Reformas a la Constitución planteadas por el Conesup – de las Funciones del Estado y de las instituciones políticas

TÍTULO IV
DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO Y DE LAS INSTITUCIONES POLITICAS

Capítulo 1
De las funciones e instituciones

Artículo 128
Constituyen el sector público:
1. Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial;
2. Los organismos electorales.
3. Los organismos de control y regulación.
4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo.
5. Los organismos y entidades creados por la Constitución, la ley o por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas que correspondan o hayan sido asumidas por el Estado.
6. Las empresas y más instituciones creadas por los poderes públicos de cualquier forma y con cualquier denominación, para la prestación de servicios públicos.
7. La Cruz Roja del Ecuador, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer y la Junta de Beneficencia de Guayaquil, entre otras son entidades del sector público, no estatal, sin fines de lucro.

Artículo 129
1. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias y los funcionarios públicos y las personas que por ellas actúan ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y en la ley o que se deriven necesariamente de ellas para el cumplimiento de sus funciones específicas, tendrán el deber de coordinar sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos.

2. Aquellas instituciones que la Constitución o la ley determinen, gozarán de autonomía para su organización y funcionamiento.

Artículo 130
El ejercicio de funciones en las instituciones del Estado constituye un servicio a la colectividad, que requiere capacidad, probidad y eficiencia. Ningún servidor público está exento de responsabilidad por los actos realizados o por las omisiones en que incurra en el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Artículo 131
1. Los funcionarios y empleados públicos estarán sometidos a las leyes que regulan la administración pública.

2. Solo por excepción establecida en una norma, los funcionarios públicos estarán sometidos a régimen de libre nombramiento y remoción.

3. El ingreso al servicio civil y carrera administrativa se hará mediante concurso de oposición.

4. La ley establecerá los mecanismos para fijar las remuneraciones para el sector público, aplicable sin excepción alguna a todas las entidades del Estado y a aquellas que en general conforman el sector público, incluidas las que por mandato constitucional o legal gozan de autonomía.

Artículo 132
1. En las instituciones del Estado, organismos y dependencias que ejerzan la potestad estatal de control y evaluación no podrán ejercer cargos quienes tengan intereses o represente a quienes los tengan en las instituciones, organismos o dependencias que deban ser controlados o evaluados.

2. Todo servidor público deberá abstenerse de actuar en los casos en los que sus intereses o los que representen entren en conflicto con los de la institución, organismo o dependencia a los que presta servicios.

3. Las violaciones de estos principios serán sancionados por la ley.

Artículo 133
1. Los servidores públicos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los designados para periodo, los magistrados, jueces y funcionarios de la Función Jurisdiccional, los miembros de las Fuerzas Armadas y los de la Policía Civil Nacional y los que manejen recursos o bienes públicos, deberán presentar al inicio y al término de su gestión, y con la periodicidad que señale la ley, una declaración patrimonial juramentada que incluya activos y pasivos y su origen. A sus cuentas bancarias y a las de su cónyuge o conviviente tendrán libre acceso los organismos de control pertinente.

2. Quien no presente la declaración juramentada, no podrá posesionarse de su cargo y de hacerlo será removido inmediatamente por el Contralor General del Estado.

3. La Contraloría General del Estado registrará y examinará las declaraciones e investigará los casos en que presuma enriquecimiento ilícito. Cuando existan graves indicios de utilización de testaferros, la Contraloría podrá solicitar declaraciones similares, a terceras personas vinculadas con quién ejerza o haya ejercido una función pública.

Artículo 134
1. La ley establecerá la responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios y empleados públicos, en especial por el manejo y administración de los fondos, bienes o recursos públicos.

2. Los funcionarios y empleados, de cualquier institución y jerarquía o rango, estarán sujetos a las sanciones establecidas por la comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Siempre que se garantice que la persona acusada de estos delitos haya sido debidamente notificada y que cuente con un defensor, podrá juzgarse sin su comparecencia en la fase de juicio, sin perjuicio del derecho a una revisión ulterior. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos y no sean servidores públicos.

3. Las acciones civiles por daños y perjuicios al fisco, podrán sustanciarse independientemente del juicio penal y serán imprescriptibles.

Artículo 135
1. Nadie desempeñará más de un cargo público, excepto los docentes universitarios quienes podrán además ejercer la cátedra si sus horarios son compatibles.

2. Se prohíbe el nepotismo en la forma que determine la ley. La violación de este principio, que será establecido por la Contraloría General del Estado, se sancionará penalmente.

Artículo 136
1. Para la designación de magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, del Ministro Fiscal General, del Defensor Público, del Defensor del Pueblo, de los miembros del Consejo Nacional de Rehabilitación, de los miembros de la Comisión Técnica Auditora, de los Superintendentes, del Procurador General del Estado y del Contralor General, así como de sus conjueces, suplentes o subrogantes correspondientes, el Instituto Nacional Electoral convocará a concurso público de merecimientos, receptará las carpetas de los postulantes, verificará el cumplimiento formal de requisitos, y remitirá una lista de los postulantes a la Comisión Especial de Selección.

2. Noventa días antes de la terminación del período de los funcionarios constantes en el número anterior o cuando se produzca una vacante el Instituto Nacional Electoral iniciará el proceso respectivo.

3. La Comisión Especial publicará la lista de postulantes y receptará impugnaciones. El proceso de impugnación será público y respetará el debido proceso. Los postulantes declarados idóneos comparecerán a audiencias públicas ante la Comisión, la cual finalmente calificará, sobre la base de criterios objetivos, los merecimientos, emitirá un informe que será vinculante y lo remitirá al Presidente de la República. A lo largo de todo el proceso habrá veeduría ciudadana.

4. El Presidente de la República expedirá el nombramiento de los funcionarios designados y a sus conjueces, subrogantes o suplentes, que serán quienes le sigan en estricto orden de méritos.

5. De no haber candidatos idóneos y de haberse declarado desierto el concurso por parte de la Comisión Especial, el Instituto Nacional Electoral convocará a uno nuevo.

6. La Comisión Especial de Selección estará conformada por cinco miembros, que deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser magistrados de la Corte Constitucional, designados uno por la Función Legislativa, uno por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Comisión Cívica Anticorrupción, uno por el Consejo Nacional de Educación Superior, todos de fuera de su seno, y uno por la Presidencia de la República.

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