

Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano o veterinario.

Art. 111.- En el numeral 7 del Art. 55, luego de las palabras: “papel bond”, inclúyanse las palabras: “de hasta 75 gramos”

Art. 112.- Al final del literal d) del numeral 9 del Art. 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, elimínense la “y”, y la “,”; y a continuación agréguense los siguientes numerales:

“10.- Los que adquieran las instituciones del Estado y empresas públicas, definidas como tales en la Constitución Política de la República;.

Energía Eléctrica; y,

11. Lámparas fluorescentes.”

En el inciso final del Art. 55, cámbiese la frase: “previstas en el arículo 34 del Código Tributario”, por la frase: “previstas en el Código Tributario”.

Art. 113.- Remplácese el numeral 1 del Art. 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de transporte internacional de carga y el transporte de carga desde y hacia la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos;”

Art. 114.- Remplácese el numeral 2 y el numeral 5 del Art. 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno por los siguientes:

“2.- Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación de medicamentos;”

“5.- Los de educación, , sin límite en el nivel superior, y en el nivel primario y secundario en lo que no sobrepasen el precio en el año de una fracción no gravada con impuesto a la renta para personas naturales. El precio por servicio de educación se constituye por todos los pagos que por cualquier concepto se hagan a la entidad educativa tales como: matrícula, pensión, bonos, colegiaturas y derechos;;”

Art. 115.- Suprímase el numeral 15 del Art. 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno

Art. 116.- Remplácese el numeral 16 del Art. 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“16.- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes;”

Art. 117.- Agréguense los siguientes numerales al Art. 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno:

“21. Los prestados a las instituciones del Estado y empresas públicas, definidas como tales en la Constitución Política de la República.;

22.- Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia médica y accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de transito terrestres; y,

23.- Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán gravados con IVA tarifa 12%.”

Art. 118.- En el primer inciso del Art. 57, sustitúyase la frase: “Las personas naturales y jurídicas exportadoras que hayan pagado el IVA en la adquisición de bienes que exporten,”, por la siguiente: “”Las personas naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y retenido el IVA en la adquisición de bienes que exporten,”

Art. 119.- En el primer inciso del Art. 61 de la Ley de Régimen Tributario Interno, remplácese la palabra “suscribe” por “celebra”

Art. 120.- En el Art. 63 introdúzcanse las siguientes reformas:

1.- Al final del numeral 2 del literal b) elimínese la “y,”;

2.- Al final del numeral 3 del literal b) incorpórese “;y,”;

3.- A continuación del numeral 3 del literal b), agréguese el siguiente numeral:

“4.- Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten.”;

4.- Cámbiese el inciso siguiente al numeral 4 del literal b), por el siguiente:

“Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto al valor agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.”; y,

5.- A continuación de este segundo inciso agréguese el siguiente inciso:

“Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta.”

Art. 121.- En el numeral 1 del Art. 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, luego de la frase: “doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%),” , agréguese la siguiente: “, a la transferencia de bienes y prestación de servicios a las
instituciones del Estado y empresas públicas, definidas como tales en la Constitución Política de la República.”

Art. 122.- Remplácese el primer inciso del literal c) del numeral 2 del Art. 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“c) La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las ventas gravadas con tarifa 12%, más las Exportaciones, más las ventas a las instituciones del Estado y empresas públicas, definidas como tales en la Constitución Política de la República, con el total de las ventas.

Art. 123.- Remplácese el tercer y cuarto inciso del literal c) del numeral 2 del Art. 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno por los siguientes:

“No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, salvo en la parte en la que sean proveedores de bienes o servicios con tarifa cero a las instituciones del Estado y empresas públicas, definidas como tales en la Constitución Política de la República, en las adquisiciones locales e importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero, ni en las adquisiciones o importaciones de activos fijos de los sujetos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero.

En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá constar por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que se hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención.”

Art. 124.- Al final del Art. 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno agréguese el siguiente inciso:

“En el caso de que el sujeto pasivo tenga crédito tributario originado por las ventas a instituciones del Estado y empresas públicas definidas como tales en la Constitución Política de la República, que no pueda ser recuperado hasta seis meses posteriores a la declaración, podrá solicitar la devolución a la Administración Tributaria; siendo aplicable a esta devolución lo establecido en esta ley para la devolución del IVA a exportadores.”

Art. 125.- Remplácese el Art. 67 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“Art. 67.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento.

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA.”

Art. 126.- A continuación del inciso final del Art. 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno agréguense los siguientes:

“Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones practicadas al sujeto pasivo y el crédito tributario del mes anterior si lo hubiere.

Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los seis meses inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al Director Regional o Provincial del Servicio de Rentas Internas la devolución o la compensación del crédito tributario originado por retenciones que le hayan sido practicadas. La devolución o compensación de los saldos del IVA a favor del contribuyente no constituyen pagos indebidos y, consiguientemente, no causarán intereses.”

Art. 127.- En el segundo inciso del Art. 70, sustitúyase la frase: “, dentro de los plazos previstos en el artículo 154 del Código Tributario.”, por la frase: “, dentro de los plazos previstos en el Código Tributario, para las facilidades de pago.”

Art. 128.- En el Art. 71 de la Ley de Régimen Tributario Interno elimínese la frase: “los municipios, consejos provinciales”

Art. 129.- Sustitúyase el Art. 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por el siguiente:

“Art. 72.- IVA pagado en actividades de exportación.- Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago. Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado. El exportador deberá registrarse, previa a su solicitud de devolución, en el Servicio de Rentas Internas y éste deberá devolver lo pagado contra la presentación formal de la declaración del representante legal del sujeto pasivo que deberá acompañar las copias certificadas de las facturas en las que conste el IVA pagado.

De detectarse falsedad en la información, el responsable será sancionado con una multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió perjudicar al fisco.

El reintegro del impuesto al valor agregado, IVA, no es aplicable a la actividad petrolera en lo referente a la extracción, transporte y comercialización de petróleo crudo, ni a ninguna otra actividad relacionada con recursos no renovables.”

Art. 130.- Sustitúyase el inciso primero del Art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por el siguiente:

“Art. 73.- Devolución de IVA.- El IVA que paguen en la adquisición local o importación de bienes o en la demanda de servicios la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y Alegría, Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor y las universidades y escuelas politécnicas será reintegrado sin intereses en un tiempo no mayor a treinta (30) días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque o transferencia bancaria. Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se hubiera emitido la resolución de devolución del IVA reclamado. El Servicio de Rentas Internas deberá devolver el IVA pagado contra la presentación formal de la declaración del representante legal.”

Art. 131.- Al final del Art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno inclúyase el siguiente inciso:

“La Administración Tributaria una vez resuelta la devolución del IVA verificando la información reportada en los anexos de declaración del solicitante, se reserva el derecho de verificar que el monto devuelto sea el correcto, de detectarse una diferencia a favor del fisco, se procederá a compensar automáticamente contra futuras devoluciones de IVA que el contribuyente solicitare.”

Art. 132.- A continuación del Art. 74 de la Ley de Régimen Tributario Interno agréguese el siguiente :

“Art. (…) La Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadota sobre el IVA cuando corresponda, se conformidad con el Código Tributario y demás normas pertinentes.”

Capítulo 3

REFORMAS RELATIVAS AL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES

Art. 133.- Remplácese el Art. 75 de la Ley de Régimen Tributario por el siguiente:

“Art. 75.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a los consumos especiales ICE, el mismo que se aplicará al consumo y adquisición de: cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, productos alcohólicos y en general al consumo y adquisición de los bienes y servicios de procedencia nacional o importados, detallados en el artículo 82 de esta Ley..”

Art. 134.- Remplácese el Art. 76 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“Art. 76.- Base imponible.- La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios referenciales que mediante Resolución establezca anualmente el Director General del Servicio de Rentas Internas. A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-valorem que se establecen en esta Ley. Al 31 de diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una modificación al precio, los fabricantes o importadores notificarán al Servicio de Rentas Internas la nueva base imponible y los precios de venta al público sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos.

La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con ICE, no será inferior al resultado de incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo presuntivo de comercialización. Si se comercializan los productos con márgenes superiores al mínimo presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el margen mayor para determinar la base imponible con el ICE. La liquidación y pago del ICE aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando de hecho se comercialicen los respectivos productos con márgenes mayores, se considerará un acto de defraudación tributaria.

Se entenderá como precio ex-fábrica al aplicado por las empresas productoras de bienes gravados con ICE en la primera etapa de comercialización de los mismos. Este precio se verá reflejado en las facturas de venta de los productores y se entenderán incluidos todos los costos de producción, los gastos de venta, administrativos, financieros y cualquier otro costo o gasto no especificado que constituya parte de los costos y gastos totales, suma a la cual se deberá agregar la utilidad marginada de la empresa

El precio ex-aduana es aquel que se obtiene de la suma de las tasas arancelarias, fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la Corporación Aduanera Ecuatoriana al momento de desaduanizar los productos importados, al valor CIF de los bienes.

El precio de venta al público es el que el consumidor final pague por la adquisición al detal en el mercado, de cualquiera de los bienes gravados con este impuesto. Los precios de venta al público serán sugeridos por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con el impuesto, y de manera obligatoria se deberá colocar en las etiquetas. En el caso de lo productos que no posean etiquetas como vehículos, los precios de venta al público sugeridos serán exhibidos en un lugar visible de los sitios de venta de dichos productos.

Para los productos alcohólicos de elaboración nacional excepto la cerveza, la base imponible por unidad de expendio y únicamente para el cálculo del ICE, constituirá el “valor unitario referencial”, que se determinará multiplicando el valor referencial en dólares de los Estados Unidos de América por litro de alcohol absoluto que corresponda a la categoría del producto, establecido mediante Resolución de carácter general emitida por el Director General del Servicio de Rentas Internas, por el volumen real expresado en litros y multiplicado por el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac, que conste en el registro sanitario otorgado al producto, dividido para cien.

El valor referencial por categoría de producto se ajustará anual y acumulativamente en función de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU) para el subgrupo de bebidas alcohólicas, a noviembre de cada año, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Los nuevos valores serán publicados por el Servicio de Rentas Internas en el mes de diciembre y regirán desde el primero de enero del año siguiente.

El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado respecto de los productos mencionados en el artículo precedente, por el fabricante o importador en una sola etapa.

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el caso de servicios gravados, será el valor con el que se facture, por los servicios prestados al usuario final excluyendo los valores correspondientes al IVA y al ICE..

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto por los servicios de casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) y otros juegos de azar, corresponderá al valor de las fichas u otros medios utilizados para las apuestas.”

Art. 135.- En el Art. 77, sustitúyase el primer inciso por el siguiente:

“Estarán exentos del impuesto a los consumos especiales los productos destinados a la exportación.”

Art. 136.- Remplácese el Art. 78 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“Art. 78.- Hecho generador.- El hecho generador en el caso de consumos de bienes de producción nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada por el fabricante y la prestación del servicio dentro del período respectivo. En el caso del consumo de mercancías importadas, el hecho generador será su desaduanización.”

Art. 137.- En el Art. 80 de la Ley de Régimen Tributario Interno, al final del numeral 2, remplácese el punto (.) por: “; y,” y a continuación agréguense el siguiente numeral:

“3. Quienes presten servicios gravados.”

Art. 138.- El Art. 81 de la Ley de Régimen Tributario dirá:

“Art. 81.- Facturación del impuesto.- Los productores nacionales de bienes gravados por el ICE, y quienes presten servicios gravados tendrán la obligación de hacer constar en las facturas de venta, por separado, el valor total de las ventas y el impuesto a los consumos especiales.

En el caso de productos importados el ICE se hará constar en la declaración de importación.”

Art. 139.- Sustitúyase el Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

“Art. 82.- Están gravados con el impuesto a los consumos especiales los siguientes bienes y servicios:

GRUPO I TARIFA

1. Cigarrillos, productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, inhalados, mascados o utilizados como rapé). 200 %

2. Cerveza, 30 %

3. Bebidas gaseosas 20 %

4. Bebidas alcohólicas distintas

a la cerveza 50 %

5. Perfumes y aguas de tocador, joyería y sus

manufacturas, armas deportivas y videojuegos 35 %

6. Armas de Fuego 300 %

7. Focos Incandescentes 100 %

En caso de los cigarrillos rubios nacionales o importados de ninguna manera podrá pagarse, por concepto de ICE, un monto en dólares inferior al que pague por este tributo la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado nacional. Semestralmente, el Servicio de Rentas Internas determinará sobre la base de la información presentada por los importadores y productores nacionales de cigarrillos, la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado nacional y el monto del impuesto que corresponda por la misma. Además, se establece un precio mínimo que será igual a la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en mercado nacional.

GRUPO II TARIFA

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle:

– Camionetas cuyo precio de venta al público

sea de hasta USD 30.000 5%

– Vehículos motorizados cuyo precio de venta

al público sea de hasta USD 20.000 5%

– Vehículos motorizados, excepto camionetas,

cuyo precio de venta al público sea superior

a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 15%

– Vehículos motorizados, cuyo precio de venta

al público sea superior a USD 30.000 y de

hasta USD 40.000 25%

– Vehículos motorizados, cuyo precio de venta

al público sea superior a USD 40.000 35%

2. Aviones, avionetas y helicópteros excepto

aquellas destinadas al transporte comercial de

pasajeros, carga y servicios, motos acuáticas,

tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo 15%

GRUPO III TARIFA

1. Servicios de transmisión de imágenes y sonidos por cable o por satélite, tales como la televisión codificada 15%

2. Servicios de casinos, salas de juego (bingo – mecánicos) y otros juegos de azar 35%

Para efectos de este numeral el Impuesto se aplicará sobre la diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un mes por los juegos y apuestas, y el total de premios concedidos en dicho mes.

GRUPO IV TARIFA

1. Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que cobren a sus miembros y usuarios los Clubes Sociales, para prestar sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere los US $ 1.500 anuales 35%

2. Servicios de educación prestados por centros educativos de lujo entendiéndose por estos aquellos que, en el nivel primario y secundario en lo que sobrepasen el precio en el año de una fracción no gravada con impuesto a la renta para personas naturales. El precio por servicio de educación se constituye por todos los pagos que por cualquier concepto se hagan a la entidad educativa tales como: matrícula, pensión, bonos, colegiaturas y derechos 10%”

Art. 140.- Reemplácese el Art. 89 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por el siguiente:

“Art. 89.- Destino del impuesto.- El producto del impuesto a los consumos especiales se depositará en la respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se abrirá en el Banco Central del Ecuador. Luego de efectuados los respectivos registros contables, los valores pertinentes serán transferidos, en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.”

Art. 141.- A continuación del Art. 89 de la Ley de Régimen Tributario Interno agréguese el siguiente:

“Art. (…)La Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora sobre el ICE cuando corresponda, de conformidad con el Código Tributario y demás normas pertinentes.”

Art. 142.- Elimínese el segundo inciso del Art. 90 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Capítulo 4

SOBRE EL RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Art. 143.- A continuación del Art. 97 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el innumerado agregado por el artículo anterior, agréguese el siguiente Título, y los siguientes artículos:

Título….

RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Art. 97.1- Establécese el Régimen Simplificado (RS) que comprende las declaraciones de los Impuestos a la Renta y al Valor Agregado, para los contribuyentes que se encuentren en las condiciones previstas en este título y opten por éste voluntariamente.

Art. 97.2.- Contribuyente sujeto al Régimen Simplificado.- Para efectos de esta Ley, pueden sujetarse al Régimen Simplificado los siguientes contribuyentes:

a) Las personas naturales que desarrollen actividades de producción, comercialización y transferencia de bienes o prestación de servicios a consumidores finales, siempre que los ingresos brutos obtenidos durante los últimos doce meses anteriores al de su inscripción, no superen los sesenta mil dólares de Estados Unidos de América (USD $ 60.000) y que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 empleados.

b) Las personas naturales que perciban ingresos en relación de dependencia, que además desarrollen actividades económicas en forma independiente, siempre y cuando el monto de sus ingresos obtenidos en relación de dependencia no superen la fracción básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%), contemplada en el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno Codificada y que sumados a los ingresos brutos generados por la actividad económica, no superen los sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 60.000) y que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 empleados..

c) Las personas naturales que inicien actividades económicas y cuyos ingresos brutos anuales presuntos se encuentren dentro de los límites máximos señalados en este artículo.

Art. 97.3.- Exclusiones.- No podrán acogerse al Régimen Simplificado (RS) las personas naturales que hayan sido agentes de retención de impuestos en los últimos tres años o que desarrollen las siguientes actividades:

1) De agenciamiento de Bolsa;

2) De propaganda y publicidad;

3) De almacenamiento o depósito de productos de terceros;

4) De organización de espectáculos públicos;

5) Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario;

6) De agentes de aduana;

7) De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales;

8) De personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo dispuesto en esta Ley;

9) De comercialización y distribución de combustibles;

10) De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios realizadas por establecimientos gráficos autorizados por el SRI;

11) De casinos, bingos y salas de juego; y,

12) De corretaje de bienes raíces

Art. 97.4.- Inscripción, Renuncia y Cese de Actividades.- Los contribuyentes que reúnan las condiciones para sujetarse a éste régimen, podrán inscribirse voluntariamente en el Régimen Impositivo Simplificado y, por tanto, acogerse a las disposiciones pertinentes a este régimen, para lo cual el Servicio de Rentas Internas implantará los sistemas necesarios para la verificación y control de la información proporcionada por el solicitante. El Servicio de Rentas Internas rechazará la inscripción, cuando no se cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley.

La Administración Tributaria, de oficio, podrá inscribir a los contribuyentes que reúnan las condiciones para sujetarse a este Régimen y que no consten inscritos en el Registro Único de Contribuyentes.

Los contribuyentes, a partir del primer día del mes siguiente al de su inscripción en el Régimen Impositivo Simplificado, estarán sujetos a este Régimen y al cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

Mediante renuncia expresa, el contribuyente inscrito podrá separarse del Régimen Impositivo Simplificado, lo cual surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente. En caso de que el contribuyente cese sus actividades económicas, deberá dar de baja los comprobantes de venta no utilizados y suspender temporalmente el Registro Único de Contribuyentes.

La cancelación o suspensión del Registro Único de Contribuyentes por terminación de actividades económicas, conlleva la terminación de la sujeción al Régimen Impositivo Simplificado.

Los agentes económicos que no se adhieran o no sean aceptados a este Régimen, cumplirán con sus obligaciones tributarias y demás deberes formales, conforme lo establece el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y demás normativa aplicable.

Art. 97.5.- Categorización o Re categorización.- Los contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado, al momento de su inscripción, solicitarán su ubicación en la categoría que le corresponda, según:

a) Su actividad económica;

b) Los ingresos brutos obtenidos en los últimos doce meses anteriores a la fecha de la inscripción;

c) Los límites máximos establecidos para cada actividad y categoría de ingresos;

d) Para las personas naturales que trabajan en relación de dependencia y que, además, realizan otra actividad económica, sus ingresos brutos comprenderán la suma de los valores obtenidos en estas dos fuentes de ingresos;

e) Las personas naturales que inicien actividades económicas, se ubicarán en la categoría que les corresponda, según la actividad económica, los límites máximos establecidos para cada actividad y categoría de ingresos, y los ingresos brutos que presuman obtener en los próximos doce meses.

Si al final del ejercicio impositivo, el contribuyente registra variaciones sensibles frente a los límites establecidos para la categoría en la que se hubiere registrado, previa solicitud del contribuyente y Resolución del Servicio de Rentas Internas, se reubicará al contribuyente en la categoría correspondiente.

La Administración Tributaria, previa Resolución, excluirá del Régimen Impositivo Simplificado a aquellos contribuyentes cuyos montos superen los sesenta mil dólares anuales (60.000 USD), sin perjuicio de que el contribuyente, una vez superados dichos montos comunique su renuncia expresa al Régimen Impositivo Simplificado.

Art. 97.6.- Categorías.- De acuerdo con los ingresos brutos anuales, los límites máximos establecidos para cada actividad y categoría de ingresos y la actividad del contribuyente, el Sistema Simplificado contempla siete (7) categorías de pago, conforme a las siguientes tablas:

Las tablas precedentes serán actualizadas cada tres años por el Servicio de Rentas Internas, mediante resolución de carácter general que se publicará en el Registro Oficial, de acuerdo a la variación anual acumulada de los tres años del Índice de Precios al Consumidor en el Área urbana (IPCU), editado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) al mes de noviembre del último año, siempre y cuando dicha variación supere el 5%. Los valores resultantes se redondearán y regirán a partir del 1 de enero del siguiente año.

Los contribuyentes incorporados en el Régimen Impositivo Simplificado podrán solicitar a la Administración tributaria una deducción del 5% de la cuota correspondiente a su categoría, por cada nuevo trabajador bajo contrato vigente, que se encuentre debidamente afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al día en sus pagos. El SRI autorizará luego de la correspondientes revisión, la deducción correspondiente, cuyo valor acumulado no podrá superar el 50% del total de la cuota mensual.

El contribuyente cumplirá con el pago de las cuotas en forma mensual, a partir del mes siguiente al de su inscripción en el Régimen Simplificado y hasta el mes en que se produzca la renuncia, exclusión o cancelación. Los contribuyentes inscritos podrán cancelar sus cuotas por adelantado durante el ejercicio impositivo. Las suspensiones temporales de la actividad económica por cualquier causa no eximen el cumplimiento de las obligaciones por los períodos que correspondan.

En aquellos casos en que la fecha de inscripción al Régimen Simplificado por parte de contribuyentes ya registrados en el RUC no coincida con el mes de enero de cada año, el contribuyente deberá cumplir con sus obligaciones tributarias conforme lo dispuesto en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

En aquellos casos en que la fecha de renuncia o exclusión al Régimen Simplificado de contribuyentes ya acogidos a este sistema no coincida con el mes de diciembre de cada año, el contribuyente deberá cumplir con el pago anticipado de sus obligaciones tributarias por aquellos meses subsiguientes a la renuncia o exclusión del Régimen Impositivo Simplificado hasta el término del periodo fiscal.

La suspensión temporal del RUC solicitada por el contribuyente acogido al sistema, no podrá aprobarse por un plazo inferior a tres meses o superior a un año y suspende por igual plazo la obligación de pago de las cuotas correspondientes.

Art. 97.7.- Crédito Tributario.- El IVA pagado por los contribuyentes del Régimen Simplificado en sus compras no les genera en caso alguno crédito tributario.

El crédito tributario generado como contribuyentes del régimen general no podrá ser utilizado luego de su inclusión al Régimen Impositivo Simplificado. El IVA pagado mientras se encuentre dentro del Régimen Impositivo Simplificado, no será utilizado como crédito tributario luego de la renuncia o exclusión de este Régimen.

Art. 97.8.- Retención de Impuestos.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, no pagarán anticipo de impuesto a la Renta y en sus ventas o prestaciones de servicios, no serán objeto de retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta ni por el Impuesto al Valor Agregado IVA.

Art. 97.9.- Comprobantes de venta.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, que cumplan con sus obligaciones tributarias serán autorizados por el SRI únicamente para emitir notas o boletas de venta; o, tiquetes de máquina registradora, sin que en ellos se desglose el IVA y en los que deberá consignar obligatoriamente y de manera preimpresa la leyenda: “Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo Simplificado”.

Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Impositivo Simplificado deberán dar de baja los comprobantes de venta autorizados antes de su adhesión al régimen, que no hubieren sido utilizados. Cuando el contribuyente renuncie o sea excluido del Régimen Impositivo Simplificado, no podrá emitir los comprobantes de venta que no hayan sido utilizados.

Los comprobantes de venta emitidos por contribuyentes inscritos en el RS no darán derecho a crédito tributario de IVA a sus adquirentes o usuarios.

Los contribuyentes inscritos en este régimen solicitarán facturas por sus adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios. Si las adquisiciones o contrataciones de servicios fueran efectuadas a otros contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo Simplificado, solicitarán que se les identifique en la respectiva nota o boleta de venta haciendo constar su nombre y su número de registro.

Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado mantendrán en sus establecimientos los documentos que sustenten sus adquisiciones.

Los comprobantes de las compras y ventas que realicen deberán ser archivados por los contribuyentes en la forma y en condiciones que establezca el Servicio de Rentas Internas.

Art. 97. 10.- Presentación de Declaraciones y Registro.- Los contribuyentes que reúnan las condiciones previstas en la presente Ley deberán inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), no estarán obligados a llevar contabilidad y no presentarán declaraciones de Impuesto a la Renta, ni del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Art. 97.11.- Recategorización de oficio.- El Servicio de Rentas Internas modificará de oficio, previa Resolución, la ubicación de los sujetos pasivos del Régimen Simplificado, cuando se establezca que:

1. Sus ingresos brutos acumulados o sus adquisiciones de bienes o servicios en el ejercicio impositivo anterior exceden del límite superior de la categoría en la que esté ubicado.

2. El valor de depósitos o inversiones, de las adquisiciones de mercaderías o insumos para la comercialización o producción de bienes o servicios, de bienes muebles o inmuebles, haga presumir que el nivel de ingresos del contribuyente no corresponde con el de la categoría en la que se encuentra ubicado.

3. La actividad económica ejercida por el contribuyente, sea diferente con la actividad declarada en el Registro Único de Contribuyentes.

Esta recategorización será notificada al contribuyente, quien deberá justificar objetivamente ante la Administración sus operaciones en un plazo máximo de 20 días o pagar la cuota correspondiente a la nueva categoría, a partir del mes siguiente de la fecha de notificación.

Art. 97.12.- Exclusión.- El Servicio de Rentas Internas excluirá de este Régimen a los contribuyentes, cuando:

1) Sus ingresos brutos, acumulados en el ejercicio impositivo anterior, superen los sesenta mil (US$ 60.000) dólares;

2) Sus adquisiciones durante el ejercicio impositivo anterior exceda de sesenta mil (US$ 60.000) dólares. Lo dispuesto en el presente numeral no será aplicable a los contribuyentes que inician actividades, durante el primer año de operaciones;

3) Desarrollen alguna de las actividades económicas por las que no puedan acogerse al Régimen Simplificado;

4) Se encuentren en mora de pago de seis o más cuotas; y,

5) Por muerte o inactividad del contribuyente.

La recategorización o exclusión efectuada por parte del Servicio de Rentas Internas deberá ser notificada al contribuyente y se aplicará con independencia de las sanciones a las que hubiere lugar. Las impugnaciones que los contribuyentes inscritos realicen, en ejercicio de sus derechos, no tendrán efecto suspensivo.

Mediante la exclusión, el contribuyente será separado del Régimen Impositivo Simplificado, lo cual surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente.

Art. 97.13.- Auditoria.- La verificación de las operaciones de los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, procederá conforme las disposiciones del Código Tributario y demás normas pertinentes.

Art. 97.14.- Sanciones.- La inobservancia a los preceptos establecidos en éste título, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el Código Tributario y en la Disposición General Séptima de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 181 del 30 de abril de 1999 y demás sanciones aplicables.

Son causales adicionales de clausura de un establecimiento por un plazo de siete días, aplicables a los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo Simplificado, las siguientes:

1) No actualizar el RUC respecto de sus establecimientos y la actividad económica ejercida. La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con la obligación de actualizar su registro, sin perjuicio de la aplicación de la multa que corresponda.

2) Encontrarse retrasados en el pago de tres o más cuotas. La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con el pago de las cuotas correspondientes.

3) Registrarse en una categoría inferior a la que le corresponda, omitir su recategorización o su renuncia del Régimen. La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con su recategorización o renuncia de ser el caso.

4) No mantener los comprobantes que sustenten sus operaciones de ventas y compras aplicadas a la actividad, en las condiciones que establezca el Servicio de Rentas Internas.

La imposibilidad de ejecutarse la sanción de clausura no obsta la aplicación de la sanción pecuniaria que corresponda.

Para la aplicación de la sanción de clausura, se seguirá el procedimiento establecido en el literal b) de la Disposición General Séptima de la Ley Nº 99-24 publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 181 del 30 de abril de 1999.

Art. 97.15.- Normativa.- El Servicio de Rentas Internas establecerá la forma, plazos y lugares para la inscripción, pago, categorización, recategorización y renuncia del presente Régimen.

Capítulo 5

SOBRE LAS DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS Y FINAL DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Art. 144.- En el Art. 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno introdúzcanse las siguientes reformas:

1) Sustitúyase el inciso tercero por el siguiente:

“Cuando en la declaración no se determine Iimpuesto al Valor Agregado o Impuesto a la renta a cargo del sujeto pasivo, la sanción por cada mes o fracción de mes de retraso será equivalente al 0.1% de las ventas o de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período al cual se refiere la declaración, sin exceder el 5% de dichas ventas o ingresos. Estas sanciones serán determinadas, liquidadas y pagadas por el declarante, sin necesidad de resolución administrativa previa.”

2) Agréguese un inciso final con el siguiente texto:

“Para el cómputo de esta multa no se tomarán en cuenta limitaciones establecidas en otras normas.”

Art. 145.- En el segundo inciso del Art. 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno, cámbiese la palabra “fiscalización” por “determinación”

Art. 146.- Al final del Art. 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno agréguese el siguiente inciso:

“En el caso de errores en las declaraciones cuya solución no modifique el impuesto a pagar o implique diferencias a favor del contribuyente, siempre que con anterioridad no se hubiere establecido y notificado el error por la administración éste podrá enmendar los errores, presentando una declaración sustitutiva , dentro del año siguiente a la presentación de la declaración. Cuando la enmienda se origine en procesos de control de la propia administración tributaria y si así ésta lo requiere, la declaración sustitutiva se podrá efectuar hasta dentro de los tres años siguientes a la presentación de la declaración.”

Art. 147.- El Art. 103 reemplácese por el siguiente:

“Art. 103.- Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos de los impuestos al valor agregado y a los consumos especiales, obligatoriamente tienen que emitir comprobantes de venta por todas las operaciones mercantiles que realicen. Dichos documentos deben contener las especificaciones que se señalen en el reglamento.

El contribuyente deberá consultar, en los medios que ponga a su disposición el Servicio de Rentas Internas, la validez de los mencionados comprobantes, sin que se pueda argumentar el desconocimiento del sistema de consulta para pretender aplicar crédito tributario o sustentar costos y gastos con documentos falsos o no autorizados.

Sobre operaciones de más de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América USD $ 5.000,00, gravadas con los impuestos a los que se refiere esta Ley se establece la obligatoriedad de utilizar a cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.

Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta y el crédito tributario para el Impuesto al Valor Agregado sea aplicable, se requiere la utilización de cualquiera de los medios de pago antes referidos, con cuya constancia y el comprobante de venta correspondiente a la adquisición se justificará la deducción o el crédito tributario.

Cuando los sujetos pasivos del IVA y del ICE emitan comprobantes de venta obligatoriamente deberán entrar en la contabilidad de los sujetos pasivos y contendrán todas las especificaciones que señale el reglamento.

Facúltase al Director General del Servicio de Rentas Internas implantar los sistemas que considere adecuados para incentivar a los consumidores finales a exigir la entrega de facturas por los bienes que adquieran o los servicios que les sean prestados, mediante sorteos o sistemas similares, para lo cual asignará los recursos necesarios, del presupuesto de la Administración Tributaria.

Art. 148.- En el Art. 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno sustitúyase la frase: “10 hasta 100 salarios mínimos vitales” por: “30 hasta 1.500 dólares de los Estados Unidos de América”

Art. 149.- En el Art. 107 de la Ley de Régimen Tributario Interno sustitúyase la frase: “de conformidad con lo previsto en los artículos 158 y siguientes del Código Tributario” por la frase: “de conformidad con lo previsto en el Código Tributario”.

Art. 150.- A continuación del Art. 107 de la Ley de Régimen Tributario Interno, agréguense los siguientes artículos:

Art.107A.- Diferencias de Declaraciones y pagos.- El Servicio de Rentas Internas notificará a los contribuyentes sobre las diferencias que se haya detectado en las declaraciones del propio contribuyente, por las que se detecte que existen diferencias a favor del fisco y los conminará para que presenten las respectivas declaraciones sustitutivas y cancelen las diferencias, disminuyan el crédito tributario o las pérdidas, en un plazo no mayor a veinte días contados desde el día siguiente de la fecha de la notificación.

Art. 107 B.- Orden de cobro o Aplicación de Diferencias.- Si dentro del plazo señalado en el artículo anterior, el contribuyente no hubiere presentado la declaración sustitutiva, el Servicio de Rentas Internas procederá a emitir la correspondiente “Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración” o “Resolución de Aplicación de Diferencias” y dispondrá su notificación y cobro inmediato, incluso por la vía coactiva o la afección que corresponda a las declaraciones siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si se tratare de impuestos percibidos o retenidos.

Art. 107 C.- Cruce de información.- Si al confrontar la información de las declaraciones del contribuyente con otras informaciones proporcionadas por el propio contribuyente o por terceros, el Servicio de Rentas Internas detectare la omisión de ingresos, exceso de deducciones o deducciones no permitidas por la ley o cualquier otra circunstancia que implique diferencias a favor del Fisco, comunicará al contribuyente conminándole a que presente la correspondiente declaración sustitutiva, en el plazo no mayor a veinte días. Si dentro de tal plazo el contribuyente no hubiere presentado la declaración sustitutiva, el Servicio de Rentas Internas procederá a emitir la correspondiente “Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración” o “Resolución de Aplicación de Diferencias”y dispondrá su notificación y cobro inmediato, incluso por la vía coactiva o la afección que corresponda a las declaraciones siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si se tratare de impuestos percibidos o retenidos.”

Art. 151.- En el Art. 109 de la Ley de Régimen Tributario Interno sustitúyase la frase: “casos contemplados en el artículo 381 del Código Tributario” por la frase: “casos contemplados en el Código Tributario”.

Art. 152.- Elimínese el Art. 116 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Art. 153.- En el Art 117 de la Ley de Régimen Tributario Interno elimínese la frase: “El aguardiente obtenido de la destilación directa del jugo de caña deberá ser utilizado únicamente como materia prima para la obtención de alcoholes.”

Art. 154.- Suprímase la Disposición Transitoria Novena

Art. 155.- En la Disposición Final Única, luego de la frase: “Las disposiciones de esta Ley” añádase la siguiente: “que tiene la jerarquía de Orgánica,”

Título Tercero

REFORMAS DE OTROS CUERPOS LEGALES

REFORMAS AL CAPITULO I “IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS” DE LA LEY 2001-41 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 325, 14 de mayo del 2001

Art. 156.- Sustitúyase el artículo 5 de la Ley 2001-41 por el siguiente:

“Art. 5.- Tarifa.- Sobre la base imponible se aplicará la tarifa contenida en la siguiente tabla:

BASE IMPONIBLE TARIFA
0 4.000 0 0.5
4.001 8.000 20 1.0
8.001 12.000 60 2.0
12.001 16.000 140 3.0
16.001 20.000 260 4.0
20.001 24.000 420 5.0
24.001 En adelante 620 6.0

Este impuesto será el único exigible para la obtención de la matrícula anual de vehículos, además de los valores de las tasas que corresponden a la Policía Nacional o a la Comisión de Tránsito del Guayas, según el caso, y los correspondientes a multas impuestas por infracciones de tránsito.”

Título Cuarto

CREACION DE IMPUESTOS REGULADORES

CAPITULO I

Creación del Impuesto a la Salida de Divisas

Art. 157.- Creación del Impuesto a la Salida de Divisas.- Créase el impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema financiero.

Art. 158.- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a través de el giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. Cuando el hecho generador se produzca con intervención de las instituciones del sistema financiero, será constitutivo del mismo el débito a cualesquiera de las cuentas de las instituciones financieras nacionales e internacionales domiciliadas en el Ecuador que tenga por objeto transferir los recursos financieros hacia el exterior, inclusive las operaciones bancarias por concepto de cartas de crédito.

Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá declarar que han pagado el Impuesto quienes hayan efectuado remesas de dinero, aun cuando sea bajo un sistema de courier o sistema expreso, en sobre cerrado, de que tenga conocimiento la institución financiera. Todos los couriers autorizados para operar en el Ecuador, antes de tramitar cualquier envío al exterior, deberán recabar del ordenante una declaración en formulario, del que sea destinatario el Servicio de Rentas Internas , expresando que en el sobre o paquete no van incluidos cheques o dinero al exterior.

Las empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito al efectuar los pagos o transferencias monetarias al exterior por los consumos realizados por sus tarjetahabientes, realizarán el pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y llevarán obligatoriamente en su contabilidad un auxiliar con el detalle completo de los montos percibidos por concepto de este impuesto.

Quienes efectúen traslados, remesas o envíos de divisas en dinero en efectivo, sin la intermediación de las Instituciones del Sistema Financiero, por medio de las fronteras terrestres, aéreas o marítimas, que sean iguales o superiores a los USD 2.000 (dos mil dólares de Estados Unidos de América) declararán, liquidarán y cancelarán el Impuesto a la Salida de Divisas, en los Distritos Aduaneros pertinentes. De no efectuarse la declaración, liquidación y pago o de hacerla de forma parcial, o de detectarse falsedad en la información, se le impondrá una multa equivalente al 200% del monto del impuesto con el que se pretendió perjudicar al fisco.

Art. 159.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano que lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas.

Art. 160.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades privadas, en los términos de la Ley de Régimen Tributario Interno, nacionales o extranjeras, que transfieran o envíen dinero al exterior en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero.

Las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional se constituyen obligatoriamente en agentes de retención de este impuesto por las transferencias que realicen por disposición de sus clientes.

Art. 161.- Exenciones.-Para fines de la determinación y liquidación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) están exoneradas exclusivamente las siguientes transacciones:

a. Los pagos por concepto de Importaciones.

b. La repatriación de utilidades obtenidas por sucursales o filiales de empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador siempre que el destino inmediato no sean paraísos fiscales, de conformidad a lo que se señale el Servicio de Rentas Internas en la Resolución que emita y publique para este efecto.

c. Los pagos de capital e intereses por concepto de créditos externos que estén debidamente registrados en el Banco Central del Ecuador, siempre que el destino inmediato no sean paraísos fiscales, de conformidad a lo que señale el Servicio de Rentas Internas en la Resolución que emita y publique para este efecto.

d. Pagos por concepto de primas de compañías de reaseguros.

Art. 162.- Base Imponible.- La base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) es el monto del traslado de divisas, de la acreditación o depósito, o el monto del cheque, transferencia o giro al exterior.

Art. 163.- Declaración y Pago del Impuesto.- Los sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas declararan y pagaran el impuesto de la manera siguiente:

a) En los casos en que la salida de capitales, como producto de transferencias hacia el exterior, fuese efectuada por personas naturales y sociedades, diferentes de instituciones financieras, el Impuesto a la Salida de Divisas será retenido por la institución financiera a través de la cual se realizó la operación.

Esta entidad acreditará los impuestos retenidos en una cuenta única de donde los recursos no podrán ser retirados sino hasta cuando deban ser transferidos a la cuenta respectiva en el Banco Central del Ecuador mensualmente, de acuerdo al calendario de pago de retenciones en la fuente establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reformas. Los mismos plazos se aplicarán para la declaración del impuesto ante el Servicio de Rentas Internas.

En el caso de no darse la transferencia deliberada del impuesto retenido según lo establecido, este hecho será considerado como defraudación tributaria al fisco por parte de la institución financiera implicada, recayendo sobre el representante legal las sanciones civiles y penales pertinentes, según lo establecido en la legislación ecuatoriana.

b) Los sujetos pasivos que no utilicen el sistema financiero deberán declarar y pagar el impuesto dentro de los dos días siguientes a la operación, en cualquiera de las instituciones financieras, en la forma que se establezca en el Reglamento.

c) En el caso de que instituciones financieras nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador sean las que retiren divisas hacia el exterior, el Banco Central del Ecuador efectivizará la salida de los recursos monetarios al exterior previo al pago del impuesto y entregará al Servicio de Rentas Internas diariamente la información asociada a estas transacciones. El impuesto deberá ser acreditado dentro de los dos días hábiles siguientes por parte de la institución financiera a la cuenta respectiva en el Banco Central del Ecuador y declarado mensualmente al Servicio de Rentas Internas de acuerdo al calendario de pago de retenciones en la fuente establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

De igual manera que en el caso anterior, el no pago de este impuesto por parte de cualquier institución financiera será considerado como defraudación tributaria por parte de la institución financiera implicada según lo establecido en el literal a.

Art. 164.- Tarifa del Impuesto.- La tarifa del Impuesto a la Salida de Capitales es del 0,5%.

Art. 165.- Destino del Impuesto.- El producto de este impuesto se depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas en el Banco Central de Ecuador. Una vez efectuados los respectivos registros contables, los valores correspondientes se transferirán en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, para el financiamiento del Presupuesto General del Estado.

CAPITULO II

CREACIÓN DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Art. 166.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a los ingresos extraordinarios obtenidos por las empresas que han suscrito contratos con el Estado para la exploración y explotación de recursos no renovables.

Art. 167.- Concepto de ingresos extraordinarios.- Para efectos de este impuesto se considera ingresos extraordinarios a aquellos percibidos por las empresas contratantes, generados en ventas a precios superiores a los pactados o previstos en los respectivos contratos.

Art. 168.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas.

Art. 169.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del Impuesto a los Ingresos Extraordinarios las empresas que han suscrito contratos con el Estado para la exploración y explotación de recursos no renovables.

Art. 170.- Ejercicio impositivo.- El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando el ingreso extraordinario se genere en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año.

Art. 171.- Base imponible.- La base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos extraordinarios, constituyendo estos la diferencia entre el precio de venta y el precio base establecido en el contrato, multiplicado por la cantidad de unidades vendidas, a la que hace referencia dicho precio.

Cuando el precio base de los recursos no renovables no haya sido especificado en el correspondiente contrato, será establecido por el Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, que en ningún caso será menor al precio internacional vigente a la fecha de suscripción del contrato.

El precio base será ajustado conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América, publicado por el Banco Central del Ecuador.

Art. 172.- Tarifa del impuesto.- La tarifa del impuesto es del 70%.

Art. 173.- Los valores que por otras normas hayan sido pagados al Estado por concepto de ingresos extraordinarios, constituirán crédito de este impuesto.

Art. 174.- El pago de este impuesto constituye gasto deducible para la liquidación del Impuesto a la Renta, conforme lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno.

CAPITULO III

CREACION DEL IMPUESTO A LAS TIERRAS IMPRODUCTIVAS RURALES

Art. 175.- Establécese el impuesto anual sobre la propiedad o posesión de inmuebles rurales que se regirá por las disposiciones del presente título.

Art. 176.- Hecho Generador.- Se considera hecho generador de este impuesto la propiedad o posesión de tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural según la delimitación efectuada por cada municipalidad en las ordenanzas correspondientes que se encuentre ubicado dentro de un radio de cuarenta kilómetros de las cuencas hidrográficas, canales de conducción o fuentes de agua definidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o por la autoridad ambiental. La propiedad o posesión se entenderá conforme se determine en el Reglamento.

Para el establecimiento de la superficie de tierras gravadas con este impuesto se sumarán todos los predios del contribuyente.

Art. 177.- Sujeto Activo.- El Estado es el sujeto activo de este impuesto quien lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas.

Art. 178.- Sujetos Pasivos.- Están obligados al pago de este tributo en calidad de contribuyentes, las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, que sean propietarios o posesionarios de inmuebles rurales, con las salvedades previstas en la presente ley.

Art. 179.- Base del gravamen.- Para el cálculo del impuesto se considerará como base imponible el área del inmueble determinada en el catastro que para el efecto elaborará el Servicio de Rentas Internas con la información anual que le proporcionarán los Municipios del país y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Art. 180.- Cuantía.- Los sujetos pasivos deberán pagar el valor equivalente al uno por mil de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno, por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 hectáreas.

Art. 181.- Deducible.- Este impuesto, multiplicado por cuatro, será deducible para el cálculo de la renta generada exclusivamente por la producción de la tierra y hasta por el monto del ingreso gravado percibido por esa actividad en el correspondiente ejercicio económico, aplicable al Impuesto a la Renta Global.

Art. 182.- Exoneraciones.- Están exonerados de este impuesto los propietarios o poseedores de inmuebles en los siguientes casos:

a) Los inmuebles ubicados a más de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar.

b) Los inmuebles ubicados en áreas de protección o reserva ecológica, definidos por el organismo correspondiente.

c) Los inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas.

d) Humedales y bosques naturales debidamente calificados por la autoridad ambiental.

e) Los inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades que conforman el sector público.

f) Los inmuebles de propiedad de Universidades o Centros de Educación superior reconocidos por el CONESUP, excepto las particulares autofinanciadas, en la parte que destinen para investigación o educación agropecuaria.

Art. 183.- Liquidación y pago.- El Servicio de Rentas Internas determinará el Impuesto en base al catastro que elabore y los sujetos pasivos lo pagarán en las instituciones financieras autorizadas, hasta el 30 de junio de cada año, conforme el procedimiento establecido en el reglamento.

Título Quinto

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Todas las sociedades que gocen de exoneraciones tributarias, sean destinatarias de tributos o de cualquier forma se beneficien o participen de ellos, se encuentran sometidas al control de la Contraloría General del Estado, en los términos previstos en su Ley Orgánica y demás normas aplicables.

SEGUNDA.- Las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas y las cofinanciadas por el Estado, los Municipios y Consejos Provinciales que venían siendo beneficiarios de la donación del Impuesto a la Renta, recibirán anualmente en compensación y con cargo al Presupuesto General del Estado un valor de hasta el equivalente a lo recibido por el último ejercicio económico, que se ajustará anualmente conforme el deflactor del Producto Interno Bruto. El Presidente de la República, mediante Decreto establecerá los parámetros y mecanismo de compensación.

TERCERA.- Las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas, las cofinanciadas por el Estado y las entidades del sector público que, por las reformas que por esta Ley de introducen, dejan de ser beneficiarias de las preasignaciones que se establecían en la Ley de Régimen Tributario Interno, recibirán en compensación, del Presupuesto General del Estado, un valor de por lo menos el equivalente a lo recibido por el último ejercicio económico, que se ajustará anualmente conforme el deflactor del Producto Interno Bruto. El Presidente de la República, mediante Decreto establecerá los parámetros y mecanismo de compensación.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Derógase el Art. 46 de la Ley 51, publicada en el Registro Oficial No. 349, de 31 de diciembre de 1993, reformado por el Art. 49 de la Ley 99-24, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 181, del 30 de abril de 1999.

SEGUNDA.- Derógase la Disposición Final Primera de la Ley 51, publicada en el Registro Oficial No. 349, de 31 de diciembre de 1993, reformada por el Art. 21 del Decreto Ley 05, publicado en el Registro Oficial 396 del 10 de marzo de 1994, por el literal b) del Art. 49 de la Ley 99-24, publicada en el Registro Oficial Suplemento 181 del 30 de abril de 1999; y por el literal b) del Art. 60 de la Ley 2001-41, publicada en el Registro Oficial Suplemento 325 de 14 de mayo de 2001.

TERCERA.- Derógase el artículo agregado al Código Penal por el artículo 50 de la Ley 51, publicada en el Registro Oficial 349 del 3|1 de diciembre de 1993.

CUARTA.- Se deroga la disposición final Primera de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del R.O. del 30 de abril de 1999.

QUINTA.- Se deroga La ley de deducción del impuesto a la renta a las personas naturales o jurídicas que hagan donaciones y subvenciones a la fundación malecón 2000 (Ley No. 26)

SEXTA.- Se deroga la ley que otorga, a través de donaciones voluntarias, participación en el impuesto a la renta a los municipios y consejos provinciales del país (Ley No. 2002-92)

SEPTIMA.- Se deroga la Disposición general segunda y disposición transitoria cuarta de la Ley de Reforma Tributaria 2001-41

OCTAVA.- Se deroga la Ley 2005-20, “Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y Prestación de Servicios” publicada en el Registro Oficial 148 de 18 de noviembre de 2005.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Las infracciones tributarias cometidas antes de la vigencia de esta Ley serán sancionadas de conformidad con las normas vigentes a la época de su cometimiento, pero su juzgamiento se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en este Código.

Segunda: El Director General del Servicio de Rentas Internas, en la administración tributaria central y los prefectos provinciales y alcaldes, en su caso, en la administración tributaria seccional y las máximas autoridades de la administración tributaria de excepción, mediante resolución, darán de baja los títulos de crédito, liquidaciones, resoluciones, actas de determinación y demás documentos contentivos de obligaciones tributarias, incluidas en ellas el tributo, intereses y multas, que sumados por cada contribuyente no superen un salario básico unificado del trabajador en general, vigente a la publicación de la presente y que se encuentren prescritos o en mora de pago por un año o más, háyase iniciado o no acción coactiva.

Tercera.- En las normas en las que en esta Ley se hace referencia a las “instituciones del Estado y empresas públicas, definidas como tales en la Constitución Política de la República” como beneficiarias de la exención del impuesto a la renta y de la tarifa cero de IVA en sus adquisiciones de bienes y servicios, se entenderá referidas a las definidas con instituciones del Estado en el Art. 118 de la Constitución Política vigente y a las empresas públicas que prestan servicios públicos, que son las mismas que percibían ingresos exentos de impuesto a la renta y tenían el derecho a la devolución del IVA.

Cuarta.- El impuesto a las Ingresos Extraordinarios establecido en la presente Ley se aplicará a los contratos que se suscriban a partir de la publicación de esta Ley

Quinta.- En el plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, el Servicio de Rentas Internas establecerá los mecanismos y condiciones para el inicio de la aplicación del Régimen Tributario Simplificado.

Sexta.- El Servicio de Rentas Internas deberá emitir las Resoluciones a las que se refiere esta Ley, en el plazo de treinta días contados desde su publicación.

Séptima.- Para la elaboración del catastro referido en las normas de creación del Impuesto a las Tierras Improductivas, las entidades obligadas a entregar información para su elaboración tendrán el plazo de sesenta días contados desde que el Servicio de Rentas Internas realice el requerimiento de la información pertinente.

Octava.- Los Reglamentos necesarios para la aplicación de las reformas y nuevos tributos que se establecen en esta Ley serán dictados por el Presidente de la República en el plazo de noventa días.

Novena.- Todos aquellos juicios que se encuentren pendientes de resolución en los Tribunales Distritales de lo Fiscal, iniciados antes del 31 de diciembre de 1993 y cuya cuantía dolarizada según el Art. 11 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, no superen los US$ 300 dólares de los Estados Unidos de América serán archivados y se eliminarán de las cuentas contables fiscales, sea que se trate de valores reclamados por el contribuyente o por cobrar a favor del fisco.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre toda norma que se le oponga.

SEGUNDA.– A partir de la publicación de la misma en el Registro Oficial, el Código Tributario tendrá categoría de Ley Orgánica y sus disposiciones prevalecerán sobre cualquier cuerpo de Ley que tenga categoría de General, anterior o posterior, que se le oponga.


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