Texto completo de Reformas a la Constitución planteado por el Conesup Art. 1 al 373

EL PUEBLO DEL ECUADOR

Inspirado en su historia milenaria, en el ejemplo de sus héroes y en el trabajo de hombres y mujeres que, con su esfuerzo, forjan la patria,

consagra como valores superiores de su ordenamiento jurídico la vida, la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia, el trabajo, el progreso, la solidaridad, la equidad y la paz, que han guiado sus pasos desde los albores de la vida republicana;

proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana con el reconocimiento de la diversidad de cultos, pueblos, etnias y culturas;

reitera su decisión de participar en la comunidad internacional, promoviendo el establecimiento de relaciones pacíficas y de cooperación con todos los pueblos de la tierra, particularmente con los que integran la comunidad latinoamericana y,

en ejercicio de su soberanía e invocando la protección de Dios,

establece en esta Constitución las normas fundamentales que amparan los derechos y libertades, organizan democráticamente el Estado y sus instituciones e impulsan el desarrollo sustentable y equitativo en lo económico y social.

TITULO I
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 1
1. El Ecuador es un estado social y democrático de derecho, soberano, independiente, laico, pluricultural y multiétnico. Se organiza en forma de república, con un sistema de gobierno presidencial, electivo, alternativo, responsable, representativo y participativo.

2. Sobre la base de su unidad indisoluble, el Ecuador se gobierna descentralizadamente, mediante un régimen de autonomías, para integrar armónica, solidaria y equitativamente el territorio nacional.

3. La soberanía radica en el pueblo, depositario del poder constituyente, del que emana el poder público. La ejerce directamente por los medios democráticos previstos en esta Constitución a través de los órganos del Estado.

4. El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley.

5. La bandera, el escudo y el himno establecidos por la ley son los símbolos de la patria.

Artículo 2
1. El territorio ecuatoriano es inalienable e irreductible. Comprende el de la Real Audiencia de Quito con las modificaciones acordadas en los tratados válidos. Incluye las islas adyacentes, el Archipiélago de Galápagos, el mar territorial, la plataforma submarina, el subsuelo, las aguas y el espacio suprayacente, y ejercerá sus derechos sobre la órbita geoestacionaria.

2. El Ecuador tiene sus derechos sobre el territorio de la Antártida, de conformidad con los instrumentos internacionales.
3. La capital es Quito.

Artículo 3
Como estado social y democrático de derecho, son sus deberes primordiales:

1. Proteger la vida en todas sus manifestaciones.
2. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.

3. Respetar, promover y garantizar, mediante acciones concretas y permanentes de todos los órganos de poder público, la real y efectiva vigencia de los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales vigentes. Para tal fin, los órganos del poder público deberán superar los obstáculos que impidan o dificulten su realización plena.

4. Asegurar a todos sus habitantes la seguridad social y la igualdad en la satisfacción de las necesidades básicas, que, de no ser satisfechas, impiden vivir con libertad y realizar sus proyectos personales de vida.

5. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el ambiente.

6. Planificar el desarrollo nacional para promover el crecimiento sustentable y sostenible de la economía y la distribución equitativa de los ingresos, la riqueza y los recursos para el bienestar colectivo.

7. Erradicar la pobreza y promover el progreso social, económico y cultural de sus habitantes.

8. Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del Estado.

9. Garantizar la vigencia del sistema democrático participativo.

10. Erradicar la corrupción en la administración pública.

TÍTULO II
DE LOS HABITANTES

Capítulo 1
De los ecuatorianos

Artículo 4
Todos los ecuatorianos son ciudadanos y, como tales, gozan de los derechos establecidos en esta Constitución, que se ejercerán en los casos y con los requisitos que determine la ley.

Artículo 5
Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización.

Artículo 6
Son ecuatorianos por nacimiento:

1. Los nacidos en el Ecuador.
2. Los nacidos en el extranjero de padre y/o madre ecuatorianos.

Artículo 7
Son ecuatorianos por naturalización:

1. Quienes obtengan carta de naturalización.

2. Quienes, mientras sean menores de edad, son adoptados en calidad de hijos por ecuatoriano. Conservan la ciudadanía ecuatoriana si no expresan voluntad contraria al llegar a su mayoría de edad.

3. Quienes nacen en el exterior, de padres extranjeros que se naturalicen en el Ecuador, mientras sean menores de edad. Al llegar a los dieciocho años conservarán la ciudadanía ecuatoriana si no hicieren expresa renuncia de ella.

4. Quienes obtengan la ciudadanía ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país.
5. Los habitantes de territorio extranjero en las zonas de frontera, que acrediten pertenecer al mismo pueblo ancestral ecuatoriano, con sujeción a los convenios y tratados internacionales, y que manifiesten su voluntad expresa de ser ecuatorianos.

Artículo 8
La ciudadanía no se pierde por el matrimonio o su disolución.

Artículo 9
Quienes adquieran la ciudadanía ecuatoriana conforme al principio de reciprocidad, a los tratados que se hayan celebrado y a la expresa voluntad de adquirirla, podrán mantener la ciudadanía o nacionalidad de origen.

Artículo 10
1. Quien tenga la ciudadanía ecuatoriana al expedirse la presente Constitución, continuará en goce de ella.

2. Los ecuatorianos por nacimiento que se naturalicen o se hayan naturalizado en otro país podrán mantener la ciudadanía ecuatoriana.

3. Es obligación del Estado proteger a los ecuatorianos que se encuentren fuera del territorio nacional por cualquier causa.

Artículo 11
En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador.

Artículo 12
La ciudadanía ecuatoriana se pierde por cancelación de la carta de naturalización y se recupera conforme a la ley.

Capítulo 2
De los extranjeros

Artículo 13
1. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley.

2. Bajo condiciones de reciprocidad, los extranjeros residentes en el Ecuador tienen derecho a acceder a cargos públicos y a elegir y ser elegidos para desempeñar dignidades en el régimen seccional, en los términos que señale la ley.

Artículo 14
Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de estas a toda reclamación diplomática. Si tales contratos fueren celebrados en el territorio del Ecuador, no se podrá convenir la sujeción a una jurisdicción extraña.
Artículo 15
Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir tierras en áreas reservadas a la defensa nacional.

TÍTULO III
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROCESOS CONSTITUCIONALES

Capítulo 1
Principios generales sobre derechos

Artículo 16
El más alto deber del Estado consiste en promover, respetar, hacer respetar y garantizar, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes.

Artículo 17
1. Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad.

2. En materia de derechos humanos y garantías constitucionales, se aplicará la norma y la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia.

3. Las normas sobre derechos humanos deben interpretarse de conformidad con los preceptos de esta Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes sobre la materia y las decisiones de los órganos correspondientes del Sistema Interamericano y del Sistema de las Naciones Unidas vinculantes para el Ecuador.

4. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley para el ejercicio de estos derechos.

5. No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos o para negar el reconocimiento de tales derechos.

6. Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales; sin embargo, podrán regularlos, respetando su contenido esencial.

Artículo 18
Los derechos y garantías señalados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales no excluyen otros que sean necesarios para el respeto de la dignidad de la persona y su pleno desenvolvimiento moral y material.

Artículo 19
1. Las instituciones del Estado y sus delegatarios y concesionarios estarán obligadas a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos.

2. Con el procedimiento determinado en la ley, las instituciones mencionadas en el numeral anterior estarán obligadas a ejercer el derecho de repetición en contra de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave, hayan causado los perjuicios.

Artículo 20
Los funcionarios, empleados públicos o agentes de autoridad que por acción u omisión violen o menoscaben los derechos garantizados por esta Constitución incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores.

Artículo 21
El Estado será civilmente responsable en los casos de error judicial que viole la tutela judicial efectiva, por los actos que hayan producido la privación de libertad de un inocente o su detención arbitraria, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. El Estado repetirá contra el juez o funcionario responsable.

Artículo 22
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada por efecto de recursos de revisión, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, será rehabilitada e indemnizada por el Estado, de acuerdo con la ley.

Artículo 23
1. Los derechos de la persona son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; las acciones para reclamarlos no caducan con el tiempo.

2. Las acciones civiles por daños y perjuicios ocasionados por violación de los derechos humanos pueden sustanciarse independientemente de las penales y serán imprescriptibles.

Capítulo 2
De los derechos civiles

Artículo 24
El Estado reconoce y garantiza a las personas los siguientes derechos:

1. A la vida desde su concepción, salvo en los casos de excepción previstos por la ley.

1.1. El ser humano debe estar protegido contra los experimentos médicos y de ingeniería genética, que signifiquen amenaza a sus derechos fundamentales.

1.2. Se prohíbe la clonación reproductiva y toda intervención dentro del patrimonio genético de las células reproductoras y los embriones; se permite la clonación terapéutica regulada por la ley.

1.3. No se podrá introducir o mezclar elementos genéticos o embrionarios no humanos en el patrimonio genético humano.

1.4. El recurso a métodos de reproducción asistida por la medicina no estará autorizado más que en el caso de esterilidad y de peligro de transmisión de enfermedad genética no curable por otro medio, y nunca para desarrollar ciertas cualidades en el niño y niña o en casos dedicados a la investigación científica. La fecundación de óvulos humanos fuera del cuerpo de la mujer sólo estará autorizada en los casos previstos por la ley.

1.5. La adopción de embriones solo estará permitida en el caso de que existan excedentes de pre embriones en un proceso de reproducción asistida, que sea gratuita y aceptada por escrito por el donante, conforme a las condiciones y límites que establezca la ley;

1.6. La maternidad subrogante solo podrá realizarse si quien fuere a recibir las células, gametos o pre embriones fuera familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, y de conformidad con lo establecido en la ley.

1.7. Se prohíbe el comercio de material germinal humano, pre embriones, embriones o productos resultantes de embriones.

1.8. La donación de órganos, texturas y células es gratuita y voluntaria; el comercio con órganos está prohibido.

1.9. La ley preverá la creación de un organismo público de control para las instituciones que realicen investigaciones y procedimientos de reproducción asistida, clonación u otras actividades semejantes.

2. A la inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte.

3. A la integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral.

4. A la igualdad ante la ley. Todas las personas se consideran iguales y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, género, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.

5. A la igualdad real, para corregir las inequidades de la sociedad y asegurar a todos la satisfacción de las necesidades básicas, aplicando el principio de acción positiva.

6. A la libertad. Todas las personas nacen libres.

6.1. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. Ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, multas ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.

6.2. Nadie podrá ser obligado a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley.

7. El libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás.

8. A vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente.

9. A disponer de bienes y servicios de óptima calidad; elegirlos con libertad, así como recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.

10. A la honra, la buena reputación y la intimidad personal y familiar. La Ley protegerá el buen nombre, la imagen y la voz de la persona.

10.1. La ley regulará el uso del tratamiento automatizado de la información para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos;

10.2. El patrimonio genético de una persona no puede ser analizado, registrado o publicado si no es con el consentimiento del sujeto o sobre la base de una prescripción legal.

10.3. Solo en los casos de necesidad médica se utilizará información referente a la salud y vida sexual.

10.4. Sin el consentimiento de la persona, no se utilizará información personal sobre creencias religiosas, orientación sexual, filiación política, situación laboral y económica, que, sin constar en registros públicos, se refieran a la esfera de su intimidad.

11. A acceder a la información que sobre sí mismas o sobre sus bienes tengan entidades o personas públicas o privadas y a conocer el uso que se haga de ella.

12. A la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las acciones y responsabilidades previstas en la Constitución y en la ley.

12.1. La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honra por informaciones o publicaciones, pagadas o no, hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación que se rectifica.

13. A la comunicación y establecer medios de comunicación social y acceder, en igualdad de condiciones, a frecuencias de radio y televisión. Se impedirá la organización de oligopolios en la comunicación.

14. A la libertad de religión, expresada en forma individual o colectiva, en público o en privado. Las personas practicarán libremente el culto que profesen, con las únicas limitaciones que la ley prescriba para proteger y respetar la diversidad, la pluralidad, la seguridad y los derechos de los demás.

15. A la libertad de conciencia: Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias de cualquier naturaleza ni obligado a declararlas ni a actuar contra ellas.

15.1. A guardar reserva sobre sus convicciones de cualquier naturaleza, o expresarlas en forma individual o colectiva, con respeto a las que le sean ajenas.

16. A la inviolabilidad de domicilio. Nadie podrá ingresar en él ni realizar inspecciones o registros sin la autorización de la persona que lo habita o sin orden judicial, en los casos y forma que establece la ley.

17. A la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. Esta sólo podrá ser retenida, abierta y examinada en los casos previstos en la ley. Se guardará el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. El mismo principio se observará con respecto a cualquier otro tipo o forma de comunicación.

18. A transitar libremente por el territorio nacional y escoger su residencia, salvo las excepciones contempladas en esta Constitución y en la ley.

18.1. Los ecuatorianos gozarán de libertad para entrar y salir del Ecuador; este derecho no podrá ser limitado por motivos de índole política o ideológica. En cuanto a los extranjeros, se estará a lo dispuesto en la ley.

18.2. La prohibición de salir del país solo podrá ser ordenada por juez competente, de acuerdo con la ley.

19. A dirigir reclamos y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso en nombre del pueblo y recibir la atención o las repuestas motivadas, en el plazo máximo de treinta días. En el caso de que el reclamo o petición no sea atendido, se entenderá, por el silencio administrativo, que la solicitud ha sido aprobada o que el reclamo ha sido resuelto favorablemente, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario público que la ocasionare.

20. A la libertad de empresa, con responsabilidad social y sujeción a la ley.

21. A la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso.

22. A la libertad de contratación, con sujeción a la ley.

23. A la libertad de asociación, de reunión y de manifestación pública, con fines pacíficos.
23.1. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, cualquiera que fuere su naturaleza.

24. A una calidad de vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios.

25. A participar en la vida cultural de la comunidad.

26. A la propiedad en los términos que señala la Constitución y la ley.

27. A la identidad personal, de acuerdo con la ley.

28. A tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual y reproductiva, de conformidad con la Constitución y la ley.

29. A la seguridad jurídica, que incluye, entre otros, los principios de publicidad, formalidad, razonabilidad y aplicabilidad del ordenamiento jurídico.

30. Al debido proceso y a una justicia sin dilaciones.

Artículo 25
Para asegurar el debido proceso en todo caso y materia deben observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia:

1. Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

1.1. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa.

2. En caso de conflicto entre dos leyes que contengan sanciones, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación fuere posterior a la infracción; y, en caso de duda, la norma que contenga sanciones se aplicará en el sentido más favorable al encausado. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación del recurrente.

3. Las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones. Determinarán también sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad, de conformidad con la naturaleza de cada caso, la personalidad del infractor y la reinserción social del sentenciado.

4. Nadie será detenido sino por orden escrita de juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley y por infracción sancionada con privación de libertad, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsele detenido sin fórmula de juicio, por más de veinticuatro horas. Se exceptúan los arrestos disciplinarios previstos por la ley dentro de los organismos de la Fuerzas Armadas y la Policía Civil Nacional. Nadie podrá ser incomunicado.

4.1. La privación de libertad solo procederá para garantizar la comparecencia del imputado o acusado en el proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena, con la concurrencia de los requisitos previstos en la ley.

4.2. No habrá privación de libertad por la sola comisión de contravenciones; los jueces y autoridades aplicarán alternativas contempladas en la ley para estos casos.

5. Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho a conocer en forma clara las razones de su detención, la identidad de la autoridad que la ordenó, la de los agentes que la llevan a cabo y la de los responsables del respectivo interrogatorio.

5.1. Tendrá derecho a que se compruebe su identidad con relación a la orden de detención emitida.

5.2. Será informada de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un abogado o un defensor público nombrado por el Estado, en caso de que el interesado no pueda o se rehúse a designar a su propio defensor, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

5.3. Será sancionado quien haya detenido a una persona, con o sin orden escrita del juez, y no justifique haberla entregado inmediatamente a la autoridad competente.

6. Ninguna persona podrá ser interrogada, ni aun con fines de investigación, por el Ministerio Público, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la asistencia de un abogado defensor particular o un defensor público nombrado por el Estado, en caso de que el interesado no pueda o se rehúse designar a su propio defensor. Cualquier diligencia judicial, pre procesal o administrativa que no cumpla con este precepto, carecerá de eficacia probatoria.

7. Se presumirá la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada.

8. Bajo la responsabilidad de quien conoce la causa, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión, siempre que el retardo no sea imputable al encausado o a su defensor. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.

8.1. En todo caso, y sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, el detenido recobrará inmediatamente su libertad, sin perjuicio de cualquier consulta o recurso pendiente.

9. Nadie podrá ser obligado a declarar en juicio penal contra su cónyuge o parientes hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni compelido a declarar en contra de sí mismo, en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.

9.1 Serán admisibles las declaraciones voluntarias de quienes resulten víctimas de un delito o las de parientes, con independencia del grado de parentesco. Estas personas, además, podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.

10. Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento.

10.1. Toda persona, por intermedio de su abogado o defensor público, tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

10.2. En cualquier clase de procedimiento, los testigos y peritos estarán obligados a comparecer ante el juez y a responder al interrogatorio respectivo, y las partes tendrán derecho previo de acceso, y con el tiempo suficiente, a los documentos relacionados con tal procedimiento.

10.3. Se asegura el derecho a presentar pruebas y a contradecir las que se presenten en su contra. Las obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna.

11. Ninguna persona podrá ser distraída de su juez competente ni juzgada por tribunales de excepción o por comisiones especiales que se creen para el efecto.

12. Toda persona tendrá el derecho a ser oportuna y debidamente informada, en su lengua materna, de las acciones iniciadas en su contra.

13. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enunciaren normas o principios jurídicos en que se hayan fundado, y si no se explicare la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.

14. Las acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia y otros delitos de lesa humanidad serán imprescriptibles. En ningún caso serán susceptibles de indulto, amnistía ni fuero.

14.1. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal ni al superior que lo ordenó ni al subordinado que la ejecutó.

Capítulo 3
De los derechos políticos

Artículo 26
1. Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a los dignatarios de elección popular y de desempeñar empleos y funciones públicas.

2. Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen la Constitución y la ley.

3. Los extranjeros gozarán de estos derechos en los términos señalados en esta Constitución.

Artículo 27
1. El voto popular es un derecho y un deber de los ciudadanos; será universal, igual, directo y secreto; obligatorio para los que sepan leer y escribir; facultativo para los analfabetos, los residentes en el exterior y para los mayores de sesenta y cinco años. Tienen derecho a voto los ecuatorianos que hayan cumplido dieciocho años de edad y se hallen en el goce de los derechos políticos.

2. Los miembros de la Fuerzas Armadas y la Policía Civil Nacional en servicio activo no harán uso de este derecho. Los ecuatorianos domiciliados en el exterior votarán en el lugar de su registro o empadronamiento. La ley regulará el ejercicio de este derecho.

Artículo 28
El goce de los derechos políticos se suspenderá por las razones siguientes:

1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta.

2. Sentencia que condene a pena privativa de libertad, mientras esta subsista.

3. En los demás casos determinados por la ley.

Artículo 29
Los ecuatorianos perseguidos por delitos políticos tendrán derecho a solicitar asilo y lo ejercerán de conformidad con la ley y los convenios internacionales. El Ecuador reconoce a los extranjeros el derecho de asilo.

Capítulo 4
De los derechos económicos, sociales y culturales

Artículo 30
1. El Estado promueve el desarrollo humano integral rigiéndose por los principios de justicia social y de equidad.

2. El principal objetivo del desarrollo económico, social y cultural, es garantizar a todos los habitantes una calidad de vida digna de la persona, satisfaciendo sus necesidades básicas y proporcionándoles el acceso a la educación, salud y nutrición, trabajo, vivienda, agua para consumo humano y riego, medio ambiente sano, recreación, seguridad ciudadana y a participar en una economía productiva y solidaria; por lo cual sus acciones y políticas estarán ordenadas a la consecución de este fin.

Sección primera
Del trabajo

Artículo 31
El trabajo es un derecho y un deber social. No será considerado como mercancía objeto de explotación comercial; goza de la protección del Estado, el que asegura al trabajador el respeto a su dignidad y una existencia decorosa y procurará una remuneración justa, que cubra sus necesidades básicas y las de su familia

Las relaciones de trabajo se regirán por los siguientes postulados:

1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetan a los principios del derecho y la justicia social, derivados de la doctrina, la jurisprudencia y los convenios internacionales;

2. El Estado propende al pleno empleo, eliminando la desocupación y la subocupación;

3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos de los trabajadores y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento;

4. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Es nula toda estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación laboral.

5. Será válida la transacción en materia laboral siempre que se refiera a la valoración económica de derechos del trabajador y no signifique renuncia de ellos; deberá celebrarse ante autoridad administrativa o juez competente.

6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los jueces, tribunales o autoridades las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores

7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias, y se satisfará en moneda de curso legal. Los pagos se harán por períodos que no excedan de un mes y no podrán ser disminuidos sino con arreglo a la ley.

8. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun respecto de los hipotecarios.

9. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de conformidad con la ley.

10. Se garantiza el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley.

10.1. Los trabajadores del sector público estarán amparados por el Código del Trabajo y podrán constituir asociaciones de las reguladas por él cuando sean obreros o trabajen en instituciones del Estado cuyas actividades puedan ser asumidas total o parcialmente por el sector privado, con excepción de quienes ejerzan funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o equivalentes, los cuales, al igual que los demás empleados del sector público, estarán sujetos a las leyes que regulan el trabajo en la administración pública.

10.2. Para todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.

11. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley.

11.1. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación pública y telecomunicaciones.

11.2. Para el ejercicio del derecho a la huelga en las empresas e instituciones que presten los servicios públicos indicados, se estará a las regulaciones establecidas en la ley para evitar su paralización.

11.3. En caso de trasgresión se aplicarán las sanciones administrativas y legales pertinentes.

12. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales.

12.1. El fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral serán sancionados por la ley.

12.2. La relación entre patrono y trabajador se dará de manera directa, sin admitirse modalidades de intermediación. Solo se permitirá la tercerización de servicios complementarios, que no tengan relación directa con los propósitos propios de la empleadora, que será regulada por la ley.

13. Se garantiza especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, el pacto colectivo no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral.

13.1 El empleador que tuviera quince o más trabajadores pertenecientes a una organización sindical está obligado a un celebrar contrato colectivo cuando aquella lo solicite.

13.2 La contratación colectiva para trabajadores del sector público sujetos al Código del Trabajo deberá observar la reglamentación especial que dispongan las leyes y demás normas pertinentes.

14. Los conflictos colectivos deberán ser sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje, presididos por un funcionario judicial, designado de conformidad con la ley. Estos tribunales serán los únicos competentes para la calificación, tramitación y resolución del pliego de peticiones. El tribunal será integrado para cada caso.

15. Para todos los efectos se entenderá por remuneración lo que perciba el trabajador en dinero, en servicios o en especie, excepto las utilidades, viáticos y los beneficios de orden social que no se pudieren cuantificar.

16. La sustanciación de los procesos laborales se llevará de acuerdo a los principios de celeridad, inmediación, concentración y primacía de la realidad.

17. En la regulación y ejercicio de los derechos laborales se cuidarán y protegerán la equidad de género; los derechos de los discapacitados y de los grupos sociales de atención especial.

Artículo 32
1. El Estado garantizara la igualdad de derechos y oportunidades laborales de hombres y mujeres y propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, garantizándoles idéntica remuneración por trabajo de igual valor.

2. Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos, y por el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en período de lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer.

3. El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar será tomado en consideración para compensarle equitativamente, en situaciones especiales en que aquel se encuentre en desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva el trabajo doméstico no remunerado.

Sección segunda
De la propiedad

Artículo 33
1. La propiedad, en cualquiera de sus formas, mientras cumpla su función social constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía.

2. La función social de la propiedad implica:

2.1. Que esté en producción en los términos fijados en la ley;
2.2. Que su uso y explotación se dé con respeto al medio ambiente;
2.3. Que no vulnere derechos colectivos, y,
2.4. Que contribuya al incremento y redistribución del ingreso y a la equidad social.

3. Se reconoce y garantiza la propiedad intelectual, en los términos previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes.

3.1. La concesión de patentes de invención desarrolladas a partir del patrimonio biológico y genético ecuatoriano, estará supeditada al respeto de los derechos colectivos y los del Estado.

4. Corresponde al Estado el registro de la propiedad intelectual, que proteja y salvaguarde los derechos intangibles de los pueblos indígenas, cholos, afro ecuatorianos y montubios.

Artículo 34
El Estado estimulará la propiedad y la gestión de los trabajadores en las empresas, por medio de la transferencia de acciones o participaciones a favor de ellos. El porcentaje de utilidad de las empresas que corresponda a los trabajadores será pagado en dinero o, con consentimiento de estos, en acciones o participaciones, de conformidad con la ley. Esta establecerá los resguardos necesarios para que las utilidades beneficien permanentemente al trabajador y a su familia.

Artículo 35
1. Para asegurar el derecho a la vivienda, el Estado ejecutará programas públicos que comprenderán:

1.1. La construcción y mejoramiento de viviendas de interés social incluidos servicios básicos;
1.2. El alquiler en régimen especial;
1.3. Dotación de albergues, y,
1.4. Establecimiento de incentivos tributarios para la adquisición y construcción.

2. En la ejecución de estos programas el Estado brindará especial atención a mujeres jefas de hogar de escasos recursos económicos.

3. Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a la conservación del medio ambiente, el Estado o las municipalidades, de oficio o a petición de parte, pueden expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de conformidad con la ley.

Artículo 36
1. El Estado y sus instituciones, por razones de utilidad pública o interés social mediante el procedimiento que señale la ley puede expropiar bienes que pertenezcan al sector privado, previa justa valoración, pago del precio e indemnización.

2. La tierra del sector rural que no se cultive y que, por lo tanto, no cumpla su función social será revertida a favor del Estado, el cual, a su vez, la adjudicará a particulares o empresas comunitarias para incentivar la producción.

3. Se prohíbe toda confiscación.

Sección tercera
De la familia

Artículo 37
1. El Estado reconoce y protege a la familia como célula fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituye por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.

2. Protege el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Dará especial atención a las mujeres jefas de hogar.

3. El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.

Artículo 38
1. La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial y que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal.

2. La ley regulara las consecuencias patrimoniales de otros tipos de uniones estables que formen hogares de hecho.

Artículo 39
1. Se propugna la maternidad y paternidad responsables. El Estado garantiza el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar. Será obligación del Estado informar, educar y proveer los medios que coadyuven al ejercicio de este derecho.

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de esta.

3. Se garantiza el derecho de testar y de heredar.

Artículo 40
1. El Estado protege a las madres, a los padres y a quienes sean jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones. Prestará especial atención a las familias disgregadas a consecuencia de fenómenos migratorios.

2. Promueve la corresponsabilidad paterna y materna y vigila el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. Los hijos, sin considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los mismos derechos.

3. Al inscribir el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación, y en el documento de identidad no se hará referencia a ella.

Artículo 41
1. El Estado reconoce como un objetivo prioritario la prevención, sanción y erradicación de la violencia en cualquiera de sus formas, dentro de los ámbitos familiar, laboral y/o educativo, en especial contra niños, niñas, adolescentes, mujeres y otros grupos de atención especial.

2. Brindará una protección especial a las mujeres que por diversos motivos tengan menores oportunidades de acceder a la justicia y de mejorar su calidad de vida, por lo que propenderá a la creación de procedimientos específicos para encarar la discriminación y la violencia de género en ámbitos de diversidad cultural.

Artículo 42
1. El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la equidad social y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su aplicación en el sector público, que será obligatoria.

2. El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a recursos para la producción y en la toma de decisiones económicas para la administración de la sociedad conyugal y de la propiedad.

Sección cuarta
De la salud

Artículo 43
1. El estado reconoce que la salud y la alimentación son derechos fundamentales del ser humano, por lo que garantizará el acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad, gratuidad, participación y eficiencia.

2. Para garantizar el acceso a una alimentación saludable, el Estado reconoce la seguridad y la soberanía alimentaria como derechos. La producción, comercialización, distribución y consumo de alimentos deberá procurar a los habitantes el acceso adecuado a los nutrientes requeridos para superar la desnutrición, el hambre y la vulnerabilidad en casos de desastres.

Artículo 44

1. Los programas y acciones y servicios de salud pública serán gratuitos para todos. Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención de emergencia por lo menos hasta la estabilización del paciente sin poder alegar falta de recursos económicos de este.

2. El Estado promoverá una cultura de salud y vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres y niños, la salud sexual y reproductiva y la conservación del medio ambiente, mediante la participación de la sociedad y con la colaboración de los medios de comunicación social.

3. El Estado adoptará programas tendientes a brindar atención integral y especializada a víctimas de violencia doméstica y a promover una cultura libre de alcoholismo y toxicomanía. Los organismos de salud implementarán programas especializados para prevención y atención de maltrato, negligencia, discriminación y violencia.

Artículo 45

El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance científico – tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticos.

Artículo 46
El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y participativa.

Artículo 47
1. El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que señale la ley.

2. La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central, hasta llegar al cuatro por ciento del producto interno bruto.

Sección quinta
De los grupos sociales de atención especial

Artículo 48
En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños, niñas y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y los adultos mayores. Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de riesgo y víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.

Artículo 49
Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás.

Artículo 50
1. Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida; a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten.

2. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas, de conformidad con la ley.

Artículo 51
El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños, niñas y adolescentes las siguientes garantías:

1. Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice nutrición, salud, educación y cuidado diario.

2: Protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean nocivas para su salud o su desarrollo personal. El Estado reconoce a la pobreza como una de las causas del trabajo infantil, por lo cual establece como un objetivo prioritario la erradicación de la pobreza.

3. Atención preferente para su plena integración social, a los que tengan discapacidad.

4. Protección contra el tráfico de menores, trata, pornografía, prostitución, explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y consumo de bebidas alcohólicas.

5. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y violencia.

6. Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados.

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos que se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la violencia, la discriminación racial o de género.

Artículo 52
1. Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la legislación especializada y a una administración de justicia especializada, dentro de la Función Judicial. Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus garantías constitucionales.

2. Cuando sea declarada la responsabilidad de un adolescente, en un acto tipificado penalmente por la ley, el juez impondrá medidas socioeducativas.

Artículo 53
1. El Estado organizará un sistema nacional descentralizado de protección integral para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano rector de carácter nacional se integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil y será competente para la definición de políticas. Formarán parte de este sistema las entidades públicas y privadas.

2. Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños y adolescentes.

Artículo 54
1. El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de su integración social y equiparación de oportunidades.

2. El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su movilización. Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones.

3. Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención de créditos, acceso al trabajo, exenciones y rebajas tributarias, de conformidad con la ley.

4. Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, a la comunicación por medio de formas alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras.

5. El abandono de las personas con discapacidad y de los adultos mayores por parte de sus familiares y/o instituciones establecidas para su protección, será sancionado conforme a la ley.

Artículo 55
1. El Estado garantizará a los adultos mayores y a los jubilados, el derecho a asistencia especial que les asegure un nivel de vida digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente tributario y en servicios.

2. El Estado, la sociedad y la familia proveerán a los adultos mayores y a otros grupos que requieran de atención especial, una adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental. La ley regulará la aplicación y defensa de estos derechos y garantías.

Sección sexta
De la seguridad social

Artículo 56
1. La seguridad social es deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes.

2. Se prestará con la participación de los sectores público y privado, de conformidad con la ley.

Artículo 57
Se establece el sistema nacional de seguridad social. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad y suficiencia, para la atención de las necesidades individuales y colectivas, en procura del bien común.

Artículo 58
1. El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte.

2. La protección del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente a toda la población urbana y rural con relación de dependencia laboral y sin ella, conforme lo permitan las condiciones generales del sistema.

3. El seguro general obligatorio es derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores y sus familias.

Artículo 59
1. Las prestaciones del seguro general obligatorio, serán responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma con finalidad social o pública dirigida por un organismo técnico administrativo, integrado paritariamente por representantes de asegurados, empleadores, jubilados y Estado, quienes serán designados de acuerdo con la ley.

2. Su organización y gestión se regirán por los criterios de eficiencia, descentralización y desconcentración, sus prestaciones serán oportunas, suficientes y de calidad.

3. Las fuerzas armadas y la policía civil nacional podrán tener entidades de seguridad social.

Artículo 60
1. Los aportes y contribuciones del Estado para el seguro general obligatorio deberán constar anualmente en el presupuesto general del Estado, y serán transferidos oportunamente a través del Banco Central del Ecuador.

2. Las prestaciones del seguro social en dinero no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora y estarán exentas del pago de impuestos.

3. No podrá crearse ninguna prestación ni mejorar las existentes a cargo del seguro general obligatorio, si no se encontraren debidamente financiadas, según estudios actuariales.
4. Los fondos y reservas del seguro social serán propios y distintos de los del Estado, y servirán para cumplir adecuadamente los fines de su creación y funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir en sus fondos y reservas ni afectar su patrimonio.

5. Las inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con recursos provenientes del seguro general obligatorio, podrán ser realizadas en empresas públicas o a través del mercado financiero, con sujeción a los principios de eficiencia, seguridad y rentabilidad, por medio de una comisión técnica nombrada por el organismo técnico administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La idoneidad de sus miembros será aprobada por la superintendencia bajo cuya responsabilidad esté la supervisión de las actividades de seguros, que también regulará y controlará la calidad de esas inversiones.

6. Una comisión de fiscalización integrada por representantes de los asegurados, jubilados, empleadores y del Estado, será responsable de supervisar el manejo de los fondos del Seguro Social.

7. Las pensiones por jubilación deberán incrementarse anualmente, con el aporte y contribuciones del sector público y las disponibilidades del fondo respectivo, para garantizar un nivel de vida digno.

Artículo 61
1. El seguro social campesino es un régimen especial del seguro general obligatorio para proteger a la población rural y al pescador artesanal del país. Se financia con el aporte solidario de los asegurados y empleadores del sistema nacional de seguridad social, la aportación diferenciada de las familias protegidas y las asignaciones fiscales que el Estado fije obligatoriamente para garantizar su fortalecimiento y desarrollo. Ofrecerá prestaciones de salud, y protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte.

2. Los seguros públicos y privados que forman parte del sistema nacional de seguridad social, contribuirán obligatoriamente al financiamiento del seguro social campesino a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conforme lo determine la ley.

Artículo 62
Los seguros complementarios estarán orientados a proteger contingencias de seguridad social no cubiertas por el seguro general obligatorio y serán de carácter opcional. Se financiarán con el aporte de los asegurados, y los empleadores podrán efectuar aportes voluntarios. Serán administrados por entidades públicas, privadas o mixtas, reguladas por la ley.

Sección séptima
De las culturas

Artículo 63
1. Las culturas son patrimonio material y espiritual del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad multiétnica. Comprende las lenguas, los modos de vida, las costumbres, las tradiciones y creencias, los valores, las representaciones simbólicas, las expresiones artísticas y literarias, el pensamiento, las ciencias y las tecnologías.

2. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación y la formación artística . Establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y multiétnica.

3. El Estado fomentará y estimulará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas.

4. La ley establecerá un sistema nacional de cultura.

Artículo 64
1. El Estado garantiza el ejercicio y participación de las personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades culturales.

2. Los ciudadanos y organizaciones culturales participarán en la elaboración de políticas culturales. Las universidades, las casas de cultura y los organismos que hacen cultura deben elaborar sus planes de trabajo en el marco de las políticas que se adopten.

Artículo 65
1. Los bienes del Estado que integran el patrimonio cultural serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los de propiedad particular que sean parte del patrimonio cultural, se sujetarán a lo dispuesto en la ley.

2. El Estado adoptara medidas necesarias para conservar, restaurar, preservar y revalorizar los bienes tangibles e intangibles que constituyen el patrimonio cultural de la Nación.

Artículo 66
El Estado reconoce la autonomía económica y administrativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que, como parte del sistema nacional de cultura, se regirá por su ley que establecerá una organización y funcionamiento democrático, descentralizado y desconcentrado.

Sección octava
De la educación

Artículo 67
1. La educación es derecho universal e irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social.

2. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar una educación de calidad para todos.

3. Se establecerán especialmente planes y programas para erradicar el analfabetismo y se dará especial apoyo a la educación rural y en zonas fronterizas.

4. La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad y la solidaridad.

5. Estará inspirada en criterios de calidad, democracia, equidad, inclusión, transparencia, pertinencia, interculturalidad, diversidad, multietnicidad y género.

6. La educación tiene en la centralidad de su gestión el aprendizaje de la persona, como pilar fundamental para lograr el desarrollo integral personal y colectivo y por estos medios contribuir a la construcción de un proyecto de país, de ciudadanía, de convivencia y de cohesión social.

5. En el proceso formativo integral de la personalidad de los educandos, se tendrán como invariables soportes el cultivo del intelecto, la práctica de los valores, el arte, el cuidado de la naturaleza y la educación física y el deporte.

6. La educación preparara a los estudiantes para la eficacia en el trabajo y la producción, para producir conocimientos y procesar la información, se establecerán prácticas extracurriculares que estimulen el emprendimiento, la adquisición de habilidades y destrezas para el ejercicio de una profesión o de cualquier oficio.

Artículo 68
1. La educación es un servicio público, sin perjuicio que su prestación pueda ser también privada.

2. La educación pública será laica y gratuita; obligatoria desde el nivel inicial hasta el bachillerato o su equivalente.

3. En los establecimientos públicos se proporcionarán servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios específicos que garanticen condiciones adecuadas de salud, nutrición, protección y alimentación de todos ellos.

4. El Estado garantiza la libertad de enseñanza y cátedra; desecha todo tipo de discriminación; reconoce a los padres el derecho a escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias; prohíbe la propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promueve la equidad de género y propicia la coeducación.

5. Se garantiza la educación particular.

Artículo 69
El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas.

Artículo 70
El Estado promoverá el desarrollo del sistema de educación intercultural bilingüe; en él se utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, y el castellano como idioma de relación intercultural; y el quichua y otros idiomas ancestrales en los establecimientos de población hispanohablante.

Artículo 71
Bajo la responsabilidad del Secretario de Estado que se encargue de la educación se establecerá órganos y procedimientos para que el sistema educativo nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades del desarrollo nacional, creando con ese propósito medios de vigilancia, exigibilidad y evaluación de los procesos educativos. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los educandos participarán en el desarrollo de estos procesos educativos y en su evaluación.

Artículo 72
1. En el presupuesto general del Estado se asignará, mediante progresivos incrementos anuales del 0,5 por ciento, hasta llegar al menos el seis por ciento del producto interno bruto para la educación y la erradicación del analfabetismo.

2. Los organismos del régimen seccional autónomo asumirán las competencias en materia educativa señaladas en esta Constitución y en la Ley.

3. La educación fiscomisional, la particular gratuita, la especial y la artesanal, debidamente calificadas en los términos y condiciones que señale la ley, recibirán ayuda del Estado.

Artículo 73
Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes económicos para la dotación de infraestructura, mobiliario y material didáctico del sector educativo, los que serán deducibles del pago de obligaciones tributarias, en los términos que señale la ley.

Artículo 74
La ley regulará la carrera docente y la política salarial, garantizará la estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración de los educadores en todos los niveles y modalidades, a base de procesos de evaluación e indicadores del desempeño en sus labores.

Artículo 75
1. La educación superior estará conformada por universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos. Será planificada, regulada y coordinada por el Consejo Nacional de Educación Superior, cuya integración, atribuciones y obligaciones constarán en la ley.

2. Entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el Estado, existirá una interacción que les permita contribuir de manera efectiva y actualizada a mejorar la producción de bienes y servicios y el desarrollo sustentable del país, en armonía con los planes nacionales, regionales y locales.

Artículo 76
1. Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, la investigación científica, la formación profesional, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores populares, el razonamiento, la crítica objetiva y la creatividad en el estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, señalando con métodos y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines.

2. Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares serán personas jurídicas autónomas sin fines de lucro, que se regirán por la ley, y por sus estatutos, aprobados por el Consejo Nacional de Educación Superior.

3. Como consecuencia de su especial autonomía, la Función Ejecutiva o sus órganos, autoridades o funcionarios, no podrán clausurarlas ni reorganizarlas, total o parcialmente, privarlas de sus rentas o asignaciones presupuestarias ni retardar injustificadamente sus transferencias.

4. Sus recintos serán inviolables. No podrán ser allanados sino en los casos y términos en que puede serlo el domicilio de una persona. La vigilancia y mantenimiento del orden interno serán de competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la Policía Civil Nacional, la máxima autoridad universitaria o politécnica solicitará la asistencia pertinente.

Artículo 77
Las universidades y escuelas politécnicas serán creadas por el Congreso Nacional mediante ley, previo informe favorable y obligatorio del Consejo Nacional de Educación Superior, que autorizará el funcionamiento de los institutos superiores técnicos y tecnológicos, de acuerdo con la ley.

Artículo 78
1. El Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la educación superior. Ninguna persona podrá ser privada de acceder a ella por razones económicas; para el efecto, las entidades de educación superior establecerán programas de crédito y becas.

2. A las universidades y escuelas politécnicas les corresponde privativamente la formación en los niveles de pregrado y postgrado y a los institutos la formación en los niveles técnico y tecnológico

3. Ingresarán a las universidades y escuelas politécnicas quienes cumplan los requisitos establecidos por el sistema nacional obligatorio de admisión y nivelación.

Artículo 79
1. Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las instituciones estatales de educación superior, el Estado garantizará su financiamiento e incrementará su patrimonio.

2. Por su parte, las universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes complementarias de ingresos y sistemas de contribución.

3. Sin perjuicio de las rentas asignadas en el fondo permanente de desarrollo universitario y politécnico y otras fuentes de origen público sus rentas para su funcionamiento se incrementarán anualmente en el Presupuesto General del Estado en el mismo porcentaje de crecimiento de los ingresos corrientes totales del Gobierno Central.

Artículo 80
1. Para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación superior estarán obligadas a la rendición social de cuentas, para lo cual se establecerá un sistema autónomo de evaluación y acreditación, que funcionará en forma independiente, en cooperación y coordinación con el Consejo Nacional de Educación Superior.

2. Para los mismos efectos, en el escalafón del docente universitario y politécnico se estimularán especialmente los méritos, la capacitación y la especialización de postgrado.

3. El personal administrativo y el personal de apoyo a la docencia y a la investigación tendrá su propio escalafón a nivel nacional.

Sección novena
De la ciencia, la tecnología e innovación

Artículo 81
1. El Estado fomentará el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, en cuanto constituyen un bien público que fortalece la identidad nacional y favorece la creatividad y el acceso al conocimiento del conjunto de la sociedad.

2. La ciencia, tecnología e innovación estará dirigida a precautelar y rescatar el conocimiento ancestral, la generación de conocimientos científicos y tecnológicos con el objeto de solucionar los problemas básicos de la población, siendo en consecuencia un factor indispensable en el establecimiento de políticas de Estado y de inclusión en los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo sustentable.

Artículo 82
La investigación científica y tecnológica tendrá la más amplia libertad de creación para procurar la mayor participación de investigadores, quienes cuidarán responder a los principios de la bioética, así como a la producción del conocimiento innovador aplicable a procesos productivos que finalmente mejoren las condiciones de vida de la población y protejan un manejo adecuado de los recursos naturales.

Artículo 83
Para la ejecución de las políticas de ciencia, tecnología e innovación existirá un sistema nacional que integrará:

1. las universidades, escuelas politécnicas, institutos tecnológicos y las entidades públicas y privadas que realicen investigación científica y tecnológica;
2. la cooperación en el ámbito internacional, a través de proyectos conjuntos de investigación y programas de asistencia técnica y financiera, incluso la creación de instituciones supranacionales, provistas de financiamiento y de personal conjunto;
3. el mantenimiento de una política de becas para estudios en instituciones académicas del país y del exterior, para la formación profesional a nivel de postgrado, para graduados ecuatorianos en los diversos campos de la ciencia, tecnología e innovación.

Artículo 84
El Estado establecerá obligatoriamente asignaciones presupuestarias para la investigación científica, tecnológica y la innovación, de las cuales distribuirá el cincuenta por ciento a través del CONESUP, a favor de las universidades y escuelas politécnicas, y el otro cincuenta por ciento para financiar proyectos concursables, los que realicen con iguales propósitos empresas o personas particulares y los que de manera especial efectúen las empresas públicas.

Artículo 85
El sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, garantizará la condición de investigador, cuyo estatus, categorización, registro, responsabilidades y evaluación serán regulados legalmente. Los trabajos realizados por los investigadores con fondos públicos se convertirán en patrimonio del país para beneficio de la sociedad ecuatoriana.

Sección décima
De la comunicación

Artículo 86
1. El Estado garantiza:

1.1. El derecho a contar con fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir información veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales. No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley.

1.2. La libertad para la cobertura de todo evento público por parte de periodistas y comunicadores sociales.

1.3. La cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación.

1.4. El derecho del periodista y el comunicador social a opinar e informar libremente, sujetándose a las políticas editoriales del medio de comunicación; así como a tener voz en la definición de esas políticas. El derecho de autor del periodista sobre los trabajos que haya publicado se regulará en la ley.

2. Los medios de comunicación deberán participar en los procesos educativos, de promoción cultural y preservación de valores; los contenidos que difundan estarán orientados a fomentar la libertad de opinión y expresión y la convivencia democrática en el marco de la paz social y el respeto a los derechos humanos. La ley establecerá los alcances y limitaciones de su participación.

3. Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano.

4. Los medios comunitarios y de establecimientos educativos recibirán protección del Estado, ya que su función básica será promover la educación y la cultura como medios de comunicación independientes y plurales; y, en su programación recibirán igual trato que los medios de comunicación.

5. El Estado propenderá a la desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación a través de un sistema de concesión de frecuencias transparente, que garantice el acceso a diferentes sectores de la sociedad y establezca la incompatibilidad del uso de la concesión con la defensa de intereses particulares vinculados con los propietarios y accionistas del medio.

6. La información emitida a través de los distintos medios, formatos y programas, debe disponer de los mecanismos necesarios para que pueda ser receptada por personas con discapacidades auditivas y visuales.

7. El Estado garantizará el derecho al ciberespacio y específicamente al internet para la libre expresión y circulación por este medio de ideas y pensamientos independientemente de los niveles de ingreso, ubicación geográfica y discapacidades de los usuarios que tendrán derecho de asociarse en comunidades de línea o virtuales. Se perseguirá cualquier forma de destrucción, violación, contaminación y obstrucción de la información a fin de garantizar la igualdad en su distribución, su veracidad, su oportunidad y su calidad, propiciando el establecimiento de un sitio de encuentro, intercambio e interconexión global basado en redes informáticas, que permitan la incorporación de la pluralidad de visiones y la construcción colectiva de la realidad.

Sección undécima
De la educación física, deportes y recreación

Artículo 87
1. El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, el deporte y la recreación, como actividades para la formación integral de las personas. Proveerá de recursos e infraestructura al deporte barrial que permita la masificación de dichas actividades.

2. Apoyará la financiación de actividades entregando de forma equitativa valores o subvenciones a los diferentes organismos deportivos, bajo obligación de rendición legal y social de cuentas.

3. Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales, especialmente en los Juegos Olímpicos, y fomentará la participación de las personas con discapacidad.

Capítulo 5
De los derechos colectivos

Sección primera
De los derechos colectivos

Parágrafo 1º
De los pueblos indígenas, cholos, negros o afro ecuatorianos y montubios

Artículo 88
Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos negros o afro ecuatorianos, cholos y montubios, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

Artículo 89
El Estado reconoce y garantiza a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos

1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico.

2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras y territorios comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial.

3. Este derecho comprende la totalidad del hábitat del territorio y tierras de su dominio incluso el de conservación y uso sustentable de la diversidad biológica.

4. Mantener, en iguales condiciones del número anterior, la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley.

5. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

6. Ser informados claramente y consultados a través de sus dirigentes, de buena fe, sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectar su identidad, vida, salud, cultura y economía; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios que les causen.

7. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.

8. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad, de aplicación y actualización de su derecho propio o consuetudinario.

9. No ser desplazados, como pueblos, de sus tierras, o a retornar a ellas cuando causas de fuerza mayor los hubieran obligado a desplazarse.

10. La propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales, su valoración, uso y desarrollo, conforme a la ley.

11. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico.

12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella.

13. Formular sus prioridades en planes y proyectos del Estado y controlar su propio desarrollo y el mejoramiento de sus condiciones económicas, sociales y culturales con el adecuado financiamiento del Estado

14. Participar, mediante representantes, en los organismos del sector público que determine la ley.

15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen.

Artículo 90
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o afro ecuatorianos, cholos y montubios, los derechos determinados en el artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable y que les permita organizarse, acceder a la cooperación internacional, preservar su identidad, costumbres y formas de trabajo que le son característicos y mejorar su calidad y condiciones de vida.

Parágrafo 2º
De los consumidores

Artículo 91
1. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios, por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos.

2. Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la prestación del servicio, así como por las condiciones del producto que ofrezcan, de acuerdo con la publicidad efectuada y la descripción de su etiqueta.

3. El Estado auspiciará la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios que, con independencia de los empresarios productores y proveedores, los representen y defiendan ante las autoridades judiciales y administrativas, promuevan la información y educación sobre los derechos de los consumidores.

4. Las personas o grupos humanos vinculados por un interés común y afectados directamente por una infracción de consumo, podrán interponer una acción colectiva o de grupo para obtener la compensación o reparación de daños y/o perjuicios.

Parágrafo 3º
De los migrantes

Artículo 92
1. El Ecuador reconoce el derecho al libre tránsito y garantiza a las personas ecuatorianas en el extranjero, con independencia de su condición migratoria, el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales.

2. Organizará instituciones y expedirá normas que promuevan el mantenimiento de sus vínculos con la patria, les faciliten la solución de sus problemas en los países de tránsito y de destino, estimulen su retorno voluntario y presten asistencia a sus familiares en el territorio nacional.

Artículo 93
Los ecuatorianos en el extranjero tienen derecho a elegir y ser elegidos, a participar en las consultas populares y a ser consultados sobre los servicios que el Ecuador les presta en los países de su residencia o destino. La ley regulará los términos y condiciones en los que han de ejercer estos derechos.

Artículo 94
Al servicio exterior del Ecuador en el extranjero le corresponde:

1. Asistir de conformidad con el Derecho Internacional y esta Constitución a las personas ecuatorianas en el extranjero en los conflictos y problemas que les afecten
2. Atender sus demandas con servicios y asesoría para que en el país de su residencia o domicilio puedan ejercer libremente los derechos constitucionalmente reconocidos y garantizados.
3. Gestionar la reunificación familiar y estimular el retorno voluntario.

Sección segunda
De los derechos difusos

Parágrafo 1º
Del medio ambiente

Artículo 95
El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley:

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la bio-diversidad y la integridad del patrimonio genético del país.

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas.

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales.

Artículo 96
El Estado sancionará de manera efectiva las conductas que dañan el medio ambiente y de las personas que habitan en él; para lo cual las leyes correspondientes tipificarán las infracciones y determinarán los procedimientos para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Artículo 97
Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente deberá ser previamente consultada con la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. La comunidad podrá objetar fundamentadamente la actividad sometida a su consulta.

Artículo 98
El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los siguientes objetivos:

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes.

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientalmente sanas.

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización de organismos genéticamente modificados.

4. Desarrollar programas de educación y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente;

Artículo 99
1. Se prohíben la fabricación, importación, tenencia y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares, desechos tóxicos.

2. El Estado normará la producción, importación, distribución y uso de aquellas sustancias que, no obstante su utilidad, sean tóxicas y peligrosas para las personas y el medio ambiente.

Artículo 100
1. El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta Constitución.

2. Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño.

3. Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la protección del medio ambiente.

Parágrafo 2º
Del derecho a la paz

Artículo 101
El Ecuador reconoce a sus habitantes el derecho a la paz, a vivir en una sociedad democrática y el derecho al desarrollo.

Capítulo 6
De los procesos constitucionales

Sección Primera
Normas generales

Artículo 102
El fin de los procesos constitucionales es garantizar la vigencia de los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, y la efectiva vigencia de los derechos consagrados en ella.

Artículo 103
Los órganos jurisdiccionales deben aplicar las normas jurídicas pertinentes aunque no hayan sido invocadas por las partes.

Artículo 104
1. Las acciones constitucionales serán propuestas, ante el juez o Corte Constitucional, según corresponda.

2. No serán aplicables las normas procesales que restrinjan la protección, ejercicio o reparación del derecho, ni las disposiciones que tiendan a retardar su ágil despacho.

3. El juez o la Corte Constitucional podrá ordenar las diligencias probatorias que estime necesarias para la resolución de la causa.

4. Cuando de manera fundamentada se presuma la existencia de una violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado, la carga de la prueba le corresponderá a éste.

5. Salvo los casos de excusa y recusación en los procesos constitucionales no habrá inhibición del Juez, Tribunal Distrital de lo Constitucional, ni de los magistrados de la corte constitucional, y todos los días serán hábiles.

6. De la sentencia del juez constitucional habrá recurso de apelación en los casos señalados en la Constitución y la ley.

Artículo 105
1. El juez o magistrado constitucional que no tramitare las acciones constitucionales en los plazos establecidos para el efecto será civil, penal y/o administrativamente responsable, de conformidad con la ley.

2. El funcionario o empleado público debe cumplir con la sentencia dictada en un proceso constitucional, en el plazo determinado en ella. Si no lo hace, será destituido por el mismo juez en la etapa de ejecución de la sentencia. Dicha sanción será comunicada a la Contraloría General del Estado. El funcionario o empleado público sancionado podrá presentar el recurso de apelación en los términos establecidos en la ley.

3. Para asegurar el cumplimiento de las sentencias dictadas en las acciones constitucionales, el Juez o Corte Constitucional deberá adoptar las medidas legales pertinentes.

4. El Juez, Tribunal Distrital de lo Constitucional o Corte Constitucional que no adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la sentencia incurrirá en la responsabilidad prevista en el Art. 21 de la Constitución.

Artículo 106
Los sentencias que se dicten por la Corte Constitucional constituirán precedentes jurisprudenciales obligatorios y vinculantes erga omnes pero no modificarán lo resuelto en los fallos seleccionados para el estudio. Cuando se modifique el precedente, deberá motivarse suficientemente el cambio de criterio.

Artículo 107
1. La persona natural o jurídica, pública o privada, que en la sentencia aparezca como responsable de la violación de derechos humanos estará obligada a reparar integralmente los daños y perjuicios causados.

2. De haber indicios de la comisión de infracciones penales, se remitirá copia del expediente al Ministerio Fiscal para su investigación, de conformidad con la ley.

Sección segunda
Del habeas corpus

Artículo 108
1. La persona que creyere estar ilegítimamente privada de su libertad podrá proponer, personalmente o por interpuesta persona, sin que precise mandato expreso, acción de habeas corpus ante el juez constitucional con jurisdicción en el lugar en que se encuentra detenido.

2. El juez constitucional, en el plazo de veinte y cuatro horas contadas a partir de la recepción de la solicitud, ordenará que el accionante sea conducido inmediatamente a su presencia y el Director o Jefe del Centro donde guarda prisión exhiba la orden de privación de libertad. La orden judicial será cumplida sin excusa ni dilación alguna.

3. Finalizada la audiencia, el Juez Constitucional dictará su resolución dentro de las veinte y cuatro horas siguientes disponiendo la inmediata libertad de la persona privada de ella si el detenido no fuere presentado, si no se exhibiere la orden, si esta no cumpliere los requisitos legales y constitucionales, si hubiere incurrido en vicios de procedimientos en la detención, si se constata la ilegitimidad de la privación de libertad o si se hubiere justificado el fundamento de la acción.

4. La resolución del Juez Constitucional será cumplida inmediatamente por el encargado del centro de rehabilitación o lugar de privación de la libertad.

Artículo 109
Con la periodicidad que determine la ley, los jueces constitucionales concurrirán a los lugares de detención para verificar la legitimidad de la privación de la libertad de quienes se hallen detenidos. En caso de que se verifique una detención ilegítima, se ordenará la inmediata libertad del afectado, dejando de ello constancia en el acta correspondiente.

Artículo 110
Cuando se haya propuesto un habeas corpus y no se conozca el lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se propuso la acción y existan fundamentadas sospechas de que ha sido privada de su libertad por algún funcionario público o miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, el juez constitucional ordenará la inmediata investigación para ubicarla, señalando el funcionario responsable y el plazo de dicha investigación.

Artículo 111
Si en el trámite del habeas corpus el Juez verifica la existencia de tratos crueles, inhumanos, degradantes o torturas al detenido, informará inmediatamente al Ministerio Fiscal para su investigación, y dispondrá la atención de la víctima.

Artículo 112
En caso de privación de la libertad por parte de particulares, el Juez Constitucional, adoptará las medidas oportunas para hacer efectiva la libertad de la persona, y remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, para que investigue y sancione al responsable.

Sección tercera
Del habeas data

Artículo 113
1. Para proteger los derechos consagrados en el Art. 24, numerales 10 y 11, de ésta Constitución, toda persona tendrá derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas.

2. El juez constitucional competente será el del lugar del domicilio del accionante.

3. El accionante tendrá derecho a conocer el uso que se está haciendo o se pretenda hacer de dichos datos, documentos o informes; podrá solicitar la actualización, rectificación, eliminación y no divulgación de los datos, documentos o informes que fueren incompletos, erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos.

4. Si se comprobare que existió afectación ilegítima a los derechos del accionante o si la falta de atención a la resolución del juez constitucional causare perjuicio, el afectado podrá demandar, ante el Juez competente, las sanciones civiles, penales o administrativas que correspondan.

5. La ley establecerá un procedimiento especial para acceder a los datos personales que consten en los archivos relacionados con la defensa nacional.

Artículo 114
Para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de los derechos a que se refiere el artículo anterior y que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los 10 días hábiles a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando su exigencia genere inminente peligro de sufrir un daño irreparable, el que deberá ser acreditado por el demandante.

Sección cuarta
De la acción de amparo

Artículo 115
1. Cualquier persona por sus propios derechos o como representante de una colectividad podrá proponer una acción de amparo ante el juez constitucional del domicilio del accionante.

2. La acción de amparo se tramitará en forma preferente y sumaria y mediante ella se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a evitar, cesar o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimo de autoridad pública, que viole o pueda violar un derecho consagrado en la Constitución o en un instrumento internacional sobre derechos humanos vigentes en el Ecuador y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave.

3. También podrá interponerse la acción si el acto u omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública.

4. La acción de amparo contra particulares procederá cuando sus actos u omisiones sean discriminatorios o afecten grave y directamente un interés comunitario o un derecho solidario, colectivo o difuso.

5. El juez convocará de inmediato a las partes para oírlas en audiencia pública, dentro de las veinte y cuatro horas subsiguientes, y, en la misma providencia, de existir fundamento, ordenará la suspensión de cualquier acto que pueda traducirse en la violación de un derecho.

6. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el juez dictará la resolución, la cual se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de que pueda ser apelada, para su confirmación o revocatoria, para ante el Tribunal Distrital de lo Constitucional.

Artículo 116
En caso de gravedad o urgencia y cuando sea necesario para evitar un daño irreparable a las personas, el juez constitucional, en la misma providencia en que convoca a audiencia pública, ordenará la suspensión del acto que pueda traducirse en violación de un derecho.

Artículo 117
1. Cuando exista violación de las garantías del debido proceso, la parte afectada podrá interponer, para ante la Corte Constitucional, la acción extraordinaria de amparo en contra de sentencias firmes dictadas por cualquier juez o tribunal de la justicia ordinaria.., respecto de las cuales no quepa ningún recurso judicial.

2. Esta acción extraordinaria de amparo es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo.

3. Si la acción extraordinaria de amparo fuere presentada para obstaculizar la justicia o retardar la sustanciación de la causa, el juez constitucional deberá rechazar el recurso y, si es el caso, sancionar al infractor de conformidad con la ley.

Sección quinta
Del acceso a la información pública

Artículo 118
1. Toda persona a quien se hubiere denegado información pública en forma tácita o expresa, bien sea por la negativa de la información, bien sea por información incompleta, alterada y hasta falsa que le hubieren proporcionado, incluso si la denegatoria se sustenta en el carácter secreto, reservado o confidencial de la información solicitada, tendrá derecho a plantear la acción de acceso a la información pública.

2. La acción se interpondrá ante el juez constitucional del domicilio del poseedor de la información requerida, quien le dará el trámite establecido en la ley.

3. Admitida la acción, los representantes de las entidades o personas naturales accionadas, entregarán al juez en el plazo de cinco días toda la información requerida.

4. La información reservada o confidencial, deberá ser declarada con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de conformidad con la ley. Si se justifica plenamente la clasificación de secreta, reservada o confidencial, el juez constitucional negará el acceso a la información.

5. Cuando la información se encuentre en riesgo de ser ocultada, desaparecida o destruida, el juez constitucional de oficio o petición de partes, dictará las medidas cautelares que crea conveniente.

Sección sexta
De la acción de cumplimiento

Artículo 119
Toda persona podrá acudir ante el juez constitucional para hacer efectivo el cumplimiento de una ley, norma o un acto administrativo de carácter general. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad o funcionario renuente el cumplimiento del deber omitido, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

Sección séptima
De las acciones de inconstitucionalidad y de inconstitucionalidad por omisión

Artículo 120
Las acciones de inconstitucionalidad y de inconstitucionalidad por omisión serán tramitadas por la Corte Constitucional conforme a lo establecido en los numerales 1 y 2 del Art. 208 de esta Constitución.

Sección octava
De la defensoría del pueblo

Artículo 121
Habrá una Defensoría del Pueblo, con jurisdicción nacional, para promover o patrocinar acciones constitucionales de las personas que lo requieran; controlar la observancia y promover el conocimiento de los derechos humanos que esta Constitución garantiza; vigilar la calidad y la eficiente prestación de los servicios públicos y los derechos del consumidor; garantizar la publicidad de la información que reposa en las instituciones del sector público y demás que le asigne la ley

Artículo 122
1. El Defensor del Pueblo reunirá los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Constitucional; además, deberá demostrar experiencia en la defensa y promoción de derechos humanos. Desempeñará sus funciones durante cinco años; no podrá ser reelegido y no podrá participar como candidato en las elecciones que sigan a la cesación de su cargo. El Defensor del Pueblo rendirá informe anual de labores al Congreso Nacional. La ley regulará la participación de la ciudadanía para que el defensor rinda cuentas y pueda ser fiscalizado por su labor.

2. Tendrá independencia económica y administrativa; gozará de fuero e inmunidad en los términos que señala la ley.

3. Los funcionarios y servidores públicos tendrán el deber de cooperar con el Defensor del Pueblo. Si el Defensor considerare que existe incumplimiento, podrá iniciar el proceso para la sanción disciplinaria que corresponda e incluirá, en su informe anual, un registro de los funcionarios renuentes a colaborar. El incumplimiento de este deber será sancionado penalmente.

Capítulo 7
De los deberes y responsabilidades

Artículo 123
Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

TÌTULO IV
DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO Y DE LAS INSTITUCIONES POLITICAS

Capítulo 1
De las funciones e instituciones

Artículo 124
Constituyen el sector público:
1. Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial;
2. Los organismos electorales.
3. Los organismos de control y regulación.
4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo.
5. Los organismos y entidades creados por la Constitución, la ley o por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas que correspondan o hayan sido asumidas por el Estado.
6. Las empresas y más instituciones creadas por los poderes públicos, de cualquier forma y con cualquier denominación, para la prestación de servicios públicos, y,
7. La Cruz Roja del Ecuador, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer y la Junta de Beneficencia de Guayaquil, entre otras son entidades del sector público, no estatal, sin fines de lucro.

Artículo 125
1. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias y los funcionarios públicos y las personas que por ellas actúan ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y en la ley o que se deriven necesariamente de ellas para el cumplimiento de sus funciones específicas, tendrán el deber de coordinar sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos.

2. Aquellas instituciones que la Constitución o la ley determinen, gozarán de autonomía para su organización y funcionamiento.

Capítulo 2
Normas comunes

Artículo 126
El ejercicio de funciones en las instituciones del Estado constituye un servicio a la colectividad, que requiere capacidad, probidad y eficiencia. Ningún servidor público está exento de responsabilidad por los actos realizados o por las omisiones en que incurra en el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Artículo 127
1. Los funcionarios y empleados públicos estarán sometidos a las leyes que regulan la administración pública.
2. Solo por excepción establecida en una norma, los funcionarios públicos estarán sometidos a régimen de libre nombramiento y remoción.

3. El ingreso al servicio civil y carrera administrativa se hará mediante concurso de oposición.

4. La ley establecerá los mecanismos para fijar las remuneraciones para el sector público, aplicable sin excepción alguna a todas las entidades del Estado y a aquellas que en general conforman el sector público, incluidas las que por mandato constitucional o legal gozan de autonomía.

Artículo 128
1. En las instituciones del Estado, organismos y dependencias que ejerzan la potestad estatal de control y evaluación no podrán ejercer cargos quienes tengan intereses o represente a quienes los tengan en las instituciones, organismos o dependencias que deban ser controlados o evaluados.

2. Todo servidor público deberá abstenerse de actuar en los casos en que sus intereses o los que representen entren en conflicto con los de la institución, organismo o dependencia a los que presta servicios.
3. Las violaciones de estos principios serán sancionados por la ley.

Artículo 129
1. Los servidores públicos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los designados para periodo, los magistrados, jueces y funcionarios de la Función Jurisdiccional, los miembros de las Fuerzas Armadas y los de la Policía Civil Nacional y los que manejen recursos o bienes públicos deberán presentar al inicio y al término de su gestión, y con la periodicidad que señale la ley, una declaración patrimonial juramentada que incluya activos y pasivos y su origen. A sus cuentas bancarias y a las de su cónyuge o conviviente tendrán libre acceso los organismos de control pertinente.

2. Quien no presente la declaración juramentada no podrá posesionarse de su cargo y de hacerlo será removido inmediatamente por el Contralor General del Estado.

3. La Contraloría General del Estado registrará y examinará las declaraciones de bienes e investigará los casos en que presuma enriquecimiento ilícito. Cuando existan graves indicios de utilización de testaferros, la Contraloría podrá solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quién ejerza o haya ejercido una función pública.

Artículo 130
1. La ley establecerá la responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios y empleados públicos, en especial por el manejo y administración de los fondos, bienes o recursos públicos.

2. Los funcionarios y empleados, de cualquier institución y jerarquía o rango, estarán sujetos a las sanciones establecidas por la comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Siempre que se garantice que la persona acusada de estos delitos haya sido debidamente notificada y que cuente con un defensor, podrá juzgarse sin su comparecencia en la fase de juicio, sin perjuicio del derecho a una revisión ulterior. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos sin ser servidores públicos.

3. Los acciones civiles por daños y perjuicios al fisco podrán sustanciarse independientemente del juicio penal y serán imprescriptibles.

Artículo 131
1. Nadie desempeñará más de un cargo público, excepto los docentes universitarios quienes podrán además ejercer la cátedra si sus horarios son compatibles.

2. Se prohíbe el nepotismo en la forma que determine la ley. La violación de este principio, que será establecido por la Contraloría General del Estado, se sancionará penalmente.

Artículo 132
1. Para la designación de magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, del Ministro Fiscal General, del Defensor Público, del Defensor del Pueblo, de los miembros del Consejo Nacional de Rehabilitación, de los miembros de la Comisión Técnica Auditora, de los Superintendentes, del Procurador General del Estado y del Contralor General, así como de sus conjueces, suplentes o subrogantes correspondientes, el Instituto Nacional Electoral convocará a concurso público de merecimientos, receptará las carpetas de los postulantes, verificará el cumplimiento formal de requisitos, y remitirá una lista de los postulantes a la Comisión Especial de Selección.

2. Noventa días antes de la terminación del período de los funcionarios constantes en el número anterior o cuando se produzca una vacante el Instituto Nacional Electoral iniciará el proceso respectivo.

3. La Comisión Especial publicará la lista de postulantes y receptará impugnaciones. El proceso de impugnación será público y respetará el debido proceso. Los postulantes declarados idóneos comparecerán a audiencias públicas ante la Comisión, la cual finalmente calificará, sobre la base de criterios objetivos, los merecimientos, emitirá un informe que será vinculante y lo remitirá al Presidente de la República. A lo largo de todo el proceso habrá veeduría ciudadana.

4. El Presidente de la República expedirá el nombramiento de los funcionarios designados y a sus conjueces, subrogantes o suplentes, que serán quienes sigan en estricto orden de méritos.

5. De no haber candidatos idóneos y de haberse declarado desierto el concurso por parte de la Comisión Especial, el Instituto Nacional Electoral convocará a uno nuevo.

6. La Comisión Especial de Selección estará conformada por cinco miembros, que deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser magistrados de la Corte Constitucional, designados uno por la Función Legislativa, uno por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Comisión Cívica Anticorrupción, uno por el Consejo Nacional de Educación Superior, todos de fuera de su seno, y uno por la Presidencia de la República.

TITULO V
DE LA FUNCION LEGISLATIVA

Capítulo 1
Del Congreso Nacional

Artículo 133
1. La Función Legislativa estará a cargo del Congreso Nacional integrado por diputados elegidos por un período de cinco años.

2. Los diputados se elegirán a razón de dos por provincia y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que pase de ciento cincuenta mil, por votación universal, directa y secreta.

3. En las provincias con más de un millón de habitantes, el Instituto Nacional Electoral, cada diez años, las dividirá en circunscripciones electorales, en las que se elegirá no menos de dos diputados por circunscripción.

4. El Instituto Nacional Electoral, con criterios de proporcionalidad, determinará las circunscripciones electorales para los migrantes y el número de diputados que deben ser elegidos, hasta un máximo de seis.

Artículo 134
Para el ejercicio de sus funciones, El Congreso Nacional se constituirá en pleno con la concurrencia de todos sus miembros o se dividirá en comisiones que podrán ser permanentes y comisiones constituidas para un objeto determinado de acuerdo con la Ley y el Reglamento.

Artículo 135
El Congreso Nacional será unicameral; tendrá su sede en la ciudad de Quito. Podrá trasladarse excepcionalmente a sesionar en cualquier otro lugar del país, por resolución de la mayoría de sus miembros y por el tiempo necesario para resolver los asuntos determinados en la misma resolución.

Artículo 136
Para ser diputado se requiere ser ecuatoriano por nacimiento, estar en goce de los derechos políticos y ser oriundo o residir por al menos tres años consecutivos en la provincia

Artículo 137
1. Los partidos o movimientos políticos que cuenten con un número de diputados que represente por lo menos el cinco por ciento del Congreso Nacional podrán formar un bloque legislativo.

2. Los partidos o movimientos que no lleguen a tal porcentaje podrán unirse con otros para formarlo.

Artículo 138
1. El Congreso Nacional elegirá de entre sus miembros, con el voto de la mayoría de sus integrantes, un Presidente y dos Vicepresidentes y de fuera de su seno un Secretario y un Prosecretario.

2. Los elegidos durarán treinta meses en sus cargos y podrán ser reelegidos.

Artículo 139
Las funciones del Congreso son legislativas, de control político y fiscalización, según lo prescrito por la Constitución.

Artículo 140
El Congreso Nacional tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1. Posesionar al Presidente y Vicepresidente de la República proclamados electos por el Instituto Nacional Electoral. Conocer sus renuncias; destituirlos previo enjuiciamiento político; establecer su incapacidad física o mental y declararlos cesantes.

2. Elegir Presidente de la República si faltaren simultánea y definitivamente Presidente y Vicepresidente de la República; y, Vicepresidente, de la terna propuesta por el Presidente de la República, en caso de falta definitiva del segundo mandatario.

3. Conocer el informe anual que debe presentar el Presidente de la República y pronunciarse al respecto.

4. Expedir, reformar, derogar e interpretar las leyes. La ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Registro Oficial, a menos que la propia Ley disponga otra cosa

5. Establecer, modificar, suprimir o ceder mediante ley, impuestos, tasas y otros ingresos tributarios, excepto aquellos que correspondan según esta Constitución a otras instituciones del Estado.

6. Aprobar o improbar los tratados internacionales, en los casos que corresponda.

7. Fiscalizar los actos de la Función Ejecutiva y los del Instituto Nacional Electoral y solicitar a los funcionarios públicos las informaciones que considere necesarias.

8. Enjuiciar políticamente al Presidente y al Vicepresidente de la República si estimare que han cometido actos extremadamente graves contra la seguridad del Estado, contra la vigencia de las instituciones democráticas o contra el imperio de la Constitución y resolver su censura y destitución con el voto favorable de las dos terceras partes de sus restantes miembros, ya que la acusación deberá ser presentada y sustentada por un número de diputados que represente al menos la décima parte del total, quienes no participarán en la votación. No será necesario enjuiciamiento penal para iniciar este proceso.

9. Autorizar motivadamente, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, la instrucción fiscal del Presidente y del Vicepresidente de la República, a solicitud formulada por el Fiscal General. La sesión en que se conozca esta solicitud será convocada especialmente y en ella deberá ser escuchado el Presidente o el Vicepresidente, ya sea personalmente o por medio de un representante.

9.1 Si la instrucción fiscal se refiere a la comisión de delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, servirá de causal para la iniciación del juicio político.

9.2 En los delitos de acción pública la sentencia condenatoria ocasionará la destitución y entonces se convocará a nuevas elecciones para reemplazarlo.

9.3 Si el delito fuera de acción privada, el proceso penal y el plazo de prescripción de la acción quedarán suspendidos y se reanudarán a la conclusión del período presidencial.

10. Proceder al enjuiciamiento político, del Contralor General y Procurador del Estado, del Defensor del Pueblo, del Ministro Fiscal General; de los superintendentes, de los magistrados de la Corte Constitucional y de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, previo dictamen de la Comisión Técnica Auditora y de conformidad con la Ley.

11. Podrá plantearse la interpelación y la moción de censura al Ministro de Coordinación Política y a los Secretarios de Estado a propuesta de al menos la décima parte de los diputados. De ser aprobada la moción de censura por mayoría absoluta de los diputados integrantes del congreso, tras su debate de conformidad con lo dispuesto en la Ley, el Ministro o Secretario del Estado censurado deberá presentar su dimisión al Presidente de la República y este designar su reemplazo.

12. Aprobar el presupuesto general del Estado y vigilar su ejecución.

13. Fijar el límite de endeudamiento público de acuerdo con la ley.

14. Conceder amnistías generales por delitos políticos, e indultos por delitos comunes, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. En ambos casos, la decisión se justificará cuando medien motivos humanitarios. No se concederá el indulto por delitos cometidos contra la administración pública y por los delitos mencionados en el número 14 del Art. 25.

15. Conformar las comisiones especializadas permanentes.

16. Establecer, con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes, comisiones de investigación sobre asuntos concretos. La ley regulará la composición y el funcionamiento de estas comisiones, así como la obligación de los funcionarios y personas particulares que tengan directa vinculación con el hecho investigado de comparecer ante ellas. Los informes de estas comisiones se pondrán en conocimiento del Congreso y, de ser el caso, del Ministerio Público para que proceda conforme a derecho, estos informes serán públicos. Las comisiones quedarán disueltas una vez presentado el informe.

17. Las demás que consten en la Constitución y en las leyes.

Artículo 141
1. La comisión de Mesa es el máximo órgano de administración y estará integrado por el Presidente, Vicepresidente y por cuatro diputados elegidos por el Congreso Nacional.

2. Todos los integrantes de la Comisión de Mesa pertenecerán a diferentes bloques legislativos.

Artículo 142
Para el cumplimiento de sus labores, el Congreso Nacional se regirá por la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Reglamento Interno y el Código de Ética.

Artículo 143
1. El Congreso Nacional se Instalará en Quito, sin necesidad de convocatoria, el 5 de enero de cada año y sesionará en forma ordinaria y permanente, hasta el último día laborable de octubre Las sesiones del Congreso serán públicas. Excepcionalmente, podrá constituirse en sesión reservada, para lo cual se requerirá el voto de la mayoría de sus miembros y siempre que no se trate de la discusión de un proyecto de ley.

2. Durante el tiempo de receso, el Presidente del Congreso Nacional por sí o a petición de las dos terceras partes de los diputados o a solicitud del Presidente de la República, convocará a períodos extraordinarios de sesiones para conocer exclusivamente los asuntos específicos señalados en la convocatoria.

Capítulo 2
De los diputados

Artículo 144
1. Los diputados actuarán con sentido nacional, no estarán sujetos a mandato imperativo, serán responsables ante el pueblo, del cumplimiento de los deberes propios de su investidura y están obligados a rendir cuentas periódicamente en la forma determinada por la ley.

2. Prohíbese a los diputados ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, podrán solicitar la realización de obras de interés nacional o provincial.

3. Igualmente les estará prohibido gestionar nombramientos de cargos públicos.

4. No podrán percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los de diputado, ni integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado.

5. Los diputados mientras actúen como tales no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales; quienes incumplan esta prohibición perderán la calidad de diputados. Podrán desempeñar la docencia universitaria si su horario lo permite.

Artículo 145
1. Los diputados no serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.

2. En los demás casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones, no se requerirá autorización del Congreso para iniciar causa penal en su contra, pero no se le podrá privar de la libertad, salvo en caso de delito flagrante.

3. Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo continuarán tramitándose ante el juez que avocó conocimiento de la causa.

Capítulo 3
De las leyes

Sección primera
De las clases de leyes

Artículo 146
El Congreso Nacional, de conformidad con las disposiciones de esta sección, aprobará como leyes las normas generalmente obligatorias de interés común. Las atribuciones del Congreso que no requieran de la expedición de una ley, se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones.

Artículo 147
Se requerirá de la expedición de una ley para las materias siguientes:

1. Normar el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, garantizados en la Constitución.

2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes.

3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin perjuicio de las atribuciones que la Constitución confiere a los organismos del régimen seccional autónomo.

4. Atribuir deberes y responsabilidades a los organismos del régimen seccional autónomo.

5. Modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo relativo a parroquias.

6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación, la facultad de expedir normas de carácter general, en las materias propias de su competencia, sin que estas puedan alterar o innovar las disposiciones legales.

Artículo 148
1. Las leyes serán orgánicas y ordinarias.

Serán leyes orgánicas:
1.1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución.

1.2. Las que regulan los derechos y garantías constitucionales.

1.3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos.

2. La expedición reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros del Congreso Nacional.

3. Las demás serán leyes ordinarias.

Artículo 149
Una ley ordinaria no podrá modificar una ley orgánica ni prevalecer sobre ella, ni siquiera a título de ley especial.

Artículo 150
La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde:
1. A los diputados, con el apoyo de un bloque legislativo o de diez legisladores;
2. Al Presidente de la República a través del Ministro de Coordinación Política; y,
3. A la iniciativa popular de conformidad con la ley.

Artículo 151
Solamente el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley mediante los cuales se creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país.

Artículo 152
1. Gozarán de la iniciativa legislativa los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos de la siguiente manera:

1.1. El uno por mil de los ciudadanos empadronados en todo el país podrá presentar un proyecto de ley;

1.2. Los proyectos de ley de iniciativa popular no podrán versar sobre materias propias de las leyes orgánicas, penales, tributarias o reservadas al Presidente de la República,

Artículo 153
Los proyectos de iniciativa legislativa ciudadana serán presentados al Presidente del Congreso Nacional y seguirán el trámite ordinario; en los debates tendrán derecho a participar los proponentes por medio de tres representantes, cuyos nombres deberán constar en el mismo proyecto, antes de las firmas de los ciudadanos que lo proponen.

Artículo 154
Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados al Presidente del Congreso Nacional con la correspondiente exposición de motivos y los considerandos o razones que los sustenten. Si el proyecto no reuniere estos requisitos no será tramitado.

Sección segunda
Del trámite ordinario

Artículo 155
1. El Presidente del Congreso, dentro de los ocho días subsiguientes a la recepción del Proyecto ordenará que se lo distribuya a los diputados y que se difunda públicamente su extracto. Enviará el proyecto a la comisión que corresponda, la cual iniciará el trámite requerido para su conocimiento, luego de veinte días contados a partir de su recepción.

2. El proyecto será sometido a dos debates de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento.

3. Aprobado el proyecto, el Congreso lo enviará inmediatamente al Presidente de la República para que lo sancione u objete.

4. Sancionado el proyecto o no habiendo objeciones, dentro de los diez días subsiguientes a aquel en que el Presidente de la República la recibió, se promulgará en el Registro Oficial.

5. Si el Presidente de la República objetare totalmente por inconveniencia el proyecto, el Congreso podrá volver a considerarlo solamente después de un año, contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, el Congreso podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para su promulgación.

6. Si la objeción por inconveniencia fuere parcial, el Congreso deberá examinarla en un plazo máximo de treinta días contados a partir de la fecha de entrega de la objeción presidencial y podrá, en un solo debate, allanarse total o parcialmente a ella y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de integrantes. Podrá también ratificar el proyecto inicialmente aprobado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. En ambos casos, el Congreso enviará la ley al Registro Oficial para su promulgación. Si el Congreso no considerare la objeción en el plazo señalado, se entenderá que se ha allanado a ésta y el Presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley en el Registro Oficial.

7. Toda objeción será fundamentada y en el caso de objeción parcial, el Presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto.

8. Si la objeción fuere a la vez por inconveniencia y por inconstitucionalidad se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad.

Artículo 156
1. Si la objeción del Presidente de la República se fundamentare en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, éste será enviado a la Corte Constitucional para que emita su dictamen dentro del plazo de treinta días.

2. Si el dictamen confirmare la inconstitucionalidad total del proyecto, éste será archivado.

3. Si confirmare la inconstitucionalidad parcial, el Congreso Nacional deberá realizar las enmiendas necesarias para que el proyecto pase luego a la sanción del Presidente de la República.

4. Si la Corte Constitucional dictaminare que no hay inconstitucionalidad, el Congreso ordenará su promulgación.

Parágrafo 1º
De los proyectos de urgencia económica

Artículo 157
1. El Presidente de la República podrá enviar al Congreso Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. En este caso, el Congreso deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos, dentro de un plazo máximo de treinta días, contados a partir de su recepción.

2. Mientras se discute un proyecto calificado de urgente, el Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos.

Artículo 158
Si el Congreso no aprobare, modificare o negare el proyecto calificado de urgente en materia económica en el plazo señalado en el artículo anterior, el Presidente de la República lo promulgará en el Registro Oficial.

TITULO VI
DE LA FUNCION EJECUTIVA

Artículo 159
La Función Ejecutiva estará a cargo del Presidente de la República quien es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y responsable de la administración pública. Representa al Estado ecuatoriano. Su período de gobierno, que durará cinco años, se iniciará el 10 de agosto del año de su elección.

Sección primera
Del Presidente de la República

Artículo 160
El Presidente de la República, deberá ser ecuatoriano por nacimiento y haber cumplido treinta y cinco años de edad al momento de la inscripción de su candidatura, haber residido en el país al menos cinco años, estar en goce de los derechos políticos y no estar incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones prescritas en esta Constitución.

Artículo 161
1. El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos, en una misma papeleta, en votación universal, directa y secreta, por mayoría absoluta de votos.

2. Si en la primera votación ninguno de los binomios hubiere logrado la mayoría requerida en el inciso anterior, se realizará una segunda dentro de los siguientes treinta días y en ella participarán en condición de finalistas los binomios que hayan obtenido el primero, segundo y tercer lugares en la primera vuelta.

3. En la segunda votación será electo el binomio que obtenga la mayoría de votos.

4. No será necesaria la segunda votación, si el binomio que obtuvo el primer lugar, hubiere alcanzado más del treinta y cinco por ciento de los votos válidos y una diferencia mayor de cinco puntos porcentuales, calculados sobre la totalidad de los votos válidos, sobre la votación lograda por el ubicado en segundo lugar.

5. Si uno de los binomios finalistas no pudiere participar, por cualquier motivo, le remplazará el siguiente binomio más votado.

Artículo 162
No podrán ser candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República:

1. Quienes hayan ejercido durante el período que concluye la Presidencia y la Vice-presidencia de la República, sus cónyuges, padres, hijos, hermanos y parientes por afinidad hasta el segundo grado.

2. Quienes se encuentren incursos en las prohibiciones constantes en el Art. 252 de esta Constitución.

Artículo 163
El Presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes:

1. Por terminación del período para el cual fue elegido;
2. Por muerte;
3. Por renuncia aceptada por el Congreso Nacional;
4. Por destitución, previo enjuiciamiento político; de acuerdo al Art 140.
5. Por incapacidad física o mental, legalmente comprobada, que le impida ejercer el cargo, declarada por el Congreso Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes;
6. Por revocatoria del mandato.

Artículo 164
El Presidente de la República tiene los siguientes deberes y responsabilidades:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados y los convenios internacionales y demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia;

2. Presentar, en el momento de su posesión, su plan de gobierno con los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio;

3. Presentar anualmente al Congreso Nacional el informe sobre el cumplimiento del Programa de Gobierno, concurrir y participar en las sesiones del Congreso en las que se discuta el informe;

4. Nombrar y remover libremente al Ministro de Coordinación Política, a los Secretarios de Estado, y demás funcionarios que le corresponda de conformidad con la Constitución y la ley;

5. Dirigir la administración pública, dictar y promulgar la Ley Orgánica de la Función Ejecutiva que regulará la integración, organización y procedimientos de esa Función;

6. Presidir las sesiones de los gabinetes de secretarios de estado y territorial;

7. Dirigir la política de relaciones exteriores y nombrar a embajadores y jefes de misión;

8. Sancionar los proyectos de ley aprobados por el Congreso Nacional y ordenar su promulgación en el Registro Oficial;

9. Participar con iniciativa legislativa y a través de los mecanismos previstos en esta Constitución en la formación de la ley;

10. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración;

11. Disolver el Congreso Nacional, por una sola vez en su período por las siguientes causas:
11.1 Cuando el Congreso Nacional se haya arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional; y,
11.2 Cuando el Congreso Nacional en forma reiterada, sistemática e injustificada obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

La disolución del Congreso Nacional no podrá hacerlo ni en el primero, ni en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso Nacional el Instituto Nacional Electoral convocará en un plazo máximo de diez días a elecciones que se realizarán en los sesenta días posteriores a la convocatoria.

12. Convocar a consultas populares en los casos y con los requisitos previstos en esta Constitución y la ley;

13. Expedir los nombramientos a las autoridades, acogiendo el informe vinculante de la Comisión designada para su selección de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 132 de esta Constitución.

14. Decretar los estados de excepción a petición del Ministro de Coordinación Política;

15. Conceder indultos, en los casos y en los términos previstos en la ley.

16. Convocar al Congreso Nacional a períodos extraordinarios de sesiones. En la convocatoria se determinarán los asuntos específicos que se conocerán durante tales períodos.

17. Ejercer la máxima autoridad de las fuerzas armadas y de la policía civil nacional, designar a los integrantes del alto mando militar y policial, otorgar los ascensos jerárquicos a los oficiales generales y aprobar los reglamentos orgánicos, de acuerdo a la ley;

18. Decidir y autorizar la contratación de empréstitos, de acuerdo con la Constitución y la ley;

19. Los demás que le atribuya esta Constitución.

Parágrafo 1
Del vicepresidente de la república

Artículo 165
El Vicepresidente de la República será elegido en el mismo acto electoral en el que será elegido el Presidente de la República, deberá cumplir iguales requisitos y desempeñará sus funciones por igual período de cinco años.

Artículo 166
1. El Vicepresidente de la República reemplazará al Presidente de la República en ausencia temporal o definitiva del mismo.

2. En caso de falta definitiva del Vicepresidente, el Congreso Nacional elegirá su reemplazo en el plazo de treinta días de la terna que remitirá el Presidente de la República, de no elegirlo en dicho plazo, se entenderá elegido el que consta en primer lugar de la terna.

Artículo 167
Compete al Vicepresidente de la República:

1. Dirigir el Sistema de Planificación Nacional, armonizándolo con planes nacionales, regionales, provinciales o cantonales;

2. Dirigir el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; y,

3. Las demás atribuciones que le delegue el Presidente de la República o las establecidas mediante ley.

Parágrafo 2
Del ministro de coordinación política

Artículo 168
Son deberes y facultades del Ministro de Coordinación Política:

1. Coordinar las relaciones del Ejecutivo con el Congreso Nacional
2. Informar al Congreso Nacional el avance del Plan Nacional de Desarrollo que lleve adelante el Ejecutivo;
3. Solicitar al Congreso Nacional su colaboración en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en lo que el Ejecutivo considere de fundamental importancia para la marcha del país;
4. Coordinar la acción del gobierno;
5. Presidir las sesiones del Consejo de Secretarios de Estado, y de los gabinetes territoriales por delegación del Presidente de la República;
6. Proponer al Presidente de la República, previa deliberación en el seno del Consejo, que decrete estado de excepción; sin perjuicio de lo establecido en el Art. 174.
7. Los demás previstos en esta Constitución.

Parágrafo 3
De los Secretarios de Estado

Artículo 169
El número de Secretarios de Estado y las áreas que a cada uno de ellos se le encargará, será establecido mediante decreto expedido por el Presidente de la República.

Artículo 170
Para ser Secretario de Estado se requiere ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse en ninguno de los casos de inhabilidad o incompatibilidad previstos en esta Constitución o en la ley.

Artículo 171
Cada Secretario de Estado será responsable de la ejecución del Programa de Gobierno y de la administración pública en el área que le corresponda, suscribirán con el Presidente de la República los decretos expedidos en las materias concernientes a su secretaría.

Artículo 172
1. Los Secretarios de Estado presentarán anualmente al Congreso Nacional un informe del cumplimiento del Programa de Gobierno en su área.

2. Los Secretarios de Estado concurrirán al menos dos veces al año al Congreso Nacional para informar de la situación del Ecuador en el área de su competencia, solicitar la colaboración para la ejecución del Programa de Gobierno y para la más oportuna y eficaz satisfacción de las demandas del pueblo con la acción conjunta del Gobierno y el Congreso Nacional.

Artículo 173
No podrán ser ministros:

1. El cónyuge, padres, hijos o hermanos del Presidente o Vicepresidente de la República.

2. Las personas que hayan sido sentenciadas por delitos sancionados con reclusión, o llamados dentro de un juicio penal a la etapa plenaria, salvo que en este segundo caso, hayan recibido sentencia absolutoria.

3. Los que tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas nacionales o extranjeras, siempre que el contrato haya sido celebrado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.

4. Los miembros de la fuerza pública en servicio activo.

Sección segunda
De los estados de excepción

Artículo 174
El Presidente de la República decretará el estado de excepción en caso de inminente agresión exterior o conflicto armado; y a petición del Ministro de Coordinación Política en casos de graves disturbios internos y catástrofes naturales.

El decreto será motivado y contendrá los siguientes aspectos: si rige en todo el territorio nacional o parte de él, su tiempo de vigencia y modo de aplicación, especificando que derechos se los limita y en qué forma.

Artículo 175
En caso de inminente agresión exterior o conflicto armado, el Presidente de la República asumirá la dirección de la guerra y podrá delegar el mando a uno de los oficiales generales de las Fuerzas Armadas.

En los demás casos de excepción las instituciones políticas y administrativas mantendrán su organización y funcionamiento constitucionales ordinarios, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 176
Decretado el estado de excepción el Presidente de la República en caso de inminente agresión exterior o de conflicto armado, podrá asumir las siguientes atribuciones o alguna de ellas:
1. Invertir para la defensa nacional o para enfrentar la catástrofe, los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a la educación y a la salud;
2. Decretar la recaudación anticipada de impuestos y más contribuciones;
3. Suspender o limitar alguno o algunos de los derechos constitucionalmente reconocidos y garantizados en los números 12,16, 17, 18 y 23 del Art. 24 de esta Constitución;
4. Disponer la censura previa en los medios de comunicación social en lo relativo con la defensa nacional;
5. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Civil Nacional a través de los organismos correspondientes y llamar al servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella;
6. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional;
7. Disponer la movilización, la desmovilización y las requisiciones que sean necesarias de acuerdo con la ley; y,
8. Disponer el cierre o la habilitación de puertos.

Artículo 177
No se podrá disponer la expatriación ni el confinamiento de una persona a una región distinta de aquella en que viva.

Artículo 178
El Presidente de la República ordenará la publicación inmediata del decreto mediante el cual dispone el estado de excepción y notificará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la publicación de este particular al Congreso Nacional. Si las circunstancias lo justificaren, el Congreso Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo.

Salvo el caso de inminente agresión exterior o conflicto armado; el estado de excepción tendrá vigencia hasta por un plazo de sesenta días, desde la fecha de la publicación del decreto correspondiente en el Registro Oficial. Si las causas que lo motivaron persistieren, podrá ser renovado por otros sesenta días y así sucesivamente, caso contrario quedará ipso jure terminado el estado de excepción.

Sección tercera
De las fuerzas armadas y de la policía civil nacional

Parágrafo 1
Disposiciones comunes

Artículo 179
Las Fuerzas Armadas y la Policía Civil Nacional serán obedientes y no deliberantes. La obediencia a órdenes superiores no exonerará a quienes las impartan o las ejecuten de responsabilidad por la violación de los derechos y garantías previstos en esta Constitución.

Artículo 180
La Constitución y la ley garantizarán los derechos, la carrera profesional y las condiciones de bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Civil Nacional. No se los podrá privar de sus grados, honores, ni pensiones sino por las causas y en la forma prevista por la ley.

Artículo 181
1. Los miembros de la Fuerzas Armadas y de la Policía Civil Nacional estarán sujetos a los jueces, tribunales y cortes de la Función Jurisdiccional, organizados de conformidad con el principio de la unidad jurisdiccional.

2. Los arrestos y demás sanciones disciplinarias serán impuestas por los superiores competentes, siempre respetando los principios, derechos y garantías del debido proceso.

Artículo 182
En los estados de excepción por agresión exterior y conflicto armado, el Presidente de la República mediante decreto regulará el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Civil Nacional en misiones en las que se requiera su trabajo conjunto.

Parágrafo 2
De las fuerzas armadas

Artículo 183
1. Las Fuerzas Armadas, integradas por las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra, tendrán como misión conjunta, permanente y exclusiva la defensa de la integridad territorial y la independencia del Estado.

2. Además de las Fuerzas Armadas permanentes, se organizarán fuerzas de reserva según las necesidades de la defensa nacional, su organización, mando, preparación, empleo y control estarán regulados por la Constitución, la ley; podrá colaborar con la Presidencia de la República en tareas de ayuda civil.

Artículo 184
El servicio militar, sin distinción de género, será voluntario; no obstante, el Presidente de la República en los casos de agresión exterior y conflicto armado, podrá decretar, en cada ocasión, la obligatoriedad del mismo por necesidades de la defensa nacional. En todo caso se respetará el derecho a la objeción de conciencia, sin necesidad de justificación, ni calificación alguna; el objetor será destinado a un servicio civil a la comunidad.

Artículo 185
En caso de inminente agresión externa o conflicto armado, el Consejo de Secretarios de Estado, bajo la dirección del Presidente de la República, se constituirá en Consejo de Crisis y será responsable de la defensa nacional, con el cual, los ecuatorianos y los extranjeros residentes estarán obligados a colaborar.

Parágrafo 3
De la policía civil nacional

Artículo 186
1. La Policía Civil Nacional, bajo la dirección del Secretario de Estado responsable de la seguridad pública y ciudadana tendrá mando único y administración descentralizada funcional y territorialmente; será una fuerza civil especializada, sin perjuicio de que la rama dedicada a combatir el delito sea preparada y equipada adecuadamente aún para el uso de armas.

2. Su organización, preparación, mando, empleo y control estará regulados por la Constitución, las normas internacionales de los derechos humanos y la ley.

3. Prestará colaboración oportuna, eficaz y eficiente a los otros órganos responsables de la seguridad ciudadana y pública. La ley regulará esta colaboración y la rendición de cuentas a los municipios y al Consejo de Secretarios de Estado.

Artículo 187
Para la investigación del delito habrá la Policía Judicial que dependerá del Ministerio Público estará integrada por agentes investigadores, específicamente preparados en las especialidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones y deberá contar con las instalaciones, laboratorios y equipos apropiados.

CAPITULO VII
DE LA FUNCION JURISDICCIONAL

Artículo 188
La Función Jurisdiccional está conformada por:
a. La justicia constitucional, y,
b. La justicia ordinaria.
Cada una de ellas será autónoma en el ejercicio de sus potestades.

Capítulo 1
Principios y normas generales

Artículo 189
La potestad de administrar justicia pertenece al pueblo y se la ejerce por los órganos de la Función Jurisdiccional establecidos en esta Constitución y en la ley.

Artículo 190
1. Los órganos de la Función Jurisdiccional serán independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones, aún frente a los demás órganos de la Función Jurisdiccional. Los jueces sólo estarán sometidos a la Constitución, a los convenios internacionales y a la ley.

2. Ningún poder extraño a la Función Jurisdiccional ni los particulares, sean personas naturales o jurídicas, podrán interferir directa o indirectamente en el ejercicio de su potestad.

3. Cualquier atentado contra la independencia judicial, interna o externa, será sancionado administrativa, civil y penalmente.

Artículo 191
La Función Jurisdiccional gozará de autonomía económica. En el presupuesto general del Estado se asignará los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, que no podrán ser menos del cinco por ciento del presupuesto general del Estado. Las rentas serán transferidas automáticamente en cada ejercicio fiscal. El incumplimiento de esta norma será sancionado, de conformidad con lo establecido en esta Constitución.

Artículo 192
Se prohíbe a los magistrados, jueces y servidores judiciales ejercer la abogacía o desempeñar otro cargo público o privado, con excepción de la docencia e investigación universitaria fuera de los horarios de trabajo. No podrán ejercer funciones en los partidos políticos, intervenir en contiendas electorales, ni participar activamente en proselitismo político ni religioso.

Artículo 193
El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia, hará efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

Artículo 194
Las leyes procesales incorporarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites. El retardo o negligencia en la administración de justicia, imputable al juez o magistrado, será sancionado por la ley.

Artículo 195
La sustanciación de los procesos, que incluye la presentación, contradicción de las pruebas e impugnación de las resoluciones judiciales, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, inmediación y dispositivo. En guarda de los derechos humanos, excepcionalmente los jueces podrán actuar de oficio en la iniciación, prueba y consulta.

Artículo 196
Salvo los casos expresamente señalados por la ley, los juicios y las resoluciones serán públicos; pero los tribunales podrán deliberar reservadamente. No se admitirá la transmisión de las diligencias judiciales por los medios de comunicación, ni su grabación por personas ajenas a las partes y a sus defensores.

Artículo 197
En los tribunales colegiados, las resoluciones de las causas se adoptarán sobre la base del sistema de ponencias, que serán consideradas para la evaluación del desempeño del juez o magistrado. La responsabilidad civil y penal será regulada mediante ley; salvo lo anterior, los magistrados y jueces no serán responsables por los votos que emitan y por las opiniones que formulen en el ejercicio de su cargo.

Artículo 198
1. Se establece la unidad jurisdiccional. Ninguna autoridad de las restantes funciones del Estado ni de las entidades del régimen seccional o autónomo podrá desempeñar funciones de administración de justicia, salvo las autoridades indígenas que, de conformidad con sus normas, impartan justicia. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Civil Nacional serán juzgados por la justicia ordinaria; si las infracciones fueren de carácter administrativo, serán sometidas a sus propias normas de procedimiento.

2. Los actos generados por cualquier autoridad pública en ejercicio de sus potestades administrativas podrán ser impugnados ante los correspondientes órganos de la Función Jurisdiccional, en la forma que determine la ley.

Artículo 199
1. Los ministros jueces, jueces y más servidores de la Función Jurisdiccional serán designados por el Consejo Nacional de la Judicatura previo concurso público de oposición, y serán promovidos por concurso público de merecimientos, de conformidad con lo establecido en la ley, la cual preverá veedurías ciudadanas. Las resoluciones que se adopten en estos concursos serán susceptibles de impugnación. Los resultados del concurso serán vinculantes.

2. Salvo los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte de Casación y los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, los demás servidores judiciales, al entrar al servicio, deberán aprobar un curso de formación general y especial y pasar pruebas teóricas y prácticas. Permanentemente, el Consejo Nacional de la Judicatura organizará cursos de formación continua para especializar y actualizar a los servidores judiciales.

3. Se reconoce y se garantiza la carrera y profesionalización judicial, cuyas regulaciones determinará la ley

Artículo 200
1. Todo servidor judicial tiene derecho a permanecer en el desempeño de su cargo mientras no exista una causa legal para ser separado, previo debido proceso. Al cumplir setenta y cinco años de edad, cesarán automáticamente en el servicio.

2. Todos los magistrados, jueces y más servidores judiciales estarán sometidos individualmente a evaluación permanente en su rendimiento, de acuerdo a parámetros técnicos que elabore el Consejo Nacional de la Judicatura. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán reemplazados. El Consejo Nacional de la Judicatura será evaluado por la Corte Constitucional.

Artículo 201
En los casos constitucionales, penales, laborales, de alimentos y de niñez y adolescencia, la administración de justicia será gratuita. En los demás casos, siempre que no se afecte el derecho al acceso a la justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura fijará el monto de las tasas por servicios judiciales según el principio de capacidad contributiva. Estos fondos constituirán ingresos propios de la Función Judicial. Su recaudación y administración se hará en forma descentralizada.

Artículo 202
1. Los magistrados, jueces y más servidores judiciales, al igual que las personas que intervengan en los procesos y sus patrocinadores, deberán actuar con buena fe, probidad y lealtad procesal.

2. Quienes litiguen violando estos preceptos pagarán a quien haya ganado el juicio las costas y los costos procesales e indemnizarán por los perjuicios causados, sin que se admita excepción alguna.

3. Los servidores judiciales que transgredan estos principios serán sancionados de conformidad con la Ley.

Artículo 203
Cualquier juez o tribunal, en las causas que conozca, podrá declarar inaplicable, de oficio o a petición de parte, un precepto jurídico contrario formal o materialmente a las normas de la Constitución o de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, sin perjuicio de fallar sobre el asunto controvertido. Si una de las partes alega la inaplicabilidad, el juez o tribunal deberá forzosamente pronunciarse al respecto. La declaración de inaplicabilidad no tendrá fuerza obligatoria sino en las causas en que se pronuncie. El juez, tribunal o sala presentará un informe sobre la declaratoria de inconstitucionalidad, para que la Corte Constitucional resuelva con carácter general y obligatorio.

Artículo 204
Los jueces o tribunales aplicarán, en todas las causas, irrestrictamente, los principios del debido proceso contemplados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales.

Capítulo 2
De la justicia constitucional

Artículo 205
La justicia constitucional estará conformada por la Corte Constitucional, las salas constitucionales de apelación y los jueces constitucionales.

Artículo 206
La Corte Constitucional será el máximo órgano de control e interpretación constitucional, con jurisdicción nacional, y tendrá su sede en Quito. Lo integrarán nueve magistrados, quienes tendrán sus respectivos conjueces. Desempeñarán sus funciones durante nueve años, se renovarán por tercios cada tres años y no podrán ser reelegidos. La ley orgánica determinará las normas para su organización y funcionamiento y los procedimientos para su actuación. Los Magistrados designarán cada tres años, de su seno, al Presidente, quien tendrá la representación de la Corte Constitucional. El Consejo Nacional de la Judicatura regulará administrativamente el funcionamiento de la Corte.

Artículo 207
Para ser magistrado de la Corte Constitucional, se requerirá:
1. Ser ecuatoriano;
2. Hallarse en goce de los derechos políticos;
3. Tener título de abogado expedido por una de las universidades legalmente reconocidas en el país;
4. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de diez años;
5. Tener experiencia profesional o formación universitaria especializada en derecho constitucional, y,
6. Los demás requisitos de idoneidad que fije la ley.

Los magistrados serán designados de conformidad con el Art. 132 de esta Constitución.

Artículo 208
Competerá a la Corte Constitucional:

1. Conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad, de fondo o de forma, que se presenten contra normas vigentes de carácter general y abstracto, tales como leyes, decretos leyes, decretos, ordenanzas, estatutos, reglamentos y resoluciones; interpretarlas constitucionalmente y, de ser el caso, dictaminar su invalidez total o parcialmente;

2. 1. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las funciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma total o parcial, los mandatos concretos contenidos en normas constitucionales, dentro del plazo establecido en la Constitución o a falta de éste, el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional.

2.2. Declarada la inconstitucionalidad por omisión, notificará al órgano o autoridad remisos, fijando un plazo perentorio para que se subsane.

2.3. Si persiste la omisión la Corte Constitucional, de manera provisional expedirá la norma o ejecutará el acto omitido, los que regirán hasta cuando el órgano o autoridad pública competente cumplan con la obligación que establece la Constitución;

3. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos administrativos de toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad conlleva la revocatoria del acto, sin perjuicio de que el órgano administrativo adopte las medidas necesarias para preservar el respeto a las normas constitucionales.

4. Absolver consultas sobre interpretación constitucional formuladas por quienes tengan iniciativa legislativa. Sus dictámenes serán vinculantes;

5. Resolver sobre la admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad, de conformidad con la Ley Orgánica sobre Control Constitucional;

6. Conocer las sentencias en firme que denieguen o concedan el amparo, el hábeas corpus, el hábeas data y el acceso a la información, de entre ellas seleccionar y pronunciarse en aquellos casos que considere indispensable para desarrollar la jurisprudencia constitucional, a fin de fortalecer el estado Social y democrático de derecho o determinar el contenido de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en instrumentos internacionales;

7. Conocer el recurso extraordinario de amparo contra autos o sentencias judiciales finales y definitivas que violen las garantías constitucionales del debido proceso;

8. Dictaminar sobre las objeciones de inconstitucionalidad que haya hecho el Presidente de la República, en el proceso de formación de las leyes;

9. Dictaminar en qué casos los tratados o convenios internacionales requieren la aprobación por el Parlamento y, si es el caso, sobre la constitucionalidad antes de su aprobación por el Congreso Nacional;

10. Dictaminar en qué casos los tratados o convenios internacionales requieren una reforma constitucional;

11. Dirimir conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución;

12. Decidir sobre la inconstitucionalidad de cualquier reforma constitucional realizada por el Congreso Nacional, y,

13. Ejercer las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes.

Artículo 209
Se concede acción popular para demandar la inconstitucionalidad, que se ejercerá de conformidad con la Ley Orgánica de Control Constitucional.

Artículo 210
Las sentencias de la Corte Constitucional, que también podrán ser interpretativas, aditivas o exhortativas, se publicarán en el Registro Oficial. La declaratoria de inconstitucionalidad de una norma implica su nulidad. Sin embargo, la Corte Constitucional adoptará las medidas necesarias para que se respeten los derechos adquiridos.

Artículo 211
Los jueces constitucionales conocerán las causas relacionadas con acciones constitucionales de protección de derechos. En las cortes de apelaciones, existirán salas especializadas en materia constitucional, que conocerán las apelaciones por acciones constitucionales resueltas en primera instancia.

Artículo 212
1. Si transcurridos treinta días desde la publicación de la sentencia en el Registro Oficial, el funcionario o funcionarios responsables no la cumplieren, la Corte, de oficio o a petición de parte, los sancionará de conformidad con la ley.

2. De la misma manera procederá la Corte, cuando no se cumplieren las sentencias ejecutoriadas dictadas por los jueces constitucionales o las salas especializadas de las cortes de apelación dentro del plazo de 30 días contados a partir de la notificación que se haga al funcionario o funcionarios responsables con el requerimiento de cumplimiento que formule el interesado.

Capítulo 3
De la justicia ordinaria

Artículo 213
La rama de justicia ordinaria está conformada por los siguientes órganos:

a) Órganos jurisdiccionales, encargados de administrar justicia de conformidad con la competencia determinada en la Constitución y la ley:

La Corte Suprema de Justicia,
las Cortes de Apelación,
los tribunales y juzgados que establezca la ley, y,
los jueces de paz.

b) Órganos auxiliares:
El servicio notarial,
el servicio registral,
martilladores,
depositarios, y.
los demás que determine la ley.

c) Órganos administrativos:

El Consejo Nacional de la Judicatura, y,
el Consejo Nacional de Rehabilitación Social.

d) Órganos autónomos:

La Defensoría Pública, y,
el Ministerio Fiscal.

La ley determinará su estructura y el ámbito de actuación.

Sección primera
De la corte suprema de justicia

Artículo 214
La Corte Suprema de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede en Quito; actuará como corte de casación y de revisión en todas las materias, y ejercerá, además, todas las atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes.

Artículo 215
La Corte Suprema de Justicia tendrá un presidente, nombrado de entre sus miembros y por ellos, que representará a la Función Jurisdiccional y que presidirá el Consejo Nacional de la Judicatura; durará en su cargo dos años y, durante el ejercicio de su función, no podrá conocer ni resolver asuntos jurisdiccionales.

Artículo 216
1. La Corte Suprema de Justicia estará conformada por salas especializadas. Existirá una sala especializada por materia, que estará conformada por el número de magistrados que sean necesarios para el oportuno despacho de las causas. Cada sala tendrá un presidente.

2. El Consejo Nacional de la Judicatura determinará, sobre la base de criterios técnicos y de conformidad con la ley, el número de magistrados que integrará cada sala, que no podrá ser inferior a tres. Si la sala tiene más de tres miembros, la ley establecerá el sistema a fin de que en cada caso se determine, mediante sorteo, los magistrados que conocerán la causa.

3. El presidente de la sala tendrá la obligación de establecer si el criterio expresado por los magistrados en un proyecto de resolución es o no contradictorio con el que había mantenido con anterioridad la sala; de serlo, convocará al pleno de la misma para que establezcan el criterio definitivo.

4. Los presidentes de las salas de la Corte Suprema de Justicia, en caso de fallos contradictorios originados en las diferentes salas o en otras cortes o tribunales, expedirán la norma dirimente, que tendrá carácter obligatorio mientras la ley no determine lo contrario, sobre un mismo punto de derecho, y en casos de dudas o vacíos legales.

5. Los fallos de triple reiteración emitidos por las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia sobre un mismo punto de derecho serán precedentes jurisprudenciales obligatorios y vinculantes para los jueces y tribunales de instancia. Cuando se modifique el precedente, deberá motivarse suficientemente el cambio de criterio.

6. Las salas especializadas en las materias de su competencia, realizarán mediante resoluciones generales y obligatorias, el control de legalidad de las normas de inferior jerarquía con relación a la ley.

Artículo 217
1. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos para los magistrados de la Corte Constitucional, salvo lo concerniente a la especialidad por la materia, que será la que corresponda al área en que administrarán justicia, y no estarán sujetos a período fijo.

2. Producida una vacante, el pleno de la Corte Suprema de Justicia designará al nuevo magistrado con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. La mitad de los miembros de la Corte pertenecerán a la carrera judicial, el resto provendrá de la cátedra universitaria y del libre ejercicio profesional.

Sección segunda
De las cortes de apelación, tribunales distritales, tribunales y juzgados de instancia

Artículo 218
1. Existirán cortes de apelaciones, tribunales distritales de lo contencioso administrativo y fiscal, tribunales y juzgados de instancia, en el número que determine el Consejo Nacional de la Judicatura, de conformidad con las necesidades del servicio y de acuerdo con la ley.

2. Los jueces que atiendan asuntos de niñez y adolescencia y de adolescentes infractores aplicarán los principios del interés superior del niño y los instrumentos internacionales de los que sea parte el Ecuador; para el cumplimiento de esta misión recibirán capacitación especializada y constante.

3. Existirán jueces de ejecución de penas que resolverán sobre los derechos de las personas condenadas penalmente y dispondrán, de ser el caso, su libertad una vez cumplida la pena.

4. En las causas penales, los jueces controlarán que la investigación, desde la indagación policial, respete los derechos de las personas y el debido proceso.

5. Los tribunales distritales de lo contencioso administrativo resolverán, en primera instancia, los conflictos surgidos por aplicación de las normas electorales.

6. En lo no previsto en esta Constitución, la ley determinará la organización, el ámbito de competencia y el funcionamiento de estos órganos jurisdiccionales.

Sección tercera
De los jueces de paz

Artículo 219
1. De acuerdo con la ley, habrá jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios, vecinales y faltas o contravenciones.

2. Los jueces de paz, previamente a dictar su resolución en equidad, agotarán todos sus esfuerzos para lograr la conciliación.

Artículo 220
1. Los jueces de paz serán designados por el Consejo Nacional de la Judicatura, previo un concurso especial regulado por la ley en el que necesariamente participará la comunidad donde ejercerán sus funciones. Para ser juez de paz se requiere tener domicilio permanente en el lugar donde tendrá competencia y gozar del respeto y consideración de la comunidad. No se requiere ser abogado. Tampoco es necesario el patrocinio de abogado en las causas que estén para su conocimiento.

2. Los jueces de paz podrán ejercer su oficio, arte, profesión o empleo, excepto el de abogado.

Sección cuarta
De la justicia indígena

Artículo 221
Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que respeten los derechos de las mujeres y no sean contrarios a la Constitución y a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional harán compatibles aquellas funciones con las del sistema Jurisdiccional nacional.

Sección quinta
De los medios alternativos de solución de conflictos

Artículo 222
1. Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos sobre derechos que puedan ser transigibles, con sujeción a la ley. En los conflictos del sector público, el arbitraje procederá únicamente previa autorización del Procurador General del Estado.

2. Los medios alternativos de solución de conflictos no se utilizarán para violar los derechos humanos o las garantías del debido proceso. Si así se produjere, se podrá interponer el recurso extraordinario de amparo previsto en el Art. 208 numeral 7 de esta Constitución.

Capítulo 4
Del consejo nacional de la judicatura

Artículo 223
1. El Consejo Nacional de la Judicatura estará conformado por ocho vocales y por quien preside la Corte Suprema de Justicia; será el órgano de gestión, administrativo y disciplinario de la Función Jurisdiccional; tendrá su sede en Quito; los vocales durarán en sus funciones nueve años, se renovarán cada tres años y no podrán ser reelegidos. Se garantizará su independencia en la conformación, funcionamiento y permanencia frente a los demás órganos de la Función Jurisdiccional. El presidente de la Corte Suprema de Justicia presidirá el Consejo Nacional de la Judicatura y tendrá voto dirimente.

2. El manejo administrativo, económico y financiero de la Función Jurisdiccional se hará en forma desconcentrada.

Artículo 224
1. Los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura deberán reunir los siguientes requisitos:

1.1. Ser ecuatorianos
1.2. Hallarse en goce de los derechos políticos.
1.3. Poseer título académico, de preferencia en ramas afines a las funciones propias del Consejo.
1.4. Demostrar probidad notoria.
1.5. Haber ejercido su profesión o la cátedra universitaria con crédito y buena fama, cuando menos por diez años.
1.6. Contar con experiencia en funciones administrativas.
1.7. Los demás requisitos de idoneidad que determine la ley.

2. Los vocales serán designados en la forma prevista en el Art. 132 de esta Constitución.
Artículo 225
El Consejo Nacional de la Judicatura tendrá las siguientes funciones:

1. Definir y aplicar las políticas generales en materias administrativas, económicas, de recursos humanos y disciplinarias.

2. Conocer y resolver, con estricta observancia de las garantías del debido proceso, acerca de la responsabilidad administrativa de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Defensor Público, del Ministro Fiscal General y demás magistrados, jueces y servidores de la Función Jurisdiccional. Las resoluciones del pleno del Consejo Nacional de la Judicatura que impongan sanción serán definitivas en la vía administrativa; pero podrán impugnarse ante el tribunal competente de lo contencioso administrativo.

3. Dictar, reformar e interpretar los reglamentos que sean necesarios para el ordenamiento y funcionamiento administrativo, financiero y de manejo de personal de la Función Jurisdiccional.

4. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria ordinaria y el presupuesto especial de inversiones de la Función Jurisdiccional y las reformas a dichos presupuestos.

5. Fijar y actualizar el monto de las tasas y aranceles judiciales por servicios jurisdiccionales.

6. Crear salas, secciones, tribunales o juzgados, y suprimir y modificar los existentes, cuando las necesidades de la Administración de Justicia así lo requieran.

7. Auditar a los órganos auxiliares de la Función Jurisdiccional.

8. Administrar la carrera y la profesionalización judicial.

9. Organizar la Escuela Judicial y velar por su adecuado funcionamiento.

10. Las demás atribuciones previstas en la Ley y en los reglamentos respectivos.
Capítulo 5
Del consejo nacional de rehabilitación social

Artículo 226
1. El Consejo Nacional de Rehabilitación Social es un ente técnico encargado de cumplir las finalidades del sistema de rehabilitación social y administrar, sin excepción, todos los centros de privación de libertad. Se integrará en la forma prevista en la Ley y sus miembros durarán seis años en sus funciones. De su seno se designará al presidente, que tendrá su representación y durará dos años en el cargo, así como al vicepresidente que le remplazará en caso de falta o impedimento.

2. Los policías penitenciarios y demás servidores del sistema penitenciario serán nombrados por el Consejo Nacional de Rehabilitación, previo concurso público de oposición, que contará con veeduría ciudadana. Estos servidores, al entrar al servicio deberán, seguir un curso de formación general y especial y aprobar pruebas teóricas y prácticas. Los ascensos se realizarán previo concurso de merecimientos. Periódicamente el Consejo Nacional de Rehabilitación Social organizará cursos de formación continua.

Artículo 227
El sistema penal y el internamiento tendrán como finalidad la educación del sentenciado y su capacitación para el trabajo y una adecuada reincorporación social. Durante la privación de libertad se tomarán medidas para el retorno progresivo a la vida en sociedad, tales como la libertad condicional, que deberán ser establecidas mediante ley y dispuestas por el juez de ejecución de penas.

Artículo 228
Los policías penitenciarios y demás servidores que conozcan de violaciones a los derechos humanos deberán ponerlas en conocimiento del juez de ejecución de penas para que investigue y sancione a los responsables. Cualquier persona podrá denunciar estas violaciones y la denuncia será confidencial si así lo pidiere. El juez determinará la responsabilidad por acción u omisión del funcionario o centro y ordenará reparar los daños causados. Se entenderá que las autoridades que tienen control y mando son solidariamente responsables por las violaciones ocurridas, si es que no previenen o denuncian los hechos.

Artículo 229
1. Es deber del Estado proveer a los centros de los recursos humanos, materiales y las instalaciones adecuadas para atender a la salud física y psíquica de los internos, a las necesidades educacionales, culturales y de información, y las exigencias de higiene.

2. Los Centros de privación de libertad estarán administrados por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, órgano que fijará estándares de cumplimiento de los fines del sistema de rehabilitación del funcionamiento de esos centros y hará evaluaciones permanentes de sus servidores.

Capítulo 6
De la defensoría pública

Artículo 230
La Defensoría Pública es una, indivisible e independiente en sus relaciones con las restantes funciones públicas, funcionará de forma descentralizada y desconcentrada territorialmente, tendrá su sede en la capital de la República, y la integrarán los defensores públicos.

Artículo 231
1. Son funciones de la Defensoría Pública:

1.1. Garantizar el pleno e igual acceso a la justicia a las personas que se encuentren en imposibilidad económica o social de contratar un abogado para su defensa ante jueces o tribunales, para lo cual prestará su servicio legal técnico, oportuno, eficiente y eficaz, en toda clase de causas, excepto en los casos mercantiles, tributarios y societarios.
1.2. Intervenir en forma inmediata en las causas constitucionales de defensa de derechos humanos de personas o grupos que requieran atención prioritaria; así como en las causas penales cuando hay privación de libertad, desde el momento de la detención y durante todas las etapas procesales.
1.3. Vigilar el funcionamiento de los Centros de privación de libertad y la aplicación del régimen penitenciario y la rehabilitación social de las personas condenadas penalmente.
1.4. Cumplir con las demás atribuciones, facultades y deberes que determine la ley.

2. Los órganos del poder público, inclusive la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tendrán la obligación de brindar todas las facilidades para que los defensores públicos cumplan cabalmente sus funciones.

Artículo 232
El Defensor Público General, que deberá reunir los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Constitucional, salvo lo concerniente a la especialidad que será la que corresponda a su función, será el responsable de la organización y coordinación de los defensores públicos y ejercerá la representación Jurisdiccional; será designado de la forma prevista en el Art. 132 de esta Constitución. Desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser reelegido. Anualmente rendirá informe de labores al Consejo Nacional de la Judicatura.

Artículo 233
Los defensores de planta deberán ser abogados y tener al menos dos años de ejercicio profesional en los juzgados y tribunales; y serán nombrados por el Consejo Nacional de la Judicatura, previo concurso de oposición. Se garantizará la carrera profesional de los defensores.

Artículo 234
1. Las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades públicas y privadas tendrán la obligación de organizar y mantener en funcionamiento, bajo el control de calidad y supervisión de la Defensoría Pública, servicios de defensa de derechos destinados a las personas que requieran atención prioritaria de la sociedad.

2. Los egresados de derecho, después de haber completado todos los requisitos para graduarse y antes de obtener el título, deberán prestar un año de defensa legal en cualquier lugar del país, lo que será certificada por la Defensoría Pública.

Capítulo 7
Del ministerio fiscal

Artículo 235
El Ministerio Fiscal es uno, indivisible e independiente en sus relaciones con las restantes funciones públicas; funcionará de forma descentralizada y desconcentrada territorialmente, tendrá su sede en la capital de la República, y lo integra el Ministro Fiscal, que ejercerá su representación legal, y los servidores que determine la ley. Tendrá autonomía administrativa y económica.

Artículo 236
El Ministro Fiscal, que deberá reunir los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Constitucional, salvo lo concerniente a la especialidad, que será en materia penal, será designado en la forma prevista en el Art. 132 de esta Constitución. Desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser reelegido. Anualmente rendirá informe al Consejo Nacional de la Judicatura.

Artículo 237
1. El Ministerio Fiscal prevendrá en el conocimiento de las causas, dirigirá y promoverá la investigación pre procesal y procesal penal, respetando irrestrictamente los derechos humanos de las personas y, cuando exista en cualquier forma limitación a algún derecho, deberá contar con la autorización y el control del juez penal. De hallar fundamento, acusará a los presuntos infractores ante los jueces y tribunales competentes, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.

2. Para el cumplimiento de sus funciones, la fiscalía contará con un cuerpo policial especializado y un departamento médico legal, que no serán parte de la Policía Nacional.

3. Velará por la protección de las víctimas, testigos y otros participantes en el juicio penal.

4. Coordinará y dirigirá la lucha contra la corrupción, con la colaboración de todas las entidades que, dentro de sus competencias, tengan igual deber.

5. Coadyuvará en el patrocinio público para mantener el imperio de la Constitución y de la ley.

6. Tendrá las demás atribuciones, facultades y deberes que determine la ley.

Capítulo 8
Del servicio notarial y registral

Artículo 238
1. Los servicios notariales y registrales son públicos.

2. En cada cantón o distrito metropolitano habrá el número de notarios y de registradores de la propiedad y de lo mercantil que determine el Consejo Nacional de la Judicatura.

3. Para ser notario o registrador, se requerirá título de abogado, probidad y experiencia. El Consejo Nacional de la Judicatura nombrará al notario y al registrador, previo concurso público de oposición, que contará con impugnación y veedurías.

4. El Consejo Nacional de la Judicatura determinará los aranceles que serán cobrados por los servicios que presten notarios y registradores y el porcentaje que podrán retener en concepto de su justa retribución y recuperación de los gastos operativos e inversión en equipos y locales; establecerá estándares de calidad y evaluará periódicamente el rendimiento de registradores y notarios.

5. Todos los excedentes deberán ser transferidos a la caja judicial, en el plazo que señale el Consejo Nacional de la Judicatura; el cual, con tales excedentes, constituirá un fondo destinado a completar el ingreso básico de registradores y notarios en aquellos cantones en donde haya déficit.

6. La apropiación indebida de los aranceles excedentes o el percibir o exigir entregas adicionales de dinero a los usuarios constituirán causal de destitución, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

7. Existirá un sistema de información nacional registral de la propiedad y de otros negocios jurídicos, que será regulado mediante ley.

TITULO VIII
DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION DEMOCRATICA Y DE LA FUNCION ELECTORAL

Artículo 239
Son formas de participación democrática de los ciudadanos la consulta ciudadana, el voto, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, la intervención en la formulación de políticas públicas y las veedurías ciudadanas. La ley regulará su ejercicio.

Artículo 240
El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, en los organismos de control y en los partidos y movimientos políticos

Capítulo 1
De la consulta ciudadana

Artículo 241
1. Se establece la consulta ciudadana en los casos previstos en esta Constitución y en la ley.

2. La decisión adoptada será obligatoria si el pronunciamiento ciudadano contare con el respaldo de la mayoría absoluta de votantes.

3. Cada pregunta de la consulta deberá referirse a una sola materia. En caso de existir varios temas relacionados, se consultará individualmente sobre cada uno de ellos.

4. En ningún caso las consultas ciudadanas se efectuaran sobre asuntos tributarios y penales.

5. Ninguna consulta ciudadana podrá realizarse en concurrencia con una elección.

Artículo 242
1. El Presidente de la República podrá convocar a consulta ciudadana en los siguientes casos:
1.1. A referéndum cuando se trate de reformar la Constitución

1.2. A plebiscito cuando, a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país, distintas de las previstas en el número anterior.

1.3. A plebiscito cuando se trate de convocar a Asamblea Constituyente, según lo previsto en esta Constitución.

Artículo 243
Los ciudadanos en goce de derechos políticos y que representen el dos por ciento del padrón electoral nacional podrán requerir al Instituto Nacional Electoral que convoque a consulta ciudadana en asuntos de trascendental importancia para el país, que no sean reformas constitucionales. La ley regulará el ejercicio de este derecho.

Artículo 244
1. Cuando existan circunstancias de carácter trascendental atinentes a su comunidad, que justifiquen el pronunciamiento popular, los organismos del régimen seccional, con el voto favorable de la mitad más uno de sus integrantes, podrán resolver que se convoque a consulta ciudadana a los ciudadanos de la correspondiente circunscripción territorial.

2.Bajo estas mismas circunstancias podrán requerir que se convoque a consulta los ciudadanos en goce de derechos políticos y que representen por lo menos el cinco por ciento del número de empadronados en la correspondiente circunscripción.

3. Cuando el asunto que se consulte revista simultáneamente el carácter de trascendente a nivel nacional y local, se requerirá la consulta a nivel nacional.

Artículo 245
1. El Instituto Electoral Nacional o Provincial, según el caso, una vez que haya comprobado el cumplimiento del número de firmas, su autenticidad y la materia de la consulta, procederá a hacer la correspondiente convocatoria.

Artículo 246
Los resultados de la consulta ciudadana, luego de proclamados por el Instituto electoral correspondiente, se publicarán en el Registro Oficial dentro de los quince días subsiguientes.

Capítulo 2
De las elecciones

Artículo 247
Para intervenir como candidato en cualquier elección popular, además de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, será necesario el auspicio de un partido o movimiento político legalmente reconocido. Se permitirán las alianzas electorales de partidos y/o movimientos políticos.

Los candidatos a una dignidad de elección popular, al inscribir su candidatura, presentarán su plan de trabajo ante el correspondiente organismo electoral.

Artículo 248
1. Los ciudadanos elegidos para desempeñar funciones de elección popular podrán ser reelegidos por una sola vez, pasando un período.

2. La Constitución y la ley señalarán los requisitos para intervenir como candidato en una elección popular.

Artículo 249
Los dignatarios de elección popular en ejercicio, si presentaren su candidatura a una dignidad distinta, deberán renunciar al cargo, previamente a su inscripción.
Artículo 250
Quienes resulten elegidos para cargos de elección popular están obligados a desempeñarlos, salvo el caso de causas previstas en la ley.

Artículo 251
1. En las elecciones pluripersonales los ciudadanos podrán seleccionar los candidatos de su preferencia, de una lista o entre listas.

2. La ley conciliará este principio con el de la representación proporcional de las minorías.

Artículo 252
No podrán ser candidatos a dignidad alguna de elección popular:

1. Quienes por acción u omisión violatoria de la constitución hayan contribuido al resquebrajamiento de la institucionalidad democrática.

2. Quienes hayan ejercido gobiernos de facto.

3. Quienes, dentro de juicio penal por delitos sancionados con reclusión, hayan sido condenados o llamados juicio, salvo que en este segundo caso se haya dictado sentencia absolutoria.

4. Los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción y los de período fijo, a menos que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Los demás servidores públicos podrán ser candidatos y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas; y, de ser elegidos, mientras ejerzan sus funciones.

5. Los docentes universitarios no requerirán de licencia para ser candidatos y ejercer la dignidad.

6. Los magistrados y jueces de la Función Jurisdiccional, a no ser que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha de inscripción de la respectiva candidatura.

7. Los miembros de la fuerza pública en servicio activo.

8. Quienes tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, siempre que el contrato haya sido celebrado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.

Capítulo 3
De los partidos y movimientos políticos

Artículo 253
Se garantiza el derecho de las personas a fundar partidos y movimientos políticos y participar en ellos en las condiciones establecidas en la ley. Para la aceptación de sus miembros, los partidos o movimientos políticos no podrán hacer ningún discrimen por motivos de etnia, género, origen social, religión, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad u otro motivo que implique discriminación.

Artículo 254
Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas del sector no estatal, expresan el carácter pluralista de la democracia; concurren a la formación y manifestación de la voluntad política del pueblo, y constituyen uno de los instrumentos de participación social en el campo político.

Artículo 255
Todos los asuntos relativos a la vida partidaria competen a los propios partidos políticos, que los resolverán internamente, de acuerdo a sus estatutos y reglamentos. Sin embargo, quien se crea perjudicado por actos de los partidos y movimientos políticos que no se sujeten a lo establecido en la Constitución, la ley, los estatutos y reglamentos podrá someterlo a conocimiento y resolución del Instituto Nacional Electoral, sin perjuicio de plantear las respectivas acciones constitucionales o legales.

Artículo 256
1. Para que un partido o movimiento político sea reconocido legalmente y pueda intervenir en la vida pública del Estado, debe sustentar principios doctrinarios que lo individualicen, y defender un programa de acción política en consonancia con el sistema democrático.

2. Los partidos y movimientos políticos deben estar organizados en el ámbito nacional, regional o provincial, y contar con el número de afiliados que exija la ley.

Artículo 257
1. Los estatutos de los partidos y movimientos políticos deben establecer normas que aseguren una efectiva democracia interna en su estructura y funcionamiento. Sus directivas y candidatos serán seleccionados en elecciones internas, directas y secretas, en las cuales participen todos sus afiliados.

2. La nómina de afiliados debe registrarse en el Instituto Nacional Electoral, y se actualizará con la periodicidad que autorice la ley.

3. Se establece la obligatoriedad de la alternatividad en las directivas de los partidos y movimientos políticos, de conformidad con la ley.

Artículo 258
1. Los partidos o movimientos políticos financiarán sus actividades con las cuotas de sus afiliados y contribuciones de sus simpatizantes, así como con las donaciones que reciban.

2. Se les prohíbe recibir, directa o indirectamente aportes económicos de personas naturales o jurídicas que contraten con el Estado; o de empresas, instituciones, Estados o personas naturales o jurídicas extranjeras. Rendirán cuentas ante el Instituto Nacional Electoral sobre el monto, origen y destino de los recursos que conforman su patrimonio. La ley establecerá límites al origen y cuantía de los aportes privados.

Artículo 259
Los fondos económicos de los partidos políticos deberán ser utilizados prioritariamente para capacitación política de su militancia, estudios de la realidad nacional y planteamiento de soluciones a sus problemas y difusión de sus principios y programas de gobierno.
Artículo 260
1. El Estado, a través del Instituto Nacional Electoral, financiará en igualdad de condiciones la campaña publicitaria en prensa escrita, radio, televisión, medios electrónicos y vallas publicitarias de las listas y candidatos que participen en una elección popular. Se prohíbe la contratación directa de publicidad en estos medios.

2. Queda prohibida la entrega de dinero por parte de los partidos y movimientos políticos y de los candidatos a los ciudadanos durante la campaña electoral. El incumplimiento de esta prohibición será sancionada de conformidad con la ley.

Artículo 261
La ley fijará los límites de los gastos electorales. Los partidos, movimientos o alianzas políticas rendirán cuentas ante el Instituto Nacional Electoral sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales.

La publicidad electoral a través de los medios de comunicación colectiva solo podrá realizarse durante los cuarenta y cinco días inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la campaña electoral.

La ley sancionará el incumplimiento de estas disposiciones.

Artículo 262
La Ley Orgánica de Elecciones establecerá el porcentaje mínimo que requerirán los partidos y movimientos políticos para tener derecho a acceder a escaños en las elecciones pluripersonales y determinará el método de adjudicación de puestos que garantizará la participación de las minorías.

Capítulo 4
Del estatuto de la oposición

Artículo 263
Los partidos y movimientos políticos tienen plenas garantías para ejercer, de acuerdo con la Constitución y la ley, una oposición crítica y constructiva, y deberán proponer planes de gobierno o políticas públicas alternativas.

Capítulo 5
De la revocatoria del mandato

Artículo 264
Los ciudadanos tendrán derecho a resolver la revocatoria del mandato de cualquier funcionario elegido por votación popular directa.

Artículo 265
1. La iniciativa para la revocatoria del mandato la ejercerá un número de ciudadanos en goce de los derechos políticos, que represente por lo menos el diez por ciento de los empadronados en la respectiva circunscripción territorial.

2. Una vez que el Instituto Electoral verifique que la iniciativa reúne el número de firmas establecidas en el inciso anterior y la autenticidad de las mismas, procederá a la convocatoria en los diez días inmediatamente posteriores a tal verificación. El acto electoral se realizará dentro de los treinta días subsiguientes a la convocatoria.

Artículo 266
La revocatoria podrá solicitarse una vez transcurrido el primer año y antes del último año de ejercicio de funciones, por una sola vez dentro del mismo período.

Artículo 267
La decisión de revocatoria será obligatoria si existiere el pronunciamiento favorable de más de la mitad de los votantes y causará como efecto inmediato la cesación del funcionario, y la subrogación por quien le corresponda de acuerdo con la ley.

Artículo 268
De producirse la revocatoria del mandato se convocará a elecciones en el plazo de quince días inmediatamente posteriores y el acto electoral se realizará dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a dicha convocatoria.

Capítulo 6
De la organización del proceso electoral

Artículo 269
1. El Instituto Nacional Electoral, con sede en Quito y jurisdicción en el territorio nacional, es un organismo público dotado de personalidad jurídica, con autonomía funcional y presupuestaria, encargado de organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales, de conformidad con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia y objetividad.

2. Para el adecuado desempeño de sus funciones, contará con Institutos Provinciales Electorales.

Artículo 270
1. El Instituto Nacional Electoral se estructurará con órganos de dirección, ejecución y de vigilancia de conformidad con la ley.

2. El Consejo General será su órgano de dirección y se integrará por siete Consejeros Electorales. Este Consejo designará de entre sus miembros un Presidente en los términos que establezca la ley, quién ejercerá la representación legal.

Artículo 271
1. Para ser Consejero Electoral se requiere ser ecuatoriano, tener al menos treinta años de edad, estar en goce de los derechos políticos, no haber tenido militancia activa en ningún partido o movimiento político en los últimos cinco años, tener título universitario, gozar de reconocido prestigio en el desempeño de su profesión y tener conocimientos especializados en materia electoral.

2. Los Consejeros Electorales no podrán desempeñar ningún otro cargo ni ejercer su profesión, con excepción de la cátedra universitaria.

Artículo 272
Los Consejeros electorales durarán en su cargo siete años y no podrán ser reelegidos; serán nombrados de conformidad con el Art. 132 de esta Constitución.

Artículo 273
Son funciones del Instituto Nacional Electoral:

1) Organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales; realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a los ganadores;
2) Establecer la geografía electoral y diseñar las circunscripciones y distritos electorales en concordancia con lo dispuesto en el Art. 133, numeral 3, de esta Constitución.
3) Registrar a los partidos y movimientos políticos.
4) Financiar la campaña publicitaria de los candidatos de los partidos o movimientos políticos que participen en una elección popular conforme al Art. 260.
5) Controlar y fiscalizar los gastos de los partidos, movimientos políticos o alianzas electorales.
6) Controlar que las actuaciones de los partidos o movimientos políticos se sujeten a lo establecido por esta Constitución, las leyes y sus estatutos.
7) Imponer sanciones administrativas de conformidad con la ley
8) Conocer y resolver en sede administrativa de las impugnaciones a las resoluciones de los organismos electorales.
9) Organizar las elecciones de partidos y movimientos políticos
10) Organizar las elecciones en sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos; y en otras organizaciones de la sociedad a solicitud de estas, las cuales cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios.
11) Organizar el concurso para la designación de los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura.
12) Las demás que le confiera la Constitución y la ley.

Capítulo 7
De lo contencioso electoral

Artículo 274
La jurisdicción contenciosa electoral será aplicada por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo que ejerzan jurisdicción en el domicilio del impugnante y en casación por la sala especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Todas las resoluciones del Instituto Nacional o Provinciales Electorales serán impugnables ante el órgano jurisdiccional competente.

Las infracciones electorales que constituyan delitos y que estén sancionadas con privación de la libertad serán juzgadas por los jueces competentes de lo penal; el juzgamiento de las demás infracciones será de competencia del respectivo Instituto Electoral y su impugnación se la realizará ya sea en sede administrativa o ante los órganos jurisdiccionales competentes.

TITULO IX
DE LA REPRESENTACION JUDICIAL DEL ESTADO

Capítulo 1
De la procuraduría general del estado

Artículo 275
La Procuraduría General del Estado es un organismo público con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigida y representada por el Procurador General del Estado. Su presupuesto estará financiado exclusivamente con las asignaciones que para el efecto se haga constar en el Presupuesto General del Estado.

Artículo 276
Le corresponde al Procurador General del Estado la representación judicial del mismo, representación que podrá delegar, de acuerdo con esta Constitución y la ley.

Artículo 277
El nombramiento del Procurador General del Estado será expedido por el Presidente de la República, previo concurso de méritos, de acuerdo al Art. 132 de esta Constitución, para un período de cinco años, debiendo reunir los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Constitucional

Artículo 278
1. Le corresponde al Procurador General, el patrocinio del Estado, así como de aquellos organismos y entidades del sector público que carezcan de personalidad jurídica; emitir dictámenes vinculantes para la celebración de contratos públicos de conformidad a lo que establezca la ley, el asesoramiento legal y la absolución de consultas a los organismos y entidades del sector público y de las personas de derecho privado que cuenten con recursos públicos.

2. La absolución de consultas por parte de la Procuraduría General del Estado no tendrá el carácter de vinculantes.

Artículo 279
Los delegados de la Procuraduría General del Estado en las diferentes circunscripciones territoriales, serán investidos de las mismas atribuciones de las que está el Procurador General, para resolver en sus respectivas provincias y cantones los asuntos de su competencia, de modo que los habitantes del lugar no necesiten recurrir al Procurador General para ser atendidos. El Procurador General ejercerá el más severo control del cumplimiento de los deberes de los delegados.

TITULO X
DE LA FUNCIÓN DE CONTROL

Artículo 280
1. La actividad de control constituye una función pública y se ejerce por la Contraloría General del Estado y las Superintendencias que se creen para este efecto.

2. La ley organizará las formas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión y sus resultados en las diversas entidades sujetas a control.

3. Los funcionarios que, en ejercicio indebido de las facultades de control, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y penalmente responsables.

Artículo 281
1. El Control de la gestión de la Contraloría General del Estado y de las Superintendencias se ejercerá por una Comisión Técnica Auditora integrada por cinco miembros, designados para un período de siete años, mediante concurso de méritos , siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 132 de esta Constitución y que deben reunir los mismos requisitos establecidos para ser Contralor General del Estado.

2. El informe de auditoría de esta Comisión será remitido al Congreso Nacional y, en el caso de que del informe se establezcan responsabilidades o se desprenda que no se han cumplido con las funciones determinadas en la Constitución y la ley, procederá el respectivo Juicio Político.

Capítulo 1
De la Contraloría General del Estado

Artículo 282
La Contraloría General del Estado es un organismo de control, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigida por el Contralor General del Estado quien para el cumplimiento de sus fines la representará judicialmente.

El Presupuesto de la Contraloría General del Estado se financiará exclusivamente con las asignaciones que para el efecto se hagan constar en el Presupuesto General del Estado.

Artículo 283
La Contraloría General del Estado controla la gestión fiscal de la administración pública central, organismos de régimen seccional, entidades autónomas, empresas públicas, sociedades de economía mixta, fundaciones y corporaciones, y en general de entidades cualesquiera que sea su naturaleza jurídica, que administren fondos o bienes del Estado o que reciban subvención o subsidio del mismo.

Esta función incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados que comprende también el control sobre la calidad y conveniencia del gasto, fundado en los principios de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.

Artículo 284
Para el cumplimiento de sus fines, la Contraloría General del Estado tendrá las siguientes competencias:

1. Ejercer el control fiscal y de resultados de los organismos a los que se refiere el artículo anterior.

2. Controlar la legalidad de la actividad de las entidades sujetas a su control cuando la misma comprometa o pueda comprometer los recursos o bienes públicos.

3. Llevar un registro de la deuda pública interna y externa del Estado y demás entidades que conforman el sector público y controlar que el uso y el destino que se dé a los recursos esté de conformidad con la Constitución y la ley.

4. Requerir al Procurador General del Estado, que demande la inconstitucionalidad o ilegalidad de las leyes y demás actos normativos que afecten los recursos públicos.

5. Examinar y controlar la ejecución y la liquidación del Presupuesto General del Estado.

6. Dictar las normas de carácter general para el cumplimiento de sus funciones, determinar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados, así como aquellas relacionadas con los métodos y la forma de rendir cuentas de los responsables del manejo de fondos o bienes del Estado.

7. Pronunciarse obligatoriamente sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos sujetos a su control.

8. Fiscalizar el manejo de los recursos que realicen las empresas nacionales o entidades multinacionales, a las cuales el Estado delegue mediante cualquier forma contractual permitida por la ley, la prestación de un servicio público propio o la exploración, explotación, comercialización de recursos naturales renovales y no renovables.

9. Llevar el registro de las declaraciones juradas de bienes de quienes se encuentran obligados de conformidad al Art. 132.

10. Las demás que le asigne esta Constitución y la ley.

Artículo 285
La Contraloría General del Estado tendrá competencia para el establecimiento de responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como para establecer indicios de responsabilidad penal relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control y realizará el seguimiento pertinente y oportuno para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones y controles.

Artículo 286
La Contraloría deberá hacer públicos los resultados de sus actividades de control y cuando de las mismas se presumieran responsabilidades penales, deberá enviar su pronunciamiento y los documentos pertinentes al Ministerio Público; de no hacerlo, el funcionario competente del órgano de control será juzgado como encubridor de los delitos que posteriormente se determinen cometieron los investigados.

Artículo 287
Los delegados de la Contraloría General del Estado en las diferentes circunscripciones territoriales, estarán investidos de las mismas atribuciones de las que está el Contralor General, para resolver en sus respectivas provincias y cantones los asuntos de su competencia, de modo que los habitantes del lugar no necesiten recurrir al Contralor General para ser atendidos. El Contralor General ejercerá el más severo control del cumplimiento de los deberes de los delegados.

Sección primera
Del Contralor General del Estado

Artículo 288
El nombramiento del Contralor General del Estado será expedido por el Presidente de la República para un período de 7 años, en la forma prevista en el Art. 132 de esta Constitución.

Artículo 289
Son requisitos para ser Contralor
1. Ser ecuatoriano
2. Hallarse en ejercicio de los derechos políticos
3. Tener título profesional universitario relacionado con la actividad a desempeñar.
4. Haber ejercido con probidad notoria la profesión o la cátedra universitaria por un lapso mínimo de diez años y,
5.No constar en el registro de adjudicatarios fallidos y contratistas incumplidos a cargo de la Contraloría General del Estado.
6. No representar a quienes tengan intereses en las instituciones, organismos o dependencias que deban ser controlados o evaluados.
7. No tener vínculos de parentesco comprendido en el segundo grado de consanguinidad y de afinidad, con quienes representen a las instituciones, organismos o dependencias que deban ser controladas o evaluadas.

Capítulo 2
De las Superintendencias

Artículo 290
1. Las Superintendencias son organismos técnicos con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, encargadas de controlar las instituciones públicas y privadas, a fin de que sus actividades económicas y los servicios que presten se sujeten a la ley y atiendan al interés general.

2. Especialmente se sujetarán al control al que se refiere el inciso anterior, los servicios públicos entendiéndose como tales aquellas actividades realizadas por el Estado, por sus delegatarios o concesionarios o por personas particulares, encaminadas a la satisfacción de necesidades colectivas, actividades que en todos los casos se someterán a un régimen jurídico especial de derecho público que haga posible que se cumpla con las condiciones de continuidad, regularidad, obligatoriedad, uniformidad y accesibilidad.

3. El control de los servicios públicos, empresas públicas, las empresas de economía mixta, se ejercerá por la Superintendencia de Servicios Públicos y Empresas Públicas, sin perjuicio de la competencia de control que en los casos específicos tengan sobre ellos otros organismos del sector público.

Artículo 291
Las superintendencias serán dirigidas y representadas por superintendentes cuyo nombramiento será expedido por el Presidente de la República para un período de 7 años, previo concurso de méritos, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 132 de esta Constitución.

Artículo 292
Son requisitos para ser Superintendente
1. Ser ecuatoriano
2. Hallarse en ejercicio de los derechos políticos
3. Tener título universitario en profesiones relacionadas con la función que desempeñará
4. Haber ejercido con probidad notoria la profesión o la cátedra universitaria por un lapso mínimo de diez años y,
5. No tener intereses o representar a quienes tengan intereses en las instituciones, organismos o dependencias que deban ser controlados o evaluados.
6. No tener vínculos de parentesco comprendido en el segundo grado de consanguinidad y de afinidad, con quienes representen a las instituciones, organismos o dependencias que deban ser controladas o evaluadas.

Artículo 293
Los delegados de las Superintendencias en las diferentes circunscripciones territoriales, estarán investidos de las mismas atribuciones de las que están los Superintendentes, para resolver en sus respectivas provincias y cantones los asuntos de su competencia, de modo que los habitantes del lugar no necesiten recurrir a las Superintendencias para ser atendidos. Los Superintendentes ejercerán el más severo control del cumplimiento de los deberes de los delegados.

Capítulo 3
De la Comisión Cívica Anticorrupción

Artículo 294
1. La Comisión Cívica Anticorrupción es el organismo encargado de la prevención y combate a la corrupción. Está integrado de conformidad a la ley por representantes de la sociedad civil y le compete orientar, planear y dirigir dicho combate mediante actos de investigación y prevención.

1. La Comisión Cívica Anticorrupción es una persona jurídica de derecho público, con autonomía e independencia económica, política y administrativa.

2. Los Comisionados son elegidos por las respectivas organizaciones de la sociedad civil y gozan de fuero de Corte Suprema. La ley determinará su administración, así como las funciones y los períodos de los Comisionados.

3. La Comisión promoverá eliminar la corrupción y formulará políticas para combatirla, ejecutando actividades de prevención y veedurías e investigará hechos ilícitos cometidos en las instituciones del Estado.

4. La Comisión elaborará el Plan Nacional Anticorrupción fomentará estudios sobre el fenómeno de la corrupción y difundirá sus resultados.

5. La Comisión es el organismo nacional coordinador de la aplicación de los convenios internacionales sobre la materia.

Artículo 295
1. La Comisión podrá requerir a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, la información que considere necesaria para llevar adelante sus investigaciones. Quienes se nieguen a suministrarla serán sancionados de conformidad con la ley. Las personas que colaboren para esclarecer los hechos gozarán de protección legal.

2. Compete a la Comisión, cuando de su investigaciones resultaren indicios de responsabilidad, enviar sus informes a las autoridades que deberán obligatoriamente remitirlas al Ministerio Público para que inicie la instrucción; si el Fiscal no emite dictamen acusatorio, justificará ante la Comisión su dictamen absolutorio.

3. La Comisión podrá intervenir procesalmente en las causas penales conexas con su actividad y podrá solicitar las medidas cautelares que sean del caso.

TÍTULO XI
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA

Capítulo 1
De la organización administrativa

Artículo 296
Para promover el desarrollo equilibrado, equitativo y armónico del país y hacer efectiva la descentralización territorial del poder, facilitar la administración pública, asegurar la participación, representación, control democrático y la efectiva rendición de cuentas, el territorio ecuatoriano se organiza en parroquias, cantones, provincias y regiones autónomas.

Artículo 297
1. Manteniendo la indisoluble unidad nacional, la administración pública se organizará de manera desconcentrada, descentralizada y autónoma de acuerdo con los principios de solidaridad y eficiencia.

2. La administración central transferirá progresivamente a las administraciones autónomas aquellas competencias que por su naturaleza sean susceptibles de tal transferencia o delegación. En ningún caso serán transferibles la defensa nacional, la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales, la política económica y tributaria del Estado, la gestión del endeudamiento externo, la explotación de los recursos naturales no renovables y aquellas que la Constitución y convenios internacionales excluyan.

Capítulo 2
De las administraciones autónomas

Sección primera
De las juntas parroquiales

Artículo 298
En cada parroquia habrá una junta parroquial como órgano autónomo de gestión, de elección popular. Su integración y atribuciones constarán en la Ley; ejercerá sus funciones por un período de cinco años. Su presidente representará a la Junta.

Artículo 299
A la Junta Parroquial le compete:
1. Integrar el cabildo ampliado del municipio del que forme parte;
2. Designar representantes de las juntas parroquiales rurales, para que integren el concejo municipal y el consejo provincial respectivo, en los términos que la ley disponga;
3. Intervenir en el proceso de designación de los jueces de paz;
4. Controlar la ejecución de las obras y la calidad de los servicios municipales en el respectivo territorio;
5. Asumir las competencias que la administración central o las administraciones autónomas les deleguen;
6. Convocar a la Asamblea Parroquial de conformidad con la ley; y,
7. Las demás que se le atribuyan por ley u ordenanza.

Sección segunda
Disposiciones comunes a los cantones, provincias y regiones

Artículo 300
1. El gobierno de las administraciones autónomas corresponderá a los concejos municipales, consejos provinciales, distritos metropolitanos y en su caso a los consejos regionales.

2. Para el cumplimiento de sus responsabilidades, en uso de su facultad normativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras.

3. Sin perjuicio de lo prescrito en esta Constitución, la ley determinará la estructura, integración, deberes y atribuciones de los concejos municipales y consejos provinciales, tomando en consideración su diversidad social, económica y poblacional.

4. La administración y gobierno de las regiones autónomas se regulará de acuerdo con su respectivo estatuto.

Artículo 301
1. Los cantones, provincias y regiones, generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado de acuerdo con lo previsto en esta Constitución.

2. Su gestión se basará en la aplicación de los principios de autonomía, eficiencia, participación ciudadana, solidaridad y descentralización administrativa.

3. Los consejos provinciales, concejos municipales y consejos regionales procurarán transferir o delegar competencias de manera subsidiaria, de conformidad con lo que establezca la ley.

Artículo 302
1. Los recursos que correspondan a los cantones, provincias y regiones dentro del Presupuesto General del Estado, que en ningún caso podrán ser menores al 25% de los ingresos corrientes totales del mismo, se asignarán y distribuirán de conformidad con la ley. La asignación de dichos recursos se hará en base a las necesidades básicas insatisfechas, su número de habitantes, capacidad productiva, contributiva y extensión territorial.
2. La entrega de recursos a los organismos de las administraciones autónomas deberá ser directa y sin dilaciones. Estará bajo la responsabilidad del ministro del ramo, y se hará efectiva mediante la transferencia de las cuentas del tesoro nacional a las cuentas de las entidades correspondientes.

Artículo 303
1. Los recursos para el funcionamiento del gobierno municipal y provincial estarán conformados por:

1.1. Los tributos propios creados mediante ordenanza;
1.2. Las donaciones e ingresos de origen privado que recibieren conforme a la ley;
1.3. Las transferencias y participaciones que les correspondan en virtud de esta Constitución. Se prohíben las asignaciones no contempladas en el Presupuesto General del Estado, excepto en los casos de catástrofes.
1.4. Las operaciones de crédito que se contraten de conformidad con la ley;
1.5. Las donaciones de la cooperación internacional; y,
1.6. Los que reciban en virtud de la transferencia de competencias adicionales por parte de la Administración Central.

2. Las administraciones autónomas invertirán sus recursos de manera planificada y equitativa en zonas urbanas y rurales.

3. La ley establecerá las formas de control social y de rendición de cuentas de las administraciones autónomas.

Artículo 304
Le corresponderá al Estado todas aquellas competencias que no estén expresamente atribuidas por la Constitución o la ley a las administraciones autónomas.

Sección tercera
De los gobiernos municipales

Artículo 305
1. Cada cantón constituirá un municipio, su gobierno estará a cargo de un concejo municipal presidido por el Alcalde. El concejo contará con concejales de elección popular y con un delegado de las juntas parroquiales rurales, de conformidad con la ley.

2. El alcalde será el representante legal y la máxima autoridad administrativa del municipio. Se elegirá por votación popular y desempeñará sus funciones durante cinco años.
Artículo 306
La ley determinará las competencias de los municipios para la consecución de sus fines. En todo caso, deberán ejercer competencias en las siguientes materias:

a. La aprobación de su organización interna y su presupuesto;
b. La administración de sus bienes y rentas;
c. La organización y regulación del urbanismo, tránsito y transporte terrestre interno, en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades del cantón;
d. El cuerpo de bomberos; y,
e. La conformación de consejos cantonales de la niñez y adolescencia;

Artículo 307
1. Ejercerán también competencias directamente o en colaboración con otras administraciones en las siguientes materias:

1.1. La planificación y ordenamiento territorial;
1.2. La administración de los terminales aeroportuarios civiles, sin afectar la seguridad integral;
1.3. La prevención y promoción de la salud;
1.4. El saneamiento ambiental, control y prevención de la contaminación;
1.5. La gestión administrativa y de la infraestructura educativa a nivel básico, así como los programas de beneficio de educandos;
1.6. La seguridad ciudadana;
1.7. La ejecución de proyectos, obras y programas en su jurisdicción en función de las competencias que tenga o recibiere por parte de la Administración Central, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución; y,
1.8. La promoción del desarrollo socioeconómico cantonal y ejecución de los planes y programas correspondientes;

2. La ley, aparte de las competencias señaladas, podrá encomendar a los municipios competencias adicionales.

Artículo 308
1. El cabildo ampliado será el órgano de participación democrática de la población del cantón. Además del concejo municipal, estará integrado por los representantes de las juntas parroquiales y los representantes de la sociedad, según lo determine la ley.

2. El cabildo ampliado se reunirá semestralmente para elaborar y aprobar el presupuesto participativo, conocer el informe de labores del alcalde y aprobarlo o improbarlo según los indicadores de gestión; y participará en la planificación general del cantón.

Sección cuarta
De los gobiernos provinciales

Artículo 309
1. Cada provincia constituirá una administración provincial. Su gobierno estará a cargo de un consejo provincial con sede en su capital. La ley determinará la forma de elección de los miembros de los consejos provinciales.

2. Cada concejo cantonal designará uno o varios delegados permanentes al Consejo Provincial; la ley tomará en cuenta criterios poblacionales.
3. El prefecto provincial será elegido por votación popular y permanecerá en funciones durante cinco años. Presidirá el consejo, será la máxima autoridad de la administración provincial y su representante legal.

Artículo 310
La ley fijará las competencias de los consejos provinciales para la consecución de sus fines. En todo caso, los gobiernos provinciales tienen a su cargo competencias a nivel provincial sobre las siguientes materias:
1. Vialidad
2. Medio ambiente
3. Riego y manejo de las cuencas hidrográficas en su jurisdicción

Artículo 311
1. Ejercen también competencias directamente o en colaboración con otras administraciones en las siguientes materias:

1.1. Turismo;
1.2. Agricultura
1.3. Puertos fluviales y lacustres
1.4. Cultura y deporte
1.5. Construcción de infraestructura para la satisfacción de necesidades básicas de la población

2. Los consejos provinciales ejecutarán obras preferentemente en áreas rurales.

Sección quinta
De las regiones autónomas

Artículo 312
1. Podrán constituirse en regiones autónomas:

1.1 Dos o más provincias colindantes;
1.2 Una provincia con más de un millón de habitantes.

2. La administración, recursos y competencias de las provincias que conformen una región serán asumidos por ésta al momento de su constitución.

Artículo 313
Para la creación de regiones autónomas será necesaria la decisión del o los gobiernos provinciales respectivos ratificada mediante consulta popular. El o los gobiernos de las provincias elaborarán un estatuto que estará sujeto a lo establecido en la Constitución y la ley orgánica que se expida para el efecto. Dicho estatuto será enviado al Congreso Nacional para su sanción inmediata como ley, contando para el efecto con el dictamen de la Corte Constitucional.

Artículo 314
1. El gobierno regional será ejercido por un consejo regional, regulado de conformidad con su propio estatuto. Para la conformación de dicho consejo regional se deberá contar con representantes de los gobiernos municipales.

2. Estará dirigido por un gobernador elegido mediante votación popular, que ejercerá sus funciones por un período de cinco años y será su representante legal.

Artículo 315
Corresponderá a los gobiernos regionales dictar normas de alcance regional, que no contravengan a las leyes y reglamentos nacionales; y, la ejecución de esa normativa en las siguientes materias:

a. Ordenación del territorio;
b. Turismo;
c. Agricultura;
d. Cultura;
e. Ambiente, sin que las regiones puedan establecer parámetros menos estrictos que las normas nacionales;
f. Administración de centros de salud de primer y segundo nivel;
g. Administración de puertos marinos, fluviales y lacustres;
h. Sanidad e higiene;
i. Patrimonio cultural de interés regional;
j. Vías de transporte en el ámbito regional;
k. Aguas minerales y termales;
l. Pesca en aguas interiores;
m. Todas aquellas que se le transfieran por ley orgánica.

Artículo 316
Corresponderá a los gobiernos autónomos de manera concurrente con la administración central, de acuerdo con lo previsto en la ley, las funciones administrativas y reglamentarias en lo siguiente:

1. Salud pública;
2. Educación hasta el bachillerato;
3. Vivienda;
4. Bienestar social;
5. Seguridad ciudadana;
6. Aquellas previstas mediante ley orgánica.

Artículo 317
1. Los recursos para el funcionamiento de las regiones autónomas estarán conformados por:

1.1. Los tributos propios creados mediante ordenanza conforme a la ley;
1.2. Las donaciones e ingresos de origen privado que recibieren de conformidad con la ley;
1.3. Las asignaciones y participaciones que les correspondan en virtud de esta Constitución. Se prohíben las asignaciones no contempladas en el Presupuesto General del Estado, excepto en los casos de catástrofes;
1.4. Los recursos que reciban en virtud de la transferencia de competencias adicionales por parte de la Administración Central;
1.5. Los tributos estatales cedidos mediante ley;
1.6. La participación en tributos estatales o recargos sobre los mismos, de acuerdo con lo previsto en una ley orgánica.

2. La ley establecerá un fondo de compensación interterritorial que asegure un nivel mínimo de prestación de los servicios públicos y promueva la solidaridad entre regiones y asegure un desarrollo equitativo del territorio nacional.

Sección sexta
De los distritos metropolitanos

Artículo 318
Se conformarán distritos metropolitanos los cantones que superen el millón de habitantes o dos o más cantones limítrofes que cumplan este requisito poblacional. Establecerán regímenes municipales especiales, basados en consideraciones demográficas y de eficiencia administrativa.

Sección séptima
De las mancomunidades

Artículo 319
1. Los gobiernos autónomos podrán suscribir entre ellos convenios de mancomunidad para la gestión y ejecución de planes, programas y proyectos concretos que propicien el desarrollo económico, social o el manejo sustentable de los recursos naturales en sus respectivos territorios.

2. El Estado reconoce a las mancomunidades como un modelo de gestión. En ningún caso se asimilarán a gobiernos autónomos.

Sección octava
De la Amazonía

Artículo 320
En las provincias de la región amazónica, el Estado pondrá especial atención para su desarrollo sustentable y preservación ecológica, a fin de mantener la biodiversidad. Se adoptarán políticas que compensen su menor desarrollo y consoliden la soberanía nacional.

Capítulo 3
Del distrito especial de galápagos

Artículo 321
1. La Provincia de Galápagos, tendrá la categoría de Distrito Especial. Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado, de conformidad con lo que la ley determine.
2. Su administración estará a cargo de un consejo cuya integración se regulará por ley, sustituirá al Consejo Provincial. Deberá incluir en todo caso un representante residente del Presidente de la República, de las organizaciones que determine la ley y a los alcaldes de los municipios del Archipiélago.

Artículo 322
1. Para la protección del Distrito Especial de Galápagos, se podrán limitar los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente. La ley normará las condiciones específicas de este régimen especial. Los municipios del Archipiélago se sujetarán obligatoriamente a los esquemas de ordenamiento territorial determinados por el consejo administrador.

2. Por las características especiales de este distrito, y tomando en cuenta las limitaciones a las que los residentes del Archipiélago deberán someterse en el desarrollo de actividades económicas, serán compensados mediante el acceso preferente a los recursos naturales y las actividades ambientalmente sustentables que se deriven del aprovechamiento de estos y a la conformación de asociaciones que aseguren el patrimonio y bienestar familiar.
Capítulo 4
De las circunscripciones territoriales indígenas y afro ecuatorianas

Artículo 323
1. Habrá circunscripciones territoriales indígenas y afro ecuatorianas que serán establecidas por la ley.

2. La organización, competencias y facultades de los órganos de administración de las circunscripciones territoriales indígenas, afro ecuatorianas y comunales serán reguladas por la ley.

Capítulo 5
Del régimen desconcentrado.

Artículo 324
1. El Gobierno Central designará en las regiones autónomas, provincias y cantones, las autoridades que deban ejercer en ellos las competencias y facultades que, de acuerdo con esta Constitución y la ley, le son reservadas.

2. Estas autoridades serán investidas de las mismas atribuciones de las que están los Secretarios de Estado o las autoridades del gobierno central a quienes representan, para decidir y resolver, en sus respectivas provincias, cantones y parroquias los asuntos de su competencia. El Gobierno Central ejercerá el más severo control del cumplimiento de sus deberes.

Artículo 325
A los solos efectos de información y colaboración entre la administración central y las administraciones autónomas, se constituirá en cada provincia y en cada región autónoma, un comité de coordinación integrado paritariamente por delegados de ambas administraciones y presidido en las provincias por el prefecto y en las regiones por el gobernador regional.

Artículo 326
Se constituirá un gabinete territorial presidido por el Presidente de la República y conformado por los prefectos provinciales y gobernadores regionales en su caso, para la coordinación entre provincias y regiones con la administración central.

TITULO XII
DE LA ECONOMIA

Capítulo 1
De las Funciones Económicas

Artículo 327
Corresponde al Estado la promoción de la economía nacional mediante la gestión del sector público, la regulación de las relaciones económicas y sociales, la promoción y el fomento de las actividades de la iniciativa privada y comunitaria, la prestación de servicios públicos directa o indirectamente, y la gestión de empresas públicas cuando lo requieren el desarrollo integral del país y, en general, para hacer efectivo el goce de los derechos reconocidos y garantizados en la Constitución.

Artículo 328
La organización y el funcionamiento de la economía responderán a los imperativos del desarrollo humano y a los principios de justicia social, solidaridad, eficiencia, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a todos los habitantes el acceso al trabajo que les permita una existencia digna, e iguales derechos y oportunidades a la propiedad de los medios de producción, servicios y bienes de consumo.

Sección primera
De los objetivos del sistema económico

Artículo 329
Son objetivos permanentes del sistema económico:
1. El desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, ambientalmente sustentable y democráticamente participativo que debe reflejarse en el aumento progresivo de la calidad de vida de las generaciones actuales sin desmedro de las venideras.

2. El fomento de las actividades basadas en la información, en el conocimiento y la adecuada regulación de las actividades extractivas.

3. El incremento y la diversificación de la producción orientados a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria así como la oferta de bienes y servicios de calidad que satisfagan las necesidades del mercado interno.

4. La eliminación de la indigencia, la superación de la pobreza, la sustitución del trabajo precario por el trabajo digno, reducción del desempleo y subempleo para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes.

5. La distribución equitativa de la riqueza y la progresiva reducción de la inequidad, étnica, intergeneracional y de género.

6. La participación competitiva y diversificada de la producción ecuatoriana en el mercado internacional.

Sección segunda
De las funciones del Estado en el desarrollo económico y social

Artículo 330
En cumplimiento de sus funciones económicas, al Estado le corresponde:

1. Formular, en forma descentralizada y participativa, planes y programas obligatorios para el sector público y referenciales para el sector cooperativo, comunitario, mixto y privado.

2. Emprender en actividades económicas cuando lo requiere el interés general, Las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, recibirán el mismo tratamiento legal, salvo en lo relativo a la responsabilidad de los administradores de las empresas públicas que están sujetos a los principios y normas del Derecho Público.

3. Aprovechar sustentablemente los bienes de su domino exclusivo y organizar la empresa pública bajo criterios de eficiencia y eficacia.

4. Organizar y mantener en funcionamiento los servicios públicos para que los habitantes del país puedan gozar de los derechos que garantiza esta Constitución.

5. Crear infraestructura científica, tecnológica y física,

6. Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y generen beneficios en el orden económico y social.

7. El Estado promoverá el desarrollo de empresas comunitarias o de autogestión, como cooperativas, talleres artesanales, juntas administradoras de agua potable y otras similares, cuya propiedad y gestión pertenezcan a la comunidad o a las personas que trabajan permanentemente en ellas, usan sus servicios o consumen sus productos.

8. Promover una sana y leal competencia que beneficie al consumidor que impida y sancione conforme a la ley las prácticas monopólicas y oligopòlicas.

10. Proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de las pesas y medidas y el incumplimiento de las normas de calidad.

11. Se prohíbe el anatocismo y el cobro de intereses sobre los máximos legales.

12. Incentivar el empleo digno, seguro, saludable y estable, el mejoramiento de los salarios a través de políticas de remuneración que establezcan escalas equitativas y que todos queden protegidos por la seguridad social y con derecho a una jubilación decorosa.

13. Fomentar el ahorro y la inversión y cuidar que el endeudamiento público sea destinado a la inversión, sea compatible con la capacidad de pago del país y mantener una política fiscal disciplinada.

14. Determinar un sistema de cuentas que valore el patrimonio natural del Estado, valoración que no tendrá, en ningún caso, fines comerciales.

Sección 3
Principios generales

Artículo 331
Son sectores de la economía ecuatoriana el público, el privado, el mixto, el cooperativo y el comunitario.

Artículo 332
1. Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta a la del suelo, las playas y los recursos que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar.

2. Estos bienes serán aprovechados sustentablemente en función de los intereses nacionales. Su exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, cooperativas, comunitarias, mixtas o privadas, de acuerdo con la ley. Es derecho irrenunciable del Estado la participación de los beneficios del aprovechamiento sustentable de los mismos, que no será nunca inferior al de la empresa que lo realice,

Artículo 333
1. Será facultad exclusiva del Estado la concesión del uso de frecuencias electromagnéticas para la difusión de señales de radio, televisión y otros medios.

2. Se garantiza la igualdad de condiciones en la concesión de dichas frecuencias. Se prohíbe la transferencia de las concesiones y cualquier forma de acaparamiento directo o indirecto por el Estado o por particulares de los medios de expresión y comunicación social.

Artículo 334
1. El dominio del Estado sobre las aguas, cualquiera que sea su fuente, excepto aquellas que nacen y mueren en el predio de propiedad privada, es inalienable e imprescriptible, sin embargo, su uso y aprovechamiento corresponderá al Estado y a quienes tengan estos derechos, de acuerdo con la ley.

2. Los concesionarios del uso y aprovechamiento del agua tendrán la obligación de contribuir a la conservación de las fuentes de agua sin menoscabo de los derechos de los habitantes de la zona y de restituirla debidamente reciclada a los cauces naturales o artificiales, luego del uso o aprovechamiento.

Artículo 335
1. El Estado tiene potestad soberana y como tal indivisible e inalienable sobre la diversidad biológica, reservas naturales, áreas protegidas, parques nacionales y, respecto a especies endémicas y áreas no intervenidas.

2. El Estado adoptará planes, programas y políticas para su conservación, reconocimiento y valoración interna e internacional y para su utilización sustentable y sostenible, se guiará por el principio de primordialidad, por el cual queda prohibida toda mercantilización.

Artículo 336
El Estado garantiza y promueve el emprendimiento individual, familiar, asociativo, cooperativo y comunitario que favorezca la producción de bienes y la prestación de servicios

Sección cuarta
De la planificación del desarrollo

Artículo 337
1. El Estado contará con un Sistema Nacional de Planificación que cumplirá los objetivos permanentes del sistema económico, garantizará a sus habitantes el goce efectivo de los derechos constitucionalmente establecidos y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

2. La preparación del Plan Nacional de Desarrollo estará a cargo del Consejo Nacional de Planificación presidido por el Vicepresidente de la República.

3. Los planes serán elaborados cada período gubernamental y una vez revisados por el Presidente de la República serán enviados para conocimiento del Congreso Nacional.

Artículo 338
Los gobiernos seccionales autónomos y, en general, las instituciones del Estado organizarán departamentos de planificación integrados por representantes de la comunidad que expresen la diversidad sectorial, generacional, de género y étnico culturales; que será el encargado de preparar los programas de gobierno local que, para ser aprobados por el máximo organismo de la comunidad local, deberá armonizar los planes de las circunscripciones territoriales menores y serán debidamente articulados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Sección quinta
De los servicios públicos

Artículo 339
Las instituciones del Estado deberán garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento ambiental, fuerza eléctrica, telecomunicaciones en todas sus modalidades, vialidad, facilidades portuarias y otras de naturaleza similar que los asuman por mandato de esta Constitución y la ley.

Artículo 340
1. La ley regulará los mecanismos mediante los cuales el Estado o sus instituciones podrán delegar la concesión de los servicios públicos al sector comunitario, cooperativo, mixto o privado.

2. El Estado garantizará que los servicios públicos respondan a los principios de eficiencia, universalidad, continuidad y calidad y velará para que sus precios sean equitativos.

Sección sexta
De la gestión y empresas públicas

Artículo 341
1. Para el aprovechamiento sustentable de los bienes y actividades asumidos por el sector público en virtud de la Constitución o de la ley, o de los recursos de propiedad del Estado, éste y/o sus instituciones constituirán empresas públicas dotadas de personalidad jurídica propia con autonomía financiera y administrativa.

2. Estas empresas públicas se regirán por la ley que regulará su organización y funcionamiento. En ningún caso podrán ser objeto de reparto los excedentes o utilidades que estas generen.

3. Las utilidades que le correspondan al Estado o a sus instituciones en dichas empresas podrán reinvertirse o destinarse al financiamiento de programas sociales.

Sección séptima
De la política fiscal

Parágrafo 1
Del presupuesto

Artículo 342
1. La ley determinará los órganos y procedimientos para la administración de las finanzas públicas, sin perjuicio del control de los organismos pertinentes. El Presupuesto General del Estado será el instrumento fundamental del manejo de la política fiscal y la expresión financiera del Plan Nacional de Desarrollo.

2. La ejecución del Presupuesto General del Estado será responsabilidad de la Función Ejecutiva.

Artículo 343
1. El Presupuesto General del Estado tendrá el carácter de anual y contendrá todos los ingresos y egresos del sector público financiero y no financiero sin excepción; incluso los excedentes de las empresas públicas.

2. Los egresos del Presupuesto General del Estado considerarán el cumplimiento de los deberes del estado social y democrático de derecho y particularmente garantizarán a todos sus habitantes la seguridad social y la igualdad en la satisfacción de las necesidades básicas.

3. El registro de los ingresos y egresos de las instituciones del régimen seccional autónomo servirá únicamente para conocer los recursos destinados a la ejecución de los programas y proyectos compatibles con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y evitar la duplicación de gastos.

4. Los egresos para salud, nutrición y educación se los considerará como gastos de inversión y serán prioritarios frente a cualquier otro egreso.

Artículo 344
1. La formulación de la pro forma del Presupuesto General del Estado corresponderá al Ejecutivo a iniciativa del Secretario de Estado encargado de las Finanzas Públicas. La pro forma una vez aprobada por el Consejo de Secretarios de Estado será presentada por el Ejecutivo a través del Ministro de Coordinación Política al Congreso Nacional, hasta el 10 de agosto de cada año, con un mensaje en el que determine las metas del desarrollo humano que se busca alcanzar y las leyes que el Congreso Nacional debe aprobar para este objeto.

2. El Congreso en pleno conocerá la proforma y la aprobará o reformará hasta el 30 de noviembre, en un solo debate, por sectores de ingresos y gastos. Si hasta esa fecha no se aprobare, entrará en vigencia la proforma elaborada por el Ejecutivo.

3. El Congreso no podrá incrementar el monto estimado de ingresos y egresos previstos en la proforma. Durante la ejecución presupuestaria, el Ejecutivo deberá contar con la aprobación previa del Congreso para incrementar gastos más allá del porcentaje determinado por la ley.

Artículo 345
El Ejecutivo informará semestralmente al Congreso Nacional sobre la ejecución presupuestaria y sobre su liquidación anual.
Parágrafo 3
Del régimen tributario

Artículo 346
El régimen tributario regulador de impuestos, tasas y contribuciones especiales, se regirá por los principios básicos de generalidad, progresividad, equidad e igualdad. Los tributos, además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios para el sostenimiento fiscal, servirán como instrumento de política económica general.

Artículo 347
Las leyes tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procurarán la justa distribución de las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes y regiones del país.

Artículo 348
1. Solo por acto legislativo del órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán normas tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes.

2. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.

3. El Ejecutivo podrá fijar o modificar las listas y las tarifas arancelarias y establecer la organización del sistema de aduanas.

Sección octava
De la política monetaria, cambiaria y crediticia

Artículo 349
La Ley regulará todo lo relacionado con la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano.

Artículo 350
1. El Banco Central del Ecuador, persona jurídica de derecho público con autonomía técnica y administrativa, velará por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, promoverá el funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero, será el depositario de los fondos públicos, agente financiero y fiduciario del Estado.

2. El Banco Central no concederá créditos a las instituciones del Estado ni adquirirá bonos u otros instrumentos financieros emitidos por ellos, salvo cuando se haya decretado el estado de excepción por causa de conflicto armado o inminente agresión externa.

3. No podrá otorgar garantías ni créditos a instituciones del sistema financiero privado.

Artículo 351
La organización y funcionamiento del Banco Central del Ecuador serán establecidos en la Ley Orgánica.

Artículo 352
1. La banca pública de desarrollo gozará de autonomía administrativa y financiera; estará sujeta al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

2. El Presidente de la República dentro de los límites establecidos para el endeudamiento público, previa justificación de los directorios de las entidades financieras públicas, autorizará en forma directa la contratación de empréstitos de acuerdo a las prioridades del desarrollo nacional.

Sección novena
De la promoción y fomento del desarrollo

Parágrafo 1º
De la inversión

Artículo 353
1. El Estado garantizará los capitales nacionales y extranjeros que se inviertan en la producción, destinada especialmente al consumo interno y a la exportación.

2. La ley podrá conceder tratamientos especiales a la inversión pública y privada en las zonas menos desarrolladas o en actividades de interés nacional.

Sección décima
Del sector productivo básico

Artículo 354
1. Será objetivo permanente del Estado el desarrollo integral y sustentable de las actividades agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y agroindustrial, que provean principalmente los requerimientos nutricionales.

2. El modelo agrario sustentable implica preservar y enriquecer la diversidad genética de los cultivos, regular el uso de transgénicos y evitar prácticas del monocultivo.

Artículo 355
1. El Estado proporcionará atención preferente al sector agropecuario a través de programas de riego, asistencia técnica, precios de sustentación, ayuda al pequeño y mediano productor, subvención a la producción través de la importación de fertilizantes, impulso a proyectos de forestación y/o reforestación y en definitiva mediante políticas que procuren incorporar como factor primordial del aparato productivo de la sociedad al habitante de la zona rural.
2. Para hacer efectiva las políticas de apoyo señaladas en el inciso anterior, las asociaciones de agricultores, ganaderos y organizaciones campesinas, formarán parte de los organismos decisorios del Estado que dirijan la actividad agropecuaria.

Artículo 356
1. El Estado garantizará la propiedad de la tierra en producción y estimulará la empresa agrícola y agropecuaria. Tomará las medidas necesarias para erradicar la pobreza rural, garantizando a través de medidas redistributivas el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra y más recursos productivos.

2. La pequeña propiedad agraria y la microempresa agropecuaria gozarán de especial protección del Estado, las proveerá oportunamente de los medios oportunos y suficientes para su transformación que les permita el empleo óptimo de los factores de la producción y la atención oportuna a las demandas del mercado.

3. Queda proscrito el acaparamiento de la tierra y el latifundio improductivo.

4. Regulará la colonización dirigida y espontánea, con el propósito de mejorar la condición de vida del campesino y fortalecer las fronteras vivas del país, precautelando los recursos naturales y el medio ambiente.

5. Se proscribe la adquisición y propiedad con fines especulativos de tierras que linden con obras públicas, proyectadas o construidas, de interés nacional o local. La ley regulará el uso productivo de esas tierras.

Artículo 357
1. Será responsabilidad del Estado:

1.1. Dotar al campo de infraestructura para el transporte y el almacenamiento de los productos; la integración del minifundio en unidades productivas, recuperación de los suelos; organización y regulación de instituciones y servicios que faciliten el comercio en provecho de los productores y consumidores.

1.2. La investigación científica tecnológica e innovación agropecuaria como base fundamental para el desarrollo de las actividades agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y agroindustrial para hacer efectivo los objetivos señalados en esta Constitución.

2. Las asociaciones de usuarios de aguas participarán en la gestión de los canales y acueductos y, en general, en la de los recursos hídricos.

Artículo 358
La actividad pesquera será especialmente apoyada por el Estado a través de programas que favorezcan los diferentes subsectores existentes, se establecerán medios de seguridad marítima de conformidad con los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, se propiciará una pesca responsable y se apoyará la investigación científica sobre recursos bioacuáticos. Se crearán estímulos especiales para el sector pesquero artesanal y de pequeñas y medianas empresas productoras y comercializadoras de productos del mar que implementen procesos de responsabilidad social y ambiental.

Artículo 359
1. El turismo será un área de especial atención del Estado. Se fomentará todo tipo de iniciativas individuales, comunitarias o de autogestión, que potencialice un producto turístico competitivo y sustentable y se dictarán regulaciones que protejan el uso racional de recursos naturales, históricos, arqueológicos y el ecoturismo.

2. El Estado a través de los organismos competentes promocionará internacionalmente la actividad turística de todas las regiones del país y apoyará sin restricciones el turismo interno como medio de intercambio cultural y de circulación de la riqueza. Los Consejos Provinciales o Regionales y Concejos Municipales establecerán programas para la promoción turística en sus respectivas unidades territoriales.

3. El Estado impulsará un plan de turismo, descentralizado y desconcentrado que integre a los actores del sector, que incluya la seguridad de los destinos turísticos, el desarrollo del turismo rural y comunitario y la provisión de los servicios básicos para los mismos.

Artículo 360
1. La ley creará estímulos tributarios para el Sector Productivo Básico.

2. A través de la banca pública de desarrollo se le concederá crédito en condiciones preferentes.

3. El Estado propenderá a la creación del seguro agropecuario, forestal y pesquero.

TITULO XIII
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Artículo 361
El Ecuador en sus relaciones con la comunidad internacional :

1. Proclama la paz, la cooperación y la solidaridad, como sistema de convivencia, y la igualdad jurídica de los Estados.

2. Condena el uso o la amenaza de la fuerza como medio de solución de los conflictos, y desconoce el despojo bélico como fuente de derecho.

3. Reconoce que el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas y promueve la solución de las controversias por métodos jurídicos y pacíficos.

4. Propicia el desarrollo de la comunidad internacional, la estabilidad y el fortalecimiento de sus organismos.

5. Promueve el establecimiento de un orden económico mundial equitativo, justo y democrático, como fundamento de la paz, el desarrollo y la preservación del medio ambiente.

6. Defiende el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de la cooperación internacional basada en el principio del beneficio recíproco.

7. Propugna la integración, de manera especial la andina y latinoamericana.

8. Rechaza toda forma de colonialismo, de neocolonialismo, de discriminación o de segregación y reconoce el derecho de los pueblos a su autodeterminación y a liberarse de los sistemas opresivos.

Artículo 362
Son objetivos permanentes de la política internacional:

1. Defender la soberanía, independencia e integridad territorial del Estado y una administración soberana de los recursos naturales, la biodiversidad y la pluralidad cultural.

2. Rechazar cualquier presencia de fuerzas militares extranjeras en su territorio, salvo las dispuestas por las Naciones Unidas, en conformidad con su Carta constitutiva.

3. Proteger los derechos de los ciudadanos en el exterior y de sus familias, y propender al mejoramiento de su calidad de vida y al mantenimiento de sus vínculos con el Ecuador.

4. Mantener y mejorar la inserción estratégica del país en la comunidad internacional, de modo que la acción externa contribuya a consolidar el estado social y democrático de derecho y a fortalecer las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos.

5. Asegurar que la política exterior refleje las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, al que rendirán cuenta sus responsables y ejecutores.

Artículo 363
Los tratados y más instrumentos del Derecho Internacional, previa ratificación y promulgación en el Registro Oficial, son parte del ordenamiento jurídico del Estado y prevalecen sobre leyes y otras normas de menor jerarquía.

En cuanto a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos se estará a lo prescrito en los Arts. 17 y 18 de esta Constitución.

Los tratados de integración y el derecho derivado priman sobre el derecho interno en los términos convenidos.

Artículo 364
Es de competencia del Presidente de la República la celebración de los tratados y más instrumentos internacionales; sin embargo, en los casos de los tratados que requieran aprobación previa del Congreso, deberá obtenerla antes de ratificarlos.
Artículo 365
El Congreso Nacional aprobará o improbará los siguientes tratados y convenios:

1. Los que se refieran a materia territorial o de límites

2. Los que establezcan alianzas políticas o militares.

3. Los que comprometan al país en acuerdos de integración o de comercio;

4. Los que atribuyan a un organismo internacional o supranacional el ejercicio de competencias normativas y otras derivadas de la Constitución o la ley.

5. Los que se refieran a los derechos reconocidos y garantías establecidas en la Constitución.

6. Los que contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley; en este caso, el desarrollo legislativo del tratado o convenio será de competencia del Congreso Nacional si la materia a la que se refiere es objeto de reserva de ley o exige reforma o derogatoria de leyes anteriores.

Artículo 366
Compete a la Corte Constitucional dictaminar sobre la constitucionalidad de un tratado, así como sobre si requiere o no aprobación del Congreso Nacional.

Si lo encuentra inconstitucional, lo devolverá al Presidente de la República junto con su informe, para los fines pertinentes. Si lo encuentra conforme a la Constitución y dictamina que está comprendido en los casos a los que se refiere el artículo anterior, lo enviará al Congreso Nacional para su aprobación o improbación.

En los demás casos lo devolverá al Presidente de la República para su ratificación.

Artículo 367
El Ecuador podrá formar asociaciones con uno o más Estados para la promoción y defensa de los intereses nacionales y comunes.

Tanto los tratados de integración como los de asociación procurarán el fortalecimiento de la capacidad negociadora en el ámbito internacional, condiciones favorables para el acceso de productos nacionales a los mercados, la libre movilización de personas, la transferencia de ciencia y tecnología, y la reducción o eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias.

Artículo 368
Los municipios ubicados en zonas fronterizas podrán elaborar y ejecutar proyectos comunes con las entidades territoriales competentes de esos países para dotar a sus habitantes de los servicios públicos, concurrir a la preservación del medio ambiente y ejecutar obras que promuevan la integración.

TITULO XIV
DE LA SUPREMACÍA Y REFORMA DE LA CONSTITUCION

Capítulo I
De la supremacía de la constitución

Artículo 369
La Constitución es la ley suprema del Ecuador, sus normas prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones.

Artículo 370
1.Si hubiere conflicto entre normas de distintas jerarquías, las cortes, los tribunales, jueces y autoridades administrativas lo resolverán, de oficio o a petición de parte, mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior.

2. Si el conflicto de la norma jerárquicamente inferior fuera con la Constitución o con las del Derecho Internacional, la corte, tribunal, juez o autoridad presentará un informe sobre el particular, para que la Corte Constitucional resuelva lo que sea conforme con la Constitución o el Derecho Internacional y, en su caso, anule de la norma que les contradiga.

3. Si el conflicto entre la norma jerárquica inferior fuere con la ley orgánica, ley ordinaria, decreto ley u otra, la corte, tribunal, juez, o autoridad informará el particular, a la Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el conflicto de la legalidad y, de ser el caso, anule la norma ilegal.

Capítulo 2
De la reforma de la constitución

Artículo 371
1. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso Nacional, por una Asamblea Nacional Constituyente o mediante consulta popular.

2. La Asamblea Nacional Constituyente será necesaria cuando se trate de reformas sustanciales a los derechos de la persona constitucionalmente reconocidos, a la forma del Estado, al sistema económico o a la forma de gobierno; las demás reformas dentro de los sistemas vigentes seguirán el proceso prescrito para las reformas del Congreso Nacional o para la consulta popular.

Artículo 372
1. Podrán presentar proyectos de reforma constitucional el Jefe de Estado, un número de diputados que represente cuando menos el diez por ciento del total, y, el dos por ciento de los ciudadanos empadronados a nivel nacional.

2. El Congreso Nacional conocerá y discutirá los proyectos de reforma, siguiendo el trámite previsto para la expedición de leyes.

2.1. En los proyectos presentados por el Presidente de la República o que nazcan de la iniciativa ciudadana el primer debate deberá realizarse en un plazo máximo de noventa días contados desde la recepción del proyecto.

2.2. El segundo debate, en el que se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de miembros del Congreso, no podrá efectuarse sino luego de transcurridos ciento ochenta días a partir de la realización del primero.

2.3. Si el Congreso en los plazos señalados no hubiere cumplido el trámite previsto, el Presidente de la República podrá presentar las reformas a referéndum para que sean aprobadas o negadas por Consulta Popular.

3. Una vez aprobado el proyecto, el Congreso lo remitirá al Jefe de Estado para que lo sancione u objete, conforme a las disposiciones de esta Constitución.

Artículo 373
1. Podrán pedir la convocación a la Asamblea Nacional Constituyente el Congreso Nacional por decisión de más de la mitad de sus miembros, el Presidente de la República, o el dos por ciento ciudadanos empadronados y en goce de los derechos políticos.

2. Los solicitantes de que se convoque a la Asamblea Nacional Constituyente presentarán la petición al Presidente del Instituto Nacional Electoral, acompañarán los lineamientos fundamentales de las reformas que deben ser discutidas, aprobadas o negadas por la Asamblea Nacional Constituyente.

3. El Presidente de la República y/o Congreso Nacional podrán oponerse a la petición de convocatoria si no se trata de reformas que requieren de la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente, conforme al Art. 371, cuestión que pasará a conocimiento del Tribunal Constitucional, que resolverá se proceda a convocar la elección de asambleístas u ordenará el archivo de la petición y de los lineamientos fundamentales.

4. En el caso de la solicitud de ciudadanos que representen al menos el dos por ciento del padrón electoral nacional, el Instituto Nacional Electoral comprobará la autenticidad y el número de las firmas y procederá a convocar a la elección de los asambleístas y fijará fecha en la que debe iniciar sus labores la asamblea nacional constituyente.

One thought on “Texto completo de Reformas a la Constitución planteado por el Conesup Art. 1 al 373

  1. No he tenido tiempo de leer todo el contenido de este texto, que sin duda debe tener muchos y grandes aportes a la Constituyente, sin embargo, el hecho de toparme con el genérico masculino en todos los artículos me hace pensar que quienes lo redactaron no se han enterado de que el mundo ha cambiado mucho en las últimas dos décadas, sobre todo en lo que a derechos humanos e inclusión, se refiere, y por ello pienso que hay un gran error en hablar de los ciudadanos ecuatorianos como si todos fuésemos varones en el país. Se debería haber incluido enfoque de género y hablar de hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas, personas, etc.

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